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Sentencia CL-151-13 — Registro 3525

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene al reintegro en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda y sin costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 21 de enero de 2013, que reforma la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, en fecha 24 de octubre de 2012, aparte de que no contiene la estructura debida en relación a la decisión de modificar el fallo del a-quo, ya que omite indicar que partes del mismo revoca y que otras confirma, declarando con o sin lugar la demanda, condenado o absolviendo al demandado; a su vez emite pronunciamiento de que debe reconocérsele a la demandante sus prestaciones laborales por el tiempo que laboró, cuando el derecho ejercido por la trabajadora es el reintegro, una vez evacuado el procedimiento producto del emplazamiento para que el patrono pruebe o no la justa causa de despido, por otra parte, si la petición de la demandante fuese el pago de las prestaciones, que no lo es, el ad quem evade su obligación constitucional de juzgar lo sometido a su conocimiento remitiendo a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la elaboración del cálculo o liquidación, consecuentemente el fallo resulta incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas y carente de pronunciamiento de las mismas, lo que van en perjuicio del debido proceso y derecho de defensa de las partes.- VIII. Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material. Por ello: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo…”, aunque es de reconocer que en materia laboral el juez goza de las facultades extra y ultra petita, las mismas son por conceptos a favor del trabajador y para su aplicación deben haber sido discutidos y estar debidamente probados los hechos que las originen, en los términos que dispone el artículo 728 del Código del Trabajo. En adición, una vez despedida la trabajadora podrá acudir ésta a la instancia judicial a reclamar bien sea el pago de sus prestaciones o el reintegro a su puesto de trabajo, tal como ocurre en el presente caso, en el cual se ha demandado el reintegro, respetando el derecho que le otorga el artículo 129 de la Constitución de la República.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de junio del año dos mil trece, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAL (R.N.P.); y, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, por el abogado ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la señora MIRIAM SUSANA STAMP DUEÑAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene al reintegro en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, en fecha doce de abril del año dos mil doce, por la señora MIRIAM SUSANA STAMP DUEÑAS, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial y Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en el Municipio de Amapala, Departamento de Valle, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su representante legal, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: REFORMAR la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Amapala, Departamento de Valle, dictada con fecha veinticuatro de Octubre del año dos mil doce, en el sentido de inadmitir la petición de reintegro de la demandante a su puesto de Registradora del Registro Civil de las Personas de la ciudad de Amapala, Departamento de Valle, sin perjuicio de que deberá reconocérsele sus prestaciones laborales que le corresponden por el tiempo que laboró en ése puesto como empleada interina del Registro Nacional de las Personas, las cuales deberá liquidar previamente en la oficina respectiva del Ministerio del Trabajo.- SEGUNDO: Por consiguiente se ADMITE PARCIALMENTE la apelación de la sentencia recurrida que fue objeto de reforma por ésta Corte.- TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que inició su relación laboral para el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.), en fecha 12 de mayo del año 2008, mediante Acuerdo Nº093-2008, desempeñándose en el cargo de Registradora Civil Municipal, devengando un salario mensual. Posteriormente, mediante oficio de fecha 19 de diciembre del año 2011, fue notificada de la cancelación de su nombramiento sin invocarle causal alguna, lo que vuelve el despido ilegal e injusto.- 2.- La parte demandada, el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando que todo se probará en juicio.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, condenando a la demandada el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) al reintegro de la señora MIRIAM SUSANA STAMP DUEÑAS, en iguales o mejores condiciones, asimismo se ordenó el pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer mes de salario y decimocuarto mes de salario, desde la fecha del despido, hasta que se produzca la reinstalación en el puesto, sin costas; bajo el criterio que la demandada al dar por finalizado el contrato de trabajo que se encontraba vigente, no le señaló ninguna causal de finalización de la relación laboral de las establecidas en artículo 112 del Código del Trabajo, en consecuencia, es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia apelada, en el sentido de inadmitir la petición de reintegro de la demandante a su puesto de Registradora del Registro Civil de las Personas de la ciudad de Amapala, Departamento de Valle, sin perjuicio de que deberá reconocérsele sus prestaciones laborales que le corresponden por el tiempo que laboró en ese puesto como empleada interina del Registro Nacional de las Personas, las cuales deberá liquidar previamente en la oficina respectiva del Ministerio del Trabajo, sin costas; bajo el criterio que en los casos de suspensión de trabajo a que se refieren los números 7, 8, 9, 11, 12 del artículo 100 del Código del Trabajo, los empleadores podrán contratar trabajadores interinos y éstos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes excepto la inamovilidad del cargo, por lo que el retorno del trabajador sustituido implica la terminación del contrato del interino, sin responsabilidad para el patrono (ver artículo 108 del Código del Trabajo). Por lo tanto, no procede el reintegro de la demandante a su puesto de Registradora del Registro Civil de las Personas de la ciudad de Amapala, Departamento de Valle, pero si a las prestaciones que le corresponde por el tiempo que laboró para el Registro Nacional de las Personas, lo cual tendrá que liquidar previamente al reclamo en las oficinas correspondientes del Ministerio del Trabajo.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAL (R.N.P.), y por el abogado ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, en su condición de apoderado de la señora MIRIAM SUSANA STAMP DUEÑAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiendo el traslado de los autos a los recurrentes, ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que los recurrentes comparecieran en el término de veinte (20) días, a formular sus demandas de casación.- 6.- Que en fecha veinte de junio del año dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenando el traslado en forma común a las partes para la contestación.- 7.- Que en fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, nulidad subsidiaria y sustituyendo poder en el abogado Samuel Florentino Salgado, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por formulado el recurso, por sustituido el poder y ordenando dar traslado para la contestación en forma común a las partes.- 8.- En fecha veintitrés de julio de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, como apoderado de la señora Miriam Susana Stamp Dueñas, contestando el recurso de casación formalizado por el abogado Rigoberto Cerrato, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de esa misma fecha, tener por contestado en tiempo el recurso de casación, ordenando proseguir con el trámite legal correspondiente.- 9.- En fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de apoderado del Registro Nacional de las Personal, contestando el recurso de casación formalizado por el abogado Alex Ordóñez, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por contestado en tiempo el recurso de casación, ordenando proseguir con el trámite legal correspondiente.- 10.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que el abogado ALEX REMBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, formula de forma subsidiaria pretensión de nulidad en los términos siguientes: “La sentencia que se recurre incurre en evidentes nulidades por lo que conforme a lo establecido en la ley debe ser anulada, por lo que subsidiariamente se solicita que dicha nulidad sea declarada. Estas nulidades son las siguientes: 1. JUZGA FUERA DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES. El artículo 208.1 del Código Procesal Civil claramente establece que: “Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.”. Sin embargo, la sentencia recurrida NO ES CONGRUENTE con lo que se solicitó en la demanda, pues decreta el pago de prestaciones laborales por el tiempo que la demandante fungió como trabajadora interina, cuando lo que la demandante solicitó que el reintegro a su puesto de trabajo. Denotándose de manera clara la incongruencia de la sentencia. 2. LA SENTENCIA ES CONTRADICTORIA. El artículo 206.1 del Código Procesal Civil claramente establece que: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.” Con lo que se quiere decir que las sentencias no pueden contradecirse, pero la Sentencia Recurrida reforma la sentencia dictada por el juzgado e Letras de Amapala, que en un primer resolutivo declaró con lugar la demanda; en el segundo resolutivo condenó al reintegro; en el tercer resolutivo condenó al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación en el puesto; y, en el cuarto resolutivo declara sin costas. Pero la Sentencia Recurrida resuelve reformar la sentencia de primera instancia en el sentido de inadmitir el reintegro y condenar al pago de prestaciones laborales por el tiempo que la demandante fungió como trabajadora interina, sin hacer mención a nada más, con lo que crea una situación en la que el resolutivo tercero de la sentencia de Primera instancia se vuelve contradictorio pues esta condena al pago de salarios dejados de percibir hasta la fecha de la reinstalación, resolutivo que no fue reformado por la sentencia de apelación y que vuelve contradictoria la sentencia, al no ser clara y exhaustiva, contradiciéndose en lo que resuelve. 3. ESTABLECE QUE UN ORGANO ADMINISTRATIVO DEBE LIQUIDAR LA SENTENCIA. El artículo 314 de la Constitución de la República establece que: “Es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos.”; no obstante lo anterior, la Sentencia Recurrida al reformar la sentencia de Primera Instancia inadmitiendo la petición de Reintegro y condenar al pago de prestaciones laborales por el tiempo que laboró como empleada interina del Registro Nacional de las Personas, establece además que la liquidación de dichas prestaciones laborales las deberá realizar la oficina Respectiva del Ministerio del Trabajo, cuando la ley ordena claramente que es a los tribunales de la república a quienes corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, no pudiendo delegar, referir o ceder dicha función a órganos de naturaleza administrativa como lo es el Ministerio del Trabajo pues se está violando la ley.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 21 de enero de 2013, que reforma la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, Departamento de Valle, en fecha 24 de octubre de 2012, aparte de que no contiene la estructura debida en relación a la decisión de modificar el fallo del a-quo, ya que omite indicar que partes del mismo revoca y que otras confirma, declarando con o sin lugar la demanda, condenado o absolviendo al demandado; a su vez emite pronunciamiento de que debe reconocérsele a la demandante sus prestaciones laborales por el tiempo que laboró, cuando el derecho ejercido por la trabajadora es el reintegro, una vez evacuado el procedimiento producto del emplazamiento para que el patrono pruebe o no la justa causa de despido, por otra parte, si la petición de la demandante fuese el pago de las prestaciones, que no lo es, el ad quem evade su obligación constitucional de juzgar lo sometido a su conocimiento remitiendo a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la elaboración del cálculo o liquidación, consecuentemente el fallo resulta incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas y carente de pronunciamiento de las mismas, lo que van en perjuicio del debido proceso y derecho de defensa de las partes.- VIII. Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material. Por ello: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo…”, aunque es de reconocer que en materia laboral el juez goza de las facultades extra y ultra petita, las mismas son por conceptos a favor del trabajador y para su aplicación deben haber sido discutidos y estar debidamente probados los hechos que las originen, en los términos que dispone el artículo 728 del Código del Trabajo. En adición, una vez despedida la trabajadora podrá acudir ésta a la instancia judicial a reclamar bien sea el pago de sus prestaciones o el reintegro a su puesto de trabajo, tal como ocurre en el presente caso, en el cual se ha demandado el reintegro, respetando el derecho que le otorga el artículo 129 de la Constitución de la República.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación a los artículos 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 21 de enero de 2013, visible a folios 14 y 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 151-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL