Sentencia CL-464-13 — Registro 3939
Resumen
Segunda instancia confirmó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por haberse operado el despido indirecto y las costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) no se precisa el señalamiento de las normas sustantivas infringidas, ya que por un lado cita un Convenio de la OIT y por otro los artículos 1, 2 numeral 2), 6, 21 y 747 del Código del Trabajo que no ostentan ese carácter; conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que establecen derechos y deberes correlativos o los extinguen; y, b) inapropiadamente se presentan alegatos de instancia en su formulación.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión y claridad en el concepto de la infracción, ya que por una parte se expone que es por infracción directa y, por otra, se indica que existe mala interpretación de la prueba, refiriéndose a la misma posteriormente, cuando es sabido que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo, en consecuencia, conceptos distintos que debieron ser formulados en forma separada e independiente; y, b) se omite el señalamiento de norma sustantiva, ya que únicamente se señalan convenios y normativas jurídicas en forma general"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de septiembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, por la abogada MARGARITA MOLINA REYES, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por haberse operado el despido indirecto y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, en fecha dos de mayo de dos mil doce, por los abogados EDWIN AVILIO CARIAS GALO, casado, y PAMELA VIVIANA GRADIS URBINA, soltera, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, en su condición de representantes procesales de la señora MARIA LEONOR ESPINAL FLORES, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña y con domicilio en Choluteca, Departamento de Choluteca, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, misma que: “FALLA. PRIMERO DECLARAR CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA, promovida por los abogados EDWIN AVILIO CARIAS GALO Y PAMELA VIVIANA GRADIS URBINA, en su condición de Apoderados demandante, de LA SEÑORA MARIA LEONOR ESPINAL FLORES de generales ya conocidas en la Demanda Ordinaria Laboral Exp. 510-12, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su representante la Señora ETEL VERA ENAMORADO.- SEGUNDO: CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION PUBLICA A TRAVEZ DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por intermedio de su representante Legal la Señora ETEL VERA ENAMORADO, a pagar la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (Lps. 119,661.14),por los siguientes conceptos Preaviso (2 meses) valor diario (60.00) Lps. 11,666.68 Auxilio de Cesantía (13 meses), valor diario (390.00) Lps. 75,833.42, Auxilio de Cesantia proporcional (297 dias) valor diario (24.75) Lps, 4,812.39; Vacaciones Proporcionales (297 dias) valor diario (16.50)Lps. 3,208.26 Aguinaldo (1 año), valor diario (30.00) Lps. 5,000.00, Aguinaldo proporcional (59 dias), valor diario (4.92) Lps 820.02; Décimo cuarto mes Proporcional (239 dias) valor diario (19.92) Lps.3,320.07, pago sueldo/salario adeudado (90 dias) valor diario (90) 15,000.00, a titulo de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales a titulo de Daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la terminación del Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme esta sentencia. TERCERO. CON COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca en fecha 3 de mayo 1998, es decir estuvo laborando por espacio de 14 años sin interrupción, alguna habiendo sido contratada verbalmente por el señor Abel Hernán Carrasco, Director en ese entonces de dicha institución educativa, realizando labores primero como Conserje y posteriormente como Aseadora cumpliendo eficientemente sus labores encomendadas por la parte patronal; que después de un año de laborar para el Instituto José Cecilio del Valle se le concedió autorización verbal para que también laborara para la Universidad Pedagógica Nacional realizando el mismo tipo de actividad; que en fecha 29 de febrero del año 2012, la demandante le notificó por escrito a la parte patronal su decisión de dar por terminada la relación de trabajo que los vinculó por tiempo indefinido, siendo los motivos o causas justas para haber tomado tal determinación dándose por despedida de manera indirecta, sin preaviso, sin responsabilidad de parte de la demandante y conservando sus derechos como en el caso de despido injusto, fueron las siguientes: a) que la parte patronal no cumplió con las obligaciones establecidas en las leyes laborales, específicamente en el artículo 368, párrafo primero del Código de Trabajo que dice: “Las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo nunca podrá ser mayor de una (1) semana para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales”, se afirma lo anterior en virtud de que los salarios no fueron pagados en el plazo acordado, es decir, en forma mensual que es el tiempo máximo que prescribe el relacionado artículo, o sea, en el plazo de un mes, todo en vista de que la parte patronal ni siquiera le ha pagado sus aguinaldos correspondientes al año dos mil once, a pesar de que el mes de diciembre de dicho año ya transcurrió, b) tampoco el patrono le ha cancelado los salarios correspondientes a los meses de diciembre del año dos mil once, enero y febrero del año dos mil doce, no obstante de que las partes obrero-patrono convinieron que los salarios se pagarían mensualmente, c) que hasta la fecha de hoy no se le pagó el reajuste al salario mínimo aprobado por el gobierno ya que el pago que recibe del patrono es muy inferior al legalmente establecido, d) que el patrono nunca tomó en consideración de que la demandante era madre soltera y que depende única y exclusivamente de sus salarios para cubrir sus necesidades fundamentales como alimentación, vivienda, vestuario, etc. de su menor hija, situación incómoda que le causó graves perjuicios al tener que recurrir constantemente a los créditos y pagar intereses por los mismos, debido a la irresponsabilidad del patrono quien se escudaba en el improcedente pretexto de que no podía cumplir con sus obligaciones laborales por atrasos en el desembolso de los fondos para tales fines.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que la demandante pretende sorprender al juzgador empleando términos incorrectos y pretendiendo acreditar haber sido contratada por la Secretaría de Educación y ser empleada permanente de la misma, con las actuaciones administrativas realizadas en la Secretaría de Trabajo, pero estos actos administrativos no vinculan ninguna relación laboral con la demandada pretendiendo derechos que corresponden según la legislación nacional, a los empleados que gozan de una permanencia laboral (Acuerdo), modalidad de contratación que es diferente a la modalidad de contratación que pretende se le reconozca la demandante al manifestar que fue contratada verbalmente por el señor Director de las Instituciones Educativas referidas, para lo cual los Directores de los Centros Educativos del país no tienen facultades para hacer contrataciones de personal en nombre del Estado, de tal manera que todo lo actuado por la demandante y que señala en los hechos de su demanda no se puede aceptar por no haber existido nunca una relación laboral entre la demandante y la demandada; que en cuanto a la garantía constitucional relacionada con los artículos 3, 95 numeral 1), 114 letra i) y 368 párrafo primero del Código del Trabajo, no afectan a la Secretaría de Educación pues no ha celebrado ningún Contrato de Prestación de Servicios con la demandante, por tal razón no estaba obligada a asistir a una audiencia conciliatoria ante el Ministerio de Trabajo por no tener responsabilidad laboral alguna con la demandante.- 3.- El Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, en fecha siete de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito, condenando al Estado de Honduras a pagar la cantidad de L.119,661.14, por los conceptos de preaviso (2 meses), auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, pago sueldo/salario adeudado, los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que en materia probatoria es principio universal, que el que afirma una cosa es quien esta obligado a probarlo; que las partes fijaran el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo nunca podrá ser mayor de (1) semana para los trabajadores manuales, ni de (1) mes para los trabajadores intelectuales y los servidores domésticos (art. 368 Código del Trabajo); que conforme a la prueba documental acreditada en el expediente de mérito a folios 14 al 21 y 55, se encuentra acreditado en autos la relación laboral de trabajo que existió entre la parte demandante y demandada, relación laboral esta que inició el 03 de mayo 1998 y que terminó el 29 de febrero del 2012, con un salario mensual de L.5,000.00 y un salario promedio mensual de L.5,833.34, en virtud de haber aceptado los mismos la parte demandante como un Despido Indirecto; que con la declaración del testigo Hernán Abel Carrasco Mayorga, visible a folio 90 propuestos por la parte demandante, quedó acreditada que si efectivamente la demandante laboró para esa institución en el cargo de Aseadora que ella desempeñaba y que era el Estado que le pagaba con fondos porque es un colegio oficial y que aparecía en las planillas cuando la demandante estuvo en el Instituto José Cecilio del Valle, quedando acreditado este extremo con la Constancia de Trabajo que consta a folio 21 extendida por el Director de Funciones de dicho Instituto en aquel entonces; quedó acreditado que la demandante se abocó ante las Instituciones del Ministerio de Trabajo de esa ciudad donde existe un expediente administrativo y el Acta de Investigación de fecha 28 de febrero del año 2012, que se relaciona al despido indirecto por parte de dicha institución del Estado, asimismo se constató que existe Acta de fecha 29 de febrero del año 2012, realizada por la Inspectoría de Trabajo, donde se acredita que le fue entregada la notificación del Despido Indirecto de la ex-empleada el cual fue recibido por el Director del Instituto donde el da fe y por enterado y ratificado del mismo, todo en virtud por el incumplimiento por parte del patrono, de las obligaciones, convencionales o legales tal como lo establece el Código del Trabajo en su artículo 114 letra i).- 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha dieciocho de junio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, con costas; bajo el criterio que esa Corte de Apelaciones ha examinado y valorado los medios de prueba presentados por la Procuraduría General de la República, en representación del Estado de Honduras y por la parte demandante, las cuales llevan a lo resuelto acertadamente por el Juez de primera instancia, ya que conforme a la prueba documental acreditada en el expediente de mérito, se encuentra acreditada la relación laboral que existió entre la parte demandante y la demandada, relación laboral esta que inició el 03 de mayo de 1998 y que terminó el 29 de febrero del 2012, con un salario mensual de L.5,000.00 y un salario promedio mensual de L.5,833.34, en virtud de haber aceptado los mismos la parte demandante como un despido indirecto; se estimó que la sentencia definitiva pronunciada por el Juez a-quo en la audiencia de juzgamiento, tiene una debida valoración fáctica, probatoria y jurídica, mostrando congruencia entre la petición formulada en el escrito de demanda, los hechos relatados, las probanzas arribadas y evacuadas en el juicio y lo resuelto en la parte dispositiva del fallo, razón por la cual para ese Tribunal de Alzada confirmó el fallo impugnado.- 5.- Mediante auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de octubre de dos mil trece, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del abogado EDWIN AVILIO CARIAS FLORES, en su condición de representante procesal de la señora MARIA LEONOR ESPINAL FLORES, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada MARGARITA MOLINA REYES expone un primer motivo en la forma siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional por Infracción Directa porque el Tribunal A Quem no aplicó o ignoró normas de estricto cumplimiento como ser EL CONVENIO 158-82-OIT, que es de aplicación superior al Articulado del Código del Trabajo, obsérvese lo que expresa el artículo No.1, del Código del Trabajo, en su parte final que garantiza una compensación equitativa de su inversión: Obsérvese que debe haber una inversión económica y una compensación, esto es resultados en este caso Educandos, de la cual se va a obtener gananciales, Cuál es la labor del Estado y cuál su inversión?.- Solamente la de garantizar el bienestar de la ciudadanía, invirtiendo en su bienestar integral, en su ..., y sobre todo en su Educación, pero cuales son las fuentes de ingresos del Estado, únicamente el que la misma ciudadanía aporta para que sea invertida en sí misma, es en este estado de caos, que el Estado no tiene la capacidad económica para sobrellevar toda la inversión que requiere para mantener y garantizar el bienestar social.- Es así que en los Centros Educativos si bien existe un Director, este no desarrolla una empresa, solamente custodia un bien del estado y por cierto intelectual como ser el de garantizar que los niños y niñas y adolescentes de Honduras reciban educación.- En este sentido tiene razón de ser que se haya regulado mediante el Convenio 158-82- OIT, la forma cómo, puede el Estado emplear personal que requiera sin responsabilidad de su parte, sobre todo si el sistema de nombramiento por Acuerdo que garantiza los derechos del empleado, está saturado y el Estado no tiene suficientes ingresos por la crisis mundial para acarrear con otro sistema de empleo que garantice los derechos de los empleados, utilizando el sistema de Empleo por Resolución a tiempo definido, extremos estos acreditados en el presente caso, con las resoluciones y contratos varios presentados en autos como prueba del sistema de que se vale el Estado para emplear personal, acreditándose asimismo en autos la Constancia extendida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos No Docentes, que claramente expresa que la señora MARIA LEONOR ESPINAL FLORES, no ha sido, ni es empleada de la Secretaría de Educación bajo ninguna modalidad.- No se aplica al presente caso, los artículos 6, 21 ni lo que afecta a mi representado del Artículo No.30 pues en su parte final añade sin perjuicio de prueba en contrario, tal y como quedó probado que mi representado si utiliza un sistema para contratar empleados, y esto quedó debidamente acreditado en autos.- Como podrá apreciarse en autos, la señora Espinal probó que fue empleada por el Director del Colegio, tanto por lo que asevera en el libelo de su demanda, como lo que probó al presentar documentación que la ampara pero como empleada del Instituto José Cecilio del Valle, como ser la Constancia de empleada extendida, firmada por el Director del Centro Educativo pero que tiene impreso el Membrete Únicamente de la Institución Educativa y en ningún lado de la referida constancia dice SECRETARIA DE EDUCACION, así como la entrega y recibimiento del Despido Indirecto que la acredita como empleada del Instituto, y toda la Actuación para agotar la vía Administrativa enfatiza que quien la empleó fue el Director del Instituto JOSE CECILIO DEL VALLE.- Obsérvese Asimismo en el y que debido a la crisis INCISO D.- del HECHO TERCERO, RENGLONES 7 Y 8 del libelo de su demanda, que se le expresó que es pagada por desembolsos de fondos para tales fines y que no han recibido, lo que implica que estas Instituciones Educativas trabajan con fondos propios provenientes de diversas fuentes de ingresos, para el caso el inmueble que ocupan estos centros educativos, muchas veces son donados y las mejoras son hechas con donaciones varias, económica mundial, se han escaseado los desembolsos de subsistencia o ayuda para subsistir, lo que según el Convenio 158-82-OIT, exonera al Director de la Institución Educativa para pagar lo reclamado, siendo así entre otros ingresos la aportación de los padres de familia, quienes hacen actividades varias económicas para apoyar estas Instituciones.- La demandante Presenta en autos una constancia de empleada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que no compete a mi representada.- Infracción del Artículo 747, Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta” Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal de trabajo, si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas al estado, al departamento o al municipio.- Como puede apreciar de lo preceptuado por este Artículo el Estado tiene igual que el trabajador o empleado un trato preferencial, similar al que tiene el mismo empleado o trabajador. Es así pues que debe apreciarse el valor y alcance de la prueba aportada por el Estado de Honduras, cuando asevera que la demandante no ha sido ni es empleada del Estado de Honduras, al no haber adquirido el carácter de empleada pública, por no haber sido contratada bajo ninguna de las modalidades que emplea el Estado para tal objeto. Asimismo se ignoró el Artículo No.2, Numeral 2, del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 13 letra m, de la Ley de Servicio Civil y Artículo No.9, numeral 14 del Reglamento de la misma Ley de Servicio Civil.- Que definen taxativamente quienes, y bajo qué régimen se consideran Empleados Públicos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) no se precisa el señalamiento de las normas sustantivas infringidas, ya que por un lado cita un Convenio de la OIT y por otro los artículos 1, 2 numeral 2), 6, 21 y 747 del Código del Trabajo que no ostentan ese carácter; conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que establecen derechos y deberes correlativos o los extinguen; y, b) inapropiadamente se presentan alegatos de instancia en su formulación.- IV. Que la Recurrente en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional e Internacional por infracción directa de Ley sustantiva, como ser Convenios Internacional 158-82-OIT, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación e interpretación de los hechos, haciendo una mala interpretación de la prueba por la Corte Sentenciadora púes el Documento de Resolución, Contrato por Servicios Profesionales y mucho menos Acuerdo Permanente, mecanismo mediante el cual mi representado El Estado de Honduras emplea los trabajadores que requiera para que le supla ciertas necesidades laborales es un documento público autorizante, aceptado y consentido, mediante el cual el Estado conviene en emplear personal bajo un salario, relación Patrono-Trabajador, ..., nunca fue acreditado fehacientemente por la parte demandante, no entiendo qué documento quiere el Juzgador A quem que se le presente, pues por las características del efecto que produce constituye un contrato individual de trabajo, cualquiera de los documentos antes relacionados, que se acreditaron en el periodo probatorio del juicio, y que la demandante no acreditó lo contrario, pues no presentó documento alguno que la acreditara como empleada de la Secretaría de Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo”.- V. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión y claridad en el concepto de la infracción, ya que por una parte se expone que es por infracción directa y, por otra, se indica que existe mala interpretación de la prueba, refiriéndose a la misma posteriormente, cuando es sabido que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo, en consecuencia, conceptos distintos que debieron ser formulados en forma separada e independiente; y, b) se omite el señalamiento de norma sustantiva, ya que únicamente se señalan convenios y normativas jurídicas en forma general.- VI. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria bajo el siguiente argumento: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil trece (2013) dictada por la Corte de Apelaciones señalando los errores procesales siguientes: a) La aceptación a la existencia de Documentos presentados como prueba, cuando con los mismos no acreditan el asunto principal o de fondo como es que la Señora MARIA LEONOR ESPINAL FLORES haya sido empleada por la Secretaría de Educación, ya que existe un sistema de documento Público, en este Caso Resoluciones emitidas por el Estado, como un sistema de Contratación de empleados Públicos a través de Resoluciones, que acreditan que no fue ni es empleada Pública.- De hecho no tiene razón de ser el fundamento de el Juzgamiento emitido por el Tribunal de Alzada, ya que la demandante no ha probado nada , solamente quieren cambiar el sentido o interpretación de la Contratación hecha por el señor Director del Centro Educativo no de contrato de trabajo celebrado entre mi representado y la demandante, y mi representado y en su condición de funcionario público, está sujeto a obediencia a las ordenanzas pública, y no puede cambiar el espíritu del convenio de contratación de empleados que celebre con los trabajadores”.- VII. Que de lo expuesto en la nulidad subsidiara solicitada, se desprende que la pretensión de la Recurrente es que se revise el material probatorio allegado al proceso, lo cual resulta inapropiado ya que el Código del Trabajo en el artículo 765 numeral 1) párrafo segundo consigna la vía adecuada para tal fin. Además, no observa este Tribunal, que haya existido violación al debido proceso o al derecho de defensa de las partes, en consecuencia la nulidad peticionada no resulta atendible.- VIII. Que por las razones antes expuestas resulta inestimable el recurso de mérito casación en la pretensión que encierran los dos motivos expuestos y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 464-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL