Sentencia CL-225-12 — Registro 3306
Resumen
En primera instancia se interpuso demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir que se declaro con lugar. En segunda instancia se reformo la sentencia y se declaro sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Pero es el caso que la Recurrente en el desarrollo de los cargos que anteceden señala que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Sin embargo, resulta que en el caso in examine, se parte de una premisa incorrecta al manifestar que “…es un hecho probado que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada…”, cuando más bien esta situación fáctica ha sido el objeto central de la controversia y del material probatorio, por lo que no era la infracción directa la vía adecuada para atacar la sentencia impugnada, puesto que bien lo señala la doctrina y la jurisprudencia, que no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. Por otra parte, la recurrente realiza extensos alegatos de instancia impropios de este recurso extraordinario, volviendo por tanto inestimable los cargos.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, por la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, mayor de edad, soltera, hondureña, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir, promovida por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, apoderado de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial y Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, por medio de su Presidenta de ese entonces, señora MARIA ELENA MONDRAGON. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, la cual dice lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha diez de enero del presente año (2012), en las diligencias de la referencia, misma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR la demanda de emplazamiento promovida por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, actuando en su calidad de mandatario judicial de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante legal, Señor HECTOR BIENVENIDO MENDEZ CALIX, en su calidad de Gerente y Representante Legal, en consecuencia se absuelve a la demandada de la responsabilidad de reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en las condiciones que tenía al momento del despido así como del pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios convencionales, ajuste de sueldo por costo de vida; todo ello sin perjuicio de los derechos ofertados por la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMANDO en su parte resolutiva la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en lo sus demás extremos, es decir respecto de los numerales 2 y 3 que la misma contiene.- SIN COSTAS en esta instancia, por ser atendibles las pretensiones de la recurrente…SIN COSTAS” y el Juzgado de primera instancia resolvió así: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, promovida por LEONEL MEDRANO IRIAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia quien actúa en su condición de apoderado judicial de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENOZA; contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante legal señora MARIA ELENA MONDRAGON, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: CONDENA: Al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a través de su representante legal señora MARIA ELENA MONDRAGON, a REINTEGRAR a la trabajadora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, en un puesto en igual o mejores condiciones que tenia al momento de producirse el despido; más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 2) Declara con lugar el incidente de tachas propuesto por la demandada.- 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que comenzó a prestar sus servicios a la institución bancaria el dieciocho de mayo del dos mil seis, en el puesto de Secretaria I, dependiente de la División de Servicios Administrativos; posteriormente el día 28 de abril del año 2011, el señor MARCO ANTONIO MARTINEZ, en su condición de Gerente de la Sucursal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS le envió a mi Representada una carta en la cual se le despidió en forma injusta, dando por terminada su relación de trabajo con dicha institución, la carta de despido no indica los hechos o motivos que encajen dentro en el marco legal que faculta al empleador para despedir a la demandante, ni aduce una causa específica, precisa para dar por terminado el contrato de trabajo que vinculó a mi representada en los términos que se han dejado relacionados en el numeral anterior, por lo tanto dicha terminación se toma en un despido injusto, arbitrario e ilegal.- 2.- La parte demandada, por su parte aduce que la cancelación de la plaza que ocupaba la demandante obedeció a un procedimiento normal y de rutina, que está amparada en las cláusulas tercera y novena del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como en el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo, lo que queda acreditaba la causa que tuvo el Banco para dar por terminada la relación laboral que lo vinculaba con la señora Lilian Suyapa Guerra Mendoza, reiterando que la cancelación de plazas está regulada dentro del ordenamiento jurídico laboral vigente.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de enero del 2012, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda Laboral, en consecuencia CONDENA al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, a REINTEGRAR a la trabajadora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, en un puesto en igual o mejores condiciones que tenia al momento de producirse el despido; más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo y Declara con lugar el incidente de tachas propuesto por la demandada, SIN COSTAS; bajo el criterio de que la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley, y nuestra Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral, y en el presente caso la demandada aunque alegue que realizó una reestructuración la misma no se hizo observando lo dispuesto en el contrato colectivo vigente en su cláusula novena. Por lo que este Tribunal considera que dicho despido es injusto en consecuencia es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios. Asimismo que la parte demandada interpuso incidente de tachas contra las testigos LESLIE ORALIA CASTAÑEDA LOPEZ, por tener interés directo en el juicio, ya que tiene un demanda entablada contra la institución demandada siendo la misma causa de pedir; en el caso de autos este Tribunal considera que procede dicho incidente por considerar que la testigo intentaría beneficiar a su compañera con su declaración en el presente juicio para favorecerse ella.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 7 de marzo del 2012, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia de fecha diez de enero del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en consecuencia Declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha diez de enero del presente año (2012), en consecuencia se absuelve a la demandada de la responsabilidad de reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en las condiciones que tenía al momento del despido así como del pago de salarios caídos y demás indemnizaciones y beneficios convencionales, ajuste de sueldo por costo de vida; todo ello sin perjuicio de los derechos ofertados por la demandada y en su parte resolutiva la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en lo sus demás extremos, es decir respecto de los numerales 2 y 3 que la misma contiene.- SIN COSTAS; bajo el criterio de que la entidad demandada aprobó una nueva estructura organizacional de la Sucursal del Banco en la ciudad de San Pedro Sula, hecho que implicó la supresión de la plaza de archivista auxiliar, en razón de la holgura de 9.03 horas diarias que se encontró en dicha sección, según se desprende del informe del estudio y propuesta que presentara el Jefe de Departamento de Organización y Planeamiento de la demandada, en fecha 01 de abril de 2011, y que conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiún L.3,366,521.00); todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en Ley de Emergencia Fiscal y Financiera con vigencia temporal, en aras del bien común dirigida a la toma de decisiones o medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes cuanto a vinculación y estabilidad en el empleo; lo anterior hace que la desvinculación contractual sea válida y legal. Desde luego, no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a la estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto; no obstante si el cuerpo legal en referencia autorizó a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al BANCO CENTRAL DE HONDURAS como una entidad descentralizada, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, siendo esas medidas la aprobación de una nueva estructura organizacional, se cede frente a la necesaria cancelación de la plaza que ocupaba la demandante y su consecuente retiro del servicio.- 5.- Que mediante sentencia de fecha 10 de abril del 2012, éste Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderada de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha siete de marzo de das mil doce y dispone que se lleve adelante la tramitación del, por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha 24 de mayo del 2012, compareció ante éste Tribunal la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que mediante auto de fecha 25 de mayo del 2012, se tuvo por devuelto el traslado conferido la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de 10 días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha 8 de junio del 2012, se tuvo por devuelto el traslado y contestado en tiempo el recurso de casación, por la Abogada EDITH YANNETTE URBINA BURGOS, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía, se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que la abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA, en su condición de apoderada de la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, expresa su primer y segundo motivo de la siguiente forma: “PRIMER MOTIVO. DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo, en lo que se refiere exclusivamente a la infracción directa. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Explicación del Motivo.- La infracción directa tiene lugar, entre otros casos, cuando estando probado el hecho, se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada, como aparece de la carta de fecha 28 de abril del 2011 en donde se comunica a la demandante que la plaza que ocupa ha sido cancelada dando lugar a la terminación de la relación laboral en virtud de una resolución emitida por el Banco Central de Honduras que autoriza una nueva estructura organizacional y que obra a folio veinticinco (25) de la primera pieza de autos. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo que establece que la terminación de la relación laboral debe de hacerse por escrito estableciendo la causa que la origina y que después no podrá alegarse causal o motivo distinto. Señores Magistrados, sobre este alegato hay tantas sentencias dictadas por esta Honorable Corte y los demás tribunales del trabajo, en cuanto a que el despido debe contener la causa o motivo de tal determinación, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, ya que en el contrato debe de existir y privar la buena fe desde el inicio hasta la terminación del contrato de trabajo y así evitar sorpresas en el proceso, que es la situación en el caso que nos ocupa. La notificación de la terminación de dicha relación debió invocar los hechos y los fundamentos, con expresión de las situaciones concretas generadoras de tal determinación, las que si bien es cierto fueron alegadas en el desarrollo del juicio, también lo es que a ese momento procesal ya era tardía y extemporánea tal invocación conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 117 del Código de Trabajo, lo cual hace que dicho despido resulte ilegal. En la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a otra de manera concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción cuando el agraviado concurra ante ella demandando sus derechos, tal como aconteció en el presente caso que la parte demandada introdujo como alegato toral la aplicación del artículo 95 numeral 19) en relación con el 111 numeral 1) del Código de Trabajo, sin haberlo expuesto al momento de la notificación de la terminación de la relación laboral. Consecuentemente, se considera que la Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida hizo caso omiso al inobservar lo que establece el artículo 117 del Código del Trabajo, especialmente su parte final, negando con ello el derecho al reintegro que le corresponde a la trabajadora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA, por lo expuesto procede se CASE la sentencia recurrida por este motivo. SEGUNDO MOTIVO. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por INFRACCION DIRECTA por falta de aplicación del artículo 113, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con los artículos números uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera contenida en el Decreto número DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL DIEZ (18-2010) de fecha dieciséis de abril del dos mil diez. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Artículo 113: Párrafo segundo: “El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones.”EXPLICACION DEL MOTIVO: La INFRACCION DIRECTA ocurre cuando a un hecho debidamente probado NO SE LE APLICA la norma que lo regula en un caso concreto. Es un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA mediante nota de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil once (2011) sin señalar los hechos o motivos que facultan al empleador para despedir a la demandante. En la indicada nota se le comunica a la demandante que la plaza que ocupa ha sido cancelada dando lugar a la terminación de la relación laboral en virtud de una resolución emitida por el Banco Central de Honduras que autoriza una nueva estructura organizacional, lo cual obra a folio 25 de la primera pieza de autos. No obstante, el día miércoles, 17 de marzo del año dos mil doce, la referida Corte de Apelaciones dicta una sentencia definitiva en donde establece que la reestructuración administrativa no constituye causa justa de terminación del contrato, pero que en el caso de autos la terminación del contrato de trabajo con la trabajadora Lilian Suyapa Guerra Mendoza, deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y por ello en razón de las disposiciones legales obligatorias contenidas en la LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA con vigencia temporal, que autoriza a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al Banco Central de Honduras como una entidad descentralizada para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del Gasto Público y de orden financiero, por tal razón es procedente el despido y para ello aplica dicha Ley de Emergencia Fiscal y Financiera en sus artículos 1, 2, 3, 4 y 5, obviando que el artículo 6 de la indicada Ley establece que su vigencia es de naturaleza temporal y que su aplicación será durante un año contado a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, hecho éste que se produjo el día DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ, en consecuencia su vigencia finalizó el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, y el despido se produce el 28 de abril del año 2011. La aplicación de las disposiciones carentes de vigencia impulsaron a la Corte sentenciadora a omitir y dar valor al artículo 113 párrafo 2 del Código de Trabajo, provocando consecuentemente la infracción directa por falta de aplicación de la indicada norma jurídica de carácter sustantivo.”.- III.- Pero es el caso que la Recurrente en el desarrollo de los cargos que anteceden señala que la infracción directa de la ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula en el caso concreto. Sin embargo, resulta que en el caso in examine, se parte de una premisa incorrecta al manifestar que “…es un hecho probado que el Banco Central de Honduras dio fin a la relación laboral con la señora LILIAN SUYAPA GUERRA MENDOZA mediante una nota sin señalar los hechos o motivos que encajan dentro del marco legal que facultan al empleador para despedir a la demandada…”, cuando más bien esta situación fáctica ha sido el objeto central de la controversia y del material probatorio, por lo que no era la infracción directa la vía adecuada para atacar la sentencia impugnada, puesto que bien lo señala la doctrina y la jurisprudencia, que no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. Por otra parte, la recurrente realiza extensos alegatos de instancia impropios de este recurso extraordinario, volviendo por tanto inestimable los cargos.- IV.- Que la Impetrante alega nulidad subsidiaria argumentando lo siguiente: “Con base en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio la Sentencias que se impugnan cuando aparezca de manifiesto alguna de las causas que dan origen a la Casación en la forma y que en Materia Laboral es admisible como causal, el error INPROCEDENDO cuando por el quebrantamiento de normas procesales se llegue a infringir normas sustantivas de carácter laboral; se alega en forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA que reforma la sentencia de primera instancia del expediente de autos por los motivos siguientes: Con fecha siete(7) de marzo del año dos mil doce, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, al proferir su fallo en la Demanda de Emplazamiento Laboral promovida por la señora Lilian suyapa Guerra Mendoza en contra de la Institución denominada:0 Banco Central de Honduras, en el numeral tercero de la misma expresó lo siguiente: “CUARTO: No obstante esta Alzada ha venido sosteniendo que la reestructuración administrativa no constituye justa causa de terminación del contrato; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas las identificadas bajo los números CL56-09, CL-499-09, CL-211-09 pero en caso de autos, la terminación del contrato de trabajo para con la demandante se deriva de una necesidad de racionalizar el gasto público y para ello, el Directorio de la entidad demandada, aprobó una nueva estructura organizacional de la sucursal del Banco en ésta ciudad, hecho que implicó la supresión entre otras, de la sección Internacional y Comercio Exterior, categoría FC, que fuera absorbida por la Jefatura de Contabilidad, en razón de la holgura que tenía dicha sección, según se desprende del informe del estudio y propuesta que presentara el Jefe del Departamento de Organización y Planeamiento de la demandada en fecha 01 de abril de 2011, y que conllevan un impacto económico de ahorro anual consistente en aproximadamente Tres Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Veintiún lempiras (L. 3,366,521.00) (f.81 al 96); todo en razón de disposiciones legales obligatorias contenidas en la citada Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, que autorizaba las medidas de choque extraordinarias para ajustar la estructura del Estado y que naturalmente iban a afectar los mecanismos existentes en cuanto a la vinculación y estabilidad en el empleo; lo anterior hace que la desvinculación contractual sea válida y legal, la estabilidad laboral de un empleado sede (sic) ante la necesidad de reducir el gasto público en materia salarial, y ello así lo autoriza la cláusula novena del contrato colectivo de trabajo (f.99).- Desde luego, no se trata de una suspensión o eliminación del derecho a dicha estabilidad que se garantiza en las relaciones laborales con la reinstalación en los casos de despido injusto o con el pago de las indemnizaciones; no obstante, si el cuerpo legal en referencia, autorizó a los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, con sus respectivas instituciones y órganos dependientes, incluyendo al BANCO CENTRAL DE HONDURAS como una entidad descentralizada, para adoptar las medidas pertinentes en materia de racionalización del gasto público y de orden financiero, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y demás leyes, la reestructuración organizacional mediante la cual se ha procedido a la supresión de plazas por resultar supernumerario el personal que ahí labora, según los análisis que al efecto se realizaron, la aprobación de la nueva estructura organizacional, cede frente a la necesaria cancelación de la plaza que ocupaba la demandante y su consecuente retiro del servicio; para lo cual está previsto el pago de las prestaciones laborales más no la reinstalación a su puesto de trabajo.-” En seguida, en la parte dispositiva y en el POR TANTO se fundamenta dicha resolución entre otros, en el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera y acontece que tal y como lo manifiesta la Corte sentenciadora, esta es la motivación jurídica para declarar sin lugar la reinstalación de la trabajadora demandante y es del caso que la indicada LEY DE EMERGENCIA FISCAL Y FINANCIERA carece de vigencia desde el día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, por lo cual se aplicó indebidamente en el caso del juzgamiento de la demanda promovida por la trabajadora demandante, una Ley que NO ESTABA VIGENTE..”.- V.- Que analizados por este Tribunal los argumentos señalados por la solicitante para sustentar la nulidad antes expuesta, no observa este Tribunal que se haya violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en razón de que la disposición que indica como aplicada indebidamente por no estar vigente, toda vez que la misma si estaba vigente al momento de producirse la terminación laboral, en consecuencia no procede la nulidad subsidiaria alegada en el escrito de mérito.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos de casación y la nulidad subsidiaria esgrimida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha once de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 225-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL