Sentencia CL-352-13 — Registro 3622
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, declaración de una relación de trabajo de carácter permanente por tiempo indefinido, reintegro a sus puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios; segunda instancia revocó la sentencia declarando con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que en el fallo sustitutivo pide que se reforme la sentencia utilizando términos propios de la Corte de Apelaciones, olvidando que casando la sentencia este Tribunal se vuelve juzgador de la primera instancia. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, declaración de una relación de trabajo de carácter permanente por tiempo indefinido, reintegro a sus puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios con los aumentos de su ausencia más costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre del dos mil once, por el abogado ELIAS HERRERA ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado de los señores MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, MAXIMO FERNANDEZ y OTROS, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION PUBLICA, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de marzo del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha diecisiete de Enero del año dos mil trece, asi: a) REVOCAR los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia.- B) CONFIRMANDO el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: 1) Declara CON LUGAR la demanda promovida por el Abogado ELIAS HERRERA ALVAREZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, MAXIMO FERNANDEZ, MARIA ERIBEL MIRANDA BENITEZ, JOSE GABRIEL PINEDA RODAS, JOSE PABLO GONZALES RAMIREZ el ESTADO DE HONDURAS, la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Publica, a través de la Procuradora General de la Republica señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en cuanto al reconocimiento de antigüedad, que se declare la relación con carácter permanente y por tiempo indefinido, al reintegro a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir.- 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Publica, a través de la Procuradora General de la Republica señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, que se declare la relación con carácter permanente y por tiempo indefinido su relación de trabajo, al reintegro a sus puesto de trabajo de MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, MAXIMO FERNANDEZ, MARIA ERIBEL MIRANDA BENITEZ, JOSE GABRIEL PINEDA RODAS, JOSE PABLO GONZALES RAMIREZ, y al pago de los salarios dejados de percibir.- 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron la relación laboral de la siguiente manera: MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, el uno de enero del dos mil nueve, en el puesto de Vigilante, en el Instituto Cabañas; MAXIMO FERNANDEZ, el diecisiete de junio del dos mil ocho, en el Instituto Oficial Julio Reyes Caballero, en el cargo de Vigilante; MARIA ERIBEL MIRANDA BENITEZ, el dos de enero del dos mil ocho en el cargo de Aseadora, en la Escuela Brisas de Cacao; JOSE GABRIEL PINEDA RODAS, el uno de enero del dos mil nueve, en el cargo de Vigilante, en la Escuela Álvaro Contreras; JOSE PABLO GONZALEZ RAMIREZ, el uno de enero del dos mil nueve, en el cargo de Vigilante, en el Instituto Oficial Yoco-Ha; estando nombrados bajo la modalidad de jornal, siendo sus funciones continuas y permanentes, los demandantes se encontraban afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de la Educación (SIEMPE), gozando de estabilidad, siendo despedidos sin justa causa y el pago de los beneficios logrados, en fecha veintidós de marzo del dos mil once, se emitió un oficio por parte del Gerente de Humanos de Docentes, donde instruye reintegrar a todos los empleados bajo la modalidad de jornal y asignarle funciones, no realizándose por lo que se acudió a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para llegar a un acuerdo conciliatorio no llevándose a cabo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION PUBLICA, contestó dicha demanda señalando que los empleados estaban bajo la modalidad de jornal no siendo permanentes, no existió despido alguno si no notificación de la terminación laboral, no violentándole los derechos a los trabajadores.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de enero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda de mérito, absolviendo al Estado de Honduras por los conceptos reclamados y sin costas; bajo el criterio que se probó en juicio que la relación existente era por medio de contratos de tiempo determinado, notificándoles de su fecha de finalización el treinta y uno de mayo y treinta de junio del dos mil once y que no serian renovados, no consta en el Tribunal que los demandantes hayan reclamado el reconocimiento de su antigüedad, si no que esperaron hasta la finalización de su contrato de trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo, en consecuencia declaró con lugar la demanda de mérito, condenando al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación Publica, a que se declare la relación con carácter permanente y por tiempo indefinido su relación de trabajo, al reintegro a sus puesto de trabajo de los señores Manuel Antonio Salazar Ramírez, Máximo Fernández, María Eribel Miranda Benítez, José Gabriel Pineda Rodas, José Pablo Gonzales Ramírez, y al pago de los salarios dejados de percibir y sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no probó que la relación laboral haya sido por medio de resoluciones ministeriales, bajo la modalidad de jornal, sistema mediante el cual los trabajadores adquieren carácter de permanente, no estipulando causal justa de despido establecida en el Código del Trabajo para la terminación, violentándole así los derechos al trabajador.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de junio del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo cuatro motivos de casación, resolviendo este tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que en fecha siete de octubre del dos mil trece, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado CESAR ROBERTO CALIX SANTOS, actuando en su condición de apoderado legal de los señores MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, MAXIMO FERNANDEZ, MARIA ERIBEL MIRANDA BENITEZ, JOSE GABRIEL PINEDA RODAS y JOSE PABLO GONZALES RAMIREZ, para contestar la demanda de casación, prosiguiendo con el tramite de ley.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado GERMAN ANDRES GARCIA VELASQUEZ, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: Reformando la sentencia definitiva proferida por el juzgado de letras del trabajo de este departamento de francisco Morazán de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece , así REVOCAR los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia.- b) CONFIRMANDO el numeral 3) de la parte resolutiva de la sentencia en consecuencia: 1) declarar CON LUGAR la demanda promovida por el abogado ELIAS HERRERA ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado legal de los señores MANUEL ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, MAXIMO FERNANDEZ, MARIA ERIBEL MIRANDA BENITEZ, JOSE GABRIEL PINEDA RODAS, JOSE PABLO GONZALEZ RAMIREZ., el ESTADO DE PERDOMO en contra del Estado de Honduras representada por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADA en su condición de Procuradora General de la República.- SEGUNDO.- ABSUELVE: a la parte demandada del pagos de salarios dejados de percibir y reintegro de los demandantes. - TERCERO: SIN COSTAS Y, MANDA que se devuelvan sus antecedentes al tribunal de su procedencia con certificación de este fallo, paro los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que en el fallo sustitutivo pide que se reforme la sentencia utilizando términos propios de la Corte de Apelaciones, olvidando que casando la sentencia este Tribunal se vuelve juzgador de la primera instancia. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IV. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar este recurso de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 352-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL