Sentencia CL-245-13 — Registro 3616
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) alega error de derecho de la prueba singularizada, lo cual no resulta estimable, ya que solo habrá lugar a éste, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta una determinada solemnidad para la validez del acto y también cuando se deje de apreciar una prueba de esa naturaleza, siendo el caso de hacerlo, lo cual no ha sido lo alegado y atribuido por el Impetrante a la prueba atacada del fallo impugnado; b) dentro de la prueba singularizada señala la testifical, la cual no es reglada, por lo tanto es improcedente su ataque en este recurso extraordinario; y, c) dentro de las normas que cita como violadas hace referencia al artículo 113 del Código de Trabajo, sin embargo dicha disposición contiene varios párrafos y literales que debió indicar con la suficiente claridad a cual de ellos dirige su ataque, ya que este Tribunal tiene vedada la subsanación oficiosa; razones que hacen inadmisible este motivo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez dias del mes de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de agosto del dos mil trece, por el abogado NICOLAS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Yoro, Departamento de Yoro, actuando en su condición de apoderado de la asociación denominada MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO), en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha dos de marzo del dos mil once, por la señora MARTHA ILIANA HERNANDEZ GODOY, mayor de edad, soltera, Médico, hondureña y con domicilio en Yoro, Departamento de Yoro, contra la asociación denominada MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO), por medio de su Presidente, señor DELVIN LEONARDO SALGADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diecisiete de octubre del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, misma que falló: “FALLA: PRIMERO: Declarando con lugar la demanda ordinaria laboral presentada por la trabajadora MARTHA ILIANA HERNANDEZ GODOY de generales conocidas reclamando el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido sin justa causa mas las costas contra la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO) representada por la señora MARYN ISABEL GONZALEZFIGUEROA, en su calidad de Presidenta también de generales conocidas. SEGUNDO: Condena a la parte demandada MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRFAC-YORO) representada por la señora MARYIN ISABEL GONZALEZ FIGUEROA en su calidad de Presidenta a pagarle a la trabajadora MARTHA ILIANA HERNANDEZ GODOY los siguientes conceptos: DERECHOS ADQUIRIDOS: 1) Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras con Sesenta y Nueve Centavos (Lps. 12,457.69) por 10 días de vacaciones correspondientes al primer ano de servicios 2) Doscientos Ochenta y Seis Lempiras con Cincuenta y Tres Centavos (Lps. 286.53) por vacaciones proporcionales correspondiente al segundo ano de servicios 3) Seiscientos Diecinueve Lempiras con Treinta y Tres Centavos (Lps. 619.33) por treceavo mes proporcional al segundo año de servicios 4) Diez y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis Lempiras con Treinta y Dos Centavos (Lps. 16,636.32) por catorceavo mes proporcional 5) Catorce Mil Quinientos Treinta y Tres Lempiras con Treinta y Tres Centavos (Lps. 14,533.33) por viáticos de enero, febrero, marzo y hasta el 19 de abril del 2010 6)Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras con Sesenta y Siete Centavos (Lps. 33,446.67) por ajuste de salario mínimo de conformidad al Artículo 10 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central 7) Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras con Sesenta y Siete Centavos (Lps. 33,446.67) por daños y perjuicios de conformidad al Artículo 39 del Decreto No. 103 que regula la Ley de Salario Mínimo PRESTACIONES E INDEMINZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO: 1) Treinta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres Lempiras con Siete Centavos (Lps. 37,373.07) por un mes de preaviso 2) Treinta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres Lempiras con Siete Centavos (Lps. 37,373.07) por un mes de cesantía 3) Setecientos Veintidós Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos (Lps. 722.55) por cesantía proporcional al segundo año de servicios 4) A titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha que la presente Sentencia condenatoria quede firme. TERCERO: Sin Costas…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral en fecha diez de enero del dos mil diez, como Médico, a partir del diecinueve de abril del dos mil diez, fue ascendía al cargo de Coordinadora de la Red de Proyecto de Salud Sulaco, teniendo un sueldo inferior al establecido en el artículo 10 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, fue despedida el siete de enero del dos mil once, no dándole causal alguna, solo expresándole que no se le seguiría ocupando, se agotó el trámite administrativo en las oficinas regionales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.- 2.- La parte demandada, la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO), se declaró en contumacia al no contestar la demanda, siguiendo con el trámite de ley correspondiente.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha diecisiete de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de merito, condenando a la parte demandada a pagarle a la demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, viáticos de enero, febrero, marzo y hasta el 19 de abril del 2010, ajuste de salario mínimo de conformidad al artículo 10 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, daños y perjuicios de conformidad al artículo 39 del Decreto No. 103 que regula la Ley de Salario Mínimo y a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha que la presente sentencia condenatoria quede firme y sin costas; bajo el criterio que se probó el despido verbal del cual fue objeto, violentándole los derechos a la trabajadora, no siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, por lo que se declaró con lugar la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de marzo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio de que pese a que en el proceso consta la comisión de una serie de vicios procesales señalados, dada la naturaleza social de los derechos laborales, del bien jurídico protegido y en salvaguarda de los principios de celeridad y economía procesal y convalidación de los actos procesales por consentimiento de las partes, legalmente no es posible retrotraer el procedimiento a la fecha en que se advierte el primer vicio procesal, siendo procedente confirmar la sentencia apelada.- 5.- Que mediante auto de fecha seis de junio del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado NICOLÀS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, en su condición de apoderado de la asociación denominada MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha seis de marzo del dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha uno de agosto del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado NICOLÀS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, en su condición de apoderado de la asociación denominada MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC-YORO), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y solicitando nulidad subsidiaria en el mismo acto, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en providencia de fecha doce de septiembre del dos mil trece, se tuvo por precluído el término concedido y dejado de utilizar por parte del abogado ORZON ENRIQUE PADILLA CARCAMO, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado NICOLAS ALFREDO BARAHONA BARAHONA, en el primer y único motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de Derecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24; INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES que fue admitida por la Juez de Primera Instancia por tener conocimiento de la existencia y vigencia y haberla tenido a la vista; INTERROGATORIO DE PARTES que obra a folio 24; TESTIFICAL que obra a folios 25 y 26; INSPECCION O RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a folio 27 y 28; todos del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 116, 113 interpretado y 120 letra c) del Código del Trabajo en relación con los artículos 9, l0 y 11 del Código Civil; 64, 82, 117 y 129 de la Constitución de la República. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, DOCUMENTAL que obra a folios 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24; INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES que fue admitida por la Juez de Primera Instancia por tener conocimiento de la existencia y vigencia y haberla tenido a la vista; INTERROGATORIO DE PARTES que obra a folio 24 y se tuvo por evacuada al no comparecer el señor Delvin Salgado; TESTIFICAL propuesto por la parte demandante y que consiste en las declaraciones de las señoras Marlin Olinda Pino Romero y Maria Elena Palma Mencia que obra a folios 25 y 26; INSPECCION O RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a follo 27 y 28; todos del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y 143 numeral 1 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte Sentenciadora no puede valorar los medios de prueba documental, instrumental de actuaciones, interrogatorio de partes, testifical e inspección o reconocimiento judicial propuestos por la parte demandante y que obra a folios 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la primera pieza de autos respectivamente, ya que en el caso de autos es evidente el error de Derecho y que se explica por las razones siguientes: En los folios 9 y 10 respectivamente, del expediente de primera instancia se encuentran la comparecencia del apoderado de la parte demandante en donde solicita al Juzgado de Primera Instancia utilizar como norma supletoria el articulo 143 numeral 1 del Código Procesal Civil a fin de poder entregare una citación al señor Delvin Leonardo Salgado con el objetivo de que se sirva comparecer dentro del plazo que indicara el Juzgado para que sea citado y emplazado y se le entregue copia de la demanda presentada para que proceda a contestarla dentro del término de seis días, con la advertencia de que si no comparece sin causa justificada dentro del plazo señalado, se tendrá por hecho que fue citado y emplazado para contestar la demanda presentada, petición que fue admitida y resuelta tal como fue solicitada, autorizando el Juez de Primera Instancia para su cumplimiento utilizar el correo ordinario, lo cual se acredite con el deposito de certificados numero 898583 de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) y que fue entregado al Juzgado por parte del apoderado demandante (ver comparecencias de fechas 28 de abril y 9 de junio del 2011 que constas a folios 11 y 13 de la primera pieza). Como podrán ver y observar Honorables Magistrados el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, a través de los funcionarios respectivos y autorizados por la Ley para ello, en ningún momento citaron y emplazaron personalmente y en legal y debida forma al representante legal de mi representada, ni mucho fueron ellos los que enviaron la supuesta correspondencia. Desde el momento que consta en autos que la parte demandada a través de su representante legal, no fue citada y emplazada en legal forma como manda la Ley y tal como consta en los folios antes relacionados (9 y 10 de la primera pieza de autos), esta citación es y debió ser de carácter personal, tanto el Juzgador de Primera Instancia como la Corte Sentenciadora debieron de inmediato declarar nulas las actuaciones, por tanto en un claro error de derecho proceden a valorar pruebas que están presentadas en juicio al margen de lo que manda la Ley ya que es garantía constitucional el derecho de defensa que manda que toda persona debe ser juzgada por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En el caso de autos no se han respetado las formalidades y garantías que la Ley establece cuando no se cumplió con citar y emplazar a la demandada por medio de su representante legal en forma personal lo que es evidente en juicio con los folios relacionados del expediente de primera instancia. De conformidad con los artículos 9,10 y 11 del Código Civil es claro que los actos que prohíbe la ley son nulos salvo que la ley designe otro efecto diferente a esta o sea a la nulidad; el articulo 10 establece que no se dejara de aplicar la ley o sea la nulidad cuando esta declara nulo algún acto con el fin de precaver un fraude, aunque se llegue a probar que el acto no fue fraudulento; el articulo 11 con toda precisión nos indica que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero solo se podrán renunciar los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no este prohibida su renuncia. Es evidente que el Juez de Primera Instancia al aceptar y proceder a ordenar la citación no podía eludir la norma que manda a que la citación y emplazamiento sea personalmente por tanto se violentan las garantías y derecho a ser juzgado mi representada dentro de los procedimientos fijados por la Ley, por tanto no anular el proceso y valor estas pruebas claramente evidencia la existencia de un error de derecho en la apreciación de la prueba. Cabe agregar, que es del conocimiento tanto del demandante, como el de su apoderado legal e incluso de la Juez de Letras de Primera Instancia de Yoro, que el domicilio del representante legal de el representada es la dudad de Yoro, pues basta ver el escrito de demanda en donde claramente en el preámbulo expresa que ese era su domicilio, sin embargo no consta en el expediente de primera instancia constancia alguna por parte de los funcionarios correspondientes (receptores) en donde se haga constar que fue imposible ubicado tanto en su domicilio laboral o personal. En fecha 30 de agosto del 2011 (folio 15) el Juez de Primera Instancia procedió a dar como válida la citación y emplazamiento efectuado vía correo ordinario, y declarando el juicio en CONTUMACIA a la demandada por no haber contestado en tiempo y forma la demanda y por precluído el termino que se le concedió para contestar la demanda, ordenado notificar todas las resoluciones y sentencias que recaigan por la tabla de avisos del despacho. Al haber dado por válida la citación y emplazamiento sin ser personal y declarar en contumacia el juicio, el Juzgado Ad-Quo siguió con la tramitación del juicio hasta dictar en audiencia de fecha 17 de octubre de 2012, la sentencia que contiene fecha 23 de agosto del 2012, en la cual declara con lugar la demanda y condenando a mi representada al pago de Derechos Adquiridos y Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Injusto Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora al valorar los medios de prueba Documental, Instrumental de Actuaciones, Interrogatorio de Partes, Testifical e Inspección o Reconocimiento Judicial, propuestos por la parte demandante incurre en un ERROR DE DERECHO, ya que el representante legal de mi representada en ningún momento fue citado y emplazados en legal y debida forma, por lo que en el presente caso de autos no ha empezado a correr ningún termino para la contestación de la demanda, y el juzgado al continuar con el trámite de la demanda, vida el procedimiento y violenta EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO a mi representada. De todo lo anterior se evidencia claramente que la Corte Acusada EN APRECIACIÓN ERRÓNEA por error de Derecho que es de manifiesto en los autos, a violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas en vía indirecta y por medio de las normas procesales señaladas y las normas relacionadas todas del Código del Trabajo y Código Procesal Civil utilizado como supletorio, razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) alega error de derecho de la prueba singularizada, lo cual no resulta estimable, ya que solo habrá lugar a éste, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta una determinada solemnidad para la validez del acto y también cuando se deje de apreciar una prueba de esa naturaleza, siendo el caso de hacerlo, lo cual no ha sido lo alegado y atribuido por el Impetrante a la prueba atacada del fallo impugnado; b) dentro de la prueba singularizada señala la testifical, la cual no es reglada, por lo tanto es improcedente su ataque en este recurso extraordinario; y, c) dentro de las normas que cita como violadas hace referencia al artículo 113 del Código de Trabajo, sin embargo dicha disposición contiene varios párrafos y literales que debió indicar con la suficiente claridad a cual de ellos dirige su ataque, ya que este Tribunal tiene vedada la subsanación oficiosa; razones que hacen inadmisible este motivo.- IV. El Censor de forma subsidiaria alega nulidad en los términos siguientes: “Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS RECURRIDAS por los motivos siguientes: 1.- A folios 9 y 10 del expediente de primera instancia se encuentran la comparecencia del apoderado demandante en donde solicita al Juzgado de Primera Instancia utilizar como norma supletoria el articulo 143 numeral 1 del Código Procesal Civil a fin de poder entregare una citación al señor Delvin Leonardo Salgado con el objetivo de que se sirva comparecer dentro del plazo que indicara el Juzgado para que sea citado y emplazado y se le entregue copia de la demanda presentada para que proceda a contestarla dentro del termino de seis días con la advertencia de que si no comparece sin causa justificada dentro del plazo señalado, se tendrá por hecho que fue citado y emplazado para que contestar la demanda presentada, petición que fue admitida y resuelta tal como fue solicitada autorizando el Juez de Primera Instancia para su cumplimiento utilizar el correo ordinario, lo cual se acredita con el deposito de certificados numero 898583 de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) presentado al Juzgado de Primera Instancia por el apoderado demandante (ver folios 11, 12 y 13 primera pieza). Como podrán ver y observar Honorables Magistrados el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, a través de los funcionarios respectivos y autorizados por la Ley para ello, en ningún momento citaron y emplazaron personalmente y en legal y debida forma al representante legal de mi representada, ni mucho menos fueron ellos los que entregaron la correspondencia supuestamente enviada. Desde el momento que consta en autos que la demandada no fue citada y emplazada en legal forma como manda la Ley, tanto el Juzgador de Primera Instancia como la Corte Sentenciadora debieron de inmediato declarar nulas las actuaciones, por tanto en un claro error de derecho proceden a valorar pruebas que están presentadas en juicio al margen de lo que manda la Ley ya que es garantía constitucional el derecho de defensa que manda que toda persona debe ser juzgada por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. En el caso de autos no se han respetado las formalidades y garantías que la Ley establece cuando no se cumplió con citar y emplazar a la demandada por medio de su representante legal en forma personal lo que es evidente en juicio con la constancia relacionada. De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil es claro que los actos que prohíbe la ley son nulos salvo que la ley designe otro efecto diferente a esta o sea a la nulidad; el artículo 10 establece que no se dejara de aplicar la ley o sea la nulidad cuando esta declara nulo algún acto con el fin de precaver un fraude, aunque se llegue a probar que el acto no fue fraudulento; el articulo 11 con toda precisión nos indica que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero solo se podrán renunciar los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no este prohibida su renuncia. Es evidente que el Juez de Primera Instancia al aceptar y proceder a ordenar la citación no podía eludir la norma que manda a que la citación y emplazamiento sea personalmente por tanto se violentan las garantías y derecho a ser juzgado mi representada dentro de los procedimientos fijados por la Ley, por tanto no anular el proceso y valor estas pruebas claramente evidencia la existencia de un error de derecho. Como podrán ver Honorables Magistrados, los Receptores del Juzgado de Primera Instancia en ningún momento han citado y emplazado en legal y debida forma al representante legal de mi representada, por lo que en el presente caso de autos no ha empezado a correr ningún termino para la contestación de la demanda, y el juzgado al darle la continuidad al trámite de la demanda, vicia el procedimiento y violenta EL DERECHO DE DEFENSA de mi representada. El artículo 64 de la Constitución de la Republica establece: “NO SE APLICARAN LEYES Y DISPOSICIONES GUBERNATIVAS O DE CUALQUIER OTRO ORDEN, QUE REGULEN EL EJERCICIO DE LAS DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS ESTABLECIDOS EN ESTA CONSTITUCION, SI LOS DISMINUYE, RESTRINGEN O TERGIVERSAN”. El articulo 90 párrafo primero de la Constitución de la República dice “NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE”. El articulo 82 en su parte introductiva dice: “ EL DERECHO DE «DEFENSA ES lNVIOLABLE- LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA, TIENEN LIBRE ACCESO PARA EJERCITAR SUS ACCIONES EN LA FORMA QUE SEÑALAN LAS LEYES”. Basta darle lectura a la sentencia de fecha 6 de marzo del 2013, en donde la Corte Sentenciadora, reconoce en el apartado Fundamentos de Derecho, que efectivamente en la sustanciación del proceso de merito, son evidentes una serie de vicios procesales que señala y denuncia el recurrente, siendo uno de ellos el reconocer que el representante legal demandado fue emplazado mediante correo ordinario a través de un sobre entregado y enviado por el apoderado legal de la parte demandante y que supuestamente contenía una cedula de citación, emplazamiento y copia del escrito de la demanda, abonado a lo anterior establece la Corte Sentenciadora que estos vicios procesales fueron señalados tardíamente o no se advirtieron en el tiempo procesal oportuno, es decir en la Primera Audiencia de Tramite conforme lo establece el articulo 715 del Código del Trabajo (ver fundamentos de derecho numero dos), sin embargo Honorables Magistrados es evidente y claro en el proceso que al momento de celebrarse la audiencia primera de tramite, mi representada no tenía conocimiento de la existencia de esta demanda laboral, ya que no había sido citado y emplazado legal y personalmente por funcionarios judiciales, razón de ello es que no se había personado apoderado legal alguno y era imposible advertir estos vicios de nulidad, sin embargo al momento de nuestra primera comparecencia si fueron advertidos y señalados, no pronunciándose el Juzgado y esperando nosotros que en su sentencia definitiva se pronunciara, sin embargo ni tan siguiera se pronuncio sobre ello y dio por validas esas actuaciones, que si reconoció la Corte Sentenciadora, pero no las subsano, pues nosotros lo que buscamos es un juicio justo, transparente, en el que se respeten garantías y derechos fundamentales y no en juicio arbitrario como el presente. Ante la concurrencia de una serie de vicios procesales que reconocen la Corte Sentenciadora, es obligación nuestra continuar señalándolos como una simple ilustración y recordatorio para que Ustedes Honorables Magistrados los puedan apreciar: 1.- El procedimiento utilizado por el Juzgado de Primera Instancia para dar a conocer la existencia de una demanda laboral, a través de una cedula de citación y entrega simple de la copia de la demanda enviada por correo ordinario a través de la empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) y entregado por parte del apoderado actor es totalmente incorrecta, errónea e ilegal, violatoria de la norma procesal civil que se utilizó como supletoria, pues es claro que el Secretario del Despacho con la investidura de Ministro de Fe es el funcionario encargado para ello y que de esta forma da legitimidad y veracidad en el contenido de la correspondencia, nuevamente Honorables Magistrados nos preguntamos: ¿ADONDE CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE YORO COMO MINISTRO DE FE, QUE DETERMINE SIN LUGAR A DUDA QUE LA SUPUESTA CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC), CONTENÍA LA CEDULA DE CITACION Y LA COPIA DE LA DEMANDA?; ante ello hay una flagrante violación al debido proceso que determina una nulidad absoluta de actuaciones desde la resolución decretada en la comparecencia por parte del apoderado actor en fecha veintinueve de marzo del dos mil once que consta a folio numero 9, pues la Ley Procesal Civil utilizada como norma supletoria, no dice que una de las partes procesales puede hacer la diligencia procesal cuestionada de enviar una correspondencia que contenga una comunicación judicial, pues es clara la norma civil procesal al señalar al empleado o funcionario judicial que regulara este acto de procedimiento, que no es mas que el secretario del despacho como ministro de fe, ya que este es el funcionario que da absoluta confianza y garantía legal del contenido y envió de una correspondencia, pues nunca podría ser una de las partes procesales involucradas por la simple y sencilla razón que puede enviar documentos distintos al ordenado por el Juzgado y esto causar indefensión a la parte contraria, situación que ocurre en el presente caso objeto de discusión, pues no esta probado que la correspondencia enviada contenía cedula de citación y copia simple de la demanda, tal como lo asegura la juzgadora en sus consideraciones de la sentencia. Por la tanto desde la comparecencia de fecha veintinueve de marzo del dos mil once (folio 9) es total y absolutamente nulo el proceso y todas sus actuaciones siguientes, pues no se observo lo establecido en el articulo 143 numeral 1 del Código Procesal Civil utilizado como norma supletoria por el Juzgado de Primera Instancia. 2. La declaración de contumacia decretada por el Juez A-quo también es incorrecta pues se efectuó sin observar lo establecido en el articulo 708 del Código del Trabajo, al establecer de forma imperativa que para poder declarar en contumacia, se debe notificar personalmente la demanda al demandado o su representante, en el caso que nos ocupa es mas que claro que si el procedimiento utilizada para dar a conocer una sentencia es incorrecto, por sentido lógico la declaración de contumacia es incorrecta. 3. La demanda ordinaria laboral interpuesta por la parte demandante según la suma de la misma, era para que el patrono pague prestaciones e indemnizaciones laborales por despido sin justa causa, pero nunca fue interpuesta para que el patrono fuere emplazado para que demostrara la razón o motivo de un despido verbal (la causa alegada por la demandante es que ya no seguirían ocupándola), ya que este es el verdadero objeto del debate, consecuencia de ello la demanda desde un inicio es defectuosa y nunca debía ser aceptada en esos términos, pero sabemos que la parte demandante prácticamente transcurrió sin oposición en el proceso. 4.- Que el Juzgado de Primera Instancia violentando el procedimiento establecido, pues sin justificación alguna no señalo y evito la audiencia de alegaciones y simplemente resolvió de oficio señalar audiencia de juzgamiento que nunca se realizo en la fecha señalada, sino que de forma antojadiza inserto una audiencia de juzgamiento sin la comparecencia de partes para darle lectura a una sentencia ilegal e injusta. 5.- Que se dicto en Primera Instancia una sentencia definitiva sin señalar audiencia de juzgamiento lo que ha causado violación al derecho de defensa y a un debido proceso. es a bien observar las flagrantes violaciones de derechos de rango Constitucional como lo es el derecho a la Defensa y el derecho a un Debido Proceso, además de legalidad procesal y formas respectivas normados y regulados también por el artículo 759 del Código del Trabajo y los artículos 3 y 7 del Código Procesal Civil que ha sido utilizado como norma supletoria, pues la Juzgadora sin razón alguna y desconociendo los parámetros legales en los cuales se apoyó, sin señalar audiencia de juzgamiento y mucho menos notificar a las partes de un acto procesal tan importante que ejecutaría, inserto en el expediente de mérito la sentencia objeto de la presente acción recursiva, y digo inserto porque desconozco bajo que sustento legal y procesal decreto o dicto una sentencia definitiva, pues basta ver desde el folio numero 39 al folio 44 del expediente de mérito, la flagrante violación a un debido proceso, que se puede convertir en el injusto de un prevaricato judicial, ya que se dictó una sentencia arbitraria y manifiestamente ilegal, por cuanto no hay señalamiento de audiencia de juzgamiento para la fecha diecisiete de octubre del dos mil doce a las dos de la tarde, en donde el Juez A-quo inicia una audiencia para darle lectura entiendo Yo, a una sentencia que contiene fecha veintitrés de agosto del dos mil doce, y esto no puede ser una equivocación subsanable como lo expresa la parte actora, pues esto no es mas que la violación al derecho de defensa, por cuanto como podrían las partes procesales involucradas tener conocimiento de lo que se realizaría por parte del Juzgador y de estar forma utilizar los recursos que concede la Ley, sin embargo observen señores Magistrados que gracias al Gran Arquitecto del Universo fui mal notificado de la sentencia (ver folio 45 vuelto), lo cual posteriormente reconoció la Juzgadora en su momento y esto dio lugar a poder acceder a la Alzada para que supuestamente enmendara los errores cometidos por la Juez A-quo, sin embargo los reconoció pero no los subsano, argumentando que tuvieron que ser alegados en la primera audiencia de tramite, a la cual no se compareció por lo expuesto en apartados anteriores. Por lo expuesto anteriormente procede que esta sala Laboral-Contencioso Administrativo decrete la nulidad de la sentencia de fecha 17 de Octubre del 2012 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro y subsidiariamente nulidad a partir del auto de fecha veintinueve de marzo del año dos mil once que obra a folio 9 del expediente de primera instancia y anulando las actuaciones siguientes por así corresponder a derecho, asimismo anular la sentencia de fecha 6 de Marzo del 2013 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Juzgador de primera instancia y que también fuese visto por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, siendo además un hecho consentido por el solicitante al no haberlo alegado oportunamente; en adición, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, mucho menos en el fallo recurrido que es el que nos ocupa en este recurso extraordinario de casación, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidriaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de julio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 245-13.
DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES
RECEPTORA ADSCRITA
SECRETARIA GENERAL