Sentencia CL-33-13 — Registro 3659
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de salarios atrasados adeudados, reintegro, reajuste salarial, salarios caídos; segunda instancia confirmó con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Recurrente comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) dentro de las normas que cita como infringidas, la gran mayoría no reviste la condición de ser sustantivas, requisito sinne qua non para la prosperidad del cargo; b) no es claro en la formulación del cargo, ya que primero establece que las normas se violaron de forma directa y después alega falta de apreciación, siendo dos modalidades distintas de violar la ley y contrapuestas entre si; c) relaciona la prueba testifical cuando en este recurso extraordinario le esta vedado hacerlo, ya que la misma no está reglada y supeditada a la libre estimación del juzgador de instancia; y, d) hace extensos alegatos de instancia. Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar este primer motivo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El anterior cargo resulta inadmisible debido a que el precepto autorizante no es preciso, ya que en la forma indicada contiene dos modalidades contrapuestas entre si que es imperativo separar como lo es la violación directa e indirecta, además en la explicación hace extensos alegatos de instancia y cita otras disposiciones que no ha señalado como violadas en la formulación. Finalmente la interpretación errónea se produce con independencia del haz probatorio"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha treinta de abril del año dos mil trece, por la abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, mayor de edad, soltera, hondureña y del domicilio de La Ceiba, departamento de Atlántida, en su condición de apoderada del señor MARIO RENE MONCADA ESTRADA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de salarios atrasados adeudados, reintegro, reajuste salarial, salarios caídos, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de julio del año dos mil diez, por el señor MARIO RENE MONCADA ESTRADA, mayor de edad, casado, Médico Cirujano, hondureño y del domicilio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil trece, proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción opuesta por la apoderada legal de la parte demandada.-En consecuencia declara SIN LUGAR la demanda de merito promovida por el señor MARIO RENE MONCADA ESTRADA contra la REPUBLICA DE HONDURAS por intermedio de la Procuraduría General de la República representada por la Procuradora General de la República señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, para el Pago de Salarios Adeudados Atrasados, Reintegro, Derechos Adquiridos y Reajuste Salarial, y consecuentemente ABSUELVE a la REPUBLICA DE HONDURAS por intermedio de la Procuraduría General de la República, representada por la señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, del presente reclamo.- SEGUNDO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que empezó a laborar para la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, en el Hospital Regional Atlántida, en fecha 1 de marzo del 2006, mediante un contrato de servicios profesionales y técnicos, en el cual laboraría como Médico General de la Guardia, devengando un salario base de L.22,744.80 mensuales; dicho contrato fue pactado por un término de 3 meses, sin embargo al finalizar el mismo continuó su relación laboral sin interrupción hasta el mes de abril del 2007. En fecha 1 de septiembre del 2008, su contrato fue suspendido por un periodo de diez meses mediante nota, por el Director Médico del Hospital Regional Atlántida, Doctor Oscar Azcona, así como el oficial de personal, señor Aroldo Ortiz Montoya. Que en el mes de julio del año 2009 fue reintegrado nuevamente para continuar laborando en el Hospital Regional Atlántida como Médico General de Guardia donde laboró sin interrupción alguna hasta el día 01 de abril del 2010. En fecha 7 de mayo del año 2010 le fue enviada nota por el oficial de personal CARLOS MADRID, aduciendo que su contrato no seria prorrogable según CLAUSULA III DE CONTRATOS, por lo que procedió a realizar todo el trámite administrativo correspondiente ante la Procuraduría General del Trabajo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que el demandante dejó de promover su acción en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y que no tiene derecho a reclamar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales porque no fue despedido, sino que su contrato dejó de tener vigencia por el mero lapso de tiempo fijada en el mismo, además de que no se acordó en dichos contratos el pago de prestaciones e indemnizaciones y lo pactado entre partes es ley. Que el contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado que el demandante suscribió con la Secretaría de Salud, está regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En atención a lo preceptuado en los artículos: 2 numeral 2) del Código del Trabajo; 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se infiere que la jurisdicción que debe de conocer sobre la acción que incoara indebidamente el demandante, es en todo caso, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en ningún momento corresponderá al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el conocimiento de la misma, por no estar comprendida dentro de la esfera de sus atribuciones, en consecuencia la acción fue promovida ante un Juzgado a cuya competencia no corresponde el conocimiento de las causas relativas a los Contratos de Servicios Profesionales que celebren los Poderes del Estado con personas naturales.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinte de noviembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, en consecuencia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió al Estado de Honduras del presente reclamo, sin costas; bajo el criterio que de simples operaciones aritméticas se establece que entre la fecha 1 de abril del 2010, que el demandante alega fue despedido injustificadamente por la institución demandada y la fecha 7 de junio del mismo año 2010, que compareció ante la autoridad competente a realizar el procedimiento administrativo donde se dio por agotado el mismo, han transcurrido más de los dos meses, es decir, dos meses y seis días, por lo que su acción y derecho para reclamar le ha prescrito.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha nueve de enero del año dos mil trece, dictó sentencia confirmando la sentencia dictada por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que siendo claramente demostrado y probado en el proceso laboral de mérito, la ocurrencia de la excepción perentoria opuesta por la parte demandada con fundamento a lo dispuesto en el artículo 710 del Código del Trabajo párrafo tercero, en consonancia además, a lo dispuesto en los artículos 864 y 867 del Código precitado, cabe por ello confirmar la resolución recurrida.- 5.- Que mediante auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, en su condición de apoderada del señor MARIO RENE MONCADA ESTRADA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha nueve de enero del año dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha treinta de abril del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil trece, éste Alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, actuando en su condición de apoderada sustituta del ESTADO DE HONDURAS y por contestando el Recurso de Casación.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la abogada GABRIELA FIGUEROA HERRERA, en su demanda de casación formula su primer motivo de la manera siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA: Precepto Legal Sustantivo Infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas directamente están contenidas en los artículos: 8, 19, 20, 24, 25, 46, 47, 95 numerales 1), 2), 116, 120, 321, 338, 339, 346, 360, 361, 617 letra g), 864, 867 y 868 letra a) del Código de Trabajo, Decreto numero 112, Acuerdo numero 02-95 y 89, 90, 128 numerales 1), 2), 3), 8), 9), 10), y 15), 129 de la constitución de la república. 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19 reformado, 30, 33 reformado, 34 reformado, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47 de la Ley del Estatuto Medico Empleado, 8, 9, 10, 16, 17, 27, 28, 49 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado. 8 de la Convención Americana de los Derecho Humanos. Precepto Legal Adjetivo autorizante. Las normas procesales o adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 710, 738 y 765 numeral 1) del Código de Trabajo, 245 del Código Procesal Civil. Pruebas Dejadas de Apreciar: las pruebas que el Juzgado A-quo y el Tribunal de Apelaciones ha apreciado erróneamente en su conjunto al haber incurrido en error de hecho son: Pruebas propuestas por la parte actora: MEDIOS DE PRUEBA UNO DOCUMENTALES: a) Certificación de Acta de Comparecencia de fecha 07 de junio del 2010, que obra a folio 7 y 8 de la primera pieza, con el que se acredito que el demandante realizo en tiempo y forma el trámite administrativo laboral correspondiente a su reclamo, b) calculo de prestaciones laborales de fecha 29 de abril del 2010, que obra a folio 9 de la primera pieza, con el cual se acredita la cuantía de la demanda (derechos adquiridos, prestaciones laborales, horas extras y reajuste salarial), c) nota de fecha 01 de septiembre del 2008 firmada por el director y el oficinal de personal del Hospital Atlántida dirigida a mi representado, con el cual se acredita que desde cuando trabajaba para dicha institución, que obra a folio 10 de la primera pieza, d) nota de fecha 01 de abril del 2010 firmada por el oficial del hospital regional Atlántida dirigida a mi representado con la cual se acredita que su contrato no será prorrogable, que obra a folio 11 de la primera pieza, e) tres contratos de servicios profesionales y técnicos entre la secretaria de salud pública y mi representado, con los cuales se acredita que sus clausulas contienen los requisitos esenciales para un contrato de trabajo al tenor del los artículos 20 y 37 del código de trabajo, que corren agregados a los folios 57 al 60, 62 al 63 y 92 al 93 de la primera pieza, debidamente autenticados, f)acuerdos con sus respectivas planillas emitidas por la secretaria de estado en el despacho de salud que obran en dichos acuerdos que los que la secretaria y mi representado firmaron fueron contratos de trabajo, y que mi representado laborado como médico general de guardia en el hospital regional Atlántida de la ceiba, en los periodos allí enmarcados, que obran a número folio 65 al 91 de la primera pieza. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL DOS: Oficio numero TGR-DSC-047-2012, de fecha 12 de octubre del 2012, que obra a folios 160 al 186, con el cual se acredita todos los pagos recibidos por mi representado en concepto de salario desde el 2006 hasta el 2010, y que además se aprecia que no hubo reajuste salarial a su favor, según estatuto del médico empleado. MEDIO DE PRUEBA TRES INSPECCION JUDICIAL: que obra a folio 141 de la primera pieza realizada a Banco HSBC, donde se pone a la vista el original de la constancia de trabajo que obra a folio 142 de la primera pieza, donde se acredita que laboraba para la demandada desde 1 de marzo del 2006, como médico general y acreditándose su salario también. MEDIO DE PRUEBA CINCO: INSPECCION: que obra folio 141 donde se puso a la vista la tabla de salarios mínimos con una vigencia de un año: 1 enero a diciembre del 2006 el salario mínimo era de Lps. 2,743.80. Del 01 de enero a diciembre del 2007 el salario mínimo era de Lps. 3,349.50. Del 01 de enero a diciembre del 2008 el salario mínimo era de Lps. 3,349.50. Del 01 de enero a diciembre del 2009, el salario mínimo era de Lps. 5,500.00. Del 01 de enero a diciembre del 2010, el salario mínimo era de Lps. 5,500.00 todos mensualmente. Copia de dichas tablas de los folios 143 al 147 de la primera pieza. MEDIO DE PRUEBA SEIS: INSPECCION: Que obra a folio 148 de la primer pieza, donde no fue posible examinar los roles de del 01 de enero del 2006 al 31 de mayo del 2010, en vista de que la documentación fue dañada en una llena de agua en el edificio viejo, así como los AT1 correspondientes del 2006 al 2009. Solo fue posible observar los AT1 de enero a mayo del 2010, en los que se acredita que el señor Mario René Moncada Estrada atendió pacientes en las siguientes fechas: 10, 16, 24 y 26 de enero del 2010, 13, 16, 19, 25 y 28 de febrero del 2010, 6, 8, 12, 13, 20 y 28 de marzo del 2010. MEDIO DE PRUEBA SIETE: TESTIFICAL. Del señor Aroldo Ortiz Montoya, véase los folios 138, 153 y 153 vuelto, en la cual especifica que los turnos de los médicos de guardia (como el demandante) eran de siete de la noche a siete de la mañana del día siguiente (es decir jornada nocturna de 12 horas cada una), así mismo que no pagan horas extras, tampoco pagan catorceavo, aguinaldo ni vacaciones. Y que todas esas políticas las establece la Secretaria de Salud Publica en Tegucigalpa, y en los contratos que firman con los médicos. Concepto de la Violación: a) Concepto de la Violación: La Corte sentenciadora, no aprecia correctamente en su fallo las pruebas propuestas por la parte demandante, la cual se discierne en la forma siguiente: En la sentencia impugnada en el fundamento de derecho: Primero, a folios 16 vuelto, renglón 24 de la segundo pieza, explica el Tribunal juzgador que el medio de prueba documental propuesto por ambas partes, “…y que refiere a nota de fecha 1 de abril del 2010, visible a folio 11 de la primera pieza de autos y de igual forma la prueba documental visible a folio 7 de la pieza referida, respecto a la comparecencia efectuada por el demandante a la Procuraduría General del Trabajo, concluyendo con ello que el simple transcurso del tiempo y la operación matemática jurídica, le permite concluir que entre la fecha del despido y la comparecencia a realizar el procedimiento administrativo ha transcurrido más de dos meses a que refiere el artículo 864 y 867 del Código de Trabajo…” En primer lugar la Prescripción de la Acción invocada por la parte demandada, no se refiere al tiempo transcurrido entre el despido y el inicio del reclamo en la Procuraduría General del Trabajo, como menciona el A-quem, porque quien emitió la certificación es la Inspección General del Trabajo, órgano distinto, y además porque para que una autoridad administrativa emita una Certificación, únicamente lo realiza cuando el tramite ya ha finalizado. Y es de lato conocimiento que en cuestiones de trabajo se cita al patrono y al empleado hasta por tres ocasiones. Es decir la Certificación se emite cuando ya han concluido esas tres citaciones, tal y como aconteció en el presente caso véase la certificación emitida por la procuraduría del trabajo (folio siete 7 de la primera pieza), otro punto es que el Cálculo de prestaciones, que es la piedra angular de la cuantía reclamada se observa se realizó en fecha 29 de abril del 2013, véase folio 9 de la primera pieza el que fue propuesta y evacuado como medio de prueba al que ni el A-quo sentenciador ni el Tribunal de Apelación le dieron valor probatorio, por lo que se sobre entiende que en esa fecha inicia su reclamo, y que entre esa fecha y la fecha de la certificación se realizaron las otras dos citaciones previas, por lo que se realiza la reclamación administrativa previa al tenor de los requerimientos del artículo 864 del Código de Trabajo, esto interrumpe la prescripción y además la ley confiere potestad a la Procuraduría del Trabajo para que en ella se siga el trámite administrativo siendo ellos quienes conforme a la agenda que llevan efectúa las tres citaciones de ley, luego de lo cual si no comparece la parte a la que se le reclama o no hay conciliación de dispone la certificación correspondiente de agotamiento de la vía administrativa, es por ello que se entrega la certificación el mismo día que se agota la vía administrativa. Si nota esa Certificación (folio 7 de la primera pieza) en si renglón 30 en adelante también especifica que se enviaron 3 cedulas de citación, a las cuales la parte demandada no se hizo presente a ninguna, y que se encuentran registradas en el libro, el cual no fue inspeccionado por parte del Juzgado para aclarar, ya que como repito, no fue en este sentido que la parte demandada opuso la prescripción de la Acción. La parte demandada es especifica que interpone la Prescripción de la Acción, véase folio 50 de la primera pieza, se encuentra sustentado en que el demandado debió incoar su reclamo previo bajo la modalidad de contrato administrativo, es decir que debió solicitar el reconocimiento como empleado permanente cuando aun trabajaba, no esperar a que fuera despedido o que su contrato terminara. En ese sentido no hay congruencia entre lo planteado por la parte demandada, y el fallo casado, y se causó además indefensión a la parte demandante ya que como iba a presentar medios de prueba, como pudo ser la Inspección a la Inspectoría de Trabajo de la ciudad de La ceiba lugar donde se origino y efectuó el reclamo administrativo para acreditar una prescripción de acción que no fue planteada por la parte demandada en su contestación.- El tribunal declara con lugar una prescripción de la acción en base a hechos, que no fueron planteados, y por lo tanto tampoco se pudo presentar medios de prueba en descargo. Ya que la parte demandante presentó prueba únicamente en base a desvirtuar la prescripción de la acción que planteó la parte demandada, pero no en base a la prescripción que declara con lugar el Juzgador, resulta pues que su fallo fue ultra petita. Siendo en la sentencia casada, los fundamentos segundo y tercero los mismos argumentos. b) En la demanda impugnada no hace referencia alguna a los siguientes medios de prueba: MEDIOS DE PRUEBA UNO DOCUMENTALES: b) calculo de prestaciones laborales de fecha 29 de abril del 2010, que obra a folio 9 de la primera pieza, con el cual se acredita la cuantía de la demanda (derechos adquiridos, prestaciones laborales, horas extras y reajuste salarial), con el que además se acredita la interrupción de la prescripción c) nota de fecha 01 de septiembre del 2008 firmada por el director y el oficial de personal del Hospital Atlántida dirigida a mi representado, con el cual se acredita que desde cuando trabajaba para dicha institución, que obra a folio 10 de la primera pieza, e) tres contratos de servicios profesionales y técnicos entre la secretaria de salud pública y mi representado, con los cuales se acredita que sus clausulas contienen los requisitos esenciales para un contrato de trabajo al tenor del los artículos 20 y 37 del código de trabajo, que corren agregados a los folios 57 al 60, 62 al 63 y 92 al 93 de la primera pieza, debidamente autenticados, f) acuerdos con sus respectivas planillas emitidas por la secretaria de estado en el despacho de salud que obran en dichos acuerdos que los que la secretaria y mi representado firmaron fueron contratos de trabajo, y que mi representado laborado como médico general de guardia en el hospital regional Atlántida de la ceiba, en los periodos allí enmarcados, que obran a número folio 65 al 91 de la primera pieza. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL DOS: Oficio numero TGR-DSC-047-2012, de fecha 12 de octubre del 2012, que obra a folios 160 al 186, con el cual se acredita todos los pagos recibidos por mi representado en concepto de salario desde el 2006 hasta el 2010, y que además se aprecia que no hubo reajuste salarial a su favor, según estatuto del médico empleado. MEDIO DE PRUEBA TRES INSPECCION JUDICIAL: que obra a folio 141 de la primera pieza realizada a Banco HSBC, donde se pone a la vista el original de la constancia de trabajo que obra a folio 142 de la primera pieza, donde se acredita que laboraba para la demandada desde 1 de marzo del 2006, como médico general y acreditándose su salario también. MEDIO DE PRUEBA CINCO: 1NSPECCION: que obra folio 141 donde se puso a la vista la tabla de salarios mínimos con una vigencia de un año: 1 enero a diciembre del 2006 el salario mínimo era de Lps. 2,743.80. Del 01 de enero a diciembre del 2007 el salario mínimo era de Lps. 3,349.50. Del 01 de enero a diciembre del 2008 el salario mínimo era de Lps. 3,349.50. Del 01 de enero a diciembre del 2009, el salario mínimo era de Lps. 5,500.00. Del 01 de enero a diciembre del 2010, el salario mínimo era de Lps. 5,500.00 todos mensualmente. Copia de dichas tablas de los folios 143 al 147 de la primera pieza. MEDIO DE PRUEBA SEIS: INSPECCION: Que obra a folio 148 de la primer pieza, donde no fue posible examinar los roles de del 01 de enero del 2006 al 31 de mayo del 2010, en vista de que la documentación fue dañada en una llena de agua en el edificio viejo, así como los ATI correspondientes del 2006 al 2009. Solo fue posible observar los AT1 de enero a mayo del 2010, en los que se acredita que el señor Mario René Moncada Estrada atendió pacientes en las siguientes fechas: 10, 16, 24 y 26 de enero del 2010, 13, 16, 19, 25 y 28 de febrero del 2010, 6, 8, 12, 13, 20 y 28 de marzo del 2010. MEDIO DE PRUEBA SIETE: TESTIFICAL. Del señor Aroldo Ortiz Montoya, véase los folios 138, 153 y 153 vuelto, en la cual especifica que los turnos de los médicos de guardia (como el demandante) eran de siete de la noche a siete de la mañana del día siguiente (es decir jornada nocturna de 12 horas cada una), así mismo que no pagan horas extras, tampoco pagan catorceavo, aguinaldo ni vacaciones. Y que todas esas políticas las establece la Secretaria de Salud Publica en Tegucigalpa, y en los contratos que firman con los médicos. Con todo el análisis de pruebas dejadas de apreciar al igual que las normas sustantivas y adjetivas se puede concluir que el sentenciador para justificar su criterio como lo expresa en la sentencia recurrida recayó excesivamente en el libre convencimiento, omitiendo las pruebas de la parte demandante, a tal grado que no se pronuncia sobre las mismas”.- III. Que la Recurrente comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a) dentro de las normas que cita como infringidas, la gran mayoría no reviste la condición de ser sustantivas, requisito sinne qua non para la prosperidad del cargo; b) no es claro en la formulación del cargo, ya que primero establece que las normas se violaron de forma directa y después alega falta de apreciación, siendo dos modalidades distintas de violar la ley y contrapuestas entre si; c) relaciona la prueba testifical cuando en este recurso extraordinario le esta vedado hacerlo, ya que la misma no está reglada y supeditada a la libre estimación del juzgador de instancia; y, d) hace extensos alegatos de instancia. Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar este primer motivo.- IV. En el segundo motivo de casación la Impetrante arguye: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: 864 del Código de Trabajo, interpretación errónea Precepto Legal Autorizante: numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo. Concepto por Interpretación errónea: Refiere el artículo 864 del Código de Trabajo vigente: “Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato, o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente.” Se interpreta erróneamente este artículo sencillamente porque este no fue el fundamento invocado por la parte demandada, porque su fundamento en la prescripción de la acción fue otro, que durante fue empleado hubiera ido a la procuraduría del trabajo a solicitar su permanencia por su antigüedad (véase folio 50 de la primera pieza de autos), segundo el porque es lógico que entre el despido (1 de abril del 2010) y la certificación que deja en libertad a mi cliente para ir a la vía judicial (7 de junio 2010) si hay mas de dos meses, sin embargo la certificación se emite en la última citación, no en la primera, porque la certificación se otorga hasta que concluye el tramite laboral administrativo, no cuando inicia. Véase renglón 30 en adelante del folio 7 de la primera pieza. Se menciona en ese medio de prueba que previamente se libraron tres citaciones y que constan en el libro de citaciones de esa institución.- Sin embargo si a la juez sentenciadora no le quedaba claro cuando comenzó y cuando termino el reclamo administrativo debió de oficio hacer uso de su potestad probatoria para aclarar dudas surgidas de las pruebas interpuestas por las partes de conformidad a lo que establece el artículo 732 del código de trabajo vigente, no efectuar una interpretación del medio de prueba que indica que el despido se origino el 1 de abril y que la certificación administrativa se efectuó el 7 de junio del 2010, aplicando esa literalidad en contra del trabajador sin valorar aspectos de fondo en el mismo medio de prueba que indican la interrupción de la prescripción literal efectuada por la Juez, dando como paso a la interpretación de lagunas dejadas por la valoración indebida del medio de prueba Certificación que obra a folio 7 de la primera pieza, en abierta violación al artículo 30 del código de Trabajo, la parte demandada nunca alegó este hecho, motivo por el cual la parte demandante, como se le iba a ocurrir presentar medio de prueba en ese sentido si no sabía que la Juez entendería la excepción opuesta por la parte demandada en un sentido distinto al de su interposición o que tenía que desvirtuar algo que es de conocimiento público y lógico (las certificaciones las emiten al final del trámite, no el día que inicia). No toma en consideración que el día 29 de abril del 2010se le extiende a mi representado su cálculo de prestaciones, piedra angular para iniciar su reclamo. Es decir que esto interrumpe la prescripción al tenor del articulo 868 letra a) del Código de Trabajo: “El termino de prescripción se interrumpe: a) Por demanda o gestión ante la autoridad competente....” En tal sentido la sentencia impugnada violenta el artículo 2O6.l y 2, 207, 208.1 del código de procesal civil, al no ser congruente en su fallo con lo solicitado en ese momento por esta parte y al resolverse a lugar una excepción perentoria motivada en hechos distintos a los de su interposición. Señalo como derechos fundamentales violados en los fallos emitidos por el A quo y Ratificado por la Corte de Apelaciones el derecho de defensa consagrado en el articulo 89 de la Constitución de la Republica que tiene el señor MARIO RENE MONCADA ESTRADA al no poder proponer prueba en oposición a una excepción perentoria, ya que a la que él se opuso fue a la presentada por la Procuraduría General de la Republica y no a la decretada por la Juez de Letras del Trabajo de La ciudad de La Ceiba, Atlántida en la motivación del fallo y Ratificada por la Corte de Apelaciones de esa misma jurisdicción. Señalo como derecho fundamental transgredido por el fallo que recurro, el debido proceso contenido en el Articulo 90 de la constitución de la Republica y 3 del código procesal civil ya que al considerarse una motivación diferente a la planteada en la excepción interpuesta por la Procuraduría se vulnera la garantía del debido proceso ya que la Juez efectúa ejercicio dispositivo en precisar el objeto de la excepción en forma diferente a la que ejercito la Procuraduría General de la Republica.- De igual manera se deja de observar la garantía del debido proceso al efectuar valoración de prueba en forma aislada al mismo documento que le sirve de base para establecer el hecho probado pues dentro del mismo medio de prueba surge la existencia de las 3 citas generadas en la vía administrativa, dejando de hacer la valoración legal de la prueba propuesta por la parte demandante y evacuada en legal y debida forma. Es comprensible que hay que proteger al Estado, pero no por sobre los derechos humanos, enmarcados en la Constitución de la Republica, en este caso el de un medico que trabajaba en una de las aéreas más críticas de la sociedad hondureña, un hospital Regional en el área de emergencia, en horario nocturno en fines de semana en feriados, expuesto inclusive al contagio de alguna enfermedad riesgo que asume desde que escogió su profesión, es de recordar que es el mismo Estado quien violenta los derechos de los particulares en el presente caso despidiendo al doctor MARIO RENE MONDADA ESTRADA simple y sencillamente, por llegar una nueva administración al país y al hospital, sin reconocerle la antigüedad en una relación de trabajo, al pago de sus derecho e indemnizaciones laborales. Sin embargo, tutelado por los principios y garantías del proceso es que interpuso su demanda y hoy formaliza este recurso, para la retribución de los derechos hasta ahora mancillados.”.- V. El anterior cargo resulta inadmisible debido a que el precepto autorizante no es preciso, ya que en la forma indicada contiene dos modalidades contrapuestas entre si que es imperativo separar como lo es la violación directa e indirecta, además en la explicación hace extensos alegatos de instancia y cita otras disposiciones que no ha señalado como violadas en la formulación. Finalmente la interpretación errónea se produce con independencia del haz probatorio.- VI. Que las razones anteriormente expuestas tornan a los dos motivos de casación ineficaces, para anular la sentencia impugnada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 33-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL