Sentencia CL-259-13 — Registro 3618
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir y costas del juicio; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso, con base en las pretensiones planteadas por las partes. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez dias del mes de junio de dos mil catorce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de agosto del año dos mil trece, por el abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado de la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de febrero de dos mil once, por los señores JORGE SALGADO PAGUADA, JOSÉ FRANCISCO FUENTES y OTROS, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES, por medio de su representante legal de ese entonces, señor LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró CON LUGAR la demanda laboral, en consecuencia CONDENÓ a la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA a reintegrar a los trabajadores JORGE SALGADO PAGUADA, JOSE FRANCISCO FUENTES, GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA y JUAN RAMON CASTILLO, a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenían al momento de producirse el despido, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de sus cargos, así como también se condena al pago de los derechos de decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones causados y demás derecho y beneficios que se causen durante el juicio, asimismo declaró SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada, SIN COSTAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron su relación laboral con la demandada, así: JORGE SALGADO PAGUADA, en fecha 24 de abril del año 2008, desempeñándose en el puesto de Policía Vial; JOSE FRANCISCO FUENTES, en fecha 14 de febrero del año 2006, desempeñándose en el puesto de Policía Vial, dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo en la Comisión Vial; GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA, en fecha 12 de julio del año 2004, desempeñándose en el puesto de Albañil en Obras y Servicios, y JUAN RAMON CASTILLO, el 18 de enero del año 2000, desempeñándose en el puesto de Peón de Obras y Servicios Público. Que su patrono dio por terminado el vinculo laboral que venían sosteniendo mediante nota escrita en diferentes fechas así: JORGE SALGADO PAGUADA, en fecha 27 de abril del año 2010; JOSE FRANCISCO FUENTES, en fecha 27 de abril del año 2010; GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA, en fecha 03 se septiembre del año 2010; y JUAN RAMON CASTILLO, en fecha 03 de abril del año 2010; sin invocarles ninguna causa justa de despido, expresando únicamente que el patrono había decidido dar por terminado la relación laboral por reducción forzosa de personal.- 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTÉS, contestó dicha demanda manifestando que los demandantes y un sinnúmero de personas los días martes 27 y miércoles 28 de abril del año 2010, suspendieron ilegalmente las labores de trabajo, tomándose las instalaciones de la demandada y para tal efecto entonces se les entregó la correspondiente nota de despido ya que el acto que hicieron es ilegal y dio derecho al despido de carácter legal.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diez de enero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda laboral, en consecuencia CONDENÓ a la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, a reintegrar a los trabajadores JORGE SALGADO PAGUADA, JOSE FRANCISCO FUENTES, GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA y JUAN RAMON CASTILLO, a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenían al momento de producirse el despido, más a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir por los demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de sus cargos, así como también se condena al pago de los derechos de decimotercer mes, decimocuarto mes, vacaciones causados y demás derecho y beneficios que se causen durante el juicio, asimismo declaro SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que los demandantes fueron despedidos el 27 de abril y 03 de septiembre del año 2010, hecho aceptado por las partes y que existen certificaciones de gestiones administrativas realizadas antes y después del despido de los demandantes, las cuales tenían por objeto gestionar reclamo de varios trabajadores. Que con relación a la excepción planteada, independientemente que los trabajadores hayan hecho alguna gestión ante autoridad competente, existe un reconocimiento por parte de la demandada a reintegrar a los trabajadores según acta de reintegro levantada en fecha 30 de noviembre del año 2010, en donde el representante de la demandada reconoce el derecho de los demandantes a ser reintegrados a sus puestos de trabajo, con dicha acta a pesar que el derecho fuera prescrito por no hacer gestión el representante de la demandada al haberlo reconocido el derecho a ser reintegrada mediante el acta de reintegro, se interrumpió el término de prescripción tal como lo dispone el artículo 864 del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinte de marzo de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio que los demandantes junto con el Alcalde Municipal, suscribieron un acta en la cual se pactó el reintegro de varios trabajadores entre ellos los demandantes a sus puestos de trabajo, que ante el incumpliendo del mismo comparecieron ante el Ministerio de Trabajo realizando gestiones administrativas, mismas que se declararon cerradas el día 28 de diciembre del año 2010, de manera que con el reconocimiento de la patronal y las gestiones ante autoridad competente se interrumpió la prescripción presentando su demanda en fecha 01 de febrero del año 2011, es decir, dentro del tiempo concedido por la Ley para tal efecto.- 5.- Que mediante auto de fecha trece de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, actuando en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinte de marzo de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha doce de agosto del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, en su condición de apoderado de la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1º., CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA y en consecuencia DECLARA: SIN LUGAR la demanda laboral de primera instancia promovida por JORGE SALGADO PAGUADA, JOSE FRANCISCO FUENTES, GODOFREDO RODRIGUEZ MURCIA Y JUAN RAMON CASTILLO; contra la MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.- 2º., Absuelve de toda responsabilidad económica a LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES, con relación al reclamo de pago de preaviso y auxilio de cesantía y salarios caídos.- SIN COSTAS”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso, con base en las pretensiones planteadas por las partes. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 259-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL