Sentencia CL-189-13 — Registro 3454
Resumen
En primera instancia se declaro sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario conforme al Arancel del Profesional de Derecho, en segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen al primer motivo de casación se colige lo siguiente: a) el Impetrante indica infracción directa y el error de hecho por falta de apreciación de la prueba, causales de violación a la Ley sustantiva, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; y, b) señala como infringidos los artículos 738 y 739, pero no indica a que cuerpo legal corresponden y aún infiriéndose que son normas del Código del Trabajo, las mismas no ostentan carácter sustantivo y por ende son inviolables para efectos del extraordinario recurso de casación. Razones suficientes para desestimar la pretensión que encierra este cargo.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Párrafo primero (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Del segundo cargo sometido a consideración a este Tribunal, procede determinar lo siguiente: el artículo 3 del Código del Trabajo señalado como infringido, no ostenta el carácter sustantivo, requisito indispensable para la prosperidad del mismo, por ende resulta inestimable. Conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos o deberes correlativos o los extinguen.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Párrafo primero (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, por el abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario conforme al Arancel del Profesional de Derecho, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre de dos mil once, por el señor JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de enero del año dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diez de diciembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el señor JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, contra del Estado de Honduras, a través de la Procuradora General de la Republica la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- SEGUNDO: ABSOLVER al Estado de Honduras, a través de la Procuradora General de la Republica la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN LUGAR la excepción perentoria de FALTA DE ACCION PARA DEMANDAR.- CUARTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación laboral en fecha 02 de junio del año 2008, con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante sistema de jornal, desempeñando el puesto de Auxiliar Jurídico, posteriormente fue nominado en el puesto de Asesor Legal dependiente de la Unidad de Servicios Legales, por tal razón en fecha 01 de marzo del 2010 recibió autorización de su patrono para que a través de la Procuraduría General de la República, se le otorgara la facultad de ejercer actos de procuración, como ser la de representar al Estado de Honduras a través de SOPTRAVI ante las instancias judiciales y siempre con un sueldo mensual de L.7,999.80 durante los últimos seis meses. Que en fecha 30 de junio del 2011 presentó ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reclamo laboral contra SOPTRAVI para el pago del reajuste de salario de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho, pago de ajuste aguinaldo, pago de ajuste decimotercer mes, ya que es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, debidamente colegiado, desempeñándose en dicha Secretaría como Asesor Legal ejerciendo actos de procuración ante los Tribunales. Que el patrono incumple con sus obligaciones legales como el pago del salario conforme al Arancel del Profesional del Derecho ya que el Congreso Nacional de la República mediante Decreto Legislativo número 82-96 no solo abolió el Decreto Legislativo número 48 de fecha 24 de septiembre de 1971 que contenía el Arancel Judicial Notarial y Administrativo contentivo de los conceptos y remuneraciones que devengan los profesionales del Derecho en el ejercicio de su profesión. Que el 22 de junio de 2003 se aprobó el nuevo Arancel del Profesional del Derecho, publicado en la Gaceta el 9 de julio de 2003, entrando en vigencia automáticamente, el cual establece en su artículo 89 el sueldo que devengarán los profesionales del derecho que laboran permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas autónomas, semi autónomas, empresas mixtas, de los tres Poderes del Estado y empresas privada en general, que se desempeñará como tal, que será un sueldo mínimo mensual de L.21,000.00. Que a partir del 01 de marzo del año 2010 debió devengar la suma de L.22,260.00 mensuales como mínimo, para el año 2011 el sueldo debía ser de L.23,415.00; conforme al índice inflacionario que establece el Banco Central de Honduras, según los informes correspondientes indican que los índices inflacionarios fueron del 6.0% para el año 2010, para el año 2011, fue de 5.5%, por lo que quedan justificadas las sumas arriba mencionadas de L.21,000.00 deberá aumentarse la cantidad de L.1,260.00 para todo el año 2010, que asciende a L.22,260.00 a esta suma deberá aumentarse L.1,155.00 para el año 2011, para un total de L.23,415.00, por lo que al ser el arancel una consecuencia de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras resulta este nexo de carácter obligatorio y en general de la misma; pero resulta que SOPTRAVI jamás ha cumplido con esta obligación. Que se agotó el trámite gubernativo administrativo.- 2.- La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que el demandante tenía una relación de servicios por tiempo limitado con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante el sistema denominado SISTEMA DE PAGO POR PLANILLAS O JORNAL. Que SOPTRAVI no está en la obligación de acceder a las pretensiones de reajuste a que hace alusión el demandante, ya que dichos beneficios si fueren aplicables solamente le corresponderían a los empleados de forma permanente y no al personal contratado por Jornal, siendo una relación jurídica sometida a término, donde lo importante es el plazo, sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo, por lo tanto no acarrea responsabilidad alguna. Que la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho no es de estricto cumplimiento para SOPTRAVI ya que dicho Reglamento no tiene rango de Ley por no haber cursado el procedimiento de discusión y aprobación de su contenido ya que no ha sido efectuada a través de el Congreso Nacional y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho arancel no se encuentran dentro del ámbito de conocimiento de la garantía constitucional por lo tanto no esta obligada para aceptar las pretensiones de reajuste de salarios en base al Arancel del Profesional del Derecho.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de diciembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió al Estado de Honduras de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que al demandante se le concedió la procuración judicial en varios procesos, es decir labora como procurador de SOPTRAVI, por lo que pretende un reajuste de salario conforme al Arancel del Profesional del Derecho, pero es necesario aclarar lo siguiente: La Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y a través de un recurso extraordinario de Inconstitucionalidad, el Arancel del Profesional del Derecho no corresponde o no ostenta el rango de Ley, por consiguiente su aplicación no debe de imponerse coercitivamente o mejor dicho no es una disposición de orden público, por lo que la aplicación de este Arancel debe de declararse sin lugar.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de enero del año dos mil trece, dictó sentencia CONFIRMANDO la dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que es improcedente lo solicitado por el demandante en su demanda, en cuanto a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, en virtud de que no se puede obligar a una institución a aplicar un Arancel que no tiene rango de ley, pues su origen, discusión y la aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente, cual es el Congreso Nacional; así como tampoco se ha dado cumplimiento a los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley.- 5.- Que mediante auto de fecha ocho de mayo del año dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS DOMINGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de enero del dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, se declaró precluído de derecho y pérdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA, para contestar la demanda de casacion planteada y ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado RONY JAVIER RODRIGUEZ FLORES, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 738 y 739 de la Legislación Laboral, infracción directa que provino por error de hecho por falta de apreciación de la prueba. FALTA DE APRECION DE PRUEBA. La falta de apreciación de la prueba consiste en: 1) La prueba Reconocimiento Judicial propuesta por la parte demandante, agregada a folio 101 de la primera pieza de autos que consiste en el Reconocimiento Judicial Efectuado al expediente Numero 048-09 que corresponde al Juez 5 en donde existen acumulados expedientes de varios jueces encontrándose dentro de este el expediente numero 519-9, promovida por el señor DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en donde se encuentra la sentencia de fecha 4 de febrero del año 2010, dictada por la Abogada Maria Isabel Perdomo, en donde falla con lugar la demanda de merito para el reintegro a su puesto de trabajo, reconocimiento de reajuste del Salario mínimo de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho, pago de reajuste salarial adeudado retroactivamente conforme al mismo arancel y la ley del salario mínimo. CONDENA a la Alcaldía Municipal a través del señor RICARDO ALVAREZ al reintegro del señor DANIEL ENRIQUE AMADOR FIALLOS, a su puesto de trabajo como asesor jurídico, quedando establecido como salario mínimo permanente la suma de Lps 21.000.00, mensuales mientras se encuentra en vigencia el Arancel del Profesional del Derecho. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo Vigente.”.III. Del examen al primer motivo de casación se colige lo siguiente: a) el Impetrante indica infracción directa y el error de hecho por falta de apreciación de la prueba, causales de violación a la Ley sustantiva, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; y, b) señala como infringidos los artículos 738 y 739, pero no indica a que cuerpo legal corresponden y aún infiriéndose que son normas del Código del Trabajo, las mismas no ostentan carácter sustantivo y por ende son inviolables para efectos del extraordinario recurso de casación. Razones suficientes para desestimar la pretensión que encierra este cargo.- IV. El Impetrante en el segundo motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por violación directa de los artículos 3, en relación con el artículo 8 del Código del Trabajo. VIOALACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANTIVA. La violación directa que consiste en: La violación directa provino de la no aplicación de los artículos 3 y 8 del Código del Trabajo que establecen las garantías de los derechos y solución de los conflictos que se susciten entre las leyes del trabajo y cualquier otra norma que se manifieste mediante un contrato, o cualquier otra forma. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo Vigente.”.- V. Del segundo cargo sometido a consideración a este Tribunal, procede determinar lo siguiente: el artículo 3 del Código del Trabajo señalado como infringido, no ostenta el carácter sustantivo, requisito indispensable para la prosperidad del mismo, por ende resulta inestimable. Conviene recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos o deberes correlativos o los extinguen.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación que se ha hecho merito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 189-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL