Sentencia CL-241-13 — Registro 3951
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se proceda a realizar las deducciones mensuales de las cuotas sindicales que por ley está obligado hacer a todos los trabajadores del INA que gozan de los beneficios del contrato colectivo y que se paguen al sindicato, así mismo que se condene al pago de las cuotas adeudadas al SITRAINA tal y como lo ordena el Decreto Ley número 30 artículo 60-A, artículo 95 inciso 12 del Decreto Legislativo número 189 del 1 de mayo de 1959 y cláusula 52 del contrato colectivo; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que se incurre en error de técnica al pretender que este Tribunal declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la sentencia recurrida, olvidando el Censor que lo procedente en este recurso es casar la sentencia y luego, en sede de instancia, decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, mayor de edad, hondureño, casado y de este domicilio, en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en relación a la demanda ordinaria laboral para que se proceda a realizar las deducciones mensuales de las cuotas sindicales que por ley está obligado hacer a todos los trabajadores del INA que gozan de los beneficios del contrato colectivo y que se paguen al sindicato, así mismo que se condene al pago de las cuotas adeudadas al SITRAINA tal y como lo ordena el Decreto Ley número 30 artículo 60-A, artículo 95 inciso 12 del Decreto Legislativo número 189 del 1 de mayo de 1959 y cláusula 52 del contrato colectivo, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, por el abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, mayor de edad, casado, Licenciado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de febrero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de enero del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se proceda a realizar las deducciones mensuales de las cuotas sindicales a todos los trabajadores y enterar las mismas a la organización sindical, promovida por el Abogado FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su condición Apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), contra EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A), por medio de su Ministro Director Ejecutivo CESAR DA VID ADOLFO HAM PEÑA; 2) CONDENA a EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A), por medio de su Ministro Director Ejecutivo CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, a pagarle al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA) la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS.3,465.000.00), en concepto de cuotas sindicales desde el mes de agosto del año 2011 hasta el mes de junio del año 2012, a razón de Lps.315,000.00 mensuales, más lo que falta por liquidarse hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia, y asimismo a partir de que sea firme el presente fallo, se proceda a practicar a los trabajadores la deducción de la cuota sindical y enterarla al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA); 3) SIN COSTAS en esta instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que a partir del mes de agosto de 2011 se dispuso, de forma unilateral y arbitraria, suspender la deducción mensual de la cuota sindical a los trabajadores del INA que gozan de los beneficios del contrato colectivo, que es del 2%, tal y como lo establecen los estatutos, que el SITRAINA, en reiteradas ocasiones le ha solicitado por escrito al señor Director Ejecutivo del INA, señor César David Adolfo Ham Peña, que proceda hacer efectivo el pago de las deducciones sindicales que por ley está obligado a realizar a todos los trabajadores sindicalizados y que gozan de los beneficios del contrato colectivo, asimismo el Departamento Legal de la Secretaría de Trabajo, dictaminó que dicho reclamo realizado por el SITRAINA es legal, extremos que oportunamente se probaran y que los mismos han autorizado dicha deducción sindical en sustento legal en el artículo 526 del Código de Trabajo Vigente y ha enterar las mismas a la Organización Sindical, en este caso al SITRAINA, la decisión intempestiva de la patronal de suspender dicha deducción sindical, le ha causado graves perjuicios económicos al SITRAINA, ya que mensualmente deja de percibir la cantidad de Trescientos Quince Mil Lempiras Mensuales (L.315,000.00.), por concepto de deducciones sindicales y sumado desde el mes de agosto de 2011, el sindicato ha dejado de percibir un total de Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Lempiras (L.3,465,000.00), lo que le tocado sufragar al mismo para lograr dar cumplimiento a los compromisos que adquiere como Organización Sindical, lo que además ocasiona obstáculos para el cumplimiento de funciones sindicales que le afectaría en la defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores, lo que se considera una violación a los Convenios Internacionales. Que el INA, a través del señor Director, debe y está obligado a proceder a realizar la deducción sindical a todos los trabajadores del INA y que gozan de los beneficios del contrato colectivo, debiendo honrar el Instituto Nacional Agrario (INA) al SITRAINA la deuda por dichos conceptos de su propio presupuesto, por la acción ilegal y arbitraria que adoptó de suspender dicha deducción sindical a los trabajadores. Con el ánimo de llegar a un arreglo extrajudicial, fue citador el señor Ministro Director del INA, a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente a la Departamentos de conflictos individuales, donde no compareció ni el señor Director y ni apoderado legal, dando a entender que no existía ánimo alguno de llegar a un arreglo conciliatorio, en fecha 31 de mayo de 2012.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que el INA no ha violado precepto legal alguno, la medida temporal dispuesta en relación a suspender la deducción de la cuota sindical a partir del mes de agosto del 2011, no fue una decisión de forma unilateral y arbitraria, al contrario, fue una respuesta a una petición general de los trabajadores del INA a consecuencia de una serie de anomalías en el manejo de estos recursos, a las repetidas denuncias y quejas de los empleados a quienes durante años se les venía haciendo deducciones sin que estos percibieran que los mismos les eran retribuidos en beneficios puntuales, así mismo se convirtió en un clamor general la exigencia de un manejo transparente y con rendición de cuentas de estos recursos de los trabajadores, por consiguiente esta medida esta amparada en consideraciones legales, financieras y rendición de cuentas que en el transcurso de la presente contestación se acreditaran plenamente. Que los directivos del SITRAINA han incumplido flagrantemente su deber en cuanto a lo ordenado en el artículo 526 del Código de Trabajo vigente, en el sentido de solicitar por escrito a la actual administración la retención de las cuotas sindicales y entregarlas a la organización sindical; respecto a la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos, justamente una de las fundadas razones para que en este momento no se haga la deducción sindical, es que ni los trabajadores ni la administración del INA, tiene conocimiento exacto en que se gastan las retenciones hechas a los trabajadores.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para que se proceda a realizar las deducciones mensuales de las cuotas sindicales, condenando al INA a pagarle al SITRAINA la cantidad de L.3,465,000.00, en concepto de cuotas sindicales desde el mes de agosto del 2011 hasta junio del 2012, a razón de L.315,000.00, más lo que falta por liquidarse hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia; asimismo, a partir de que sea firme el presente fallo, se proceda a practicar a los trabajadores la deducción de la cuota sindical, sin costas. Criterio: que la parte demandante ha dejado acreditado que el INA cumplía con su obligación de practicar la deducción de la cuota sindical del salario de sus trabajadores y afiliados al sindicato y que de manera intempestiva y sin mediar petición de los trabajadores y afiliados al sindicato o del sindicato mismo, dejó de practicar a partir del mes de agosto del año 2011, las deducciones sindicales, violentando por lo tanto la obligación contenida en los artículos 95 numeral 12, 526 del Código del Trabajo y el Decreto Ley Número 30, en consecuencia el INA decidió unilateralmente incumplir la obligación legal de deducir la cuota sindical a sus empleados afiliados al sindicato y poner la misma a disposición de la organización sindical, que el mal uso de los recursos económicos por parte del sindicato que alega la demandante, no es legalmente procedente ya que existe un procedimiento establecido en los artículos 547 y 548 del Código del Trabajo, en tal sentido la parte demandada debió acreditar que dicha organización sindical se sometió a la inspección y control de la autoridad competente y que sus afiliados exigieron que se practicara una revisión en la contabilidad de su sindicato, extremos que no fueron acreditados.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que al haber el INA suspendido la retención de las cuotas sindicales en forma unilateral, no solo constituye una injerencia en el libre funcionamiento de la organización sindical, sino que también una grave violación al contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el SITRAINA y el INA y lo que es más grave aún, que violenta los Convenios 87 y 98 ratificados por Honduras.- 5.- Que mediante auto de fecha seis de junio de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a él conferido y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de agosto del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1.- Declarar con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Mejía Chávez en su condición de Representante Procesal de la Parte demandada contra sentencia definitiva proferida por la Corte de Apelaciones Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, Departamento de Francisco Morazán el día siete de febrero del año dos mil trece (2013) , que en su parte resolutiva literalmente dice.-Il.- REVOCAR la sentencia definitiva que se conoce por vía de apelación, de fecha siete de Enero deI 2013 proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección Judicial, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE ORDENE A LA INSTITUCION POR MEDIO DE SU MINISTRO DIRECTOR EJECUTIVO A QUE SE PROCEDA A REALIZAR LAS DEDUCCIONES MENSUALES DE LAS CUOTAS SINDICALES QUE POR LEY ESTA OBLIGADO A HACER A TODOS LOS TRABAJADORES DEL INA QUE GOZAN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO Y QUE SE PAGUEN AL SINDICATO, ASI MISMO QUE SE CONDENE AL PAGO DE LAS CUOTAS ADEUDADAS AL SITRAINA TAL Y COMO LO ORDENA EL DECRETO LEY NUMERO 30 ARTICULO 60-A, ARTICULO 95 INCISO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 189 DEL 1 DE MAYO DE 1959 Y CLAUSULA 52 DEL CONTRATO COLECTIVO.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que se incurre en error de técnica al pretender que este Tribunal declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la sentencia recurrida, olvidando el Censor que lo procedente en este recurso es casar la sentencia y luego, en sede de instancia, decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV. Este planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia y remitir certificación al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 241-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL