Sentencia CL-350-13 — Registro 3468
Resumen
Demanda ordinaria laboral para pedir la reclasificación y ajuste salarial; segunda instancia revoco declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, por el abogado JOSE LAMOTHE ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS; en relación a la demanda ordinaria laboral para pedir la reclasificación y ajuste salarial, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, por el señor ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), por medio de su Director, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha ocho de marzo del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, reforma que consiste en: “UNO: REVOCAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia en la que Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS y el que CONDENA al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a pagar la cantidad de Lps.86,733.36; en consecuencia: a) Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Ajuste Salarial promovida por el señor ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), a través de su Director el señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA.- b) ABSOLVER al REGISTRO NACIONAL DE lAS PERSONAS (R.N.P.) de toda responsabilidad en el presente juicio.- DOS: CONFIRMAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva del fallo que declara SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Representante Procesal demandado.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que desde hace muchos años trabaja para la parte demandada y que recibía como salario la cantidad de L.22,224.00 en su anterior cargo como Asistente Administrativo dependiente del Registro y Oficialía Civil, en comparación a L.30,588.00 que devengan todos los Sub Jefes de Departamentos, posteriormente el 16 de febrero del 2010, fue trasladado al cargo de Sub Secretario General y no obstante existir una resolución de reclasificación con ajuste salarial para los Sub Jefes de Departamento en la cual se les asignó un salario mínimo de L.30,588.00 como sueldo mensual y que la categoría del Secretario General está por encima de los Jefes de Departamento, entonces él como Sub Secretario General debería devengar un sueldo superior al de los Sub Jefes de Departamento, pero en todo caso no menor a L.30,588.00. Por lo tanto, reuniendo todos los requisitos, es meritorio que se le conceda el ajuste ya relacionado, por cuanto la reclasificación fue aprobada por el Director el 3 de septiembre del año 2009, con la asignación de los salarios ya asignados, la resolución se encuentra contenida en el punto de Acta número 6.10 de la sesión con fecha 3 de septiembre del 2009, de lo contrario se disminuye, tergiversa y restringe el derecho que tiene a devengar el mismo salario devengado por los demás subdirectores de departamento.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda manifestando que rechaza los hechos de la demanda en vista que al demandante se le nombró a partir del 1 de abril del 2008, en el cargo de Asistente Técnico, dependiente de la Dirección del Registro Nacional de las Personas, según Acuerdo Número 151-2008 de fecha 1 de julio del 2008, devengando un salario de L.21,000.00. Mediante Acuerdo 003-12 de fecha 16 de febrero, se acordó reclasificar la plaza de Asistente Técnico Jurídico de la Dirección que ocupaba el demandante al cargo de Asistente Administrativo, dependiente del Departamento de Registro y Oficialía Civil a partir del 15 de febrero del 2010, devengando un salario de L.22,224.00 mensuales. Posteriormente mediante Acuerdo Número 004-2010 de fecha 16 de febrero del 2010, de común acuerdo entre las personas, acordó trasladar en forma permanente a la trabajadora Irma Leticia Posadas Lemus, del cargo de Sub Secretaria General dependiente de la Secretaría General, al cargo de Asistente Administrativo, dependiente del Departamento de Registro y Oficialía Civil, e igualmente trasladar en forma permanente de común acuerdo al demandante ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS del cargo de Asistente Administrativo, dependiente del Departamento de Registro y Oficialía Civil, al cargo de Sub Secretario General, dependiente de la Secretaría General, devengando un salario mensual de L.22,224.00 efectivo a partir del 15 de febrero del 2010. Tanto el demandante como la persona con la cual se hizo el traslado estuvieron de acuerdo con el salario que devengarían a partir del momento del traslado. La pretensión del ajuste salarial de conformidad a la Resolución contenida en el punto de Acta 6.10 de fecha 3 de septiembre del 2009, está fuera de contexto por no ser legal, porque aceptó el salario que se le asignó al momento del traslado; por otra parte, pretender que el Juzgado imponga las cantidades de dinero que como pago de salarios debería pagar a su personal, se estaría quebrantando la libertad de contratación garantizada en la Constitución de la República.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de enero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENÓ al Registro Nacional de las Personas (RNP), a pagar al trabajador Atanacio Hernandez Castellanos, la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.86,733.36) en concepto de ajustes salariales. SIN LUGAR la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, SIN COSTAS; bajo el criterio que el demandante no ocupaba el puesto de Sub Secretario General del RNP cuando en septiembre del año 2009 fue aprobada la reclasificación y ajuste salarial discutido en este juicio, pero también es cierto, que en virtud de haber sido trasladado a ese puesto, pasó ocupar una categoría superior de puesto que goza del mismo nivel de las plazas que gozaron del aumento salarial acordado en septiembre del 2009, por lo que lo justo y equitativo es que la plaza de sub Secretario General goce del aumento autorizado en aquella fecha. Que la acción del trabajador para reclamar los salarios adeudados no se encuentra prescrita porque su reclamo fue presentado antes que transcurrieran los dos años establecidos, ya que el trabajador fue nombrado en el puesto de Sub Secretario General del RNP el día 16 de febrero del año 2010, por lo tanto, los dos años concluían el 16 de febrero del año 2012, pero el trabajador no dejó que transcurriera el plazo puesto que presentó el reclamo administrativo ante la Dirección General del Trabajo el día 4 de enero del año 2012.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia definitiva del a-quo, en la forma siguiente: “UNO: REVOCAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia en la que Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS y el que CONDENA al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a pagar la cantidad de Lps.86,733.36; en consecuencia: a) Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Ajuste Salarial promovida por el señor ATANACIO HERNÁNDEZ CASTELLANOS contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), a través de su Director el señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA.- b) ABSOLVER al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) de toda responsabilidad en el presente juicio.- DOS: CONFIRMAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva del fallo que declara SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Representante Procesal demandado.- SIN COSTAS”; bajo el criterio que la institución hizo la selección de los casos más críticos de cargos y sueldos y que se han priorizado, tomando en cuenta criterios de niveles de responsabilidad, carga laboral, categorías de puesto y tiempo en el servicio, especialmente de aquellos cargos como las Jefaturas y Sub jefaturas que por varios años fueron excluidos de incrementos salariales, las que fueron detalladas no por el puesto desempeñado, sino que individualmente para cada uno de los empleados incluidos en el listado y en el cual no aparece que el cargo y nombre del Sub Secretario reúna las condiciones expresadas, por lo que entre la política salarial de la institución tal puesto no reunía las condiciones por las cuales se estaban reclasificando los puestos detallados.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSE LAMOTHE ROSALES, en su condición de apoderado del señor ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha ocho de marzo del dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha diecinueve de agosto del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado JOSE LAMOTHE ROSALES, en su condición de apoderado del señor ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado JOSE LAMOTHE ROSALES, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASAR PARCIALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA y en consecuencia declara con lugar la demanda Ordinaria Laboral de Ajuste Salarial por Reclasificación de conformidad a la resolución contenida en el punto de acta 6.10 de fecha 03 de septiembre del 2009.- SEGUNDO: 1) Condena al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, representada por el señor JORGE ARTURO REINA GARCIA al ajuste salarial a favor del demandante ATANACIO HERNANDEZ CASTELLANOS por la cantidad de Lps. 8,368.00 a partir del 16 de febrero del 2010, para que su salario a partir de esa fecha sea por la cantidad de Lps. 30,588.00.- 2) Al pago de L. 251,040.00 por ajuste salarial de dos años, más lo que corresponda conforme a la liquidación que se efectúe al respecto.- TERCERO: SIN COSTAS”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 350-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL