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Sentencia CL-21-13 — Registro 3521

Resumen

Demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa que tuvo para dar por terminado un contrato de trabajo, que pruebe el procedimiento adecuado del despido, si el patrono no prueba dichas causas que se le obligue a pagar las indemnizaciones titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato; Segunda instancia reformo la sentencia declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta Corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. El Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional, ya que si bien pide que se case parcialmente la sentencia recurrida, sus pronunciamientos determinan que su pretensión es en forma total, omitiendo pronunciarse sobre el pago de los derechos adquiridos, mismos que resultan procedentes, independiente a la forma de la terminación de la relación laboral"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C. veinte de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de marzo del dos mil trece, por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA; en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa que tuvo para dar por terminado un contrato de trabajo, que pruebe el procedimiento adecuado del despido, si el patrono no prueba dichas causas que se le obligue a pagar las indemnizaciones que según la ley corresponden y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta el momento en que según las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, interpuesta el treinta de marzo del dos mil once, ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, por el señor ERIS ANTONIO ESCOBAR, mayor de edad, soltero, jornalero, hondureño y con domicilio en la Aldea Agua Blanca, Santa Rita, Yoro, contra la COOPERATIVA GUANCHIAS LIMITADA, por medio de su Presidente, señor LEONIDAS MELENDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha doce de diciembre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “PRIMERO Declarando parcialmente ha lugar, el recurso de apelación formulado por la parte demandada en consecuencia, se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha cuatro (04) de octubre del presente año (2012), en la demanda promovida por el señor ERIS ANTONIO ESCOBAR, contra el señor LEONIDAS MELENDEZ, en su calidad de Presidente de la COOPERATIVA GUANCHIAS LIMITADA, reforma que se contrae a: I.- DECLARAR SIN LUGAR, la demanda para el pago de salarios pendientes, en consecuencia se ABSUELVE la demanda del pago del tal concepto, II.- Fijar como monto total de condena la cantidad de SETENTA Y TRES MIL STECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPITAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L.73,762.22), que corresponden a los conceptos y montos fijados por el a quo, con excepción al declarado sin lugar por esta alzada; III.- EXIMIR de la imposición de costas de primera instancia; SEGUNDO: CONFIRMAR en todos sus demás extremos la sentencia que se conoce en apelación.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia por haber sido atendidas parcialmente las pretensiones del recurrente.” .- ANTECEDENTES DE HECHOS.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la demandada en fecha 25 de abril del 2003, en el cargo de protegedor en la finca de banano y que fue despedido verbalmente en fecha 16 de diciembre del 2010, considerando que el despido es injusto e ilegal, ya que manifiesta que ha sido responsable, honrado en el desempeño de sus funciones.- 2.- La parte demandada, la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante y alegando a su favor que el demandante se ausento de sus labores el 16 de diciembre del 2010, no volviéndose a presentar a su trabajo, la demandada nunca lo despidió de forma verbal como lo manifiesta el demandante, la demandada le asignó áreas de trabajo para que desempeñara su trabajo en orden y responsabilidad y no de la forma desordenada como lo hacia anteriormente.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha cuatro de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva que su parte resolutiva dice “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido.- Que pruebe el procedimiento adecuado de despido, caso contrario que se le obligue a pagar las indemnizaciones que por ley corresponden y a titulo de daños y perjuicios los salarios caídos y las costas del juicio promovida por el señor ERIS ANTONIO ESCOBAR, de generales conocidas en contra de la COOPERATIVA AGROPECIARIA GUANCHIAS LIMITADA a través de su representante LEONIDAS MELENDEZ. SEGUNDO: CONDENAR a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA, a través de su representante legal el señor LEONIDAS MELENDES, a PAGAR a ERIS ANTONIO ESCOBAR, la cantidad se setenta y seis mil doscientos cincuenta lempiras con veintidós centavos (76,250.22), por los conceptos que a continuación se desglosan: Dos meses de preaviso: doce mil cuatrocientos sesenta lempiras (12,460.00), doscientos diez días de cesantía: cuarenta y tres mil seiscientos diez lempiras, (43,610.00), Cesantía Proporcional: cuatro mil veintiún lempiras con treinta y tres centavos, (4,021.33), Vacaciones: Ocho mil trescientos veinte lempiras, (8,320.00), Vacaciones Proporcionales: Dos mil seiscientos ochenta lempiras con ochenta y nueve centavos, (2,680.89), Catorceavo: Dos mil seiscientos setenta lempiras, (2,670.00), Salarios pendientes: Dos mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras, (2,488.00),TERCERO: A titulo de daños y perjuicios los salarios que habría percibido el trabajador desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo cause ejecutoria esta sentencia condenatoria. CUARTO: CON COSTAS”. Bajo el criterio que en base a las pruebas propuestas por ambas partes, mismas que han sido debidamente analizadas y valoradas a través de la presente sentencia por lo que se establece que existió relación laboral entre el demandante y la demandada, que la misma inició el 25 de de abril del 2003 y finalizó el 16 de diciembre del 2010, de forma unilateral y con responsabilidad del patrono.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de diciembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha cuatro de octubre del 2012, declarando sin lugar la demanda para el pago de salarios pendientes, en consecuencia absolvió a la demandada del pago por tal concepto; fijando como monto total de condena la cantidad de Setenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras con Veintidós Centavos (L.73,762.22), que corresponden a los conceptos y montos fijados por el a quo, con excepción al declarado sin lugar por dicha alzada; eximiendo de la imposición de costas de primera instancia; y confirmó en todos sus demás extremos la sentencia de primera instancia; sin costas. Bajo el criterio que en cuanto al reclamo de los salario adeudados, el demandante al hacer su petición no estableció de manera clara a que fechas pertenecían, resultando ello imposible para la patronal acreditar el curso del juicio si los mismos habían sido pagados o no, razón por lo que no procede el pago de tal concepto, de acuerdo al artículo 219.2 del Código Procesal Civil, si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones de cada parte abonara las costas causadas a su instancias y las comunes por mitad, en el subjudice la parte demandada de acuerdo al fundamento anterior no fue condenada a la totalidad de las pretensiones de la parte actora, razón por la cual ese Tribunal estimó procedente eximir de la imposición de costas de primera instancia.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado de la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veinte de marzo del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su recurso de casación, presentando dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha dieciséis de abril del dos mil trece, la abogada NOLVIA CONCEPCION CABRERA MENCIA, apoderada de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. El abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: Casar parcialmente la Sentencia definitiva de fecha 12 de Diciembre del 2012, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. 1.- Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ERIS ANTONIO ESCOBAR, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo, contra la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIA LIMITADA, a través de su Representante Legal señor LEONIDAS MELENDEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. 2.- Absolver de toda responsabilidad económica a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA, a través de su Representante Legal señor LEONIDAS MELENDEZ. 3.- Eximir al demandante al pago de costas.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta Corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. El Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional, ya que si bien pide que se case parcialmente la sentencia recurrida, sus pronunciamientos determinan que su pretensión es en forma total, omitiendo pronunciarse sobre el pago de los derechos adquiridos, mismos que resultan procedentes, independiente a la forma de la terminación de la relación laboral.- IV.- También, el Censor de forma subsidiaria solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada en segunda instancia, bajo el argumento siguiente: “1.- En defensa de los derechos de mi patrocinado, se solicita que se invalide o anule la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el 12 de diciembre del 2012, por carecer de motivación y además la Corte no indica con claridad y precisión que hechos motivaron su convencimiento, además al reformar la Sentencia impugnada, en la parte resolutiva debió de haberse establecido que pronunciamientos se revocan y cuales se confirman, ya que las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, por formar un solo cuerpo asimismo la Corte sentenciadora reforma la Sentencia y en su lugar declara sin lugar la demanda para el pago de salarios pendientes y absuelve la demanda de pago en tal concepto, pero al mismo tiempo dice que fija como monto de la condena la cantidad de Lps.73,762.22 y cuyo desglose corresponde a los conceptos y montos fijados por el A quo, resolución esta que es incoherente y violatoria al Artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, siendo evidente que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley y todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, por lo que solicito que se decrete la nulidad de la Sentencia impugnada por carecer de motivación legal, no ser congruente con las pretensiones deducidas por las partes y que la parte resolutiva es contradictoria, pues los pronunciamientos hechos por el Ad-quen se repelen mutuamente. 2.- En la Audiencia de Alegaciones celebrada en la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula se solicitó la nulidad de la Sentencia apelada, alegando que la Audiencia de Conciliación y la Primera de Trámite de Proposición de Pruebas fue evacuada por el Juez César Cristóbal Velásquez Moncada, la Segunda Audiencia de Trámite donde se evacuó la prueba testifical, fue evacuada por el señor Juez Ernesto de Jesús Flores Bardales, quien tomó la deposición de los testigos y la Audiencia de Juzgamiento fue firmada por el Juez Wilfredo García Velásquez, quien dictó un fallo violentando el debido proceso y el principio de inmediación que caracteriza el proceso laboral, pues éste no tuvo ninguna participación en la producción y evacuación de la prueba, violentando el principio de inmediación que exige el Código sustantivo de Trabajo así como el Código Procesal Civil, el que se aplica supletoriamente a falta de disposición en materia laboral, el principio de inmediación consiste en que el Juez debe de intervenir directamente en todo el desarrollo del proceso laboral y especialmente en la producción de la prueba, este principio exige que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y adjetivos que conforman el proceso, por ello es esencial que el Juez que debe pronunciar la Sentencia haya asistido a todas las prácticas de las pruebas del que extrae su convencimiento y haya entrado por lo tanto, en relación directa con las partes, con los testigos y con los objetos del juicio, de forma que pueda apreciar la declaración de tales personas y las condiciones de los sitios y cosas litigiosas, fundándose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas como lo hizo el Juez que profirió la Sentencia en forma subjetiva. 3.- La Sentencia impugnada violenta el Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que toda persona debe ser juzgada y oída con las formalidades legales, pues el Juez debe dictar una Sentencia de fondo expresando que hechos probados lo convencieron, extremos éstos que no se han dado en el caso de autos, careciendo la Sentencia referida de motivación fáctica jurídica, por lo que procede que se invalide la Sentencia impugnada por carecer de motivación y haber omitido los hechos que llegaron al convencimiento del Juez, violentándose el debido proceso, sobre estos puntos solicitados la Corte recurrida los obvio, es decir los ignoró, pues las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con las pretensiones deducidas por las partes, existiendo una armonía entre lo pedido y lo resuelto por el Organo Jurisdiccional, por lo que procede se invalide la Sentencia recurrida o se decrete la nulidad en base al Art. 321 y 323 de la Constitución de la República.”.- V.- Que referente a tal petición, este Tribunal considera que no procede lo solicitado, por lo siguiente: a) en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, la misma reúne los requisitos necesarios y la motivación suficiente para resolver el litigio; b) en cuanto al señalamiento de que no fue el mismo Juez que conoció de la prueba el que dictara el fallo de primer grado, esa situación debió advertirse en el momento procesal oportuno, ya que esa situación de cambio de juzgador que conocía el proceso en primera instancia se dio en la audiencia de alegaciones y no se reclamó u objetó por parte del ahora Recurrente, por lo que convalidó lo actuado; y, c) no se evidencia ninguna cuestión que afecte el derecho de defensa y el debido proceso que motivaran la solicitud de nulidad alegada.- VI.- El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa y procede declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 21-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL