Sentencia CL-417-13 — Registro 4130
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se obligue a la empresa demandada al reintegro al trabajo, firma de contratos de trabajo por tiempo indefinido, aplicación del contrato colectivo vigente de la empresa demandada; segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el cargo que antecede, el Impetrante incurre en el error técnico de acusar la sentencia por infracción directa de la ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expedientes números SL.09-11, SL-02-11, 20-11, 880-12 y 901-12); y siendo que la naturaleza y terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes fue objeto del debate y por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía. En adición, en su explicación alude a una norma no expresada en la formulación del cargo, como es el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo. Tales defectos técnicos causan su inadmisión.- IV.- Conviene recordar que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre del dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, por el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, PRISCILIANO MENDOZA VELASQUEZ, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA, PEDRO GEOVANY ANDERSON VILLEDA, OSCAR ALFREDO PAREDES SILVA, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO y MICHEL ALEXANDER CASTILO OSORIO; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se obligue a la empresa demandada al reintegro al trabajo, firma de contratos de trabajo por tiempo indefinido, aplicación del contrato colectivo vigente de la empresa demandada, pago de costas personales y procesales, pago de salarios no percibidos por causa imputable al patrono desde que la empresa unilateralmente en el mes de septiembre del 2013 les dejó de pagar en salario en forma semanal como anteriormente se les pagaba hasta que la sentencia se haya ejecutado, pago de decimotercer y decimocuarto mes de salario, pago de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, pago de séptimo día, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, en fecha seis de noviembre del año dos mil siete, por los señores CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, soltero, Bachiller Técnico en Computación, GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, casado, perito Mercantil y Contador Público, PRISCILIANO MENDOZA VELASQUEZ, casado, Técnico en Refrigeración, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA, casado, soldador, PEDRO GEOVANY ANDERSON VILLEDA, soltero, Mecánico Automotriz, OSCAR ALFREDO PAREDES SILVA, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO, casado, Perito Mercantil y Contador Público y MICHEL ALEXANDER CASTILO OSORIO, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General, en ese entonces el señor EDWIN ARAQUE BONILLA, mayor de edad, casado, Doctor en Economía.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha doce de abril del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Enrique Cardona Chapas, en su condición de Apoderado Legal demandado. SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el doce de Abril del dos mil trece (12/04/13) relacionada con la demanda interpuesta por los señores CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, PRISCILIANO MENDOZA VELASQUEZ, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA, PEDRO GEOVANY ANDERSON VILLEDAJ OSCAR ALFREDO PAREDES_SILVA, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO y MICHELL ALEXANDER CASTILLO OSORIO contra la entidad denominada EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (E.N.P.), representada legalmente en el tiempo en que se presento la demanda por el señor EDWIN ARAQUE BONILLA, todos de generales relacionadas en los autos, reforma que se contrae a declarar SIN LUIGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro, pago de salarios no percibidos durante el mes de septiembre del año 2007, pago del séptimo día y pago de salarios dejados de percibir, en consecuencia, SE ABSUELVE a la demandada por tales conceptos. TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia relacionada en los demás aspectos. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada así: Carlos Alberto Ramirez Aguilar el 20 de junio del 2001, Gustavo Adolfo Mejia Díaz el 6 de junio del 2006, Carlos Alberto Prieto Rivera el 28 de agosto del 2006, Prisciliano Mendoza Velásquez en el año 2004, Roger Cestony Ordoñez Sierra el 23 de noviembre de 1999, Pedro Geovanny Anderson Villena el 20 de febrero del 2007, Oscar Alfredo Paredes Silva, Rafael Chirinos Castillo el 20 de mayo del 2003 y Michell Alexander Castillo Osorio el 22 de agosto del 2006 a efecto de desempeñar las posiciones de chequero de patio de autos, chequero 1 TCC, chequero de patio de autos, chequero 1 de TCC, Operador de Cabezal TCC, Operador de Cabezal TCC, Chequero 1 de TCC, Chequero 1 de TCC y de Chequero de Operaciones de Carga por su orden de comparecencia, labores que alegan haber desempeñado en forma permanente y continua sin habérseles otorgado contrato de trabajo escrito, alegando haber sido objeto de despidos por parte de la empresa efectivo en fecha 27 de septiembre del año 2007 aduciendo el Jefe de Recursos Humanos que la empresa demandada que la causa de dicho despido fue por reestructuración, habiéndolos sacado de las planillas de la empresa; que dieron por agotado el trámite administrativo en fechas 2 y 22 de octubre del año 2007.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que rechaza todas y cada una de las pretensiones formuladas en la misma, considerando en defensa de su representada que los trabajadores demandantes han prestado sus servicios como empleados eventuales sujetos al régimen de llamadas, que nunca han ocupado una plaza permanente, ni sustituyeron o desempeñaron labores de un empleado permanente, así como que sus pagos se verifican por medio de una planilla especial de empleados semanales; rechaza de igual forma la pretensión de los demandantes en el sentido de que se obligue a la demandada a suscribir un contrato de trabajo por tiempo indefinido con reconocimiento de antigüedad en virtud de manifestar que la Empresa Nacional Portuaria es una institución del estado de Honduras por lo que para la creación de plazas o cargos nuevos de trabajadores, se debe realizar una planificación y contar con un presupuesto para cubrir sus gastos. En la audiencia primera de trámite interpuso excepción perentoria de cosa juzgada.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha doce de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el reintegro, pago de salarios no percibidos durante el mes de septiembre del 2007 y pago del séptimo día, declarando con lugar la excepción perentoria de cosa juzgada en forma parcial relativa a los reclamos de firma de contrato por tiempo indefinido y reconocimiento de una relación laboral por tiempo indefinido, nivelación salarial, pago de vacaciones no disfrutadas ni pagadas, reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indefinido, condena a la empresa al reintegro de los demandantes, pago de los salarios dejados de percibir, sin costas. Criterio: que si bien es cierto el juicio anteriormente promovido por los mismos demandantes pretendía el reconocimiento de una relación laboral por tiempo indefinido y que en el que actualmente nos ocupa se pretende obtener al reintegro al trabajo por existir actos constitutivos de despido, no es menos cierto que en el expediente 2014 promovido por los actores en fecha 29 de agosto del 2007 los trabajadores demandantes reclamaron judicialmente que se obligue al patrono “a la firma de contratos de trabajo por tiempo indefinido y reconocimiento de una relación laboral por tiempo indefinido, nivelación de salarios, pago de vacaciones no disfrutadas ni pagadas”, derechos que del mismo modo reclaman nuevamente en el presente juicio, por lo que al haber sido reclamados en juicio en otro proceso judicial y haber obtenido fallos judiciales en primera y segunda instancia, así como en casación en sentido desfavorable a las pretensiones de los demandantes, procede de conformidad a derecho declarar con lugar la excepción perentoria de cosa juzgada en relación con los reclamos de firma de contratos de trabajo por tiempo indefinido y reconocimiento de una relación laboral por tiempo indefinido, nivelación de salarios y pago de vacaciones no disfrutadas pagadas y sin lugar dicha excepción en relación con el reclamo de reintegro y demás derechos. Criterio: que los trabajadores demandantes han prestado sus servicios en forma permanente y continua en la empresa demandada, dedicados a labores que igualmente son permanentes y continuas en la misma; se constató asimismo que a los trabajadores demandantes CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA y PEDRO GEOVANNY ANDERSON, se les cancelaban cantidades de dinero en concepto de decimocuarto y decimotercer mes de salario, pero no se le cancelaban vacaciones ni séptimo día el cual no aparece reflejado en las planillas de la empresa; en relación a los trabajadores GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO, GUSTAVO A. MEJIA DIAZ, y PRISCILIANO MENDOZA se constató que no se les canceló decimocuarto ni decimotercer mes de salario, ni vacaciones, ni séptimo día; en relación con el trabajador MICHELL ALEXANDER CASTILLO OSORIO se constató que la empresa demandada le canceló el decimocuarto mes de salario y no le canceló el decimotercer mes de salario ni vacaciones ni séptimo día.- Que del análisis de los medios de prueba aportados al juicio por los apoderados judiciales de las partes actora y demandada se llega al convencimiento que no existe fundamentación ni causa legal alguna para que la demandada mantenga relación laboral con trabajadores a quienes mantiene en un limbo legal conculcándoles derechos que les confieren tanto el Código del Trabajo como la Constitución de la República de Honduras; que por la naturaleza de carácter permanente y continua de la relación laboral que ha vinculado a los trabajadores con la demandada y de acuerdo con los principios que animan nuestras leyes laborales vigentes relación de trabajo es por tiempo indefinido aunque se considera eventual por la demandada, que aún siendo la naturaleza de la relación laboral permanente y continua no procede que mediante Sentencia Definitiva se obligue a la demandada a la firma de contrato de trabajo escrito por cuanto la ley laboral ya establece los mecanismos a utilizar en caso de la omisión del mismo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha seis de junio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la demanda de reintegro, pago de salarios no percibidos durante el mes de septiembre del año 2007, pago del séptimo día y pago de salarios dejados de percibir, en consecuencia se absuelve a la demandada por tales conceptos, sin costas. Criterio: que de llegarse a estimar la presente demanda a favor de los trabajadores, se contrapondría al fallo anterior al afirmar un derecho negado, por constar en autos que el proceso instaurado el 29 de agosto del 2007, en el cual sustenta su defensa la demandada, finalizó con la sentencia proferida por el A-Quo el 12 de mayo del 2008, recurso de apelación resuelto el 13 de julio del 2009 y finalmente la corte suprema de justicia el 6 de diciembre del 2011 declaró no ha lugar el recurso de casación, de lo que se desprende que resulta procedente la excepción perentoria de cosa juzgada, que los trabajadores fueron contratados para realización de labores que por exceso, no podían cubrir los trabajadores permanentes, enmarcándose por ello dentro de lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 46 literal b), es decir, trabajo por tiempo determinado con ocasión de una necesidad operativa de la empresa, razón por la cual no resulta procedente el reintegro solicitado, ni tampoco la aplicación del contrato colectivo vigente y el pago del séptimo día, porque a estos derechos aplican únicamente a los trabajadores permanentes.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciséis de julio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ actuando en su condición de Apoderado de los señores CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, PRISCILIANO MENDOZA VELASQUEZ, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA, PEDRO GEOVANY ANDERSON VILLEDA, OSCAR ALFREDO PAREDES SILVA, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO y MICHEL ALEXANDER CASTILO OSORIO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ actuando en su condición de Apoderado de los señores CARLOS ALBERTO RAMIREZ AGUILAR, GUSTAVO ADOLFO MEJIA DIAZ, CARLOS ALBERTO PRIETO RIVERA, PRISCILIANO MENDOZA VELASQUEZ, ROGER CESTONY ORDOÑEZ SIERRA, PEDRO GEOVANY ANDERSON VILLEDA, OSCAR ALFREDO PAREDES SILVA, RAFAEL CHIRINOS CASTILLO y MICHEL ALEXANDER CASTILO OSORIO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a él conferido, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSE ENRIQUE CARDONAS CHAPAS, en su condición de apoderada de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSE TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su primer y único motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva, de orden nacional en infracción directa por falta de aplicación del artículo 113 párrafo segundo, párrafo tercero letra b) del Código del Trabajo, tal y como se explicará más adelante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 765 numeral 1, párrafo primero del código del trabajo. PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO: Artículo 113 párrafo segundo, párrafo tercero letra b) del Código del Trabajo, que preceptúan: Art.113....….. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato, para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a)……… b) Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. CONCEPTO DE LA INFRACCION: ES POR INFRACCION DIRECTA del artículo Articulo 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra b) del Código del Trabajo, por falta de aplicación del mismo siendo el caso de hacerlo. Por consiguiente se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva.- EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. La Corte de apelaciones, en la sentencia objeto de la presente demanda de casación, en LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, numeral III; ver folio 23 de la segunda pieza de autos, expresa entre otros, “....que los trabajadores demandantes fueron contratados por la Empresa Nacional Portuaria, para la realización de labores que por exceso no podían cubrir los trabajadores permanentes, enmarcándose por ello dentro de lo que establece el artículo 46 literal b) es decir trabajo por tiempo determinado, con ocasión de una necesidad operativa de la empresa, razón por la cual no resulta procedente el reintegro solicitado ni tampoco la aplicación del contrato colectivo vigente y el pago del séptimo día porque a estos derechos aplican únicamente los empleados permanentes.... Dicha manifestación de la Honorable Corte de Apelaciones, va en abierta pugna con el artículo 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra b), del código del trabajo, lo que provoca ser la sentencia violatoria de dicha ley sustantiva por infracción directa de la misma, que por tal razón dejo de aplicar la Honorable Corte a favor de los trabajadores demandantes, cuando el texto de esa norma legal como ser el artículo 113 del código del trabajo párrafo segundo y tercero letra b), es absolutamente clara, al darle potestad al trabajador en forma general sin descriminación alguna, sin excluir a ningún trabajador por motivo del tipo de contrato que tenga, si es por tiempo determinado o por tiempo definido, de la facultad o derecho de demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones y a los salarios dejados de percibir; pero la Honorable Corte excluye a los demandantes de la aplicación de esa norma legal aduciendo que son trabajadores por tiempo determinado y esos derechos solo se les aplica únicamente a los empleados permanentes, violando esa norma, cuando reitero todo trabajador sin distinción ni exclusión alguna en forma general, puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato, si este se le ha puesto fin sin causa justificada, demandando para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones y a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió el despido injustificado hasta que se cumpla con la reinstalación. En el caso que nos ocupa los demandantes tienen derecho de pedir el cumplimiento del contrato HASTA EN TANTO EXISTAN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU CONTRATACION, pues su despido se produjo por REESTRUCTURACION y no por causa de haber llegado por ejemplo la fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo, por consiguiente no puede finalizarse la relación de trabajo antes de ese tiempo sin que medie una justa causa legal, y en el caso que nos ocupa se despidió a los demandantes por reestructuración, tal y como lo menciona la Corte de Apelaciones en su sentencia a folio 23 de la segunda pieza de autos, al expresar: “III del documento que corre a folios 182 y 183 de la pieza principal, contentivo del informe rendido por el inspector del trabajo, en el cual expresa que al abocarse con el asistente de la división de recursos humanos de la Empresa Nacional Portuaria, le manifestó que: “si se despidió en forma verbal a los trabajadores, el cual se hizo acatando instrucciones de la Gerencia General y la razón de dicha determinación es por reestructuración”, causal que no se justifico por la demandada como ser la real existencia de esos cambios ni mucho menos haber cumplido con el procedimiento establecido en el articulo 95 numeral 19 del código del trabajo para llevar a cabo una reestructuración, por consiguiente procede el reintegro de los trabajadores demandantes a sus puestos de trabajo que ostentaban antes de su despido en iguales o mejores condiciones de trabajo hasta en tanto existan las circunstancias que motivaron su contratación. Por todo lo anterior se concluye que la sentencia hoy recurrida es violatoria de dicha ley sustantiva lo que da pie a la prosperidad del cargo.”.- III.- Que en el cargo que antecede, el Impetrante incurre en el error técnico de acusar la sentencia por infracción directa de la ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expedientes números SL.09-11, SL-02-11, 20-11, 880-12 y 901-12); y siendo que la naturaleza y terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes fue objeto del debate y por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía. En adición, en su explicación alude a una norma no expresada en la formulación del cargo, como es el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo. Tales defectos técnicos causan su inadmisión.- IV.- Conviene recordar que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por las razones expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 417-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL