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Sentencia CL-403-13 — Registro 4129

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización consistente en el salario que habría devengado en el tiempo que faltaba para que venciera el contrato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

III. Del cargo sometido a consideración a este Tribunal procede determinar lo siguiente: a) que se ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la existencia o no de una relación laboral entre las partes y ello fue objeto de la controversia y del material probatorio; b) omite señalar la o las normas de carácter sustancial supuestamente violadas, ya que la que cita, el artículo 20 del Código del Trabajo, es de naturaleza general inviolable para los efectos del recurso de casación; y, c) el precepto autorizante ha sido expuesto de forma incompleta, ya que el ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos, con distintas causales de casación, que resultaba necesario precisar.- IV. Que en resumen, una impugnación tal como ha sido concebida por el censor resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, puesto que el acusador invoca un artículo de carácter general, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.-

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve dias del mes de diciembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de septiembre de dos mil trece, por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE DIAZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización consistente en el salario que habría devengado en el tiempo que faltaba para que venciera el contrato y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de diciembre de dos mil doce, por el señor JUAN JOSE DIAZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad mercantil denominada VANGUARDIA, S. DE R.L. DE C.V., por medio de su representante, señora MARIA AZUCENA SANCHEZ DE MOYA, mayor de edad, soltera por viudez, empresaria, de nacionalidad ecuatoriana y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de abril de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró SIN LUGAR la demanda laboral para el pago de una indemnización consistente en el salario que habría devengado en el tiempo que faltaba para que venciera el contrato, promovida por el señor JUAN JOSÉ DÍAZ, en contra de la sociedad mercantil denominada VANGUARDIA S. DE R. L. de C.V., en consecuencia, absolvió a la demandada de toda responsabilidad económica proveniente del presente reclamo laboral; declarando sin lugar el incidente de tachas interpuesto por el apoderado actor, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que con la empresa demandada estuvo vinculado laboralmente en dos modalidades, por tiempo indefinido primero y posteriormente por tiempo definido, la primera relación dio inicio el 1 de abril del 2001, concluyendo el 23 de agosto de 2012 y la segunda relación laboral dio inicio el mismo día 23 de agosto de 2012 y terminó el 5 de octubre de 2012, para esta última relación fue contratado por escrito en un documento intitulado Contrato para la Prestación de Servicios de Consultoría, bajo las condiciones de que el término del contrato fue de 12 meses, contados a partir de la fecha del contrato (23 de agosto de 2012), prorrogable a voluntad de ambas partes y que los servicios a prestar convenidos fueron la asistencia para la operación comercial, bajo principios de buen gobierno corporativo, revisión y actualización del organigrama de la empresa, y otros, con un salario de L.50,000.00, valor que se estableció por las partes; la demandada es una sociedad mercantil que opera varios negocios, es de tipo familiar, fue fundado por el matrimonio de don Eduardo Gonzalo Moya Castillo (QDDG) y doña María Azucena Sánchez de Moya; el demandante inició sus servicios a la orden del fundador don Eduardo Gonzalo como Gerente Administrativo y a raíz del trágico fallecimiento, en Asamblea de Socios, los dueños de la empresa decidieron nombrar al demandante en el cargo de Gerente General de la empresa, habiéndole otorgado al demandante un poder general de administración, que dentro de sus actividades, en el último semestre del año 2011 el demandante inició, desarrolló y concluyó una negociación de adquisición de la empresa mercantil denominada HONDUPRINT, S.A. DE C.V., radicada en Tegucigalpa, con la aprobación previa y directa de la señora María Azucena Sánchez de Moya, gestión que fue cerrada satisfactoriamente en inmejorables condiciones económicas y financieras; para operar este negocio fue fundada una compañía con la denominación de HONDUPRINT VANGUARDIA, S.A. DE. C.V., cuyo capital le corresponde en un 80% a la sociedad VANGUARDIA, S. DE R. L. DE C.V. y el 20% restante a doña María Azucena Sánchez de Moya; en fecha posterior al éxito alcanzado en el negocio anterior, se produjeron hechos que nunca se habían presentado y que perjudicaron al demandante, ya que recibió daños en un vehículo de su propiedad del que no recibió ninguna clase de apoyo económico de la empresa a pesar de haber denunciado el hecho, por lo que el demandante decidió notificarle personalmente a doña María Azucena Sánchez, sobre lo mismo y ante su respuesta, le propuso la terminación del contrato o relación de trabajo que los unía de común acuerdo ofreciéndole el 100% de las prestaciones sociales, indicándole que para el pago requería de la asesoría legal de su abogada, a quien se le presentó la propuesta de liquidación y de nueva contratación; que el nuevo contrato de prestación de servicios de consultoría fue firmado a un plazo año, en el momento que el demandante recibió la liquidación del contrato por tiempo indefinido; que el documento denominado resolución por mutuo acuerdo de contrato para la prestación de servicios de consultoría y el recibo de finiquito de pago fue firmado sin intervención ni asistencia de autoridad de trabajo, razón por la cual dicho pacto no tiene validez legal, por lo que el demandante tiene derecho a demandar por el pago de una indemnización consistente en el plazo que falto por transcurrir que es de 10 meses, 18 días y el reclamo asciende a la suma de L.530,000.00.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada VANGUARDIA, S. DE R.L. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que el demandante estuvo vinculado laboralmente con la empresa habiendo comenzado la relación laboral el 1 de abril del 2001; en fecha 1 de agosto de 2012 el demandante notificó a la empresa demandada la determinación unilateral, irrevocable e incondicional de renunciar al cargo de Gerente General de la mencionada sociedad, efectiva a partir del 23 de agosto de 2012, renuncia que fue aceptada por la ahora demandada, pagándole como un acto de mera liberalidad de la empresa la cantidad de L.1,515,952.17 y extendiendo el demandante finiquito de solvencia a favor de la empresa demandada, exonerándole de toda responsabilidad presente, pasada o futura que la relación laboral que le vinculaba pudiere derivarse; que en fecha 5 de octubre de 2012, en aplicación de la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios de consultaría, suscrito entre el demandante y la demandada, tomaron la decisión de dar por terminado el contrato de consultaría, acto que derivó en la suscripción del acta de resolución por mutuo acuerdo del tantas veces citado, contrato para la prestación de servicios de consultoría, suscrita entre las partes y en la cual ambas partes en uso de sus derechos, libre y espontáneamente y plena autonomía de su voluntad convinieron: 1) proceder a resolver el referido contrato, dándole finalización al mismo; 2) el pago de honorarios profesionales adeudados a esa fecha por la cantidad de L.62,708.34; que el contrato para la prestación de servicio de consultoría suscrito entre las partes no es un contrato de trabajo por tiempo definido como afirma el demandante en su escrito de demanda porque no implica la ejecución de una obra o prestación de servicios personales bajo una continúa dependencia o subordinación de ésta y mediante una remuneración, por lo que resulta improcedente la aplicación del artículo 379 del Código de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diez de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización consistente en el salario que habría devengado en el tiempo que faltaba para que venciera el contrato, promovida por el señor Juan José Díaz, en contra de la sociedad mercantil denominada VANGUARDIA S. DE R.L DE C.V.; absolvió a la demandada de toda responsabilidad económica proveniente del presente reclamo laboral; declarando sin lugar el incidente de tachas interpuesto por el apoderado actor, sin costas; bajo el criterio que del análisis de las pruebas allegadas al presente juicio, ese Tribunal llega al convencimiento que entre el demandante y la empresa demandada no existe ninguna relación de trabajo, en virtud de encontrarse acreditado en autos que lo que existió entre ambas partes fue una relación de índole civil, tal como se establece en el mismo contrato de prestación de servicios de consultoría que el mismo demandante firmó y estuvo de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas de dicho contrato, razón por la cual no existe ninguna responsabilidad de parte de la empresa demandada para con el demandante; que la parte actora interpuso incidente de tachas contra el testigo Edwar Gustavo Martínez basándose en que el testigo es representante judicial de la empresa HONDUPRINT VANGUARDIA S.A. DE C.V., que si bien es cierto es una sociedad distinta a la demandada, pero no es menos cierto que Vanguardia es la titular del 80% del capital social de Honduprint Vanguardia; en relación al incidente de tachas en diferentes fallos el tribunal ha aplicado lo que establece la doctrina con relación a tal circunstancia que en materia laboral no se puede aplicar con rigurosidad lo que establece la norma civil con relación a los testigos dependientes del patrono o a sus sociedades, ya que los hechos que se investigan tuvieron lugar en el centro de trabajo, que sólo pueden tener conocimientos y ser presenciados por los empleados o representantes de la demandada, pretender aplicar esa disposición a los juicios laborales haría imposible probar los hechos que tuvieron lugar y con ocasión del trabajo por tal razón procede declarar sin lugar el incidente de tachas.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el demandante no estuvo bajo la subordinación y dependencia de la empresa demandada, ya que únicamente corre el contrato para la prestación de servicios de consultoría suscrito por ambas partes, de lo que se desprende que tanto la contratación como las condiciones y estipulaciones convenidas eran de conocimiento del actor, de ahí que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, extremo que no admite duda ni cuestionamiento alguno, dado que en el mencionado contrato no concurren los elementos esenciales para estimar que se está frente a un contrato de trabajo propiamente dicho y no haber sido desvirtuada la pretensión del actor por ninguno de los medios que la ley pone al alcance de las partes.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE DIAZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el plazo de veinte (20) días para que formulara por escrito su demanda de casación.- 6. En fecha dos de septiembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE DIAZ, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado OMAR ALEXIS CLAROS, en el único motivo, alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa del artículo 20 del Código del Trabajo en relación con los artículos 3, 121 y 379 del mismo Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo.”.- III. Del cargo sometido a consideración a este Tribunal procede determinar lo siguiente: a) que se ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la existencia o no de una relación laboral entre las partes y ello fue objeto de la controversia y del material probatorio; b) omite señalar la o las normas de carácter sustancial supuestamente violadas, ya que la que cita, el artículo 20 del Código del Trabajo, es de naturaleza general inviolable para los efectos del recurso de casación; y, c) el precepto autorizante ha sido expuesto de forma incompleta, ya que el ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos, con distintas causales de casación, que resultaba necesario precisar.- IV. Que en resumen, una impugnación tal como ha sido concebida por el censor resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, puesto que el acusador invoca un artículo de carácter general, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Tambien es procedente recordar que en el recurso extraordinario de casación, el Tribunal examina el recurso confrontando el fallo acusado con las normas legales que el recurrente señale como violadas por aquél, sin que le sea lícito sustituirlo en el ejercicio de esa actividad que la ley le impone como una carga. En su interés está cumplirla o no, pero si la omite, no tiene la Corte facultad para investigar oficiosamente que normas de la ley sustancial pudo haber quebrantado el tribunal en su sentencia. Tal como lo indica el Artículo 765 del Código del Trabajo, el fin primordial de la casación es lograr la unificación de la jurisprudencia en la rama laboral, manteniendo la unidad de doctrina en la aplicación e interpretaciòn científica de la ley. Por ello, el agravio que la resolución judicial acusada pueda inferir a las partes no es esencial en el recurso, sino consecuencia del mismo. Por tanto, para que el mecanismo de la casación funcione, quien lo utilice no debe anteponer su propio interés al quebranto de la ley, porque es la fiel observancia de ésta y no las pretensiones de las partes lo que delimita y concreta el poder de la Corte de Casación y lo que le permite enjuiciar la sentencia acusada a través de normas precisas de ley material.- VI. Que el Recurrente solicita se decrete la invalidez de la sentencia por defectuosa motivación, en la forma siguiente: “El artículo 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación como requisito interno de la sentencia, en su numeral 2, claramente establece que la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerándolos individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Como objeto del debate, la Corte de Apelaciones estimó “Atendiendo las argumentaciones expuestas por los apoderados legales de ambas partes, esta Corte fija como objeto del debate, determinar la naturaleza del contrato suscrito por las partes, si es de naturaleza laboral tal como lo sostiene la parte actora, o si es de naturaleza civil, según las argumentaciones de la parte demanda; de su resultado establecer si la sentencia dictada por el aquo está ajustada a derecho” (folio 22 segunda pieza). Aquí apreciamos que el Tribunal de Apelación logró deslindar e individualizar el objeto del debate; a continuación hizo la declaración de tres hechos probados, siendo el primero la existencia del contrato de consultoría suscrito entre las partes de este juicio, el pasado l23 de agosto de 2012, con lo que se demuestra que la Corte delimitó el conflicto intersubjetivo de las partes y determinó el contrato celebrado por ambas, contrato que por no haber sido impugnado por ninguna de las partes se debe tener por reconocido por ambas y con la calidad de un documento público; con tanta iluminación, no entendemos como en la fundamentación de derecho número dos, la Corte le haya atribuido al contrato de consultoría, el mismo contenido de la definición de contrato de consultoría y asistencia de la ley española TRLCAP, en lugar de CONFRONTAR el contenido real del contrato que declaró como hecho probado; con esa atribución lo que produjo FUE UN FALLO CARENTE DE LOGICA derivándose una defectuosa motivación fáctica del fallo. La definición con la que lo confrontó se trata de una definición legal del sistema jurídico español, se trata del TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS de España, con lo que tenemos que la Corte arribó a la conclusión de que el contrato de consultoría objeto del juicio, NO ERA DE DERECHO LABORAL, TAMPOCO DE DERECHO CIVIL, concluyó (en la realidad como resulta de la fuente de la definición, como de DERECHO ADMINISTRATIVO, sin embargo, en la parte resolutiva del fallo lo que invoca es el artículo 1348 del Código Civil que regula la calidad de lex inter partes de los contratos que éstas celebren. Tenemos entonces, que la Corte en la decisión decantó que el contrato era civil, pero en su motivación jurídica se basó en que se trataba de un contrato de derecho administrativo, lo que constituye motivación defectuosa, lo que se subsana con el reenvío del expediente a la Corte de Apelaciones para que dicte nueva sentencia dentro del plazo de quince días.”.- VII. Que referente a tal petición, este Tribunal considera que no procede lo solicitado, ya que en la forma y contenido de la sentencia impugnada, se advierte que la misma reúne los requisitos necesarios y la motivación suficiente para resolver el litigio, no existiendo la defectuosa motivación fáctica alegada; tampoco se evidencia ninguna cuestión que afecte el derecho de defensa y el debido proceso.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo y sin lugar solicitud para que se declare la invalidez de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la solicitud para que se declare la invalidez de la sentencia recurrida. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la respectiva certificación sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 403-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL