Sentencia CL-339-13 — Registro 3540
Resumen
demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que pide que se declare sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia de primer grado, conceptos propios del Tribunal de Segundo Grado, olvidando que este Tribunal, una vez casada la sentencia, actúa en sede de primera instancia. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, por el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado del señor CARLOS ALBERTO ALONSO DE LA ROCHA; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo del dos mil doce, por el señor CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Periodista, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha diecinueve de marzo del dos mi trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMO la sentencia dictada el once de febrero del dos mil trece, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda ordinaria Laboral de reintegro promovida por el trabajo CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través del Director Ejecutivo el señor ANDRES AVELINO TORRES RODRIGUEZ. 2) ABSUELVE al INJUPEMP de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS …”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción, manifiesta que comenzó a trabajar en fecha uno de marzo del dos mil diez, en el cargo de Conductor Personal del Director Ejecutivo de la Institución, siendo despedido por injurias y calumnias por personas que le adversaban y con ello pretendían ganarse la confianza de su Jefe, siendo un despido ilegal, injusto por lo que interpuso demanda de reintegro dictando sentencia favorable en fecha once de febrero del dos mil once, siendo reinstalado a su puesto de trabajo, no asignándole el cargo que ocupaba sino como Conductor dependiente de Servicios Generales, siendo hostigado por su jefe inmediato GUSTAVO THUMAN, con palabras ofensivas, con el propósito de que cometiera falta y se le despidiera, sin justa causa, el diez de abril del dos mil doce, se celebró audiencia de descargo por un proceder arbitrario, no especificando motivo legal, razón por la cual interpuso renuncia ante el Comisionado de Derechos Humanos.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que en base al artículo 72 numeral 3) del Reglamento Interno del Trabajo de la institución se le notificó al demandante en fecha nueve de abril del dos mil doce, la celebración de la audiencia de descargos para que hiciera uso del derecho de defensa para desvirtuar los cargos siguientes: el haber expresado el demandante que las hijas del Director Ejecutivo cobraban un porcentaje por emplear a gente en la institución, insultos al mismo Director y engaño con la presentación de una incapacidad médica extendida por el Hospital Militar por sesenta días al cual presentó en el Departamento de Recursos Humanos y conforme a constancia extendida por el jefe de estadísticas del Hospital Militar, no fue atendido en el mismo y por memorando de la sección de evaluación médica e incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el cual expresa que el Doctor HUGO CHINCHILLA no lo atendió como paciente, llevándose a cabo la audiencia no se desvirtuaron los hechos, teniendo las causales establecidas en el artículo 112 literales a), b) y c) que facultan al patrono a finalizar la relación sin responsabilidad de su parte, notificándole al demandante de tal determinación el once de abril del dos mil doce.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el once de febrero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral; ABSOLVIENDO a la institución de toda responsabilidad proveniente de la demanda y SIN COSTAS; bajo el criterio que se probó que la incapacidad presentada era verdadera y en cuanto a las injurias hechas por el demandante a su Jefe se probó que fueron ciertas, por lo que el señor CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA, faltó a sus obligaciones tal como se estipula en los artículos 112 inciso b) del Código del Trabajo y 72 del Reglamento Interno del Trabajo, por lo cual la Institución no tiene responsabilidad alguna.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la cual CONFIRMO la sentencia del a-quo y sin costas; bajo el criterio que el demandante profirió calumnias sobre el Director de la Institución y su familia, teniendo la demandada causal para la finalización de la relación laboral existente en virtud de la falta cometida estipulada en el Código del Trabajo y su Reglamento Interno.- 5.- Que mediante sentencia de fecha veinte de junio del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado del señor CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado del señor CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese término, por lo que en proveído de fecha diez de septiembre del dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, en su condición de apoderada de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación del que se ha hecho mérito; 2) CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha 11 de febrero del 2013, proferida por el Juzgado de Letras de Trabajo de esta Sección Judicial en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE SE PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO INCLUYENDO SI SE SIGUIO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONFORMIDAD A LO QUE AL RESPECTO ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ENTIDAD DEMANDADA, EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA SEA EJECUTORIADA Y SI SE SIGUIO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONFORMIDAD A LO QUE AL RESPECTO ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA ENTIDAD DEMANDADA, EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA SEA EJECUTORIADA Y SEA REINSTALADO EN EL CARGO QUE OCUPABA Y OTROS DERECHOS INCLUYENDO LOS AUMENTOS QUE SE HAGAN DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO, COSTAS DEL JUICIO, promovido por el señor CARLOS ALBERTO ALONZO DE LA ROCHA contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada por el señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, en su condición de Director Ejecutivo.- TERCERO: Condena al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) al reintegro del trabajador CARLOS ALBERTO ALONZO DL LA ROCHA y al pago de los salarios dejados de percibir hasta la fecha de su reinstalación en el cargo de que fue despedido.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional ya que pide que se declare sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia de primer grado, conceptos propios del Tribunal de Segundo Grado, olvidando que este Tribunal, una vez casada la sentencia, actúa en sede de primera instancia. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 339-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL