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Sentencia CL-243-13 — Registro 3458

Resumen

En segunda instancia se reformo la sentencia y se declaro sin lugar la demanda ordinaria laboral.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que en el caso de merito se han infringido disposiciones de orden público que tornan la sentencia de falta de claridad, precisión y congruencia de la sentencia impugnada, por lo que esta Sala estima procedente declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 21 de enero del 2013, ya que en el considerando 11 establece que de acuerdo a las consideraciones anteriores es procedente confirmar la sentencia y en la parte resolutiva hizo exactamente lo contrario, reformando la decisión del a quo, revocando en lo que respecta a declarar sin lugar la demanda; además no explica ni motiva en que funda su decisión y las principales normas de derecho en que se sustenta el fallo (artículos 47 y 114 del Código del Trabajo) no tienen relación con lo debatido en el juicio.- V. Que el debido proceso obliga a que el juicio se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial; y, conforme con este principio, este Tribunal ha observado que en el caso de autos consta que la Corte de Apelaciones censurada no ha observado los lineamientos descritos por lo que procede exhortarla para que tenga más cuidado en sus sentencias y así no cometan ese tipo de errores.- VI. Que los jueces del trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la Ley, al emitir sus decisiones y fallos, así como revocando, reformando o confirmando en virtud de los recursos legales y no pueden apartarse de las normas procesales de ineludible cumplimiento, para el efectivo ejercicio de las facultades de que están investidos, en el marco del principio de legalidad.- VII. Que para que se cumpla el debido proceso el órgano jurisdiccional deberá garantizar los siguientes derechos: a la jurisdicción, el acceso a la justicia, igualdad de las partes y el contradictorio, que garantice una tutela judicial efectiva.- VIII. Que en base a lo anterior queda planteado que procede declarar la nulidad de la sentencia definitiva dictada por el ad quem, para que haga lo que procede a efecto de enderezar el procedimiento de ley correspondiente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de agosto del año dos mil trece, por el abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR; en relación a la demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se ordene su nombramiento mediante acuerdo como procurador, se haga efectivo el pago de reajuste de salario, reajuste vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, pago de salario en forma retroactiva desde el traslado a la Gerencia del Bufete del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que se ordene el pago de salario igual a como se les paga a los procuradores que realizan igual trabajo al que ella realiza, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero del año dos mil doce, por la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por medio de su Alcalde Municipal de ese entonces, señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veintisiete de noviembre el año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: a) REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) a través de su Representante legal y Alcalde el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS; 2) ABSOLVIENDO a la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) a través de su Representante legal y Alcalde el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, de cambiar de estatus laboral de la demandante de Auxiliar de Personal a Procuradora del Bufete del, Pueblo, así como el reajuste salarial solicitado.” b) CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de dicha sentencia en cuanto a las costas; todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE ORDENE EL NOMBRAMIENTO MEDIANTE ACUERDO COMO PROCURADOR, SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO, REAJUSTE VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES, PAGO DE SALARIO EN FORMA RETROACTIVA DESDE EL TRASLADO A LA GERENCIA DEL BUFETE DEL PUEBLO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, SE ORDENE EL PAGO DE SALARIO IGUAL A COMO SE LES PAGA A PROCURADORES QUE REALIZAN IGUAL TRABAJO COMO EL QUE REALIZA LA DEMANDANTE, COSTAS, promovido por la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) a través de su Representante legal y Alcalde el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS.- 3) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con la demandada mediante acuerdo de nombramiento el 3 de noviembre de 1997, habiendo sido trasladada el 13 de abril de 2009 como procuradora a la Gerencia del Bufete del Pueblo, en el que se ofrecen servicios legales de forma gratuita a personas de escasos recursos económicos y en el cual actualmente está ejerciendo funciones de procuradora, funciones estrictamente de un profesional del Derecho, pero con el nombramiento de auxiliar de personal, que desde el 13 de abril del 2009 a la fecha ha estado ejerciendo funciones estrictamente de un profesional del Derecho, devengando un salario de L.9,534.00 mensuales, inferior al que debe ganar un profesional del Derecho como procurador, que dos profesionales que ejercen las mismas funciones que realiza, devengan un salario de L.24,500.00 y L.26,300.00 respectivamente, por lo que se considera justo y legal que se le pague el salario de L.26,300.00; que en la Constitución de la República se establece que a trabajo igual corresponde salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y en tiempo sean también iguales, precepto legal que sustenta la acción de casos, en virtud de que el patrono no le paga el mismo salario que les paga a los dos colegas antes mencionados y que realizan las mismas funciones, con la misma jornada y con las mismas condiciones de eficiencia, también amparado en las cláusulas 51 y 52 del décimo tercer Contrato Colectivo suscrito entre la AMDC y el SITRAMUDIC.- 2.- La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contestó dicha demanda señalando que la demandante solicita se le de el nombramiento como procuradora, pero ella fue contratada como auxiliar de personal y que no existe fundamento legal con el que se pueda condenarle a darle un nombramiento diferente al que ya tiene, también solicita se le pague el reajuste de salario de acuerdo a lo que ganan sus demás compañeros, quienes fueron nombrados a partir una del 1 de marzo del 2006 y el otro a partir del 15 de mayo del año 2006, ejerciendo desde un inicio actos de procuración, en cambio la demandante fue trasladada al Bufete del Pueblo el 13 de abril de 2009 que es donde empieza a ejercer actos de procuración, por lo que no cumple con los requisitos de antigüedad, que no hay un estatuto que establezca el salario que se debe ganar y que el estatuto no tiene rango de Ley, pues el mismo no fue aprobado por el Congreso Nacional de la República.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, condenando a la demandada al cambio de estatus laboral de la demandante de auxiliar de personal a procuradora del Bufete del Pueblo, asimismo por tal cambio le corresponde a la demandante un salario mensual de L.24,500.00, a partir de la fecha de la sentencia, sin costas. Criterio: que está probado en autos que la demandante y los señores Antonio Arita y Carolina Avila, son también procuradores del Bufete del Pueblo de la demandada, por consiguiente ejercen la misma función, en un mismo horario y la demandante ejerce esas funciones, mucho antes que sus compañeros antes mencionados, quienes se desempeñan en ese mismo cargo desde fechas posteriores a la demandante, como ha quedado evidenciado, la demandante devengaba un salario menor al de sus compañeros que ejercen la misma labor, lo que es totalmente desacertado al no ser acorde con la labor desempeñada y conforme a la escala salarial de la demandada, por lo que bajo la garantía constitucional de igual trabajo igual salario, por lo tanto le corresponde a la demandante un reajuste, tomando como punto de referencia el salario mensual del señor Antonio Arita y la antigüedad entre este y la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral, absolviendo a la demandada de cambiar el estatus laboral de la demandante, de auxiliar de personal a procuradora del bufete del pueblo, así como del reajuste salarial solicitado, confirmando la sentencia en cuanto a las costas, sin costas. Criterio: que está probado en autos, que la demandante fue trasladada al bufete del pueblo el 13 de abril de 2009 y sus compañeros de trabajo fueron trasladados el 28 de julio y 1 de septiembre de 2010 a dicha dependencia, por lo que de conformidad a la norma constitucional, no se reúne el requisito de tiempo de servicio, ya que la demandante tiene mas antigüedad que sus compañeros de trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha seis de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado OSCAR JOSÉ MARTINEZ VALLADARES actuando en su condición de apoderado de la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha seis de agosto del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR JOSÉ MARTINEZ VALADARES actuando en su condición de apoderado de la señora IRIS YANETH PINEDA AMADOR, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a él conferido, por formalizado en tiempo el recurso de casación y ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada DORIS CAROLINA ARAMBU BAIDE, en su condición de apoderada de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que los Tribunales en conocimiento por vía de apelación o casación están facultados para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas, alguna de las causas que dan lugar a la casación en la forma.- II. Que aunque en los juicios laborales no existe el rigor y formalismo del procedimiento, el Juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes, ello no significa que puede transgredir el proceso y dejarlo a su discreción porque las disposiciones del Código del Trabajo son de orden público y de ninguna manera pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y menos por las autoridades que son las llamadas a observar su estricto cumplimiento.- III. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuando designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Que la nulidad absoluta cuando conste en autos debe declararse de oficio aunque las partes no la aleguen.- IV. Que en el caso de merito se han infringido disposiciones de orden público que tornan la sentencia de falta de claridad, precisión y congruencia de la sentencia impugnada, por lo que esta Sala estima procedente declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 21 de enero del 2013, ya que en el considerando 11 establece que de acuerdo a las consideraciones anteriores es procedente confirmar la sentencia y en la parte resolutiva hizo exactamente lo contrario, reformando la decisión del a quo, revocando en lo que respecta a declarar sin lugar la demanda; además no explica ni motiva en que funda su decisión y las principales normas de derecho en que se sustenta el fallo (artículos 47 y 114 del Código del Trabajo) no tienen relación con lo debatido en el juicio.- V. Que el debido proceso obliga a que el juicio se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial; y, conforme con este principio, este Tribunal ha observado que en el caso de autos consta que la Corte de Apelaciones censurada no ha observado los lineamientos descritos por lo que procede exhortarla para que tenga más cuidado en sus sentencias y así no cometan ese tipo de errores.- VI. Que los jueces del trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la Ley, al emitir sus decisiones y fallos, así como revocando, reformando o confirmando en virtud de los recursos legales y no pueden apartarse de las normas procesales de ineludible cumplimiento, para el efectivo ejercicio de las facultades de que están investidos, en el marco del principio de legalidad.- VII. Que para que se cumpla el debido proceso el órgano jurisdiccional deberá garantizar los siguientes derechos: a la jurisdicción, el acceso a la justicia, igualdad de las partes y el contradictorio, que garantice una tutela judicial efectiva.- VIII. Que en base a lo anterior queda planteado que procede declarar la nulidad de la sentencia definitiva dictada por el ad quem, para que haga lo que procede a efecto de enderezar el procedimiento de ley correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1, 80 numeral 1º, 188 numeral 4ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 208 y 931 del Código Procesal Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 21 de enero del 2013 (folios 07 al 09). Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 243-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL