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Sentencia CL-156-13 — Registro 3450

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, derechos adquiridos, horas extras e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó parcialmente el aspecto de los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que el Impetrante en la formulación del cargo incurre en los siguientes defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo contiene varios párrafos y literales, los cuales se refieren a distintas situaciones jurídicas que resultaba necesario precisar a cual de ellas dirigía su ataque; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al artículo 727 del Código del Trabajo, norma que no ha sido indicada como violada en la formulación; y, c) realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de junio del año dos mil trece, por el abogado HENRY HERIBERTO ZAVALA ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en su condición de apoderado del negocio denominado BAY ISLAND ELECTRIC SUPLY Y PLAZA MAR; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, derechos adquiridos, horas extras e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en fecha diez de noviembre del dos mil nueve, por el señor JOSE MANUEL ENAMORADO RIVERA, mayor de edad, soltero, Estudiante, hondureño y con domicilio en Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, contra BAY ISLAND ELECTRIC SUPLY Y PLAZA MAR, por medio de su propietario y representante legal, señor JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de febrero de dos mil trece, proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, reforma que se hizo en cuanto a la declaración del pago de los salarios caídos o dejados de percibir por el señor Enamorado Rivera, que deberán computarse para su pago, a partir de la fecha veintisiete de octubre del dos mil nueve inclusive hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme, habiendo el Tribunal a-quo, declarado con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando al demandado a pagar a la parte demandante la suma de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS (L.19,491.00), por los conceptos de prestaciones laborales y a título de indemnización los salarios dejados de percibir en los meses de octubre y noviembre del dos mil nueve y los dejado de percibir a partir del trece de septiembre del año dos mil doce, hasta la fecha en que con su gestión a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme el fallo, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación laboral con el señor JUAN DE LA CRUZ PACHECO, en su condición de Propietario y representante legal del negocio denominado “SUPERMERCADO PLAZA MAR”, mediante contratación verbal y por tiempo indefinido en fecha seis de enero del año dos mil nueve, desempeñándome en el cargo de Bodeguero, con un horario continuo de trabajo de 8:00 am a 5:00 pm, de martes a domingo, con descanso los días lunes. Que el salario base mensual que devengaba era de Seis Mil Lempiras (L.6,000.00), y a pesar de que trabajaba nueve horas diarias seis días a la semana, NUNCA le pagaron esa hora extra diaria, por lo que le adeudan doscientos treinta y cuatro horas extras, que equivalen a siete mil doscientos cincuenta lempiras (L.7,250.00). Posteriormente, en fecha veintisiete de octubre del año dos mil nueve, encontrándose en su área de trabajo, fue despedido en forma verbal, directa e injusta por el señor JUAN DE LA CRUZ PACHECO, sin justificación legal alguna.- 2.- La parte demandada contestó dicha demanda manifestando que aceptaba parcialmente las pretensiones del actor, en cuanto a la contratación y salario base y rechazando todo lo referente a la extensión del horario laborable a ocho horas diarias según el Código del Trabajo, siendo falso lo alegado por el demandante ya que dicha hora nunca la trabajo, ya que era la hora asignada para sus alimentos y gozaba de libertad para ello y no laboraba bajo esas circunstancias.- 3.- El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en fecha catorce de diciembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando al demandado a pagar a la parte demandante la suma de Diecinueve Mil Cuatro Ciento Noventa y Un Lempiras (L.19,491.00) por los conceptos de prestaciones laborales y a título de indemnización los salarios dejados de percibir en los meses de octubre y noviembre del dos mil nueve y los dejado de percibir a partir del trece de septiembre del año dos mil doce, hasta la fecha en que con su gestión a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada se allanó parcialmente a las pretensiones estableciendo que se determinaran los salarios e indemnizaciones dejados de percibir a partir de la fecha del emplazamiento, extremo que fue aceptado por la parte demandante, que solo se opuso a la contestación de prescripción de horas extras, y en el caso que nos ocupa no podría el Juez computarizar o responsabilizar a la parte demandada al pago de indemnizaciones de salarios caídos antes de la fecha de su emplazamiento cuando ese emplazamiento no se realice por culpa ya sea del tribunal o del subconsciente interior de la parte demandante, puesto que si bien es cierto el derecho laboral es de carácter social, eso no justifica a la parte demandante para que ejerza su derecho a su defensa en cuanto a una aplicación rápida y efectiva de la justicia, es así que el artículo 728 del mismo Código de Trabajo, por lo que efectivamente debe de aplicarse el computo de indemnización de salario dejado de percibir a partir del término que tiene la parte demandante para interponer la demanda así como el computo a partir de la fecha del emplazamiento es decir, los salarios dejados de percibir en el mes de su despido, en el mes de interposición de la demanda y los salarios dejados de percibir al partir de la fecha del emplazamiento del demandado.- 4.- La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha once de febrero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando HA LUGAR al recurso de apelación y reformó la sentencia de fecha catorce de diciembre del dos mil doce dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en la demanda laboral ya relacionada en cuanto a la declaración del pago de los salarios caídos o dejados de percibir por el señor Enamorado Rivera, que deberán computarse para su pago, a partir de la fecha veintisiete de octubre del dos mil nueve inclusive, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme, sin costas; bajo el criterio que el principio de Personalidad del Recurso de Apelación, determina que la respuesta judicial, debe ser en base a los agravios expuestos por la recurrente, pues son éstos los que le dan jurisdicción a la segunda instancia para conocer de la parte de la sentencia que la recurrente considera le es lesiva a su derecho, además, no habiendo pronunciamiento alguno por la parte recurrida, se estima que la sentencia recurrida debe ser reformada únicamente en cuanto a la fijación de los salarios caídos los cuales deben hacerse efectivos a partir de la fecha del despido del trabajador, que fue aceptada en la contestación de la demanda y quedó como hecho probado, que el mismo se constituyó a partir del 27 de octubre del 2009.- 5.- Que mediante auto de fecha veintidós de abril del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado HENRY HERIBERTO ZAVALA ROSALES, actuando en su condición de representante procesal de la empresa BAY ISLAND ELECTRIC SUPLY Y PLAZA MAR, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha once de febrero de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha doce de junio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado HENRY HERIBERTO ZAVALA ROSALES, actuando en su condición de representante procesal de la empresa BAY ISLAND ELECTRIC SUPLY Y PLAZA MAR, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha doce de agosto del año dos mil trece, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado CLEVE C. BODDEN D., para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado HENRY HERIBERTO ZAVALA ROSALES, en el primer y único motivo de casación, alega: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Interpretación Errónea del Artículo 113 del Código del Trabajo, el cual literalmente dice: “la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales de trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagarla al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. El trabajador puede demandar a su patrono al cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. a)…….; b)…………— PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero, del artículo 765 del Código del Trabajo… Sin el ánimo o intención de querer darle una mala interpretación a la norma ya establecida pero siempre conforme a Derecho estoy manifestando que dicha literalidad del articulo precedente debe fijarse no solo en el hecho de lo que puede dañar al trabajador en sí, sino también velar por lo que ya se encuentra establecido en nuestras leyes en cuanto a la garantía del debido proceso, el cual no ha seguido su transcurso a favor de mi representado el señor JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA, en su condición de propietario y representante legal del negocio denominado “SUPERMERCADO PLAZA MAR”; ya que uno de los principios fundamentales que está plenamente plasmado en nuestro Actual Código Procesal Civil en su carácter supletorio es el “PRINCIPIO DE CONTRADICCION”, que establece la necesidad de conocimiento INMEDIATO por parte del demandado del proceso que se lleva en su contra, hecho que desde todo punto de vista en contradicción con el principio de buena fe, conducta y ejercicio de la vida procesal adecuada se produjo en contra de mi representado dejando con mala intención de acelerar el procedimiento que correspondería a la parte demandada, como interesados y no al Juzgado de Letras Correspondiente.- El Tribunal de Segunda Instancia procedió a REFORMAR la Sentencia de Primera Instancia y a declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la parte demandante y en cuanto a la declaración del pago de los salarios caídos o dejados de percibir por el Señor ENAMORADO RIVERA que deberán computarse para su pago a partir de la fecha veintisiete de octubre del dos mil nueve inclusive hasta que la Sentencia Definitiva, haciendo la Consideración de que se podía por parte de la Apoderada Judicial demandante hacer las gestiones correspondientes para el emplazamiento para la contestación de dicha demanda transcurriendo para ello dos años diez meses ya que el derecho laboral es de carácter social y en el mismo se establece y regula el PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, hecho notorio y justificado que da acción a lo que se demanda, y que no es necesario probarlo porque consta de manera manifiesta en el expediente de merito, por lo tanto dicha prueba está más que justificada pues se encuentra aceptada implícitamente en el expediente correspondiente… Pero deja de observar por el PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL establecido en el artículo 727 del Código de Trabajo: Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para conseguir un fin prohibido por la ley.- Quedando establecido mediante este articulo que el fin que se pretende por parte de la Apoderada Judicial demandante es prohibido por ley; y que el Tribunal Ad-Quem al momento de JUZGAR dicha Causal del artículo 113 del Código del Trabajo incurrió en una INTERPRETACION ERRONEA de la ley, ya que desde toda perspectiva existe DOLO durante el proceso entonces es procedente CASAR la Sentencia Recurrida…”.- III. Que el Impetrante en la formulación del cargo incurre en los siguientes defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo contiene varios párrafos y literales, los cuales se refieren a distintas situaciones jurídicas que resultaba necesario precisar a cual de ellas dirigía su ataque; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al artículo 727 del Código del Trabajo, norma que no ha sido indicada como violada en la formulación; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Censor en su segundo motivo esgrime: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Infracción Directa por Falta de Aplicación de los Artículos: 90 de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal Competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Se reconoce………..“-Artículos: 1 del Código de Ética del Profesional Hondureño, el cual literalmente dice: “Los deberes fundamentales de la que la profesión impone a todo Abogado son: la defensa de la justicia, el respeto a la ley, la dignidad, la independencia, el desinterés, el compañerismo y la superación de su cultura jurídica”; articulo número 5: El Abogado como servidor de la justicia y colaborador de su administración debe tener presente que su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente con diligencia y estricta sujeción a las normas legales y morales”; articulo 7: “El Abogado, en defensa de la justicia y de la verdad, ejercerá libremente su ministerio con las limitaciones que le imponen la ley y los principios de Ética Profesional”; articulo 8: “La conducta del Abogado deberá de caracterizarse por la honradez y la franqueza.- No deberá aconsejar ni ejecutar actos dolosos, forjar o desfigurar los hechos, ni hacer citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer o desviar la rápida o eficaz administración de justicia”; artículo 11: “El Abogado deberá de abstenerse de emplear recursos y procedimientos legales innecesarios con el solo fin de entorpecer o retardar el curso del juicio, asimismo se abstendrá de toda alegación inútil o superflua… PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero, del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta Honorable Corte Suprema ha establecido en diversas Sentencias que: “La infracción directa la constituye la ostensible rebeldía del juzgador en aplicar la norma al caso debatido enjuicio, y la inobservancia de las garantías constitucionales y la lealtad procesal”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) se alega falta de aplicación de los artículos 90 de la Constitución de la República, 1, 5, 7, 8 y 11 del Código de Ética del Profesional del Derecho y 727 del Código del Trabajo, sin embargo no son normas sustantivas del orden laboral y por lo tanto inviolables para los efectos de casación; y, b) señala disposiciones que no han sido indicadas como violadas en la formulación, tal es el caso del artículo 113 del Código del Trabajo.- VI. Que por lo antes expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 156-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL