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Sentencia CL-484-13 — Registro 3921

Resumen

Demanda ordinaria laboral para la reinstitución de su puesto de trabajo, pago de reajuste de salario y salarios adeudados; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo anteriormente expuesto incurre en imprecisiones que lo vuelven inestimable, ya que la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma y que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, porque el Juez valoró la prueba en su conjunto y formó libremente su convencimiento. Por lo tanto resulta inadmisible el motivo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de septiembre del dos mil trece, por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor JOSE LUIS RODRIGUEZ MONCADA; en relación a la demanda ordinaria laboral para la reinstitución de su puesto de trabajo, pago de reajuste de salario y salarios adeudados, y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, por el señor JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ MONCADA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha tres de junio de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diecisiete de abril del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y que en su parte conducente declaró sin lugar la demanda de mérito y absolvió a la institución demandada de la restitución de puesto de trabajo y pago de reajuste de salario solicitado por el demandante, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación laboral con el INJUPEMP, en fecha 3 de junio del 2003, desempeñándose inicialmente en el cargo de Analista de Créditos y, posteriormente ascendido a petición de su Jefe inmediato al cargo Asistente de la División de Préstamos del INJUPEMP desde el 16 de junio del 2010, realizando las funciones atinentes a dicho cargo, desempeñándose con total eficiencia; no obstante de su desempeño en tal cargo por un periodo de 23 meses, nunca se le efectuó el pago de salario conforme al nuevo puesto para el cual fue nombrado, efectuándole el pago de salario conforme al cargo de Analista de Créditos, siendo el salario por la suma de L.20,506.00, solicitando a las autoridades del INJUPEMP, la nivelación de salario que en el plano de la realidad le corresponde por hacer funciones laborales de Asistente de División, pues el salario en tal cargo asciende a la cantidad de L.45,839.00, como consecuencia de su petición fundada en derecho, el INJUPEMP actuando en represalia, determinó a través de la División de Recursos Humanos, mediante Memorando No.DRH-382-2012, que retornara a su puesto de trabajo como Analista de Créditos, lo cual considera arbitrario e injusto, pues en el desempeño de sus labores como Asistente no tuvo ningún tipo de falta y este retorno obedece a la represalia que tomó el patrono por haber ejercido un derecho que le corresponde.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda manifestando que el ascenso de un empleado y la condición salarial únicamente puede ser autorizada por el Director Ejecutivo y representante legal del Instituto previo estudio del caso, la simple solicitud hecha a la División de Recursos Humanos por la Jefatura a la cual se subordinaba el trabajador, no constituye un ascenso y en consecuencia no es generadora de obligación para el empleador como lo pretende hacer valer el demandante al argumentar sobre actos del Jefe de la División de Préstamos realizados en el año 2010, los cuales relaciona con la solicitud que el mismo formuló en el año 2012 (dos años después). Que el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente del INJUPEMP, no contiene cláusula alguna que regule peticiones de ascensos y modificación de salarios, razón por la cual el Director Ejecutivo atendiendo la solicitud del trabajador de fecha 12 de marzo del 2012, como corresponde instruyó a la División de Recursos Humanos para que estudiara el caso y le informara para decidir, posteriormente la División de Recursos Humanos con fecha 22 de marzo de 2012 (10 días después) informó al Director Ejecutivo que lo solicitado no era procedente debido a que en el cargo de Asistente de la División de Prestamos esta nombrado el ciudadano JAVIER MENDOZA MENDOZA. Que el demandante maliciosamente omite ilustrar al Juzgado que en fecha 26 de abril del año 2012, la División de Recursos Humanos le extendió y entregó personalmente constancia de trabajo, en la cual de forma concreta y precisa se establece que desde el 2 de junio del año 2003 desempeña el cargo de Analista de Crédito, esta omisión intencional es con el deliberado propósito de argumentar una supuesta represalia contra su persona por haber solicitado el ascenso y nivelación salarial, lo cual es falso, ya que conociendo que su petición no era procedente, resulta no ser cierto que desempeñó un cargo para el cual no fue contratado ni ascendido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió a la institución demandada de la restitución de puesto de trabajo y pago de reajuste de salario solicitado por el demandante, sin costas; bajo el criterio que no aparece ninguna prueba que acredite que el Director Ejecutivo del INJUPEMP, dentro de las facultades que ostenta con dicho cargo, haya emitido algún acuerdo de ascenso o de nombramiento mediante el cual se nombraba al señor José Luis Rodríguez Moncada en el cargo de Asistente de la División de Prestamos, asignándole de manera especificas las funciones inherentes a dicho cargo, contrario sensu la misma parte demandante acredita que lo que existió fue un traslado a dicho cargo y que el mismo fue solicitado por el Licenciado Nahum Díaz, Jefe de la División de Prestamos y que él le asignaría sus funciones, por lo que no le asiste el derecho, ya que su nombramiento era para desempeñarse como Analista de Créditos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha tres de junio de dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante no aportó elementos de prueba para acreditar que al mismo se le debe restituir en el cargo de Asistente ni que se le deba pagar un reajuste de salarios, ya que para que se pueda dar esta restitución es necesario la existencia de un acuerdo de nombramiento, lo cual no se hizo, no bastando que hayan habido propuestas verbales, todo debe ser por escrito.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de apoderado del señor JOSE LUIS RODRIGUEZ MONCADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha tres de junio de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiséis de septiembre del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de apoderado del señor JOSE LUIS RODRIGUEZ MONCADA, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de octubre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de apoderada de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II Que el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en el primer y único motivo de casación expresa: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documental que obra de folio 4 a folio 17, y de folio 40 a folio 57 de la primera pieza de autos, asimismo reconocimiento judicial practicado en las oficinas de la Institución demandada. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada esta contenida en el artículo 367 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.”.- III. El cargo anteriormente expuesto incurre en imprecisiones que lo vuelven inestimable, ya que la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma y que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, porque el Juez valoró la prueba en su conjunto y formó libremente su convencimiento. Por lo tanto resulta inadmisible el motivo.- IV. Que por lo anteriormente expuesto el recurso de mérito resulta ser inestimable en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 484-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL