Sentencia CL-309-13 — Registro 3594
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, reconocimiento de antigüedad, pago de todos los derechos que origina dicho reintegro, como ser los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el incidente de tachas opuesto por la apoderada demandante contra los testigos JOSE ALEJANDRO AYALA y JOSE LUIS VALLADARES; también no se pronuncia si se condena o absuelve a la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha trece de agosto de dos mil trece, por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, reconocimiento de antigüedad, pago de todos los derechos que origina dicho reintegro, como ser los salarios dejados de percibir, decimotercer y decimocuarto mes, vacaciones causadas y adeudadas, bonificaciones y demás derechos, en virtud del despido directo e injustificado, por no encontrarse conforme a derecho, pago de honorarios profesionales y costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre de dos mil diez, por la señora RUTH CONTRERAS DUBON, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS/PRONADERS), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR el Incidente de Tacha contra los testigos José Alejandro Ayala y José Luis Valladares, opuesto por la apoderada de la parte demandante, asimismo, declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir, reconocimiento de antigüedad, promovida por la señora RUTH CONTRERAS DUBON, contra el ESTADO DE HONDURAS; CONDENANDO al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo como Asesora Legal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS/PRONADERS), por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de ejecutarse la terminación unilateral del contrato de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación ordenada y demás derechos que se hayan producido durante su ausencia, con el reconocimiento de la antigüedad contado a partir del 4 de marzo del año 2009, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS/PRONADERS), en fecha 4 de marzo de 2009, en el cargo de Asesora Legal, mediante los Contratos de Servicios Profesionales números 081-09, 195-09, 196-09, 255-09, hasta el 31 de diciembre del año 2009, devengando un salario mensual de L.30,000.00 y el 1 de enero del año 2010, fue nombrada mediante Acuerdo No.001-10, en el mismo puesto de trabajo, con igual salario, suscrito por el Director Ejecutivo de DINADERS/PRONADERS, ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG); que mediante Acuerdo No.004-CD-20-10, de fecha 15 de junio de 2010, fue notificada de su cancelación, firmado por el Gerente de Recursos Humanos/DINADERS, en el Considerando No.2 del mismo manifiesta que el DIRECTOR EJECUTIVO DE DINADERS conforme a la Ley es el único facultado para NOMBRAR Y CANCELAR PERSONAL DE LA INSTITUCION, en virtud de lo anterior ese Acuerdo es nulo de pleno derecho, por no estar firmado por el Director Ejecutivo que es el único funcionario facultado para firmar nombramientos y acuerdos de cancelación conforme a la Ley, por lo que el Gerente de Recursos Humanos no está facultado para firmar acuerdos de cancelación tal como lo establece la ley, fundamentándose la demandante en la Ley Marco de PRONADERS/DINADERS 12-2000 de fecha 2 de agosto del 2000 y el Acuerdo Ejecutivo No.1036 que contiene el Reglamento General de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible; que al recibir el referido acuerdo de cancelación, la demandante firmó bajo protesta por no estar apegado a derecho en virtud que el periodo laboral es desde el 4 de marzo del 2009, hasta la fecha de la cancelación, el mismo no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 47 párrafo final y el artículo 112 del mismo Código establece las causales por las cuales puede ser despedido un trabajador con causa justa y al no invocar ninguna de ellas el despido se vuelve nulo e ilegal, violando la Constitución de la República en sus artículos 127, 129 y 134 en relación a que “Todo ciudadano tiene derecho a un empleo y a gozar la estabilidad en su puesto de trabajo”.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS/PRONADERS), contestó dicha demanda señalando que es cierto que la demandante comenzó su relación laboral con el Estado de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), mediante la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales los cuales fueron suscritos con una fecha de inicio y finalización comprendidos del 04 de marzo al 31 de diciembre del 2009, siendo nombrada posteriormente mediante Acuerdo No.001-10 del 01 de enero del 2010 para el mismo cargo en dicha Dirección; que se acepta parcialmente en relación de que se admite haber notificado a la demandante el Acuerdo de Cancelación 004-CD-2010 mediante la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, sin embargo no se acepta lo manifestado por ella en relación al período laboral que se le debe reconocer desde el 04 de marzo del 2009, así como toda su exposición que hace al respecto, en virtud de que esta relación de servicios profesionales no se encuentra bajo el marco jurídico del Código del Trabajo, pues los contratos que la demandante suscribió con la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) no son más que contratos de servicios profesionales por un tiempo determinado la cual no ignoraba la demandante, pues la cláusula Novena Aceptación de los contratos suscritos claramente establecían: “EL EMPLEADO declara que ha leído con atención el contenido del espíritu y la letra de este contrato; y que acepta en consecuencia todas y cada una de las cláusulas y condiciones aquí estipuladas...”; que los argumentos empleados para el reconocimiento de antigüedad por la parte demandante carecen de soporte legal para su reclamo, pues los contratos suscritos por el Estado de Honduras, con la demandante eran de servicios profesionales con una fecha de inicio y terminación y con cláusulas claramente establecidas y entendidas por las partes en el marco a lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil que dice: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”, contradiciéndose la demandante cuando manifiesta al final del hecho tercero que no se invoca ninguna causa en su despido y en el hecho segundo expresa que es nulo de pleno derecho por no estar firmado por el Director Ejecutivo, por todas estas contradicciones se rechaza la tesis de reconocimiento de antigüedad.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando sin lugar el incidente de tacha contra los testigos José Alejandro Ayala y José Luis Valladares, opuesto por la apoderada de la parte demandante, asimismo, declaró con lugar la demanda de mérito, condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación ordenada y demás derechos que se hayan producido durante su ausencia, con el reconocimiento de la antigüedad contado a partir del 4 de marzo del año 2009, sin costas; bajo el criterio que en los casos en los cuales la relación laboral se ha iniciado mediante la modalidad de contratos temporales, cualquiera sea la denominación que se le ha dado, al ser nombrado el trabajador de forma permanente, automáticamente adquiere la antigüedad, contada a partir de la fecha de su primer contrato de trabajo o el inicio de la relación de trabajo, aunque no concuerde con la del otorgamiento del contrato permanente, siempre y cuando la naturaleza del cargo también sea permanente, como sucede en el presente caso; que se encuentra debidamente acreditada con la prueba documental específicamente la nota de despido que corre a (folios 8 y 9), el despido ilegal e injustificado de que fue objeto la actora en cuyo texto no se invoca causa justa de despido, incumpliendo el patrono la obligación que le impone el artículo 117 del Código de Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada aportó varios medios de prueba al juicio, también es cierto que con los mismos no logró acreditar que la relación laboral sea por tiempo determinado y que las labores para las cuales fue contratada la demandante ya no se continúan haciendo en la institución, por el contrario, con la inspección ocular se pudo establecer que a la demandante se le reconocen los períodos de vacaciones desde el año 2009 y que, si bien se firmaron varios contratos, no hubo interrupción entre los mismos, iniciando su relación laboral el 4 de marzo del año 2009; que al no haber la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Dinaders), señalado como causa justa para la terminación del contrato de trabajo de la demandante, alguna de las causas previstas en el artículo 112 del Código del Trabajo, ni haber acreditado que la labor para la cual fue contratada ya no se continua haciendo en la institución, hace que el despido sea considerado ilegal e injusto.- 5.- Mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha trece de agosto de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, este Tribunal tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la abogada HALDA MARIA ZELAYA, en su condición de representante procesal de la señora RUTH CONTRERAS DUBON, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial con fecha catorce de febrero del año dos mil trece, que motiva el presente Recurso de Casación del que se ha hecho mérito.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reintegro a un puesto de trabajo en igual o mejores condiciones.- Reconocimiento de antigüedad.- Pago de salarios dejados de percibir.- Décimo tercer y cuarto mes.- Vacaciones.- Pago de honorarios profesionales promovida por la Abogada RUTH CONTRERAS DUBON, contra el ESTADO DE HONDURAS, representado por la Procuraduría General de la República.- TERCERO: SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelva los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales procedentes.- Redactó el Magistrado ..............................NOTIFIQUESE.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el incidente de tachas opuesto por la apoderada demandante contra los testigos JOSE ALEJANDRO AYALA y JOSE LUIS VALLADARES; también no se pronuncia si se condena o absuelve a la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 309-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL