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Sentencia CL-284-13 — Registro 3591

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, pago de los salarios adeudados de abril a agosto del 2010, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Pero es el caso que el motivo de casación antes expuesto no constituye una proposición jurídica completa en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) el Impugnante alega tres formas distintas de violar la Ley: por aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, modalidades de violación que se contraponen entre sí y que no pueden alegarse en un mismo cargo; b) la norma señalada como infringida, el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no ostenta la característica de ser sustantiva, requisito indispensable para la prosperidad del cargo; y, c) la imprecisión del tipo de violación hace que el precepto autorizante no cumpla su cometido en encuadrar el tipo de violación alegada por el Infirmante. En consecuencia es procedente desestimar este primer y único motivo de casación.- IV. Que por las razones antes expuestas procede desestimar el recurso en la pretensión que encierra el primer y único motivo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de agosto de dos mil trece, por el abogado ALLAN NAHUM ARAUJO VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, decimotercer mes en concepto de aguinaldo, decimocuarto mes en concepto de compensación social, pago de los salarios adeudados de abril a agosto del 2010, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diez, por la señora LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ, mayor de edad, soltera, pasante de la carrera de Derecho, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia, CONDENÓ al Estado de Honduras al pago de las prestaciones a favor de la demandante, de la siguiente manera: preaviso (2 meses): L.12,833.34; auxilio de cesantía (2 meses): L.12,833.33; auxilio de cesantía proporcional: (12.75 días) L.2,727.10; vacaciones año 2009-2010: L.4,277.80; decimotercer mes proporcional año 2010: L.3,254.11; decimocuarto mes año 2010: L.5,500.00; decimocuarto mes año 2010 proporcional: L.581,16; salarios adeudados del mes de abril al mes de agosto del año 2010: L.23,383.31, haciendo un total de L.65,880.15; mas el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que según las normas procesales quede firme la presente sentencia a titulo de daños y perjuicios, con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Salud Pública en el Hospital del Área de Puerto Cortés, el 1 de marzo del 2006, en el cargo de Auxiliar de Estadísticas; que en fecha 4 de agosto del 2010, se le notificó a la demandante el despido del cargo que desempeñaba, en virtud de una notificación escrita que le envió el Jefe de Recursos Humanos de dicho hospital, donde le hacían de su conocimiento que por órdenes de la Dirección del Hospital y en vista de no contar con el presupuesto necesario ya no laboraría más en el hospital, sin establecer ningún fundamento de derecho y sin ofrecerle a la demandante el pago de los salarios adeudados, derechos laborales y demás indemnizaciones legales, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, contestó dicha demanda señalando que la demandante en ningún momento fue despedida como lo arguye en su escrito de demanda, tal como se puede apreciar, simple y llanamente a la demandante se le venció el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos que tenía con el Estado de Honduras, también es necesario aclarar que para que los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos que por su naturaleza son Contratos Administrativos para su debida aprobación fueron elevados a Acuerdos Ministeriales atendiendo para ello las disposiciones contempladas en el artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública, una vez agotado el trámite administrativo; que es importante señalar que los Contratos del Poder Ejecutivo son convenciones en virtud de los cuales el Estado y persona individuales o jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir disposiciones en el pactadas, en consecuencia, siendo que la Secretaría de Salud es parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto los Contratos suscritos por esta y la ahora demandante estará sujeto al Derecho Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de mayo de dos mil once, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral condenando al Estado de Honduras al pago a favor de la demandante por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones año 2009-2010, decimotercer mes proporcional año 2010, decimocuarto mes año 2010, decimocuarto mes año 2010 proporcional, salarios adeudados del mes de abril al mes de agosto del año 2010, haciendo un total de L.65,880.15, más el pago de los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que esta plenamente probada la existencia de la relación laboral por tiempo indefinido que vinculó a la demandante con la institución demandada; que dicha relación de trabajo estuvo regida por el Código del Trabajo no existiendo evidencia alguna que prueba la existencia de acuerdo de nombramiento alguno, ni que exista partida presupuestaria a favor de la demandante en la Dirección Nacional de Presupuesto; que se constató abundantemente el despido verbal del que fue objeto la demandante mediante actas e informes levantados por el Inspector del Trabajo, el cual fue admitido por el mismo Jefe de Personal de la demandada; que la causal de despido relativa a falta de presupuesto, no es causal legal reconocida en el Código del Trabajo por lo cual dicho despido deviene en ilegal.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de abril de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que referente a la incompetencia del Tribunal alegada por el recurrente, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en el expediente registrado bajo el No. SL 425-11 emitida en fecha 22 de enero del 2013 y que corre agregada a folios 24-28 de la segunda pieza consideró que la “...competencia por razón de materia fue parte de la controversia que el a-quo había resuelto mediante sentencia interlocutoria que las partes no recurrieron y que por ende consintieron someter su litis a la competencia del Juzgado de Letras del Trabajo, por lo que se continuó con el trámite correspondiente.-” En base a lo antes expuesto, en atención a lo resuelto por el Tribunal Superior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 667 del Código del Trabajo, los argumentos del recurrente no resultan atendibles y por ello esa Alzada conoce el fondo del asunto; que en cuanto a que la accionada ha quedado en indefensión por habérsele precluído el derecho para proponer pruebas, esa Corte observó que el apoderado judicial demandado se encontraba presente en la audiencia primera de trámite, en la que el iudex aquo declaró precluído, caducado e irrevocablemente perdido el momento procesal dejado de utilizar para proponer los medios de prueba, por estimar que no los enunció en el libelo de contestación de demanda, sin que en ese momento manifestara su inconformidad sobre tal decisión, ante tales circunstancias y teniendo la oportunidad de impugnarla y no lo hizo, prestó su conformidad a la misma, y por ende, no puede existir indefensión alguna, es por ello que no resultan atendibles los argumentos del recurrente; que si bien del proceso consta la existencia de un contrato por tiempo determinado, mismo que fue incorporado al juicio sin objeción de las partes y con vigencia del 01 al 31 de marzo del año 2010, también resulta acreditado que la relación que los vinculó ya había iniciado para esa fecha, y que continuó hasta el 04 de agosto de ese año sin oposición del patrono; ante tales circunstancias y al no resultar de autos, la existencia de otros contratos u otros elementos que acrediten la necesidad o conveniencia para contratar a término, no es posible estimar la temporalidad de las labores ejecutadas por la demandante, por lo que de acuerdo al artículo 47 del Código de la materia, ésta es considerada por tiempo indefinido, y por ende, su finalización sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello.- 5.- Mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ALLAN NAHUM ARAUJO VALLADARES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha quince de agosto de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado ALLAN NAHUM ARAUJO VALLADARES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de octubre de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado MARIO CESAR MARTÍNEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado ALLAN NAHUN ARAUJO VALLADARES, formuló su primer y único motivo de casación de la siguiente manera: “Acuso la Sentencia de fecha Cinco de Abril del año Dos Mil Trece, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al articulo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al articulo2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, elevados a Acuerdos ministeriales. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación esta comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo”.- III. Pero es el caso que el motivo de casación antes expuesto no constituye una proposición jurídica completa en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) el Impugnante alega tres formas distintas de violar la Ley: por aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, modalidades de violación que se contraponen entre sí y que no pueden alegarse en un mismo cargo; b) la norma señalada como infringida, el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no ostenta la característica de ser sustantiva, requisito indispensable para la prosperidad del cargo; y, c) la imprecisión del tipo de violación hace que el precepto autorizante no cumpla su cometido en encuadrar el tipo de violación alegada por el Infirmante. En consecuencia es procedente desestimar este primer y único motivo de casación.- IV. Que por las razones antes expuestas procede desestimar el recurso en la pretensión que encierra el primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintidós de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 284-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL