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Sentencia CL-30-13 — Registro 3519

Resumen

Corte de apelaciones absuelve y reforma la sentencia que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto del trabajo, pago de salarios caídos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que ambos cargos resultan inadmisibles debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, puesto que es el caso que este Tribunal ha explicado en abundancia que la infracción directa de la Ley procede cuando un hecho es aceptado por las partes y reconocido por el juzgador y se deja de aplicar la norma que lo regula, además se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); en este caso, el despido de la demandante es parte de la controversia por lo tanto no procede el ataque por esa vía, además que en la explicación de los mismos hace extensos alegatos de instancia, lo cual no procede de conformidad a lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV. Que es preciso recordar que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de abril del dos mil trece, por la abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, mayor de edad, soltera, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto del trabajo, pago de salarios caídos, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de mayo del dos mil doce, por la señora LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, mayor de edad, soltera, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su representante legal, señor EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, mayor de edad, soltero, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha diez de diciembre del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “PRIMERO: Declarando ha lugar, el recurso de apelación formulado por la Abogada GLADYS CANTARERO VELEZ, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad de San Pedro Sula, Cortés en fecha cuatro (04) de octubre de del presente año (2012), en la demanda promovida por la señora LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor EMIN ABUFELE, reforma que se contrae a: I.- DECLARAR con lugar la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada; II.- SIN LUGAR LA DEMANDA de reintegro de la demandante a su puesto de trabajo, y el pago de salarios dejados de percibir, consecuentemente se absuelve a la demandada por tales conceptos; SEGUNDO: CONFIRMAR en cuanto a la exoneración de costas; TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que inició su relación laboral con la ENEE el 3 de mayo del 2010, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, dependiente de la Sub Gerencia Noroccidental, que el 30 de marzo del 2012 recibió de la Asistente del Jefe del Departamento de Personal la carta de despido, documento en el cual la ENEE no le expresa la causa o el motivo que la mueve a tomar esa determinación. Que fue despedida del trabajo sin invocarle causa justa que faculte al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin ninguna responsabilidad laboral, según se desprende de la carta de despido que le entregaron firmada por el Lic. EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, en su condición de Ministro de Energía y Gerente/ENEE, en la que le comunicaban que la Empresa tomó la decisión de terminar su relación de trabajo como Jefe de Asesoría Legal de la Sub Gerencia Noroccidente, a partir de la fecha de notificación, invocando fundamentos legales que no son aplicables al caso concreto. Que también le comunicaron que el valor de sus derechos será acreditado a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), previa presentación de las constancias y finiquitos que la ley exige, extremo que no es mas que un artificio del que se valen para que deje transcurrir el plazo que la ley le confiere al trabajador para reclamar contra los despidos injustificados. Que la carta de despido de la ENEE no expresa la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, por lo obviamente el despido es ilegal, injusto y arbitrario, en franca violación del artículo 117 del Código del Trabajo, además hay inobservancia del artículo 129 de la Constitución de la República. Que se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo.- 2.- La parte demandada la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda argumentando que procedió a dar por terminada la relación que la unía con la demandante quien se desempeñaba en un puesto de Dirección, es decir en un puesto de confianza de naturaleza administrativa, como lo es Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, lo que en ningún momento acarrea responsabilidad alguna para el patrono, según lo ordena el artículo 60 de nuestra legislación laboral vigente, de acuerdo a lo expuesto en la cláusula No. 6 del Contrato Colectivo suscrito entre ENEE/STENEE. Que los enunciados legales anteriormente expuestos están en concordancia con lo que establece el principio constitucional establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República con respecto a los empleados de confianza que se encuentra íntimamente ligado con el artículo 511 del Código del Trabajo. Que la demandante se venia desempeñando en un puesto de confianza de naturaleza administrativa, como lo es Jefe de Unidad de la Asesoría Legal. Que la legislación laboral no prohíbe el rompimiento unilateral del contrato de trabajo, solo lo sanciona con el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes, sanción que obliga al patrono al pago de un cien por ciento de las prestaciones laborales y demás derechos que le correspondan y que se le ofrecieron a la demandante previo la presentación en regla de la documentación correspondiente a finiquitos que exige la Institución y la Ley ante la oficina de personal desde el acto del despido en aplicación de los artículos 116, 117 y 120 del Código del Trabajo y así se cumplió, lo que prueba la disposición de la empresa de resarcir al empleado todos los conceptos que le corresponden por ley al haber tomado la decisión de separar a la ahora demandante del cargo que venía desempeñando, bajo el principio de libertad de administrarse como mejor lo considere y le convenga en sus necesidades e intereses administrativos y presupuestarios y a la demandante se le ha depositado el pago del cien por ciento de sus prestaciones laborales y demás derechos a través del SIAFI y por ende no está en la obligación de reintegrarla, pues la empresa no le invocó causal de despido como para que esté solicitando el reintegro, únicamente dio por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral obligándose la ENEE a pagarle a la demandante sus prestaciones laborales en un cien por ciento tal y como lo cumplió.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de producirse el despido, con las mismas condiciones que tenia al momento de producirse el despido; mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, declarando sin lugar la excepción perentoria de pago interpuesta por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que la causal invocada por la empresa para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley y nuestra Constitución de la República, que garantiza el derecho a la estabilidad laboral, por lo que dicho despido es injusto en consecuencia es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de diciembre del dos mil doce, dictó sentencia reformando la dictada por el Tribunal A-Quo, en consecuencia declaró con lugar la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada, sin lugar la demanda de reintegro de la demandante a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir, absolviendo a la demandada por tales conceptos y confirmándola en cuanto a la exoneración de costas, sin costas; bajo el criterio que el cargo desempeñado por la actora efectivamente es de confianza, por lo consiguiente, es materialmente imposible declarar el reintegro solicitado por la demandante, puesto que en casos como el presente no es posible el mismo, sino únicamente el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, según lo ha reconocido la demandada al haberle acreditado las mismas, resultando de ellas procedente la excepción de pago.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la señora LOURDES PATRICIA HERNANDES DIAZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha diez de diciembre del dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha tres de abril del dos mil trece, compareció ante este Tribunal la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintitrés de abril de dos mil trece, este Alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado DONALDO BARAHONA FLORES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestando el recurso de casación.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en los artículos 764 literal a) y 765 del Código del Trabajo, el recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica sustantiva laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con el artículo 303 párrafo 2°) de nuestra Constitución Política; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional en el ámbito del trabajo y de la seguridad social requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, formula sus dos motivos de casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 113 interpretado párrafo segundo, literales a) y b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 3 y el párrafo final del artículo 60 del mismo cuerpo de leyes y con el artículo 1422 del Código Civil; Infracción directa que se presenta por falta de aplicación de la ley. RELACIÓN CON NORMA CONSTITUCIONAL Debido a que las normas constitucionales no son violables para efectos de Casación, me permito señalar, en forma separada, que en el presente caso la norma violada contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literales a) y b) del Código del Trabajo, se relaciona con el artículo 265 de la Constitución de la República, que establece quiénes son los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo que no están protegidos por el ordenamiento laboral, norma que en reiteradas sentencias han establecido se refiere únicamente a los que, a cualquier título, desempeñan la titularidad de las instituciones descentralizadas y los llamados a sustituirle por ley. Pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones, serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral lo. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La demandante LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Asesoría Legal Nor-occidental de la ENEE fue despedida en fecha 30 de marzo de 2012 sin señalarle causal de despido. Contra dicho despido la demandante presentó demanda de reintegro en fecha 10 de mayo de 2012; posteriormente, en fecha 28 de junio de 2012, la ENEE depositó en la cuenta designada por la demandante para pagos a través del sistema SIAFI la suma que corresponde a las indemnizaciones y prestaciones laborales y, en la audiencia Primera de Trámite, la parte demandada opuso la Excepción Perentoria de Pago, alegando haber cumplido con la obligación de pagar las indemnizaciones laborales y que por tal razón no procede el reintegro solicitado. La Sentencia Recurrida declara Con Lugar la Excepción de Pago y Sin Lugar la demanda, fundándose para ello en que el puesto que ocupaba la trabajadora demandante se encuentra calificado como de confianza por la cláusula 6 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de la Institución demandada, agregando la Sentencia Recurrida que los Empleados de Confianza no tienen derecho al reintegro, sino únicamente al pago de indemnizaciones laborales, olvidando que una cláusula de un contrato colectivo no puede ir en contra de una disposición constitucional cuando implique disminución, renuncia o tergiversación de los derechos reconocidos en ésta. La situación jurídica planteada y reconocida en la sentencia recurrida es por tanto un despido sin señalar causa justificada de una trabajadora que desempeña el cargo de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal Nor-occidental de la ENEE, puesto que el contrato colectivo califica como empleado de confianza y la pretensión de reintegro de la trabajadora demandante. La falta de aplicación por parte de la Corte Recurrida del artículo 113 párrafo segundo y literales a) y b) del Código del Trabajo se funda en que, aunque la ley concede el derecho al reintegro al trabajador que es despedido sin causa justificada, la Corte Sentenciadora niega dicho derecho porque considera como Empleada de Confianza a la trabajadora despedida y como tal concluye que la misma no tiene derecho al reintegro. Es claro que la designación de empleados de confianza por parte de la Constitución de la República, según lo ha establecido esa Honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias de Amparo y Casación, se refiere a las personas que a título de Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Presidentes, Vice Presidentes o cualquier otra denominación, ejercen las funciones de dirección como titulares de los organismos descentralizados del Estado, funcionarios que no están protegidos por el ordenamiento laboral y son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo; sin derecho a reintegro o al pago de indemnizaciones. Pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. Tan claro es la falta de sustento del argumento antes citado, que la misma nota de despido y sentencia recurrida reconocen su derecho al pago de indemnizaciones laborales; situación que no se podría presentar eh el caso de empleados de confianza de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo quienes no tienen este derecho. Del análisis de la situación jurídica presentada, se concluye que la Corte sentenciadora negó la aplicación de la norma contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo cuando declaró con lugar la excepción de pago y sin lugar la demanda de reintegro, aun cuando estaba decidiendo un caso regulado por dicha norma, justificando esta negativa en la aplicación de una cláusula de un contrato colectivo que limita un derecho reconocido en la Constitución; por lo que podemos concluir que la sentencia recurrida está en abierta rebeldía con la ley, infringiéndola de manera directa al negar la aplicación de la misma; el Tribunal Sentenciador debió aplicar la norma sustantiva y reconocer los derechos y los alcances del artículo 113 párrafo segundo y literales a) y b) del Código del Trabajo ante una ruptura injustificada de su contrato de trabajo, por lo que procede la prosperidad de este motivo y se case la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por interpretación errónea del artículo 113 interpretado párrafos primero y segundo literales a) y b), 116 y 120 del Código del Trabajo en relación con el artículo 1422 del Código Civil. RELACIÓN CON NORMA CONSTITUCIONAL. Debido a que las normas constitucionales no son violables para efectos de Casación, me permito señalar, en forma separada, que en el presente caso la norma violada contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literales a) y b) del Código del Trabajo, se relaciona con el artículo 265 de la Constitución de la República, que establece quiénes son los funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo que no están protegidos por el ordenamiento laboral, norma que en reiteradas sentencias han establecido se refiere únicamente a los que, a cualquier título, desempeñan la titularidad de las instituciones descentralizadas y los llamados a sustituirle por ley. Pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones, serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral lo. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLIACARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La sentencia recurrida llegó a la conclusión de que la demandante, LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Asesoría Legal Nor-occidental de la ENEE, era una empleada de confianza; y como empleada de confianza se encontraba excluida del régimen jurídico del trabajo o servicio civil según sea el caso, apoyando dicha interpretación en el artículo 265 de la constitución de la República. Agregando la Sentencia Recurrida que como el cargo desempeñado es de confianza “es materialmente imposible” declarar el reintegro solicitado por la demandante puesto que en casos como el presente no es posible el mismo, sino únicamente el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. La interpretación que hace la Corte Sentenciadora es que los empleados de Confianza tienen el derecho al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales, pero no al reintegro. Esta interpretación la llevó a concluir que el depósito efectuado en fecha 28 de junio de 2012 por la ENEE en la cuenta de ahorros que la demandante posee en el Banco Continental, cuenta designada para efectos de recibir los pagos a través del sistema SIAFI, satisface completamente la obligación de la ENEE nacida de la terminación unilateral del contrato de trabajo, por lo que declaró Con Lugar la Excepción Perentoria de Pago y Sin Lugar la Demanda de Reintegro. La norma sustantiva violada que reconoce el Derecho a la Estabilidad de los Trabajadores, fue aplicada por la sentencia recurrida, pues aunque no la menciona expresamente, es la norma que regula el reintegro y el pago de indemnizaciones laborales en caso de despido sin causa justificada, despido de que trata la sentencia. La correcta interpretación de dicha norma es que el trabajador que ha sido despedido injustificadamente tiene derecho, a su elección, al pago de indemnizaciones laborales o al reintegro a su puesto de trabajo y, en ambos casos, al pago de los salarios dejados de percibir; este derecho es alternativo, pero la elección corresponde al trabajador, no al patrono. La designación de empleados de confianza de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo por el artículo 265 de la Constitución de la República, según lo ha establecido esta Honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias de Amparo y Casación, se refiere a las personas que a título de Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Presidentes, Vice Presidentes o cualquier otra denominación, ejercen las funciones de dirección como titulares de los organismos descentralizados del Estado, funcionarios que no están protegidos por el ordenamiento laboral y son de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo, estas personas no tienen derecho ni al reintegro ni al pago de indemnizaciones laborales. Pero las relaciones laborales de los demás servidores de dichas instituciones son reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general, es decir, por el Código del Trabajo. Tan contradictoria y falta de sustento es la conclusión a que llega la Sentencia Recurrida, que la misma, reconoce el derecho al pago de indemnizaciones laborales de la demandante; contrario a lo que establece la norma constitucional antes citada y en la que la misma sentencia se apoya, norma que no concede ningún derecho a los empleados de Confianza de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo. Si la Corte Recurrida hubiese interpretado correctamente la norma sustantiva señalada en relación con las otras normas, habría llegado a la conclusión de que el Derecho a la Estabilidad es universal y solamente están excluidos quienes a título de Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Presidentes, Vice Presidentes o cualquier otra denominación, ejercen las funciones de dirección como titulares de los organismos descentralizados del Estado; por ende, habría interpretado que la elección entre el pago de indemnizaciones laborales y el reintegro correspondía únicamente a la trabajadora despedida, no al patrono; en consecuencia, habría concluido que cuando el patrono depositó el monto de las indemnizaciones y prestaciones laborales a través de la cuenta designada por la demandante para pagos a través del sistema SIAFI, no estaba cumpliendo la prestación contenida en la obligación, pues no fue la alternativa elegida por la trabajadora despedida, lo que la habría llevado a declarar sin lugar la Excepción perentoria de pago y con lugar la demanda de reintegro, por lo que procede se case la sentencia recurrida.”.- III. Que ambos cargos resultan inadmisibles debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, puesto que es el caso que este Tribunal ha explicado en abundancia que la infracción directa de la Ley procede cuando un hecho es aceptado por las partes y reconocido por el juzgador y se deja de aplicar la norma que lo regula, además se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); en este caso, el despido de la demandante es parte de la controversia por lo tanto no procede el ataque por esa vía, además que en la explicación de los mismos hace extensos alegatos de instancia, lo cual no procede de conformidad a lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV. Que es preciso recordar que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 30-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL