Sentencia CL-442-13 — Registro 3547
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y costas del juicio. Segunda instancia reformo la sentencia en cuanto al pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) cita el artículo 116 del Código del Trabajo, sin precisar cual o cuales de los párrafos ó literales que contiene dicha disposición resultan aplicables al caso, ya que los mismos tienen referencia a diferentes situaciones jurídicas"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Como en el anterior cargo, este motivo adolece del defecto de invocar la infracción directa olvidando que esta se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario se aplica a un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el juzgador de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio, por lo cual no era esa vía la indicada para el ataque al fallo impugnado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha trece de septiembre del dos mil trece, por la abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Tocoa, Colon, en su condición de apoderada de la Sociedad BODEGA Y SUPERMERCADO CELIA S. DE R.L. DE C.V.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, en fecha dieciocho de agosto del dos mil once, por la señora ANA GRACIELA GARCIA MARTINEZ, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en Tocoa, Colón, contra la Sociedad BODEGA Y SUPERMERCADO CELIA S. DE R.L. DE C.V., por medio de su representante legal, señora MIRIAN LISSETT REYES MARTINEZ. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha diez de junio del dos mil trece, proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha dieciocho de marzo del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, de la manera siguiente: “Primero: Queda sin efecto aquella parte de dicha sentencia en la que se exime a la demandada del pago de salarios caídos y se condena a dicha demandada Mirian Lissett Reyes Martínez, a pagarle a la demandante Ana Graciela García Martínez, los salarios que ésta dejó de percibir desde la terminación del contrato de trabajo que la vinculaba con la señora Reyes Martínez es decir, desde el día quince de junio de dos mil once, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la respectiva sentencia condenatoria, debiendo emplearse como base para el cálculo de dichos salarios dejados de percibir un salario promedio de seis mil cincuenta Lempiras (L. 6,050.00) por mes, equivalentes a un promedio diario de doscientos un lempiras con sesenta y siete centavos (L. 201.67). y, Segundo: Queda subsistente y válida la sentencia apelada en todo lo demás ordenado en su parte resolutiva”; habiendo fallado el a-quo, declarando con lugar la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos, en consecuencia condenó a la Empresa Bodega y Supermercado Celia a pagarle a la señora ANA GRACIELA GARCIA MARTINEZ, la cantidad de Veintiún Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras Con Sesenta y Seis Centavos (L.21,393.66.), en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones concedidas, vacaciones proporcionales, treceavo mes del año dos mil diez, pagado, treceavo mes proporcional, catorceavo mes del año dos mil diez, pagado, catorceavo mes proporcional y sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que comenzó su relación de trabajo con la señora MIRIAN LISSET REYES MARTINEZ, en fecha cuatro de marzo del año mil novecientos noventa y dos, hasta el día quince de junio del año dos mil once, desempeñándose en los últimos años en el cargo de supervisora de caja, devengando un salario mensual. Continúa manifestando la demandante que con un simulado preaviso se procedió a finalizar sus servicios, anunciándole que al vencimiento del preaviso pasará por la oficina para que se le hiciera la liquidación final, lo que nunca fue posible por que ella no se presentó a su empresa ese día, compareciendo ante las oficinas de la Procuraduría del Trabajo para llegar a un arreglo conciliatorio, sin resultados positivos para la demandante.- 2.- La parte demandada, la Sociedad BODEGA Y SUPERMERCADO CELIA S. DE R.L. DE C.V., contestó dicha demanda manifestando que rechaza totalmente las pretensiones de la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, en fecha dieciocho de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos, en consecuencia condenó a la Empresa Bodega y Supermercado Celia a lo siguiente: a) pagarle a la señora ANA GRACIELA GARCIA MARTINEZ, la cantidad de Veintiún Mil Trescientos Noventa y Tres Lempiras Con Sesenta y Seis Centavos (L.21,393.66.), por los conceptos siguientes: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones Concedidas, vacaciones proporcionales, treceavo mes del año dos mil diez: Pagado.- Treceavo mes proporcional, Catorceavo mes del año dos mil diez: Pagado, catorceavo mes proporcional, no hay condena por salarios caídos en virtud de que en el preaviso se estableció que serian pagados sus derechos, SIN COSTAS; bajo el criterio que en su libelo la demandante establece entre otras cosas, que se le dio un simulado preaviso, cuestión esta no creíble por la judicatura, en razón de que junto a su demanda ha hecho acompañar el preaviso dado por la empresa. Que si el contrato de Trabajo es por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso. En ese sentido en la presente causa no podría considerarse al patrono culpable de no darlo. La demandante confunde lo que son causas justas para dar por terminado el contrato por parte del patrono, con lo que es la terminación de contrato por preaviso, no tiene el patrono porque probar justa causa de despido cuando ha dado un preaviso y ofrece pagar liquidar en el mismo los derechos adquiridos por el trabajador, artículo 116 del Código del Trabajo. Que a juicio del Tribunal no podría condenarse al pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, en virtud de que el trabajador fue notificado en legal forma de la terminación de su relación laboral, con la empresa y lo que correspondía hacer era cobrar su liquidación como se le anunció en su preaviso.- 4.- La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha diez de junio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito y en consecuencia reformó la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, el dieciocho de marzo de dos mil trece, en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento de la manera siguiente: Primero: Queda sin efecto aquella parte de dicha sentencia en la que se exime a la demandada del pago de salarios caídos y se condena a dicha demandada Mirian Lissett Reyes Martínez, a pagarle a la demandante Ana Graciela García Martínez, los salarios que esta dejó de percibir desde la terminación del contrato de trabajo que la vinculaba con la señora Reyes Martínez, es decir, desde el día quince de junio de dos mil once, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la respectiva sentencia condenatoria, debiendo emplearse como base para el cálculo de dichos salarios dejados de percibir un salario promedio de seis mil cincuenta Lempiras (L. 6,050.00) por mes, equivalentes a un promedio diario de doscientos un lempiras con sesenta y siete centavos (L. 201.67). y, Segundo: Queda subsistente y válida la sentencia apelada en todo lo demás ordenado en su parte resolutiva, SIN COSTAS; bajo el criterio que las normas constitucionales y legales y también la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia determinan que cuando el patrono le pone fin al contrato de trabajo de forma unilateral y sin invocar un motivo que se pueda encuadrar en una causa legal de terminación del mismo, el trabajador tiene derecho a percibir una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, es indudable que en el caso de que se conoce la demandante tiene derecho no solo al pago de las prestaciones establecidas por la ley para el caso de despido injustificado calculadas conforme a la fecha de inicio de la relación laboral, que según lo demostrado en juicio corresponde al dieciséis de noviembre de dos mil nueve, sino también al pago de los referidos salarios dejados de percibir, que en la sentencia apelada no se le concedieron, siendo procedente por lo tanto acceder parcialmente a la pretensión de la parte que apela.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, en su condición de apoderada de la Sociedad BODEGA Y SUPERMERCADO CELIA S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha diez de junio del dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha trece de septiembre del dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, en su condición de apoderada de la sociedad BODEGA Y SUPERMERCADO CELIA S. DE R.L. DE C.V., formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado MARCO TULIO ARRIOLA SUAZO, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, en el primer motivo, alega: “Ser la sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por infracción directa de Orden Nacional del articulo 116 y 117 del COdigo del trabajo en relación con el articulo 135 párrafo segundo. De la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1 párrafo primero del articulo 765 del Código de Trabajo”.- III. Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) cita el artículo 116 del Código del Trabajo, sin precisar cual o cuales de los párrafos ó literales que contiene dicha disposición resultan aplicables al caso, ya que los mismos tienen referencia a diferentes situaciones jurídicas.- IV. Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 113 interpretado, párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 117 del código de trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: A este motivo de casación está comprendido en el numeral primero párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo.”.- V. Como en el anterior cargo, este motivo adolece del defecto de invocar la infracción directa olvidando que esta se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula, o al contrario se aplica a un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el juzgador de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio, por lo cual no era esa vía la indicada para el ataque al fallo impugnado.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 442-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL