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Sentencia CL-246-13 — Registro 4233

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que la patronal prueba la justa causa en que fundó un despido directo, ilegal e injusto, caso contrario sea condenada a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones hasta antes de la interrupción laboral, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la notificación del despido hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que previo a iniciar el análisis del cargo es conveniente señalar que tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la interpretación errónea de una disposición legal solo tiene lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma, con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular. A este respecto conviene observar que los doctrinarios que estudian la casación hacen de la sentencia un silogismo, en el cual la premisa mayor es la norma jurídica, la menor, la sustanciación de los hechos y la conclusión, el fallo. Al referirse a los errores que pueden cometerse en la premisa mayor se habla de la validez y la existencia en el tiempo y en espacio de la norma jurídica, que es lo que constituye la contravención expresa (error in thesi clarum), que equivale a lo que nuestra legislación denomina la errónea interpretación, que se refiere al contenido de la norma, independientemente de las circunstancias de hecho. Al respecto, el doctrinante Manuel de la Plaza nos dice:”Error sobre el significado de la norma jurídica se refiere al caso en que, a pesar de no ponerse en duda su existencia y vigencia y los principios rectores de su aplicabilidad, una falsa interpretación hace que se incida en equivocación acerca del contenido de la norma, o de la posibilidad de aplicarla a una determinada situación de hecho”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.." Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, al confirmar la sentencia del a-quo hace suyos sus pronunciamientos, advirtiendo que si se analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho dias del mes de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPADA, mayor edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, en relación a la demanda ordinaria laboral para que la patronal prueba la justa causa en que fundó un despido directo, ilegal e injusto, caso contrario sea condenada a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones hasta antes de la interrupción laboral, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la notificación del despido hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de la Ley de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha nueve de noviembre del año dos mil diez, por el abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la señora VERONICA UBERLINDA GARCIA, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, en contra de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, por medio de su Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal, señor JORGE ALBERTO NUÑEZ SOLORZANO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con residencia en la ciudad de Choluteca.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de febrero del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, que en su parte conducente dice: “FALLA:

  1. DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de para que la patronal compruebe la justa causa que fundó un despido directo ilegal e injusto caso contrario sea condenada a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones hasta la interrupción laboral, mas salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta el momento que de conformidad a las normas procésales laborales quede firme esta sentencia, promovida por la señora VERONICA UBERLINDA GARCIA, en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA CHOROTEFA LIMITADA”, 2.-) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO opuesta por la parte demandada.- 3) .- CONDENA: A la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA CHOROTEGA LIMITADA” al Reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones hasta la interrupción laboral, mas salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta el momento que de conformidad a las normas procésales laborales quede firme esta sentencia 4) CON COSTAS por no existir motivos racionales para litigar las costas procésales y personales por haber a criterio de esta juzgadora litigado sin motivos racionales suficientes.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 1 de enero de 1993, desempeñándose como Secretaria de Recuperaciones, que la parte patronal el 6 de septiembre de 2010, tomó la decisión unilateral de ponerle fin al contrato de trabajo a partir del 7 de septiembre de 2010, pero no indicó de manera clara, precisa, categórica y específica la causal o motivo de los indicados en el Código de Trabajo, que la demandada actuó de mala fe al proceder contra la demandante, solo por el hecho de haber acudido a la secretaría de seguridad social para que mediante el departamento de higiene y seguridad se le reubicara en un puesto donde no se debilitara tanto su salud, razón por la cual se tomó la determinación de despedirle con el objeto de impedir que acudiera a la autoridad competente a velar por sus derechos.- 2. La parte demandada, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, contestó dicha demanda señalando que la terminación del contrato de la demandante se produjo por reajuste de personal, fundado en el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo, reajuste de personal es una figura legal, no un procedimiento que haya creado la demandada, que reajuste de personal es consecuencia de la libre administración de una empresa y es la facultad que poseen las empresas para determinar la forma en que lograrán mejor sus objetivos para ejecutar una mejor y eficiente administración, pero este no es una simple cancelación de los contratos de trabajo, sino que implica necesariamente que se produce una reducción de personal y la supresión de sus plazas de trabajo y no una simple sustitución de trabajadores, que no se ha actuado de mala fe, sino bajo el imperio de la Ley por las circunstancias ya explicadas y la reestructuración del Departamento de Recuperaciones, trajo consigo un reajuste de personal que no es simplemente una cancelación de contratos de trabajo, sino que implicó necesariamente una reducción de personal y la supresión de plazas de trabajo e inclusive la creación de un nuevo departamento con su nueva estructura y la demandante desempeñaba uno de los cargos o puestos que desaparecieron con la nueva estructura a nivel nacional del departamento de riesgos por cada zona del país, por lo que se vio obligada a notificar a la demandante la terminación laboral, invocándole la causal correspondiente, dándole cumplimiento a artículo 95, numeral 19 del Código de Trabajo. Y en la audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Pago.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha uno de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro, declarando sin lugar la excepción perentoria de pago, condena a la demandada al reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones hasta la interrupción laboral, más salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, con costas. Criterio: que si bien es cierto el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo establece que se pueden llevar a cabo reestructuraciones, las mismas se deben llevar a cabo respetando la antigüedad e igualdad de condiciones, pero se reconoce que un proceso de esta naturaleza solo puede ser aplicado cuando ha existido conformidad entre el patrono y los trabajadores, respecto a la metodología con que se procederá a la misma, y en el presente caso se omitió llevar a cabo cualquier procedimiento para dicha reestructuración, en cuanto a la excepción se probó que la liquidación ha sido realizada por el patrono de una manera unilateral, así como el depósito realizado a la cuenta de la demandante que no se producen con el consentimiento de la trabajadora, por lo que no puede entenderse por hecho el pago o el cumplimiento que la ley señala, por carecer de las formalidades legales para considerar este como pago o cumplimiento.- 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinte de marzo del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que se encuentra acreditado que la relación de trabajo terminó según nota en la cual no le siguen el procedimiento para el despido por reestructuración administrativa, que si bien es cierto la institución demandada demostró haberle hecho depósitos a la demandante en su cuenta personal, no se probó en forma fehaciente que la demandante haya consentido expresamente ante una autoridad del trabajo las prestaciones que según liquidación unilateral la parte demandada pagó a la demandante por sus prestaciones laborales en un 100%, lo ideal es que si se prescinde de los servicios de un empleado, debe de consensuar las mismas ante el Ministerio del Trabajo como lo establece el artículo 3 del Código del Trabajo.- 5. Que mediante auto de fecha seis de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, actuando en su condición de Apoderado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, actuando en su condición de apoderado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a él conferido, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veinte de agosto del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, en su condición de apoderado de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA expone un primer motivo en la forma siguiente: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Interpretación Errónea del Artículo 95, inciso 19), del Código de Trabajo, en relación con el Artículo 113 párrafo segundo y literal b) del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo establece: “Llevar a cabo los ajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando;”. La citada norma le impone al patrono la obligación de cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo para la realización de dicho ajuste; y, a falta de contrato colectivo, el procedimiento que dicha norma establece es la obligación de respetar la antigüedad y la afiliación sindical; obviamente esto último es para el caso de que haya varios trabajadores que desempeñan un puesto cuyas plazas se cancelarán parcialmente, estando obligado el patrono a dejar en las plazas no canceladas a los trabajadores con mayor antigüedad y en igualdad de condiciones al más antiguo que esté afiliado al sindicato. Cuando el numeral 19 del artículo 95 del Código del Trabajo establece el procedimiento a seguir en casos de ajuste de personal, está reconociendo implícitamente la facultad del patrono de realizar ajustes de personal como parte de la libre administración de la empresa. La situación jurídica que se presenta en autos es el hecho de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega realizó una reestructuración de su DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES, transformándolo en un DEPARTAMENTO DE RIESGO, con la eliminación por ajuste de varios puestos de trabajo, entre los que se encontraba el puesto de AUXILIAR DE RECUPERACIONES que ocupaba la demandante y que fue eliminado totalmente. Como consecuencia de dicho ajuste la mencionada cooperativa comunicó a través de Nota de fecha 6 de septiembre de 2010 la terminación laboral a la señora VERÓNICA UBERLINDA GARCÍA y se señaló como causa la reestructuración administrativa en virtud de la cual desaparece el área de Recuperaciones del Departamento de Créditos a nivel nacional y se le reconoce la totalidad de las indemnizaciones laborales adeudadas a la fecha. La Corte Recurrida a través de la sentencia de fecha 20 de marzo de 2013 confirmó la sentencia de fecha 1 de febrero de 2013 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Nacaome, Valle, haciendo suyos los argumentos de esta sentencia, la que en su CONSIDERANDO (14) interpreta que el espíritu del artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo es que el Ajuste de Personal sólo puede ser aplicado cuando ha existido conformidad entre patrono y trabajadores mediante un Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo o un Reglamento Interno de Trabajo respecto a la metodología con que se procederá a la misma, no estando permitido al patrono hacerlo de manera antojadiza, caprichosa y/o unilateral, por lo que debe hacerse en todo momento con la participación de los trabajadores. Agregando en el CONSIDERANDO (15) que no se cumplieron los requisitos de respetar la antigüedad previo a tomar la decisión de eliminar las plazas, lo que convierte en ilegal e injusta la decisión del patrono. La correcta interpretación numeral 19) del artículo 95 del Código del Trabajo es que la ley reconoce la facultad del patrono de realizar ajuste de personal, para lo cual le impone la obligación de cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo para la realización de dicho ajuste; y, a falta de contrato colectivo, el procedimiento que dicha norma establece es la obligación de respetar la antigüedad y la afiliación sindical; obviamente esto último es para el caso de que haya varios trabajadores que desempeñan un puesto cuyas plazas se cancelarán parcialmente, estando obligado el patrono a dejar en las plazas no canceladas a los trabajadores con mayor antigüedad y en igualdad de condiciones al más antiguo que esté afiliado al sindicato, pero en ningún momento establece la obligación de realizar los ajustes de personal con la participación o acuerdo de los trabajadores, ni que haya que acordar el procedimiento de ajuste e personal en un contrato colectivo o en un Reglamento Interno de Trabajo. En efecto, la misma norma señala lo que hay que hacer a falta de contrato colectivo, con lo que se deduce que no es necesaria la existencia de contratación colectiva y nunca menciona Reglamento Interno de Trabajo. La Corte Sentenciadora en la sentencia recurrida interpreta erróneamente esta norma legal, pues crea procedimientos que la ley no establece como el acuerdo de los trabajadores para realizar ajustes de personal con lo que entiende equivocadamente que el numeral 19) del artículo 95 del Código del Trabajo exige un procedimiento para que el patrono pueda realizar ajuste de personal por reestructuración de la empresa. De haber interpretado la norma correctamente la Corte Sentenciadora habría llegado a la conclusión de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega realizó una reestructuración del DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES que llevó a la eliminación completa y definitiva del puesto de AUXILIAR DE RECUPERACIONES que ocupaba la demandante, cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece y hubiera declarado sin lugar la demanda, por lo que procede se case la sentencia por este motivo.”.- III. Que previo a iniciar el análisis del cargo es conveniente señalar que tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la interpretación errónea de una disposición legal solo tiene lugar cuando el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma, con prescindencia de la cuestión de hecho que se trata de regular. A este respecto conviene observar que los doctrinarios que estudian la casación hacen de la sentencia un silogismo, en el cual la premisa mayor es la norma jurídica, la menor, la sustanciación de los hechos y la conclusión, el fallo. Al referirse a los errores que pueden cometerse en la premisa mayor se habla de la validez y la existencia en el tiempo y en espacio de la norma jurídica, que es lo que constituye la contravención expresa (error in thesi clarum), que equivale a lo que nuestra legislación denomina la errónea interpretación, que se refiere al contenido de la norma, independientemente de las circunstancias de hecho. Al respecto, el doctrinante Manuel de la Plaza nos dice:”Error sobre el significado de la norma jurídica se refiere al caso en que, a pesar de no ponerse en duda su existencia y vigencia y los principios rectores de su aplicabilidad, una falsa interpretación hace que se incida en equivocación acerca del contenido de la norma, o de la posibilidad de aplicarla a una determinada situación de hecho”.- IV. En el sub-júdice el juzgador ad-quem al confirmar la sentencia de primera instancia, ratificó tanto la aplicación como la interpretación del Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo efectuada por el ad-quo, tal como lo desarrolla en el CONSIDERANDO (14) (folio 211 vuelto de la sentencia de primera instancia) en cuanto a que si bien es cierto que el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo establece como una de las obligaciones del patrono “llevar a cabo los reajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas, respetarán los derechos de antigüedad y en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando”, no es menor cierto que el espíritu mismo de la ley reconoce que en un proceso de esta naturaleza no le está permitido al patrono hacerlo de manera antojadiza, caprichosa o unilateral, considerando que es una decisión que necesariamente tendrá efectos en las relaciones de trabajo existentes y por lo tanto debe hacerse con la participación de los trabajadores por implicar para ellos consecuencias negativas. Asimismo, en el CONSIDERANDO (15) (folios 211 vuelto y 212) cuando dispone que el Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo establece el procedimiento legal para la aplicación del reajuste de personal, obligando al patrono a realizar un profundo examen del elemento humano que podría verse afectado por una decisión de este tipo, procediéndose en su caso a hacer las consideraciones en cuanto a la antigüedad de los trabajadores previo a tomar una decisión respecto a que plazas deben eliminarse, agregando que “La omisión de esta formalidad vuelve ilegal e injusta la decisión del patrono, en cuanto no ha acreditado en autos que se haya procedido en la forma indicada…” enmarcándose el sentenciador en el verdadero espíritu de la norma, no así el recurrente que cuando explica las razones por las cuales estima que el juzgador interpretó de forma errónea el artículo 95 numeral 19) del Código de Trabajo, lo hace efectuando sus propias consideraciones, excediéndose en el alcance y contenido de dicha disposición, pretendiendo limitarla como una obligación patronal aplicable solo en determinados casos, cuando la precitada norma no realiza ninguna distinción.- V. Por otra parte, este Tribunal ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una reestructuración administrativa dentro de la Empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo Impetrante (Artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo) y en este caso particular, a falta de contrato colectivo que regulara este tipo de situaciones, se debió tomar en consideración la antigüedad de la trabajadora demandante en relación con el resto del personal y con la medida de cambio de denominación y funcionamiento del área de recuperaciones del Departamento de Crédito de la demandada, aspecto que no aparece acreditado en el proceso.- VI. Que el Recurrente en el segundo motivo esgrime: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Indirecta del artículo 95 inciso 19) del Código del Trabajo en relación con los artículos 116 literal e) y 120 párrafo primero y literal c) del mismo código, infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba. PRUEBA APRECIADA EN FORMA ERRONEA. Las pruebas apreciadas en forma errónea y que singularizo en este actoson: 1) Nota de Despido de fecha 6 de septiembre de 2010 donde se le comunica la terminación laboral a la señora VERÓNICA UBERLINDA GARCÍA y se señala como causa la reestructuración administrativa en virtud de la cual desaparece el área de Recuperaciones del Departamento de Créditos a nivel nacional y se le reconoce la totalidad de las indemnizaciones laborales adeudadas a la fecha. 2) Carta de fecha 6 de abril de 2010 que corre agregada a los autos a ver folios 95 a 96 de la primera pieza de autos, donde el Secretario de la Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada, OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ, notifica al Gerente General de la Cooperativa, Licenciado JOSÉ ADONIS LAVAIRE, los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 5 de abril del año 2010 y en el primer punto de dicha acta se acuerda “aprobar una estrategia de recuperación de préstamos por lo que se instruye al Gerente General aplicar los mismos”; 3) Memorando de fecha 28 de junio del año 2010 firmado por la Licenciada KARINA RODRÍGUEZ, dirigido a la Junta Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada, donde se le hace una presentación del proyecto de DEPARTAMENTO DE RIESGO, que sustituye la anterior DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES, estableciendo una nueva estructura Formal del Riesgo con una nueva organización de puestos, en donde no está contemplado el puesto de AUXILIAR DE RECUPERACIONES que ocupaba la demandante VERONICA UBERLINDA GARCÍA; memorando que viene junto con sus anexos que establecen las cifras actuales (antes de la restructuración), diagnósticos, objetivos, la nueva Estructura Nacional del Riesgo propuesta que establece los puestos en los que solamente se contemplan los de: OFICIAL DEL RIESGO, CALL CENTER, AUXILIAR DEL RIESGO, APODERADOS LEGALES, ABOGADOS/COBRANZA EXTRAJUDICIAL y GESTORES DE COBRO EXTERNOS. Documento que corre agregado a la primera pieza de los autos del folio 80 al 96. 4) Nota de fecha 14 de enero de 2011 y sus anexos dirigida al Licenciado JOSÉ ADONIS LAVAIRE, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada, donde se presentan los resultados obtenidos desde la implementación y funcionamiento del DEPARTAMENTO DE RIESGOS, que sustituyó al Departamento de Recuperaciones originando su reestructuración, documentos que demuestran la reducción de un 7.59% de los montos en mora de la cartera de la cooperativa en 7 meses desde la implementación de la nueva estructura con el DEPARTAMENTO DE RIESGO que sustituyó al DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES. Documentación que corren agregados a folios 63 al 75 de la primera pieza de autos. 5) Inspección propuesta por la parte demandante y evacuada a folios 191 de la Primera Pieza de los autos, practicada mediante Exhorto al Juzgado de Letras del trabajo del Departamento de francisco Morazán, se acreditó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chorotega Limitada no tiene Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo faculta al patrono a realizar reajustes de personal cuando establece: “Llevar a cabo los ajustes de acuerdo a las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de éstas respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando;”. En el caso del personal ajustado es evidente que se encuentra dentro de lo establecido en el párrafo primero del artículo 120 del Código del Trabajo en relación con la conclusión del contrato de trabajo por otra causa ajena a la voluntad del trabajador, por lo que le corresponde el auxilio de cesantía. Cuando el patrono realiza un ajuste de personal, el numeral 19) del artículo 95 del Código del Trabajo le impone la obligación de cumplir con las estipulaciones del contrato colectivo para la realización de dicho ajuste; y, a falta de contrato colectivo, el procedimiento que dicha norma establece es la obligación de respetar la antigüedad y la afiliación sindical; obviamente esto último es para el caso de que haya varios trabajadores que desempeñan un puesto cuyas plazas se cancelarán parcialmente, estando obligado el patrono a dejar en las plazas no canceladas a los trabajadores con mayor antigüedad y en igualdad de condiciones al más antiguo que esté afiliado al sindicato. La facultad del patrono de realizar ajustes de personal como parte de la libre administración de la empresa, es una facultad que la ley reconoce, pero respetando los procedimientos señalados. Con la inspección singularizada se acreditó que no existe contrato colectivo en la cooperativa que represento; y con la prueba singularizada consistente en la Carta de fecha 6 de abril de 2010 donde el Secretario de la Junta Directiva de la Cooperativa notifica al Gerente General de la misma la autorización para la “nueva estrategia para la recuperación de préstamos”; el Memorando de fecha 28 de junio del año 2010 donde la Licenciada Karina Rodríguez presenta el nuevo DEPARTAMENTO DE RIESGO que sustituye al anterior DEPARTAMENTO DE RECUPERACIONES y donde no se contempla la plaza de AUXILIAR DE RECUPERACIONES, así como las resultados de la implementación del nuevo DEPARTAMENTO DE RIESGO que mejoró los resultados de la mora de la cooperativa, se demostró de manera evidente y notoria tanto la existencia de la Reestructuración dentro de la Cooperativa, que trajo como consecuencia el Ajuste por la desaparición del puesto de AUXILIAR DE RECUPERACIONES donde laboraba la demandante, como la desaparición definitiva y permanente del puesto mencionado. La Corte de Apelaciones recurrida apreció de manera errónea la prueba singularizada y no la relacionó con el resto de la prueba, lo que la llevó a establecer que no se había acreditado la causa justa de terminación del contrato de trabajo, cuando las pruebas singularizadas en su conjunto demuestran de manera evidente la reestructuración que llevó ajuste de personal. La apreciación errónea de la prueba llevó a la Corte Sentenciadora al caer en el error de hecho en la apreciación de las mismas y de manera indirecta a la violación de las normas sustantivas antes señaladas, por lo que procede se case la sentencia recurrida.”.- VII.- Que en cuanto a la modalidad de violación a la ley citada por el recurrente en este segundo motivo: “infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba”, para efectuar el análisis sobre la procedencia o improcedencia del cargo resulta conveniente partir de la definición de error de hecho, como una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- VIII. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, al confirmar la sentencia del a-quo hace suyos sus pronunciamientos, advirtiendo que si se analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.- IX. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice, puesto que el juzgador valoró la prueba en su conjunto, arribando a la conclusión de la procedencia de la demanda al estimarse que en el reajuste de personal no se observó la normativa aplicable.- X.- Que se ha solicitado nulidad subsidiaria bajo la siguiente exposición: “Honorable Corte suprema de justicia, conforme al artículo 711 de Código del Trabajo y al 79.1 del Código Procesal Civil, la intervención de abogado habilitado legalmente para ejercer es obligatoria en los juicios, para lo cual las partes deberán otorgar el correspondiente poder o mandato para ser representadas, estableciéndose en el artículo 81 del Código Procesal Civil los modos de otorgar el poder, artículo que establece en sus tres primeros numerales igual número de formas diferentes de otorgar el poder, a saber: 1. Ante el Juez o tribunal, mediante comparecencia ante el Secretario al mismo tiempo que el primer escrito (demanda); 2. Mediante Escritura pública; o, 3. Por escrito al mismo tiempo que la presentación del primer escrito (demanda). En el caso que nos ocupa, se puede observar a folios del 1 al 12 de la primera Pieza de los autos que en fecha 9 de noviembre de 2010, el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO comparece presentando el escrito de demanda junto con los anexos o documentos que acompañó a la misma y en la demanda afirma que actúa en su condición de apoderado de la señora VERÓNICA UBERLINDA GARCÍA, pero sin acompañar ningún poder que acredite la representación que manifiesta poseer. A folio 13 de los mismos autos aparece con la misma fecha 9 de noviembre de 2010, un escrito en forma de comparecencia donde se lee que la señora VERÓNICA UBELINDA GARCÍA confiere poder al abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, y aunque se lee que es ante la Juez de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de Ley y al final se lee que el Secretario del Despacho da fe, NO APARECE NINGUNA FIRMA NI DE LA JUEZ NI DEL SECRETARIO. Honorable corte Suprema de Justicia, tampoco aparece en el expediente que haya habido resolución del mencionado juzgado en la que se tiene por conferido el poder a algún profesional del derecho. El Juzgado mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2010, admite la demanda y, luego de ordenar la citación y emplazamiento del demandado así como la habilitación de días y horas inhábiles, resuelve: “Tienese al compareciente con el carácter con que actúa con las facultades a él conferidas.” Como si el compareciente, Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, hubiere comparecido con Escritura Pública de Poder o constara en autos que se le hubiera tenido como apoderado de la señora VERÓNICA UBERLINDA GARCÍA. Es evidente que el escrito que corre a folios 13 de la primera pieza de los autos no puede ser tenido como el acto donde la señora VERÓNICA UBERLINDA GARCÍA otorga poder al Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO porque no es una comparecencia realizada ante la Juez ni ante el Secretario ya que no aparece la firma de ninguno de ellos, ni mucho menos una resolución en la que se tenga por otorgado dicho poder. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que al no haberse otorgado poder al abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO a través de alguno de los modos que establece el artículo 81 del Código Procesal Civil, el juicio se ha tramitado en evidente violación de las normas de derecho público contenidas en el Código mencionado que rigen la materia y sin que una de las partes tenga una representación de profesional del derecho por lo que procede se declare la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda.- XI. En cuanto a los argumentos antes esgrimidos, del proceso se desprende que la situación alegada por el solicitante ocurrió en primera instancia al momento de la admisión de la demanda de mérito, circunstancia que no fue expuesta ni alegada en el momento procesal oportuno, convirtiéndose por ende en un acto consentido y convalido y por ello cabe desestimar tal pretensión de nulidad subsidiaria.- XII. Que por las razones antes expuestas resulta inestimable el recurso de casación de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos expuestos y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 246-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL