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Sentencia CL-187-13 — Registro 3678

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir;segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior cargo tampoco resulta admisible, ya que en su formulación se cometieron los siguientes defectos técnicos: a) se citan como violados los artículos 116 y 120 del Código de Trabajo, disposiciones que cuentan con varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, por lo cual debió precisarse cada una de ellas; y, b) el error de hecho para que sea viable en casación, debe ser evidente y manifiesto, situación que no se da en el presente asunto, donde el ad-quem valoró toda la prueba aportada al proceso y estimó la procedencia de la demanda, por la violación al derecho constitucional de estabilidad laboral"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria por Ley de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de agostos de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, por la abogada NORALISIS AMADOR, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de aumentos salariales, bonificaciones otorgadas, otros derechos reconocidos a los demás trabajadores y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre del dos mil once, por la señora UBERLINDA TURCIOS, mayor de edad, viuda, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Periodismo y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMÓ la sentencia dictada el treinta de noviembre del dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora URBERLINDA TURCIOS contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP), por intermedio de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ.- SEGUNDO: CONDENAR al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) por intermedio de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, a REINTEGRAR a su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, a la señora URBERLINDA TURCIOS, y a concederle el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que el demandante sea debidamente reinstalado.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante en el escrito de su acción manifiesta que inició su relación laboral en fecha diecisiete de febrero del dos mil seis, en el cargo de Promotora Social, siendo trasladada al cargo de Encargada de Archivo y Designaciones de Beneficiarios, realizando sus funciones de manera responsable y eficiente, el día catorce de octubre del dos mil once, sin invocar justa causa de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo, mediante nota se le realizó el despido, expresando que se rescindía la relación unilateralmente, aduciendo que existe personal supernumerario con las mismas funciones, realizando una reorganización administrativa, no siendo una causal justa de despido, violentando los derechos del trabajador, por lo que se realizaron gestiones para agotar el trámite administrativo, primero ante la Dirección Ejecutiva de la institución y, posteriormente, el veintisiete de octubre del dos mil once, se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo en la Dirección General del Trabajo, no llegando a ningún acuerdo conciliatorio, prosiguiendo el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que goza de la opción de ejecutar reestructuraciones en materia de recursos humanos para adecuarse al reto continuo de lograr la eficiencia en sus actividades en razón por la cual es necesario implementar procesos de reestructuración de personal, con fundamento en la opinión legal que el Código de Trabajo dispone en el artículo 95 numeral 19); en el año dos mil once, se practicó para efectos de reestructuración, auditoría interna de puestos y funciones realizada por la División de Recursos Humanos evidenciando una serie de hallazgos en cuanto personal supernumerario, realizando idénticas funciones en forma repetitiva, específicamente en la División de Beneficios, la Dirección Ejecutiva es la autoridad administrativa con facultad para adecuar el funcionamiento del Instituto conforme a las necesidades del servicio, siempre cambiantes, por lo que al tenor de lo establecido en el contrato colectivo puede fusionar y suprimir cargos o puestos desempeñados por personal contratado por el Instituto, teniendo como resultado la conclusión que era necesario someter a la División de Beneficios, a una reestructuración suprimiendo aquellos puestos de trabajo innecesarios dentro de los cuales se encontraba el de la demandante, siendo el motivo legal invocado para la terminación de la relación laboral obedeciendo al artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando a la institución demandada a reintegrar a la demandante, más a titulo de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se adeuden; bajo el criterio que la razón por la cual se efectuó el despido fue por la reorganización administrativa, ya que era innecesario el puesto desempeñado, no siendo válido e ineficaz al tenor del artículo 91 del Código del Trabajo, ya que tales disposiciones no pueden estar por encima de la Constitución de la República, debiendo prevalecer la estabilidad laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo y sin costas; bajo el criterio que no se probó haber realizado los estudios técnicos que justificaran la cancelación de la plaza que ocupaba la trabajadora, contribuyendo a la reestructuración administrativa, así como lo establece el artículo 95 del Código del Trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha ocho de mayo del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada NORALISIS AMADOR, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, la abogada NORALISIS AMADOR, actuando en su condición de apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda con dos motivos de casación, resolviendo este tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación por parte de la Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda de casación; haciéndolo en fecha veintidós de julio del dos mil trece, el abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, actuando en su condición de apoderado de la señora UBERLINDA TURCIOS.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la abogada NORALISIS AMADOR, en su primer motivo de casación sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el articulo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por interpretación errónea”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo.”.- III. El cargo que antecede no puede prosperar ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio jurisprudencial de que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una reestructuración administrativa dentro de la empresa o institución, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por la misma Impetrante (Artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo) en armonía con lo preceptuado en el respectivo contrato colectivo, tal como se ha señalado en múltiples fallos (ver sentencias S.L. 175-08, S.L. 220-08, S.L. 261-08, S.L. 291-08 y S.L. 365-08); además, se incluyen reglas procesales violadas, lo cual no guarda armonía con el tipo de infracción alegada.- IV. Que la Censora del fallo en su segundo motivo invoca: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalados así: a) Medio de Prueba Documental consistente en Notificación de despido de fecha 14 de octubre del año 2011 debidamente fundamentada, que corre agregada folios números cinco y treinta y tres de la primera pieza de autos; b). Medio de Prueba Documental que obra a folios números treinta y cuatro y treinta y cinco de la primera pieza de autos consistente en el Artículo 75 del Reglamento Interno de Condiciones de Trabajo del INJUPEMP, el cual establece: “ARTICULO 75. CUANDO A CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION ADMINISTRATIVA, O POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 111 DEL CODIGO DEL TRABAJO, HUBIERE NECESIDAD DE PRESCINCIR DE LOS SERVICIOS DE UN EMPLEADO, PODRÁ DARSE POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO HACIENDOSE EFECTIVAS LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A QUE HUBIERE LUGAR”; c). Medio de prueba Reconocimiento Judicial que obra a folio número 38 de la primera pieza de autos, en el cual se constato el informe de auditoría practicada en la división de beneficios donde se encontraba el personal subutilizado. Y se constato que de dicha auditoría interna realizada del 5 al 8 de septiembre del año 2011, se concluyó que la división de beneficios debería ser sometida a una reorganización administrativa ya que presenta personal supernumerario, que está desempeñando funciones idénticas generando la subutilización del personal asignado a esa división por lo que se recomienda suprimir el cargo de promotora social desempañado por la señora URBELINDA TURCIOS; Así mismo se constato en dicho reconocimiento judicial que la señora URBELINDA TURCIOS, NO era la más antigua en su puesto de trabajo que existe personal en la Institución con mayor antigüedad que ella. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el Código del Trabajo, artículo 765 párrafo segundo del ordinal primero, que establece como causal de Casación “ser la sentencia violatoria de ley sustantiva proveniente de apreciación errónea de determinada prueba”. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo…”.- V. Que el anterior cargo tampoco resulta admisible, ya que en su formulación se cometieron los siguientes defectos técnicos: a) se citan como violados los artículos 116 y 120 del Código de Trabajo, disposiciones que cuentan con varios párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas, por lo cual debió precisarse cada una de ellas; y, b) el error de hecho para que sea viable en casación, debe ser evidente y manifiesto, situación que no se da en el presente asunto, donde el ad-quem valoró toda la prueba aportada al proceso y estimó la procedencia de la demanda, por la violación al derecho constitucional de estabilidad laboral.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 187-13.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY