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Sentencia CL-293-13 — Registro 3174

Resumen

demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto del trabajo; confirma declarando con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expedientes S.L.159-12, 264-12, 327-12, 703-12) y siendo que en el presente caso la legalidad o no del despido del demandante fue objeto de la controversia y del material probatorio, no resultaba viable el ataque al fallo por esa vía; b) los literales a) y b) del artículo 113 del Código del Trabajo, determinan las opciones que puede elegir el trabajador en el caso de un despido injustificado, siendo necesario su precisión de una de ellas en el cargo y no formularlas en forma simultánea; y, c) en su explicación se concreta a señalar la violación del artículo 863 del Código del Trabajo, que es la norma que se indica en relación, omitiendo referirse a la expuesta como violada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CL-293-13

TE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de enero de dos mil catorce.-

VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha catorce de agosto del dos mil trece, por el abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto del trabajo, aumentos salariales, bonificaciones, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de julio del año dos mil doce, por el señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo, señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Periodista y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha nueve de enero del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo promovida por el señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su actual Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ; 2) CONDENAR a EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, a reintegrar a su puesto de trabajo al señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS.”.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- El demandante manifiesta que inició su relación de trabajo con la demandada, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil diez, desempeñando el puesto de Jefe de la División Legal. Que en fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, la Institución demandada a través de su Director Ejecutivo y representante legal, le notificó un despido o terminación de la relación laboral en la cual establece de manera ambigua que él era el apoderado de la Institución en un juicio que se ventilaba en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo y que en dicho juicio fue declarado en rebeldía en fecha 24 de enero del 2012, por no contestar agravios en la Corte de Apelaciones y que por ello el 3 de mayo del 2012 fue llamado a una audiencia de descargos por esa situación y establece que no se logróo desvanecer la falta grave de la rebeldía declarada y que por ello se violentaron disposiciones reglamentarias. Que en ningún momento se cita o expresa motivo o causa de las taxativas establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo y es sabido que nadie puede invocar supuestos análogos de dichas causas y se debe enmarcar precisamente en las que establece el citado artículo, solamente establecen sin identificación precisa y de manera general violación de disposiciones legales y reglamentarias, lo que genera violación flagrante del artículo 117 del Código del Trabajo. Que el patrono solo tiene el plazo de un mes para dar por terminado el contrato de trabajo desde que se dio la causa para la terminación del contrato de conformidad al artículo 863 del Código del Trabajo y en este caso a pesar de que el hecho conocido por el demandado según la notificación del despido desde el 24 de enero de 2012, procedió a notificarle la terminación de su contrato de trabajo hasta el 4 de mayo del 2012, por lo cual ya habían transcurrido mas de tres meses desde que según el demandado se dieron los hechos para motivar su despido, por tanto incluso le había prescrito la acción para despedirlo.-

2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda argumentando que el demandante fue contratado para desempeñarse en el cargo de Jefe de la División Legal del INJUPEMP, teniendo bajo su responsabilidad, la supervisión y dirección de todos los asuntos de carácter legal y el personal profesional que integra dicha División Legal, que bajo la responsabilidad del demandante actuaban y representaban al INJUPEMP, en casos legales. Que el Director Ejecutivo del INJUPEMP, giro instrucciones al Coordinador de Relaciones Laborales, abogado Natán Leonardo Banegas para determinar las causas y responsabilidades del apoderado del INJUPEMP ahora demandante, en tal sentido y dándole cumplimiento a dichas instrucciones citó al demandante para que compareciera en fecha 3 de mayo del 2012, a las 9:00 a.m., a la audiencia de descargos respectiva, con el propósito de desvirtuar los hechos que se le imputaban y al no desvirtuarlos, el Director Ejecutivo del INJUPEMP resolvió notificar al demandante, mediante nota de fecha 4 de mayo del 2012, su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad para el INJUPEMP, expresando como causa o motivo que en fecha 24 de enero del 2012, fue declarado en REBELDIA, por parte de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, al no haberse personado en tiempo a contestar los agravios correspondientes en dicha instancia, lo anterior implica la violación de disposiciones legales y reglamentarias. Que es evidente que dicho despido se encuentra enmarcado en lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo y en ningún momento se esta alegando válidamente causales o motivos distintos, a los que se señalan en la nota de despido y demás documentación de soporte que amparan y sustentan dicha nota de despido.-

3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a reintegrar a su puesto de trabajo al demandante por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; sin costas; bajo el criterio que el patrono no acreditó haber notificado una de las causales taxativas para la terminación del contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, así como tampoco acreditóo que la falta descrita en la notificación de terminación revistiese la gravedad requerida para la aplicación de la máxima sanción, por lo que procede declarar con lugar la presente demanda.-

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, dictó sentencia confirmando la dictada por el A-Quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada en ningún momento pudo acreditar la supuesta falta grave que se dice fue cometida por el trabajador demandante, además de la prescripción de la acción.-

5.- Que mediante auto de fecha veinte de junio del dos mil trece, éste Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de febrero del dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.-

6.- Que en fecha catorce de agosto del dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, de generales y condición ya expresados, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, eéste Alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, en su condición de representante procesal del señor FREDY MAURICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, contestando el recurso de casación.-

7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.-

II. Que el abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en el primer motivo, alega: “Acuso a la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo segundo, literales a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 863 del mismo ordenamiento jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el articulo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA. El artículo 863 del Código del trabajo establece que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescribe en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria. Se trata entonces de un derecho cuya acción prescribe en un (1) mes contados desde la fecha que fueron conocidos los hechos a la fecha en que se dio por terminado el contrato de trabajo con justa causa, en este caso no había transcurrido más de un mes. Ajeno a cualquier discusión fáctica se halla demostrado en el proceso que el despido se produjo el 4 de mayo del 2012 y se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar al mismo el 26 de abril del 2012, o sea, que entre la fecha del conocimiento de los hechos y la terminación del contrato solo habían transcurrido 9 días. Se concluye entonces que el juzgador de segundo grado desconoció olímpicamente el contenido del artículo 863 del Código del Trabajo, incurriendo, así en una típica infracción directa de la norma sustantiva invocada. Con el proceder del tribunal recurrido se afectaron los derechos de la institución demandada, como que el desconocimiento del referido artículo 863 lo condujo a ser una condena de reintegro más el pago de los salarios que hubiere dejado de percibir desde la fecha del despido, hasta que se cumpla con la reinstalación, cuando lo correcto era, ya que no se acreditó la prescripción de la acción tomando como base el plazo de un mes para dar por terminado el contrato desde la fecha que fueron conocidos los hechos tal como sucedió en el presente caso, en consecuencia debió haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y luego revocar la sentencia de primera instancia, absolviendo de toda responsabilidad laboral a la institución demandada. Para fundamentar este cargo he tenido en cuenta dos elementos básicos: a) La fecha de despido 4 de mayo del 2012 y b) La fecha desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria 26 de abril del 2012. Estos dos elementos, con total independencia de si el despido fue justificado, por lo que procede se case la sentencia recurrida.”.-

III.- Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expedientes S.L.159-12, 264-12, 327-12, 703-12) y siendo que en el presente caso la legalidad o no del despido del demandante fue objeto de la controversia y del material probatorio, no resultaba viable el ataque al fallo por esa vía; b) los literales a) y b) del artículo 113 del Código del Trabajo, determinan las opciones que puede elegir el trabajador en el caso de un despido injustificado, siendo necesario su precisión de una de ellas en el cargo y no formularlas en forma simultánea; y, c) en su explicación se concreta a señalar la violación del artículo 863 del Código del Trabajo, que es la norma que se indica en relación, omitiendo referirse a la expuesta como violada.-

IV.- Que el Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en forma indirecta, por aplicación indebida, del artículo 113 interpretado párrafo segundo literales a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 863 del mismo ordenamiento jurídico, violación a la cual se llegó por errores de hecho en la apreciación de las pruebas visibles a folios 35, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 120, 121 y 122 de la primera pieza de los autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación indirecta de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBAS APRECIADAS DE MANERA ERRONEA. Las pruebas mal apreciadas y que singularizo en este acto son las siguientes: 1) Prueba documental consistente en el original de la nota de despido de fecha 4 de mayo del 2012, que corre a folio 35 de la primera pieza de los autos, en donde se establecen las causas o faltas graves cometidas por el demandante Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, que dieron lugar para la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad del patrono. 2) Prueba documental consistente en la certificación de la sentencia interlocutoria de fecha 8 de marzo del 2012, que corre a folios 67, 68, 69 y 70 de la primera pieza de los autos, que en su parte resolutiva falla declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO en su condición de apoderado legal del señor PLUTARCO CASTELLANOS DELGADO, y consecuentemente revoca el auto de fecha 8 de junio del 2011 dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, mediante el cual se daba la oportunidad para lograr un acuerdo administrativo conciliatorio, que fuese equitativo, justo y apegado a derecho con respecto a la jubilación o pretensiones del Dr. Castellanos. 3) Prueba documental consistente en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial de fecha 15 de diciembre del 2005 en la demanda de anulación de un acto administrativo, la cual se registra bajo el número 120-04 promovida por el señor PLUTARCO CASTELLANOS DELGADO contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), que corre a folios 85 y 86 de la primera pieza de los autos, con la cual se acredita de que juicio se trata, el promovido por el Dr. PLUTARCO CASTELLANOS contra el INJUPEMP. 4) Prueba documental consistente en el acta de descargos CRL-335-2012 de fecha 3 de mayo del 2012, que corre a folios 87, 88 y 89 de la primera pieza de los autos, en donde consta que el demandante FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ no desvirtuó los hechos que se le imputaban. 5) Prueba documental correspondiente al acta de fecha 26 de abril del 2012, que corre a folios 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la primera pieza de los autos, con la que se prueba que el patrono tuvo conocimiento hasta esa fecha de la falta grave cometida por el Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ en franca violación a sus obligaciones como apoderado de INJUPEMP en el caso relacionado del Dr. PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS en la demanda que este promoviera contra INJUPEMP ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, según expediente número 120-04 en relación con el proceso de ejecución de la sentencia definitiva, en donde el demandante no se personó en tiempo y forma para contestar agravios en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CROSBY AGÜERO contra el auto de fecha 8 de junio del 2011 dictado por el A-quo mediante el cual daba la oportunidad a que por medio de una negociación entre el Dr. Castellanos y el INJUPEMP, llegaran a una liquidación justa y equitativa, respetando los parámetros legales y mediante un estudio actuarial para de esa forma evitar perjuicios económicos. 6) Prueba reconocimiento judicial admitida a la parte demandada que corre a folios 120, 121 y 122 de la primera pieza de los autos, mediante la cual se constató y se acreditó la falta grave cometida por el demandante en franca violación a sus obligaciones como apoderado de INJUPEMP en el proceso de ejecución de la sentencia definitiva dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este Sección Judicial. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA. El error de hecho consistió: Por parte de la Corte recurrida en dar por no probado un hecho que si está demostrado en el proceso. El artículo 863 del Código del Trabajo establece: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria”. La sentencia impugnada dictada por la Corte recurrida declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado de la parte demandada, confirmando la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 9 de enero del año 2013, que declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo promovida por el Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- En la sentencia impugnada la Corte recurrida considera que claramente se establece en la nota que obra a folio 35 de los autos, la terminación de la relación del contrato laboral, existe con toda claridad, la prescripción de la acción, tomando como base el plazo de un (1) mes para dar por terminado el mencionado contrato desde que se dio causa para dicha terminación situación ocurrida el día 24 de enero del año 2012 hasta el 3 de mayo del mismo año, procede a una audiencia de descargo, el despido hasta el 4 de mayo del 2012 por lo que transcurrió más de tres (3) meses, y siendo así el despido se notificó fuera del tiempo reglamentario que establece la ley conforme al artículo 863 del Código del Trabajo. Luego considera: “Con los medios de pruebas propuestos por las partes y en especial los propuestos por la parte demandada, en ningún momento pudo acreditar la supuesta falta grave que se dice fue cometida por el trabajador y ahora demandante, además de la prescripción de la acción.” Como se aprecia, la Corte recurrida sentó la base de que el término de prescripción del derecho de la acción para dar por terminado el contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo había prescrito a la fecha del despido 4 de mayo del 2012 ya que la falta cometida por el demandante fue el 24 de enero del 2012.- Y a esta conclusión llego por un simple pero equivocado razonamiento: Darle a esos documentos auténticos un valor que no tienen, una fuerza que la ley laboral no le amerita. Hubo una errónea apreciación de la prueba pues le dio un alcance del que carece.- De acuerdo a la prueba singularizada el patrono tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la terminación del contrato el 26 de abril del 2012, a la fecha del despido el 4 de mayo del 2012, por la falta grave cometida por el demandante al violar sus obligaciones, solo habían transcurrido nueve (9) días por lo que se estaba dentro del término que la ley señala para tomar esa determinación.- La Corte recurrida al haber apreciado erróneamente la prueba antes singularizada la llevó a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y confirmar la sentencia dictada por el A-quo, por lo que la llevó a dar por no probado un hecho que si está demostrado en el proceso en base a la prueba antes singularizada las cuales están íntimamente relacionadas con la nota de despido, en relación a las demás pruebas en su conjunto, que la llevó a dictar el fallo impugnado.- Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto, formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, Reglas Procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en el error de hecho por su apreciación errónea, contrario sensu de haber apreciado correctamente la prueba antes singularizada la Corte recurrida hubiese llegado al convencimiento de que la sentencia definitiva dictada por el A-quo que conoció vía recurso de apelación debió revocarla por no encontrarse con arreglo a derecho y absolver de toda responsabilidad laboral al INJUPEMP, por lo que procede se case la sentencia por el presente motivo.”.-

V.- Como en el anterior cargo, este motivo adolece de los defectos siguientes: a) los literales a) y b) del párrafo segundo del artículo 113 del Código del Trabajo, se refieren a dos situaciones jurídicas distintas, que no debieron ser invocadas como infringidas simultáneamente; b) el error de hecho en casación solo procede en los casos de equivocaciones evidentes o manifiestas del Juzgador, por lo que en situaciones de extremos dudosos, los Tribunales tienen la libertad de decidir por aquel que estimen mejor acreditado en el proceso; y, c) que la prescripción del despido, no es el único argumento por el cual el juzgador estimare la ilegalidad de tal decisión, ya que conforme su criterio aparecen advertidas otras situaciones que lo determinan, como es el caso de la proporcionalidad de la falta con relación a la sanción impuesta y que la demandada no acreditó que esa falta revistiese la gravedad requerida para la aplicación de esa sanción.-

VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 293-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Martínez

Paz Haslam

Arita

FORMALIZACION DEL RECURSO

“DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION En el presente caso me propongo con el recurso de casación, desquiciar la sentencia impugnada en FORMA TOTAL que en su parte resolutiva reforma la sentencia de primera instancia, sentencia que a la letra dice: “POR TANTO, esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los Artículos 129, 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley y Organización de los Tribunales; 47, 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los Artículos 22, 183, 184, 185, 191, 200, 206, 207, 208, 690, 705, 706 numeral 2), y 707 del Código Procesal Civil.- FALLA: I. Declarando SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, actuando en condición de Apoderado Apelante. II. CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo, de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve de enero del año dos mil trece, agregada a folios 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 y 206 de la primera pieza de autos. II. SIN COSTAS en esta instancia.- MANDA: Que en esta fecha se tenga por notificada en estrados de esta sentencia a los Apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado CANALES MEJIA.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firmando para constancia los Señores Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe” EN PRIMER LUGAR SOLICITO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA, EN LA PARTE RESOLUTIVA ANTERIORMENTE TRANSCRITA ANULANDOLA TOTALMENTE. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: QUE CASADA ESTA LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ACTO SEGUIDO Y EN SEDE DE INSTANCIA LA SUSTITUYA POR LA QUE EN DERECHO CORRESPONDE DECLARANDO EN LA MISMA LO SIGUIENTE: “POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 134, 135, 303, 304, 313 Atribución 5) y 316 reformado de La Constitución de La República, 1 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 97 numerales 1, 2, y 13, 112 literales j) y 1), 664, 665, 666 literal c), 765, 769, 777, 778 y 858 del Codigo del Trabajo.- FALLA: PRIMERO: Casar totalmente la sentencia impugnada de que se ha hecho mérito, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 21 de febrero del año 2013 y en consecuencia.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, de generales expresadas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado legalmente por el señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ también de generales expresadas, en cuanto al reintegro del señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo se cumpla con la reinstalación a su puesto de trabajo.- TERCERO: ABSOLVER.- Al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Representante Legal señor ANDRES TORRES RODRIGUEZ, a la reinstalación solicitada por el señor FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ a su puesto de trabajo que desempeñaba como Jefe de la División Legal en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido y el pago de los salarios dejados de percibir.- CUARTO: CON COSTAS.” EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 113 interpretado párrafo segundo, literales a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 863 del mismo ordenamiento jurídico. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casacion esta comprendido en e articulo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA El artículo 863 del Código del trabajo establece que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescribe en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria. Se trata entonces de un derecho cuya acción prescribe en un (1) mes contados desde la fecha que fueron conocidos los hechos a la fecha en que se dio por terminado el contrato de trabajo con justa causa, en este caso no había transcurrido más de un mes. Ajeno a cualquier discusión fáctica se halla demostrado en el proceso que el despido se produjo el 4 de mayo del 2012 y se tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar al mismo el 26 de abril del 2012, o sea, que entre la fecha del conocimiento de los hechos y la terminación del contrato solo habían transcurrido 9 días. Se concluye entonces que el juzgador de segundo grado desconoció olímpicamente el contenido del artículo 863 del Código del Trabajo, incurriendo, así en una típica infracción directa de la norma sustantiva invocada. Con el proceder del tribunal recurrido se afectaron los derechos de la institución demandada, como que el desconocimiento del referido artículo 863 lo condujo a ser una condena de reintegro más el pago de los salarios que hubiere dejado de percibir desde la fecha del despido, hasta que se cumpla con la reinstalación, cuando lo correcto era, ya que no se acreditó la prescripción de la acción tomando como base el plazo de un mes para dar por terminado el contrato desde la fecha que fueron conocidos los hechos tal como sucedió en el presente caso, en consecuencia debió haber declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y luego revocar la sentencia de primera instancia, absolviendo de toda responsabilidad laboral a la institución demandada. Para fundamentar este cargo he tenido en cuenta dos elementos básicos: a) La fecha de despido 4 de mayo del 2012 y b) La fecha desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria 26 de abril del 2012. Estos dos elementos, con total independencia de si el despido fue justificado, por lo que procede se case la sentencia recurrida. SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, en forma indirecta, por aplicación indebida, del artículo 113 interpretado párrafo segundo literales a) y b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 863 del mismo ordenamiento jurídico, violación a la cual se llegó por errores de hecho en la apreciación de las pruebas visibles a folios 35, 67, 68, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 120, 121 y 122 de la primera pieza de los autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación indirecta de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBAS APRECIADAS DE MANERA ERRONEA Las pruebas mal apreciadas y que singularizo en este acto son las siguientes: 1) Prueba documental consistente en el original de la nota de despido de fecha 4 de mayo del 2012, que corre a folio 35 de la primera pieza de los autos, en donde se establecen las causas o faltas graves cometidas por el demandante Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, que dieron lugar para la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad del patrono. 2) Prueba documental consistente en la certificación de la sentencia interlocutoria de fecha 8 de marzo del 2012, que corre a folios 67, 68, 69 y 70 de la primera pieza de los autos, que en su parte resolutiva falla declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO en su condición de apoderado legal del señor PLUTARCO CASTELLANOS DELGADO, y consecuentemente revoca el auto de fecha 8 de junio del 2011 dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, mediante el cual se daba la oportunidad para lograr un acuerdo administrativo conciliatorio, que fuese equitativo, justo y apegado a derecho con respecto a la jubilación o pretensiones del Dr. Castellanos. 3) Prueba documental consistente en la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial de fecha 15 de diciembre del 2005 en la demanda de anulación de un acto administrativo, la cual se registra bajo el número 120-04 promovida por el señor PLUTARCO CASTELLANOS DELGADO contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), que corre a folios 85 y 86 de la primera pieza de los autos, con la cual se acredita de que juicio se trata, el promovido por el Dr PLUTARCO CASTELLANOS contra el INJUPEMP. 4) Prueba documental consistente en el acta de descargos CRL-335-2012 de fecha 3 de mayo del 2012, que corre a folios 87, 88 y 89 de la primera pieza de los autos, en donde consta que el demandante FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ no desvirtuó los hechos que se le imputaban. 5) Prueba documental correspondiente al acta de fecha 26 de abril del 2012, que corre a folios 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la primera pieza de los autos, con la que se prueba que el patrono tuvo conocimiento hasta esa fecha de la falta grave cometida por el Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ en franca violación a sus obligaciones como apoderado de INJUPEMP en el caso relacionado del Dr. PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS en la demanda que este promoviera contra INJUPEMP ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, según expediente número 120-04 en relación con el proceso de ejecución de la sentencia definitiva, en donde el demandante no se personó en tiempo y forma para contestar agravios en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CROSBY AGÜERO contra el auto de fecha 8 de junio del 2011 dictado por el A-quo mediante el cual daba la oportunidad a que por medio de una negociación entre el Dr. Castellanos y el INJUPEMP, llegaran a una liquidación justa y equitativa, respetando los parámetros legales y mediante un estudio actuarial para de esa forma evitar perjuicios económicos. 6) Prueba reconocimiento judicial admitida a la parte demandada que corre a folios 120, 121 y 122 de la primera pieza de los autos, mediante la cual se constató y se acreditó la falta grave cometida por el demandante en franca violación a sus obligaciones como apoderado de INJUPEMP en el proceso de ejecución de la sentencia definitiva dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este Sección Judicial. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA El error de hecho consistió: Por parte de la Corte recurrida en dar por no probado un hecho que si está demostrado en el proceso. El artículo 863 del Código del Trabajo establece: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria”. La sentencia impugnada dictada por la Corte recurrida declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado de la parte demandada, confirmando la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 9 de enero del año 2013, que declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo promovida por el Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- En la sentencia impugnada la Corte recurrida considera que claramente se establece en la nota que obra a folio 35 de los autos, la terminación de la relación del contrato laboral, existe con toda claridad, la prescripción de la acción, tomando como base el plazo de un (1) mes para dar por terminado el mencionado contrato desde que se dio causa para dicha terminación situación ocurrida el día 24 de enero del año 2012 hasta el 3 de mayo del mismo año, procede a una audiencia de descargo, el despido hasta el 4 de mayo del 2012 por lo que transcurrió más de tres (3) meses, y siendo así el despido se notificó fuera del tiempo reglamentario que establece la ley conforme al artículo 863 del Código del Trabajo. Luego considera: “Con los medios de pruebas propuestos por las partes y en especial los propuestos por la parte demandada, en ningún momento pudo acreditar la supuesta falta grave que se dice fue cometida por el trabajador y ahora demandante, además de la prescripción de la acción.” Como se aprecia, la Corte recurrida sentó la base de que el término de prescripción del derecho de la acción para dar por terminado el contrato de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo había prescrito a la fecha del despido 4 de mayo del 2012 ya que la falta cometida por el demandante fue el 24 de enero del 2012.- Y a esta conclusión llego por un simple pero equivocado razonamiento: Darle a esos documentos auténticos un valor que no tienen, una fuerza que la ley laboral no le amerita. Hubo una errónea apreciación de la prueba pues le dio un alcance del que carece.- De acuerdo a la prueba singularizada el patrono tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la terminación del contrato el 26 de abril del 2012, a la fecha del despido el 4 de mayo del 2012, por la falta grave cometida por el demandante al violar sus obligaciones, solo habían transcurrido nueve (9) días por lo que se estaba dentro del término que la ley señala para tomar esa determinación.- La Corte recurrida al haber apreciado erróneamente la prueba antes singularizada la llevó a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada y confirmar la sentencia dictada por el A-quo, por lo que la llevó a dar por no probado un hecho que si está demostrado en el proceso en base a la prueba antes singularizada las cuales están íntimamente relacionadas con la nota de despido, en relación a las demás pruebas en su conjunto, que la llevó a dictar el fallo impugnado.- Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto, formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, Reglas Procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en el error de hecho por su apreciación errónea, contrario sensu de haber apreciado correctamente la prueba antes singularizada la Corte recurrida hubiese llegado al convencimiento de que la sentencia definitiva dictada por el A-quo que conoció vía recurso de apelación debió revocarla por no encontrarse con arreglo a derecho y absolver de toda responsabilidad laboral al INJUPEMP, por lo que procede se case la sentencia por el presente motivo.”