Sentencia CL-395-12 — Registro 3590
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente con lugar la demandas ordinarias laborales acumuladas para el reintegro al trabajo que desempeñaban más las nuevas condiciones que existan, a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en virtud del principio de Congruencia Procesal que debe existir en las resoluciones judiciales, la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez, queda entendido que el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial”"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- V. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve dias del mes de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de septiembre de dos mil doce, por la abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ CASTRO, en su condición de apoderada de los señores ELSA ONDINA YANES TURCIOS, JOSE FERMIN FUENTES MATEO, JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, DAGOBERTO CASTRO SOSA y BELARMINO MERCADO CHACON, en relación a las demandas ordinarias laborales acumuladas para el reintegro al trabajo que desempeñaban más las nuevas condiciones que existan, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes, reconocimiento de un vinculo laboral por tiempo indefinido y costas del juicio, interpuestas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fechas veinte de enero de dos mil diez, por la señora ELSA ONDINA YANES TURCIOS, Secretaría Bilingüe; el treinta y uno de agosto de dos mil diez, por el señor JOSE FERMIN FUENTES MATEO, casado; y el diecisiete de septiembre de dos mil diez, por los señores JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, casado, DAGOBERTO CASTRO SOSA y BELARMINO MERCADO CHACON, todos mayores de edad, solteros, vigilantes, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en contra del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de su representante legal de ese entonces, señora LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR recurso de apelación interpuesto por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALES, en su condición de apoderada judicial demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciséis de febrero del presente año (2012).- SEGUNDO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ALFREDO PINEDA ALVARADO, en su condición de apoderado judicial demandado, contra la referida sentencia; en consecuencia, se REFORMA la referida sentencia, misma que consiste en: I) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por los señores: ELSA ONDINA YANES TURCIOS, JOSÉ FERMIN FUENTES MATEO, JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, DAGOBERTO CASTRO SOSA, BELARMINO MERCADO CHACON, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), a través de su representante legal: señor: HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ, para el reintegro a sus puestos de trabajo o a otro dé igual o mejor categoría que tenían al momento de su despido ilegal e injusto, más las nuevas condiciones que existieren y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato, hasta el momento en que de acuerdo con las normas procesales del Código del Trabajo, se cumpla con la sentencia definitiva de reintegro, las vacaciones causadas y proporcionales, y el reconocimiento de un vinculo laboral por tiempo indefinido; en consecuencia, SE ABSUELVE a la demandada por tales conceptos; II) limitar el pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, en la proporción que se adeudan, mismos que corresponden a las siguientes cantidades: ELSA ONDINA YANES TURCIOS, complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2007-2008: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,350.00); DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2007-2008: SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,500.00); DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2008-2009: OCHO MIL TRESCIENTOS (L. 8,300.00); DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2008-2009: OCHO MIL TRESCIENTOS (L. 8,300.00); JOSE FERMIN FUENTES MATEO, complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2009: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.1,390.28); complemento: DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2009: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.1,390.28); DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2010: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.3254.17); JUAN RAMON ELVIR CASTILLO; complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2009: Un mil ochocientos noventa y cuatro lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 1894.45); complemento: DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2009: Un mil ochocientos noventa y cuatro lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 1894.45); DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2010: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS (L. 3254.17); DAGOBERTO CASTRO SOSA, complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2009: cuatro mil ciento cuarenta lempiras con veintiocho centavos (L. 4140.28); complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2010: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS; BELARMINO MERCADO CHACON: complemento: DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2009: dos mil trescientos seis lempiras con noventa y cinco centavos (L. 2306.95); complemento: DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO 2009: dos mil trescientos seis lempiras con noventa y cinco centavos (L.2306.95); DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO 2010: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS.- TERCERO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto se condena al pago décimo tercer y décimo cuarto mes de salario con la limitante y proporción realizada por ésta Alzada, y la exoneración de costas de primera instancia.- CUARTO: Ésta instancia, en base a las normas laborales protectoras, y por ser el derecho laboral eminentemente social considera EXIMIR de la imposición de COSTAS a los trabajadores vencidos.- QUINTO: SIN COSTAS en ésta instancia a la parte demandada, al estimarse parcialmente el recurso”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada, en las fechas siguientes: ELSA ONDINA YANES TURCIOS, el 23 de octubre de 2006, siendo despedida el 7 de septiembre de 2009; JOSE FERMIN FUENTES MATEO, el 1 de abril de 2009, en el cargo de Vigilante, siendo despedido el 3 de agosto de 2010; JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, DAGOBERTO CASTRO SOSA y BELARMINO MERCADO CHACON, el 4 de mayo, 1 de abril y 1 de junio de 2009, en los puestos de Vigilantes, siendo despedidos el 23 de agosto de 2010; que en las notas que contienen los despidos se manifiesta que los contratos suscritos con el Instituto de la Propiedad vencieron y que los mismos no serían renovados, por lo que quedaba terminada toda relación laboral entre la demandada y los demandantes, causa esta que dista de lo que establecen los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, violentando de esta manera el Principio Constitucional de Estabilidad Laboral, por lo que dichos despidos se ajustan exclusivamente a las terminaciones injustas e ilegales de contratos individuales de trabajo al no saber cuales son las causas o motivos de sus despidos, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado positivo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que todo personal del Instituto de la Propiedad no está regido bajo el Código de Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito, condenando al Instituto de la Propiedad a reintegrar a sus puestos de trabajo a los demandantes, pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, reconociendo el derecho a la estabilidad de los demandantes a considerarlos como empleados por tiempo indefinido, sin costas; bajo el criterio que entre la celebración de los contratos firmados por la demandada y los trabajadores demandantes hubo continuidad y nunca se interrumpió la relación laboral; entiende que después al haber varios contratos para la misma actividad, se convirtió en un contrato por tiempo indefinido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha trece de abril de dos mil doce, dictó sentencia reformando la de primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda para el reintegro a sus puestos de trabajo, salarios dejados de percibir, vacaciones causadas y proporcionales, reconocimiento de un vinculo laboral por tiempo indefinido, promovida por los señores Elsa Ondina Yanes Turcios, Jose Fermín Fuentes Mateo, Juan Ramón Elvir Castillo, Dagoberto Castro Sosa y Belarmino Mercado Chacón, contra el Instituto de la Propiedad, absolviendo a la demandada por tales conceptos, limitando el pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario, en la proporción que se adeudan a cada demandante, confirmando la referida sentencia en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto se condena al pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario con la limitante y proporción realizada por esa Alzada y la exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio de que los demandantes habían venido suscribiendo contratos a término con la demandada, no es posible considerar el efecto de duración indeterminada; puesto que fueron contratados a tiempo determinado, pagándole su salario mediante la planilla asignada a ese tipo de contratación, circunstancia que no era desconocida por los demandantes, estando la accionada facultada a realizar contrataciones de personal de acuerdo a sus necesidades y hasta el limite que determinen las normas de su creación o las disposiciones generales de los respectivos presupuestos, según lo establece la Ley de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto, que la demandada carece de recursos económicos suficientes al no contar con las asignaciones presupuestarias para mantener a los demandantes en las funciones para los cuales fueron contratados, por haber presentado un déficit presupuestario en el grupo 100, servicios personales, que incluye básicamente gastos de sueldos básicos y sus colaterales, misma que obligó a la accionada a cancelar los puestos de trabajo del personal que se encontraba bajo la modalidad de contrato.- 5.- Mediante auto de fecha dieciocho de julio de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ CASTRO, en su condición de representante procesal de los señores ELSA ONDINA YANES TURCIOS, JOSE FERMIN FUENTES MATEO, JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, DAGOBERTO CASTRO SOSA y BELARMINO MERCADO CHACON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha diez de septiembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal la abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ CASTRO, en su condición de representante procesal de los señores ELSA ONDINA YANES TURCIOS, JOSE FERMIN FUENTES MATEO, JUAN RAMON ELVIR CASTILLO, DAGOBERTO CASTRO SOSA y BELARMINO MERCADO CHACON, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad absoluta, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho; por lo que en proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JESUS ALFREDO PINEDA, apoderado de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ CASTRO, en el escrito donde formaliza el recurso solicita se declare la nulidad del fallo recurrido, bajo el siguiente planteamiento: “Honorable corte, Siendo que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos decretarse de oficio aunque las partes no lo aleguen, solicito respetuosamente se decrete NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia pronunciada por la Corte de apelaciones del trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 13 de abril del año 2012, que reforma el fallo definitivo de primera instancia declarando sin lugar la demanda de reintegro y absolviendo a la demandada al pago de los salarios caídos, pago de vacaciones causadas y proporcionales, limitando el pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y declarando sin lugar el reconocimiento del vinculo laboral por tiempo indefinido; sentencia esta que se encuentra en abierta inobservancia del artículo 190 del código de procedimientos civiles en relación con el artículo 858 del código del trabajo vigente, pues dicha sentencia no es congruente, con las pretensiones deducidas en el juicio ni con lo resuelto en su parte dispositiva, tal como procedo a señalarlo: 1.-) Honorable Corte, los puntos litigiosos objeto del debate en el juicio; por la parte demandante fueron la reinstalación a sus puestos de trabajo, en virtud de haber sido despedidos en forma ilegal e injusta, ya que no se les señalo ninguna causal de las establecidas en el código del trabajo; no se agoto el procedimiento del reglamento interno y que se les reconozca el vinculo laboral por tiempo indefinido al tenor de lo que establece el artículo 47 del código del Trabajo Vigente.- Por parte del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, fue únicamente “QUE TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD NO SE RIGE BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO” (ver folios del 2 al 5; del 18 al 21; del 92 al 96; del 112 al 115; del 166 al 170; y del 182 al 125 del expediente de primera Instancia. 2.-) Honorable Corte, el Tribunal de Segunda instancia, en la sentencia recurrida que dicto en fecha 13 de abril del 2012, en el acápite titulado HECHOS PROBADOS, dice “que de las pruebas incorporadas al proceso resultan establecidas las siguientes circunstancias: a) que los demandantes iniciaron su relación laboral para el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, mediante contratos por tiempo determinado”; con esto el Tribunal Ad-Quem tiene claro que los demandantes probaron en juicio la relación de trabajo con el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, asimismo que estos renovaron sus contratos de trabajo con el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD no solo una vez sino varias veces tal como se acredita con la prueba DOCUMENTAL que corre agregada a los folios 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 al 229 del expediente de primera Instancia, sin embargo desde allí se observa la incongruencia de la sentencia recurrida de segunda instancia en su fallo, pues en el acápite titulado “FUNDAMENTOS DE DERECHO numeral Primero de la referida sentencia dice “QUE CONFORME A SU DURACION Y A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 46 DEL CODIGO DEL TRABAJO, LAS RELACIONES DE TRABAJO ADEMAS DE SER POR TIEMPO INDEFINIDO, PUEDEN TAMBIEN CONVENIRSE POR TIEMPO LIMITADO….”, dejando de aplicar al caso concreto los artículos 47 y 52 párrafo tercero del código del trabajo vigente, en cuanto a que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la Empresa se consideraran celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, asimismo que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá considerarse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba; con esto quiero decir que el Tribunal Ad-Quem, fundamentándose en el artículo 46 del código del Trabajo no hizo una aplicación razonada del Derecho ;pues de haber aplicado los artículos 47 y 52 párrafo tercero del código del trabajo y con la prueba documental señalada anteriormente, lo congruente en el fallo de la sentencia recurrida debió haber sido clara, es decir declarar con lugar la demanda de reintegro, ya que el solo hecho de considerarse los contratos celebrados por tiempo indeterminado y con fundamento en el articulo 129 párrafo tercero literales a) y b) del código del Trabajo, los Demandantes gozaban del derecho alternativo de demandar el REINTEGRO, mas los salarios caídos.- Honorable Corte, es de vuestro conocimiento que un requisito indiscutible para la validez de las sentencias judiciales es que estas sean fundadas y constituyan una aplicación razonada del derecho vigente, habida cuenta de las circunstancias probadas de la causa, sin embargo la Corte de apelaciones del Trabajo de la Sección judicial de San Pedro Sula, Cortes, obvio este requisito en su sentencia dictada en fecha 13 de abril del 2012, al no aplicar los artículos 47 y 52 párrafo tercero del código del trabajo vigente, mostrando en la sentencia recurrida, que la decisión tomada en su fallo no se hizo en forma razonada y reflexiva. 3.-) Honorable Corte, otra incongruencia en la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula de fecha 13 de abril del 2012, es el haber dictado disposiciones contradictorias entre sí, pues en el numeral segundo del acápite titulado FUNDAMENTOS DE DERECHO, dice “Que la recomendación 166 de la O.I.T., sobre la terminación de la relación de trabajo en su artículo 3 sub 2, ha establecido que los Estados partes deberían prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevén el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo señalando entre otras cosas a) limitar la utilización de los contratos de duración determinada….b)Salvo en los contratos mencionados en el apartado precedente de este sub-párrafo, considerar los contratos de duración determinada como contratos de duración indeterminada; c) CONSIDERAR QUE, SALVO EN LOS CASOS MENCIONADOS EN EL APARTADO a) DEL PRESENTE SUB-PARRAFO, LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACION DETERMINADA, CUANDO SE RENUEVEN UNA O VARAS VECES TENDRAN LOS MISMOS EFECTOS QUE LOS CONTRATOS DE DURACION INDETERMINADA”; sin embargo en el numeral tercero del mismo acápite titulado FUNDAMENTOS DE DERECHO de la referida sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones del Trabajo la Sección Judicial de San Pedro Sula, se contradice en su numeral SEGUNDO, relacionado anteriormente, ya que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se pronuncia de esta manera “QUE NO OBSTANTE LOS DEMANDANTES HABIAN VENIDO SUSCRIBIENDO CONTRATOS A TERMINO CON LA DEMANDADA NO ES POSIBLE CONSIDERAR EL EFECTO DE DURACION INDETERMINADA, PUESTO QUE FUERON CONTRATADOS A TERMINO CON LA DEMANDADA…..” ; ante una contradicción como esta Honorable Corte, no se puede advertir la verdadera intención y esencia del fallo, incurriendo así la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro sula en una discordancia entre los fundamentos de derecho y el veredicto; además de Incongruente, le falta claridad en cuanto a que por un lado establece los parámetros para considerar los contratos de los demandantes por tiempo indeterminado e inmediatamente refleja una contradicción cuando concluye que los demandantes fueron contratados a término no obstante la suscripción no de uno sino de varios contratos de trabajo. 4.-) Honorable Corte, otra incongruencia en la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula en fecha 13 de abril del 2012, es el haberse pronunciado sobre cuestiones no incluidas en la oposición de las partes, pues en la contestación de la demanda el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, únicamente se limita a decir que TODOS LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD NO ESTAN REGIDOS POR EL CODIGO DE TRABAJO, por lo tanto no fue objeto de oposición el que los demandantes alegaran una relación jurídica de duración indeterminada por parte del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, no siendo por lo tanto un punto litigioso del debate ya que no consta en el expediente de primera instancia que el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, haya propuesto alguna prueba que acreditara que no se volvieron a contratar trabajadores para la misma clase de trabajo que realizaban los demandantes, sin embargo la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en la sentencia recurrida de fecha 12 de abril del 2012, decidió sobre este punto que no fue objeto de debate, al dejar plasmado en su numeral tercero del acápite fundamentos de derecho de la referida sentencia recurrida, “QUE EL HECHO QUE DE QUE LOS DEMANDANTES NO HICIERAN CONSTAR QUE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HA REALIZADO NUEVAS CONTRATACIONES EN FECHAS POSTERIORES A LA QUE SE LE PUSO FIN AL CONTRATO, NO RESULTA ATENDIBLE LAS PRETENSIONES DE LOS ACTORES”, con esto se concluye a todas luces que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la sentencia recurrida de fecha 12 de abril del 2012, violento el principio de congruencia, ya que las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia no deben apartarse de lo alegado y probado, pues el fallo debe recaer sobre lo pedido oportunamente en el pleito y nada más sobre ello.- Honorable corte, ya es criterio reiterado de vosotros en cuanto a que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan condenando o absolviendo al demandado y decidiendo SOBRE TODOS LOS PUNTOS LITIGIOSOS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL DEBATE” sin embargo la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, con el fallo recurrido y dictado en fecha 13 de abril del 2012 , se encuentra en una abierta inobservancia del artículo 190 del código procesal civil en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo Vigente; artículos 9, 11, 1586 y 1589 del Código civil.”.- II. Que revisado el fallo dictado por el ad-quem, evidentemente al reformar el fallo de primera instancia y declarar sin lugar la demanda promovida por los demandantes contra el Instituto de la Propiedad, dicho Tribunal no advierte que la demandada al contestar la demanda se limitó a rechazar los hechos en que se basó la acción de cada demandante, sosteniendo únicamente que: “…todo el personal del Instituto de la Propiedad no está regido por el Código del Trabajo…”; sin embargo, en su decisión sostiene el criterio de que los demandantes habían venido suscribiendo contratos a término con la demandada, que no es posible considerar el efecto de duración indeterminada, puesto que fueron contratados a tiempo determinado, pagándole su salario mediante la planilla asignada a ese tipo de contratación, circunstancia que no era desconocida por los demandantes; estando la accionada facultada a realizar contrataciones de personal de acuerdo a sus necesidades y hasta el limite que determinen las normas de su creación o las disposiciones generales de los respectivos presupuestos, según lo establece la Ley de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto; que la demandada carece de recursos económicos suficientes al no contar con las asignaciones presupuestarias, para mantener a los demandantes en las funciones para los cuales fueron contratados, por haber presentado un déficit presupuestario en el grupo 100, servicios personales, que incluye básicamente gastos de sueldos básicos y sus colaterales, misma que obligó a la accionada a cancelar los puestos de trabajo del personal que se encontraba bajo la modalidad de contrato, cuando esas situaciones o hechos no aparecen como una cuestión expuesta y controvertida en el proceso.- III. Que en virtud del principio de Congruencia Procesal que debe existir en las resoluciones judiciales, la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez, queda entendido que el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial”.- IV. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- V. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 13 de abril del 2012, visible a folios del 15 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 395-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL