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Sentencia CL-239-13 — Registro 3881

Resumen

Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales mas pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso de pre y post natal, horas de lactancia, demás derechos contractuales en concepto de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resultan estimables los tres cargos que anteceden"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de agosto del año dos mil trece, por el abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES y LORENA MARIA GARCIA RIVERA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, pago de indemnización por despido en estado de embarazo, descanso de pre y post natal, horas de lactancia, demás derechos contractuales en concepto de daños y perjuicios, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo de dos mil doce, por las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES, Licenciada en Comercio Internacional y LORENA MARIA GARCIA RIVERA, Técnico en Mercadotecnia, ambas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra la sociedad mercantil TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL), por medio de su Gerente General, señora JACQUELINE FLEFIL LARACH, mayor de edad, casada, Licenciada y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha seis de diciembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1) Declarando con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho merito; 2) REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha seis de diciembre del dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: a) REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES Y LORENA MARIA GARCIA RIVERA, contra la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V. (CELTEL), a través de su Gerente General la señora JACQUELINE FLEFIL LARACH; 2) ABSOLVIENDO a la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR, S.A DE C.V. (CELTEL) a través de su Gerente General, señora JACQUELINE FLEFIL LARACH, de pagar prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo cuarto mes, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago por indemnización por despido en estado de embarazo, pago de descanso pre y post natal, pago de horas de lactancia y demás derechos contractuales en concepto de daños y perjuicios a las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES Y LORENA MARIA GARCIA RIVERA.” b) CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de dicha sentencia en cuanto a las costas; todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE VACACIONES, PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES, PAGO DE AGUINALDO, PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL, PAGO DE DECIMO CUARTO MES, PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, PAGO POR INDEMNIZACION POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO, PAGO DE DESCANSO PRE Y POST NATAL, PAGO DE HORAS DE LACTANCIA Y DEMAS DERECHOS CONTRACTUALES EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y LAS COSTAS DEL JUICIO promovido por las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES Y LORENA MARIA GARCIA RIVERA, contra la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL), a través de su Gerente General, señora JACQUELINE FLEFIL LARACH.- 3) SIN COSTAS…”- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral de la siguiente manera: Astrid Yamileth Aguilar Flores, contratada para la venta del servicio de líneas de teléfonos celulares, distribuido en CELTEL a partir de marzo de 1998, hasta septiembre del 2002, fecha en la cual fue cancelada bajo el argumento de reestructuración, pagándole sus prestaciones, siendo contratada nuevamente en fecha 1 de febrero del 2004, para realizar la misma labor, con la condición de firmar nuevo contrato civil en el cual debía aparecer como comerciante y no como trabajador común, aceptando la misma en virtud de la situación económica del país, y Lorena Maria García Rivera, contratada a partir del 1 de febrero del 2004, como Agente Vendedor Postpago, mediante nota de fecha 11 de noviembre del 2011, se les notifico el despido firmado por el Gerente de la Unidad de Negocio de la empresa, señor Luis Carlos Flores, sin motivo justificado, ya que las razones que se invocan en la nota de despido, no se encuentra conforme a derecho; que la señora Astrid Yamileth Aguilar Flores, al momento del despido se encontraba en periodo pos-natal, lo cual era del conocimiento de la empresa, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin llegar a ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL), contestó dicha demanda manifestando que se rechaza lo alegado por las demandantes, ya que la relación que existió era de tipo mercantil por un contrato denominado Agente Vendedor, por lo que no se consideró una relación laboral, de igual manera la empresa demandada no tuvo conocimiento del estado de embarazo de la señora Astrid Yamileth Aguilar Flores, por que no había necesidad de notificarlo en virtud de no ser su patrono.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito, condenando a la empresa demandada a pagar a la señora Lorena María García Rivera, la cantidad de trescientos sesenta mil novecientos ochenta y nueve lempiras con veinticinco centavos y, a la señora Astrid Yamileth Aguilar Flores, la cantidad de trescientos cuarenta y seis mil setecientos dos lempiras con sesenta y un centavos, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo causado, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes causado, decimocuarto mes proporcional, salarios adeudados a 43 días de trabajo no pagados y los salarios dejados de percibir; y en cuanto a la señora Astrid Yamileth Aguilar Flores, se le suman los conceptos por despido en estado de embarazo, descanso pre y post natal, horas de lactancia, sin costas; bajo el criterio que las demandantes probaron el despido ilegal e injusto del cual fueron objeto, en cuanto a la señora Astrid Yamileth Aguilar Flores, se probó que al momento de operarse el despido se encontraba gozando del periodo post natal, extremo que se acreditó con la partida de nacimiento de su menor hija que nació el trece de octubre del dos mil once, ejecutándose el despido el día once de noviembre del mismo año, violentando de esta manera lo establecido en el artículo 144 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha uno de febrero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a quo, en consecuencia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Astrid Yamileth Aguilar Flores y Lorena María García Rivera, contra la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V. (CELTEL), absolviendo a la sociedad demandada del pago de los conceptos reclamados por las demandantes; confirmando dicha sentencia en cuanto a las costas, sin costas; bajo el criterio que se acreditó que la relación existente no era de naturaleza laboral sino carácter mercantil, en virtud de constatarse el pago de comisiones por concepto de ventas realizadas por las demandantes, probándose que eran distribuidoras de CELTEL, en virtud de aparecer como comerciantes individuales.- 5. Que mediante auto de fecha seis de junio de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, en su condición de representante procesal de las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES y LORENA MARIA GARCIA RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha seis de diciembre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6. Que en fecha dos de agosto de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, en su condición de representante procesal de las señoras ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES Y LORENA MARIA GARCIA RIVERA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese término, por lo que en proveído de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del abogado TULIO ROLANDO RUIZ SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, se solicitó señalamiento de audiencia pública, llevándose a cabo el día trece de septiembre de dos mil trece, nombrándose Magistrado ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. De conformidad con lo establecido en los artículos 764 literal a) y 765 del Código del Trabajo, el recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica sustantiva laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con el artículo 303 párrafo 2°) de nuestra Constitución Política; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional en el ámbito del trabajo y de la seguridad social requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, en los tres motivos de casación expresa: “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada relacionada con los documentos visibles a folios 47, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, reconocimiento judicial que obra a folios 125, 168 y 179 de la primera pieza de autos que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República, 3, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 todos del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La prueba apreciada erróneamente es la DOCUMENTAL, siguiente: 1) Contrato de nombramiento de Agente Vendedor post pago, visible a folios 47, 48 y 49 de la primera pieza, 2) Permiso de operación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, visibles a folio 54, 3) Adendum al contrato de nombramiento de Agente Vendedor, visible a folios 58, 59, 60, 61, 62 y 63 de la primera pieza, 4) Contrato de nombramiento de agente vendedor franquicia, visible a folios 67, 68, 69, 70 y 71 de la primera pieza, 5) RECONOCIMIENTO JUDICIAL, que obra a folio 125, 168 y 179 de la primera pieza, admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo… SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional en Infracción Indirecta proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante relacionada con los documentos visibles a folios 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105,106, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158 y 163 de la primera pieza de autos que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafos primero y tercero literal a) interpretado, 116 literal e), 120 literal d) reformado y 144 párrafo tercero del Código del Trabajo.SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA La prueba dejada de apreciar es la DOCUMENTAL, siguiente: 1) Llamados de atención e instrucciones para el cumplimiento de ordenes en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo y horarios de trabajo, visibles a folios 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 101, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 115, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 150, 152, 154, 155, 156, 157 y 158 de la primera pieza, 2) Asistencia a cursos recibidos personalmente por las demandantes, impartidos por CELTEL y con entrega de diplomas, firmados entre otras personas por la señora María Elena Mejia, en su carácter de Gerente de Recursos Humanos, visible a folio 86 de la primera pieza, 3) Convocatoria para asistir en forma obligatoria a reuniones de trabajo, con llamada de atención por no asistir a las mismas, visible a folio 87 de la primera pieza, 4) fotografías en donde aparecen las demandantes participando en carpas de CELTEL y con indumentaria y logos que identifican a CELTEL, visible a folios 89, 91, 92, 93 y 94 de la primera pieza, 5) Aplicación de exámenes personales, relacionados con las ventas de los productos y servicios de CELTEL, visible a folios 96, 116, 117, 118, :119, 120, 121 y 122 de la primera pieza, 6) Asistencia a capacitación personal de las demandantes, impartidas por CELTEL, visible a folios 102 y 163 de la primera pieza, 7) Prueba de RECONOCIMIENTO JUDICIAL, con el cual quedó demostrado que la demandante ASTRID YAMILETH AGUILAR FLORES, si bien tenia la cuenta de ahorro en banco Bac Credomatic, con el numero 10420285, a nombre de Comercial Olimpia, los depósitos en dicha cuenta, CELTEL los hacia a nombre de ella, quien en forma personal realizaba los retiros; En cuanto a la demandante LORENA MARIA GARCIA RIVERA, la cuenta de ahorro en donde CELTEL, depositaba su salario, estaba a su nombre personal; asimismo quedo demostrado que ambas cuentas únicamente contenían los pagos por salario realizados por CELTEL y los retiros efectuadas por las ahora demandantes, visible a folio 125 de la primera pieza, en la parte que señala que se aclara. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo…TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional en Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada relacionada con los documentos visibles a folios 47, 54, 58, 67 y 168 de la primera pieza de autos y el reconocimiento judicial que obra a folios 125 y 179 de la misma pieza, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 116 literal e), 120 literal d) reformado y 144 párrafo tercero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República, 3, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 todos del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente es la DOCUMENTAL, siguiente: 1) Contrato de nombramiento de Agente Vendedor post pago; 2) Permiso de operación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 3) Adendum al contrato de nombramiento de Agente Vendedor; 4) Contrato de nombramiento de agente vendedor franquicia; 5) Reconocimiento judicial que obra a folios 125 y 179 de la primera pieza y admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo.”.- III. Que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resultan estimables los tres cargos que anteceden.- IV. Que el Impetrante de forma subsidiaria solicita se declare la nulidad de la sentencia recurrida, basado en lo siguiente: “Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 1 de febrero de 2013, por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen; tales deficiencias se detallan así: 1º. En el considerando número 11 de la sentencia recurrida, emitido por mayoría de votos por la Corte sentenciadora determina que la relación existente entre las partes no era de naturaleza laboral, sino que de carácter mercantil, por lo que el reclamo presentado por las demandantes es improcedente, cuando en la sentencia interlocutoria dictada por ese mismo Tribunal el 16 de octubre del 2012, donde se confirmó el auto interlocutorio proferido por el a-quo, en el cual se declara sin lugar la DECLINATORIA opuesta por la parte demandada, bajo el argumento de dicha parte que se trataba de una relación mercantil y no laboral la existente entre las partes y que por ello no debía conocer del asunto la jurisdicción del trabajo, cuya desestimación se realizó por el ad-quem bajo el criterio de que la demandada no había aportado ningún medio probatorio para determinar el lucro mercantil obtenido por las demandantes y que por el contrario el reconocimiento judicial constataba que la demandada les cancelaba sus respectivas comisiones, como una forma de cancelarles sus salarios por la labor desempeñada a favor de la institución en la realización de un trabajo que era aprobado y solicitado por la sociedad, quien le supervisaba su labor y la sometía a las políticas, procedimientos y su reglamento interno (ver folios 176 y 177 de la primera pieza), esa contradicción de criterio en un mismo juicio resulta evidente y atenta contra la seguridad jurídica y el respeto al auto precedente, es decir, los Tribunales no pueden variar sus resoluciones sin la debida y suficiente motivación, ajustándose a las reglas de la congruencia, porque en un caso como el que nos ocupa, en un principio se ha sostenido la existencia de la relación laboral entre las partes y posteriormente dicho criterio y situación jurídica se reforma por mayoría de votos en el fallo definitivo de segunda instancia, donde sin una suficiente argumentación ni fundamentación jurídica se desconoce lo que anteriormente diera lugar a determinar la procedencia de la competencia del Tribunal para conocer de un asunto laboral, por regir entre las partes una relación de trabajo, lo cual violenta lo establecido en los artículos 206, 207 numerales 1) y 2) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 858 del Código del Trabajo, por consiguiente procede la nulidad de la sentencia, ya que también viola el derecho a la tutela judicial efectiva. 2° Otro de los errores cometidos por la Corte recurrida, se derivan en los fundamentos de derecho en que descansa la parte dispositiva de la sentencia, cuando pese a revocar el fallo de primera instancia en cuanto a la procedencia de la demanda, no la fundamenta en disposiciones sustantivas laborales relacionadas con la desestimación de lo reclamado, únicamente hace mención de los artículos 1, 4, 5, 19 y 20 del Código del Trabajo, disposiciones estas que no tienen riada que ver en la sustentación de la Corte para reformar la sentencia de primer grado y declarar sin lugar la demanda, ya que más bien con base a esas normas debió declararse con lugar dicha acción, lo cual pugna con lo exigido en al artículo 200 numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil, que establece: “Que en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Al respecto me permito citar al tratadista Don Jesús Saez Jiménez, en su compendio de derecho procesal civil y penal, tomo III, Editorial Santillana, pagina 348: Al referirse a la apreciación de la pruebas en su conjunto dice “obliga nuestro enjuiciamiento a razonar sobre cada prueba articulada y deducir consecuencias y resultancias probatorias, positivas o negativas; es licito conjuntar las particulares resultancias de cada medio probatorio para en su mutua corroboración y complemento contrastar sus consecuencias criticas; pero no lo que es tolerable ni legalmente hacedero es utilizar la abstracta e imprecisa expresión de apreciando las pruebas practicadas en su conjunto, afirmar sin mayor razonamiento unas resultancias que son expresión notoria de una pereza discursiva en el examen aislado y critico de cada probanza”. Continua diciendo don Jesús Saez Jiménez “hay que razonar sobre cada prueba y expresar las motivaciones por las que se llega a afirmar o negar cada hecho; este proceso tiene que ser lógico, por una parte, y legal, por otra, adecuándose a las reglas que pre-ordenan, en ciertos casos, la apreciación de determinados tipos probatorios. Solo así pueden los tribunales de instancia, primero, y de casación, después, fiscalizar la apreciación probatoria. La correcta inteligencia de apreciación conjunta de prueba quiere decir que se examine cada una por separado y después se suman, se conjugan, se contrastan y se corroboran respectivamente sus resultados” y finaliza diciendo” debería ser anulada la sentencia, bien materialmente o bien formalmente con reenvío al tribunal de instancia, cuando esta bajo tan ‘imprecisa formula hubiera dejado realmente de razonar sobre todas y cada una de las pruebas practicadas”. Si analizamos lo dicho anteriormente resulta que desde el momento en que el juez puede cometer error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, este tiene un límite en la libertad que le concede el artículo 739 del Código del Trabajo, de apreciar las mismas.”.- V. Si bien es cierto que la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, por un lado, el primer argumento para pretender tal declaratoria, es una situación que tiene que ver con el fondo del litigio, que pudo o debió ser expuesta en las causales o motivos del recurso, por otro, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- VI. por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declararse sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad de la sentencia solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 239-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL