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Sentencia CL-143-14 — Registro 4215

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injusto y pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Pero es el caso que la censora comete una serie de defectos técnicos que impiden su prosperidad y que se detallan a continuación: a) la Censora ataca en un mismo cargo modalidades distintas de violar la ley y contra puestas entre si como la violación directa y error de hecho; y, b) al ser impreciso en la modalidad de violación el precepto autorizante no cumple su cometido ya que el indicado solo es por la vía indirecta"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNÁNDEZ, como Coordinador, WILFREDO MENDEZ ROMERO y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución en el presente recurso de casación, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: La sociedad mercantil denominada DURMAN ESQUIVEL, S.A. representada en juicio por el abogado JORGE ALEXIS SAUCEDA, en su condición de recurrente; siendo recurrido el señor JOSÉ MANUEL CÁRCAMO CABALLERO representado en juicio por el abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE. OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, promovida en fecha dieciséis de agosto del año dos mil cinco, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE en su condición de representante procesal del señor JOSE MANUEL CARCAMO CABALLERO contra la Sociedad Mercantil denominada DURMAN ESQUIVEL S.A., por medio del Presidente del Consejo de Administración y representante legal el señor ARTHUR DURMAN CARRANZA, mayor de edad, casado, ingeniero industrial, de nacionalidad costarricense y con domicilio en San José, República de Costa Rica. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Con fecha tres de marzo del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio de mérito dictó sentencia REVOCANDO la del A-quo de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: En vista de apreciar este Tribunal infracción en la valoración de los hechos probados por parte del A-quo, que no afecta la existencia de elemento de juicio necesarios para decidir, se revoca la sentencia definitiva de fecha 17 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, procediendo a resolver directamente.- SEGUNDO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el impetrante en su condición indicada.- TERCERO: Declara sin lugar la excepción perentoria de Prescripción de la acción opuesta por el demandado.- CUARTO: Declara con lugar la demanda ordinaria de pago de Honorarios Profesionales incoada por el Abogado MARIO RENE HUEZO BUSTAMANTE, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE MANUEL CARCAMO CABALLERO.- QUINTO: Condena a la Empresa mercantil DURMAN ESQUIVEL S.A. al pago de los Honorarios Profesionales que le corresponden al señor JOSE MANUEL CARCAMO CABALLERO, los cuales ascienden a la cantidad de TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS. (L.3,083,267.85).- mas el interés legal calculado desde el 26 de agosto de 2003 hasta la cancelación total de la cantidad por esta sentencia fijada. SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA AL DEMANDADO POR NO TENER MOTIVOS VALIDOS PARA OPONERSE A LA ACCION DEL DEMANDANTE.- Y MANDA: Que con certificación de la presente resolución se remita la primera pieza de autos al Juzgado de su origen para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE..” SEGUNDO: El representante procesal de la sociedad DURMAN ESQUIVEL S.A., abogado JORGE ALEXIS SAUCEDA, en fecha catorce de abril del año dos mil quince, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha tres de marzo del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha veintiuno de abril del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente y acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. TERCERO: El representante procesal del señor JOSÉ MANUEL CÁRCAMO CABALLERO, abogado MARIO RENÉ HUEZO BUSTAMANTE, presentó en fecha once de mayo del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciado al Recurrido, ordenando remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. CUARTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los abogados MARIO RENÉ HUEZO BUSTAMANTE y JORGE ALEXIS SAUCEDA, en sus condiciones ya indicadas, presentaron escritos de personamiento en fechas diecinueve y veintiuno de mayo del año dos mil quince, respectivamente, resolviendo este Tribunal mediante proveído de fecha dieciséis de junio del año dos mil quince, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. QUINTO: Que la parte recurrente plantea su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Se impugna la aplicación e interpretación indebida del artículo 2301 del Código Civil, empleado para la solución de fondo del litigio, en relación con la inaplicación de los artículos 9, 17 y 20 del Código Civil. Código Civil: Artículo 9.- Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. “INTERPRETACIÓN DE LA LEY.- Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que le que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador.- Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” “Artículo 2301.- La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto del reconocimiento de la deuda del deudor.” EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION El objeto del debate o fondo del litigio es si hay no prescripción de la acción del demandante por el transcurso del tiempo para el cobro de honorarios que conforme el art. 2296.1 del Código Civil debió de ejercitarse dentro del año siguiente al que dejaron de prestarse los servicios. DURMAN ESQUIVEL, S.A. manifiesta que desde la fecha desde la cual el demandante dejó de prestar sus supuestos servicios o fecha a partir de la cual pudo cobrar honorarios, fue el 28 de enero del 2003, sin embargo fue más de 2 años después de esa fecha, el 16 de agosto del 2005, mediante Demanda Ordinaria de Pago de Honorarios que finalmente presentó su reclamo, momento en el que ya había prescrito su acción; el Señor CÁRCAMO alega que la prescripción se interrumpió por haber presentado en el ínterin un “reclamo de poderdante moroso” conforme al Código de Procedimientos Comunes, mismo que fue declarado nulo en sentencia definitiva. La Corte de Apelaciones falla a favor del Señor CÁRCAMO fundamentada en el “espíritu” de la causal 1era del artículo 2301 del Código Civil. Existe aplicación indebida del artículo 2301 para resolver en fondo del asunto, en virtud que en violación de los artículos 17 y 20 del Código Civil, la Corte de Apelaciones haciendo uso del “espíritu” de la ley para interpretar dicho artículo dice: “CONSIDERANDO (8): Que de lo anterior, este Tribunal llega a la convicción de que el espíritu del artículo 2301 del Código Civil está enfocado en que los actos de ejercicios de un derecho, aunque se interpongan de forma equivocada, siempre y cuando se hagan dentro del plazo de la prescripción que la Ley señala, interrumpen el cómputo de mismo.-... “(lo subrayado es nuestro). La claridad del artículo 2301 no admite recurrir a la búsqueda de su “espíritu” para su interpretación, pues conforme al artículo 19 CC solo se recurre a ésta para interpretar pasajes oscuros o contradictorios de la ley. El artículo en mención cristalinamente establece tres causas de interrupción de la prescripción: “1. Que se haya ejercido la acción ante los tribunales dentro del plazo legal para su ejercicio; 2. Por reclamación extrajudicial del Acreedor; y, 3. por cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.” Los términos en que el legislador redactó éste artículo, y en especial a causal primera del mismo en la que la Corte funda la sentencia impugnada, es decir: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, …”, es clara cuando habla de que “su ejercicio”, el ejercicio de “la acción “ es lo que produce la interrupción; no nos habla de “el ejercicio de cualquier acción”, se refiere a “su ejercicio”, el ejercicio de la acción que legalmente corresponda a la pretensión perseguida. Refiriéndose a la Jurisprudencia Española, José María Manresa y Navarro al comentar la causal primera del artículo 1973 del Código Civil de España, del cual el artículo 2301 infringido es copia fiel, nos dice: [1]“Tiene declarado el Tribunal Supremo respecto de esta causa de interrupción, en sentencia de 5 de Julio de 1904, y es muy de tener en cuanta dicha declaración, que para estimar que se ha interrumpido el plazo de prescripción de una acción determinada es indispensable que se haya ejercido dicha acción, no otra que con ella tenga mayor o menor analogía, porque así lo previenen el artículo 1973 del Código Civil, al disponer concreta y literalmente que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, indicando con claridad el posesivo usado por la ley, que la acción antes ejercitada y la que después se use ha de ser siempre la misma- Doctrina retenida por la sentencia de 6 de Diciembre de 1962.” No obstante lo anterior, véase como interpreta la sentencia recurrida ésta causal: “CONSIDERANDO (7): Que en tal orden de ideas es preciso apuntar que el Acto de Ejercicio de un Derecho que provoca la interrupción puede ser de cualquier naturaleza conforme lo dispone el artículo 2301 del Código Civil, el cual admite tanto el ejercicio judicial del derecho, como el extrajudicial, así como el reconocimiento de la deuda por el deudor, Es decir, dichos actos de ejercicios del derecho que provoca la interrupción de la prescripción pueden ser los promovidos por su titular al ser conocidos por los Jueces y Tribunales.- La jurisprudencia de antaño ha venido reclamando la observancia de una serie de requisitos excesivamente estrictos para considerar a la demanda judicial rechazada apta para interrumpir el plazo de prescripción.- Sin embargo tal rigidez ha sido paulatinamente aliviada por la Jurisprudencia actual, a tal grado de sobreponer el fondo por la forma, y últimamente se ha reconocido la validez de la interrupción de la prescripción a otros actos procesales a los que inicialmente se le negaba, incluyendo aquellas acciones que no se ejercitan por el proceso idóneo, como en el presente caso, e inclusive ante juzgados no competentes para conocer de tal caso, pues impera el principio de Libre Acceso a los tribunales consagrados en Tratados y Convenios Internacionales, y que recoge nuestra Carga Magna.” Penosamente, el Tribunal hace referencia a jurisprudencia que no cita ni precisa. No obstante, en un recurso fundamentado en la causal primera del art.1973 del C. Civil Español, del cual el art.2301 nuestro es copia fiel, en su parte conducente la Sentencia No.602/2005 de fecha 14 de julio del 2005, de la Sala 1ª de lo Civil, del Tribunal Supremo de España dice: “La identidad de acciones es exigencia tanto legal como jurisprudencial, pues ya el artículo 1973 del Código como el 944 del Código de Comercio, se están refiriendo a la misma acción y la jurisprudencia ha declarado que es Absolutamente necesario para estimar la interrupción de una acción determinada que se haya ejercitado dicha acción y no otra que con ella tenga mayor o menor analogía (Sentencias 9-12-1962, 3-5-1972, 8-3-1975, 12-3-1982, 16-11-1985 y 20-6-1994). De este modo tratándose de acciones distintas e independientes la prescripción no queda interrumpida, como aquí sucede;…“(lo resaltado es nuestro). En conclusión, el Tribunal recurrido, con infracción de los artículos 17 y 19 del Código Civil, atribuyéndole otro sentido que le que resulta explícitamente de sus propios términos (art.17 CC) hace aplicación indebida de la causal primera del artículo 2301 de mismo código para resolver el fondo del litigio, pues conforme a su interpretación particular de lo que es “el espíritu” la ley, hace una “interpretación extensiva” lo aplica a una situación de hecho que no está enmarcada en la norma. Otra cosa sería, si el “reclamo de poderdante moroso” hubiera sido una acción válida para reclamar la pretensión del demandante, pero como queda evidenciado en autos, la misma fue declarada nula desde su auto de admisión. De tal suerte que la interposición de la referida solicitud no interrumpe el plazo de la prescripción, pues al no ser la acción correspondiente como luego se interpuso: “Demanda de Pago”, no recae dentro de ninguna de las causales de interrupción de la prescripción que contempla el mencionado artículo 2301 CC, ni mucho menos su primera causal: “interponer la acción ante los tribunales.” Adicionalmente a los antes expuesto: Es requisito esencial para que pueda aplicarse el art.2,301 C.C. al caso concreto, la existencia de uno de los actos o presupuestos siguientes: 1. El ejercicio de la acción ante los tribunales; 2. Reclamación extrajudicial del acreedor; y 3. Cualquier acto del reconocimiento de la deuda del deudor. Para que un acto interrumpa la prescripción, debe ser válido y eficaz. El efecto de la nulidad de la solicitud de “Reclamo de Honorarios a Poderdante Moroso” fue el desvanecimiento de la existencia legal del acto procesal anulado, el acto desapareció del ámbito jurídico. La sentencia no le puede atribuir a un acto inexistente, el valor de interrumpir la prescripción pues éste carece del elemento esencial del acto: su eficacia. La sentencia no puede RESUCITAR un acto que fue declarado inválido e ineficaz por la sentencia firme de otro Tribunal. La nulidad de aquella solicitud de “Reclamo a Poderdante Moroso” es derivativo de lo preceptuado por el artículo 321 de la Constitución de la República cuando dice: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” Este precepto luego es desarrollado por el artículo 9 del Código Civil cuando dispone que “Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto se designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.” Con el objeto de evitar que las consecuencias de los actos nulos contaminen el ámbito jurídico, y en tutela de las personas que pudieren verse perjudicadas por dichos actos, la ley los sanciona despojándolos de cualquier valor o efecto, considerándolos como INEXISTENTES Como bien lo dice Guillermo Cabanellas: “Nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera no sucedió como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos. ….Los efectos de la nulidad declarada judicialmente consisten en que las cosas vuelvan al mismo o igual estado en que se encontraban antes del acto anulado.” No obstante la sentencia impugnada desconoce la doble naturaleza que la ley, la doctrina, e innumerables sentencias dan a los actos nulos: 1. Que se consideran como que nunca existieron; y, 2.Por consiguiente, no producen ninguno de sus efectos. La sentencia recurrida aplica indebidamente el artículo 2,301 C.C. al caso concreto, al tomar como acto válido para la interrupción del plazo de prescripción que corrió entre el 28 de enero del 2003 y el 16 de agosto del 2005, una actuación ineficaz por haber sido declarada nula por los mismos Tribunales del Justicia, siendo ese acto inexistente, no hubo interrupción de la prescripción, y por lo tanto el art.2,301 C.C. es INAPLICABLE. El plazo de la prescripción nunca se suspendió en virtud que el “Reclamo de Poderdante Moroso” presentado por el demandante en el lapso de tiempo entre una y otra fecha, legalmente NUNCA existió, ni puede producir ningún efecto pues carece de cualquier eficacia. Por consiguiente no existiendo acto, no se puede aplicar a la resolución del caso el artículo 2,301 C.C., pues nunca se dio ninguno de los actos o presupuestos necesarios que establece la norma para su configuración. Pretender aplicar dicho artículo al caso concreto que nos ocupa es desnaturalizarlo. Por consiguiente la sentencia impugnada invoca para la decisión del pleito una norma jurídica ajena a la cuestión debatida. Esto supone que la sentencia a desfigurado la litis, caracterizando en forma distinta de la propia y verdadera, la relación de derecho que se discute y aplicándole una norma extraña a la misma.’ Todo en perjuicio de mi representad DURMAN ESQUIVEL, S.A., por lo que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia deberá casarla, dictando luego la sentencia que en derecho corresponda.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- De conformidad con el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y por disposición del artículo 721 del mismo código, el recurso de casación se interpondrá por escrito ante la Corte de Apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la notificación. En ese escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundar con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, también se hará constar si el recurrente estima necesario la celebración de la audiencia. 2.- DEL RECURSO DE CASACION MEDIANTE APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 2301 DEL CODIGO CIVIL EMPLEADO PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO INTERPUESTO POR EL ABOGADO JORGE ALEXIS SAUCEDA COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD DURMAN ESQUIVEL S.A. El impetrante ha planteado como único motivo de casación la aplicación e interpretación indebida del artículo 2301 del Código Civil, en relación con los artículos 9, 17 y 20 del Código Civil, señalando como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Examinada la explicación del recurso se logra entender que su propósito es impugnar dicho precepto por aplicación indebida en relación también con el artículo 2296 número 1 del Código Civil. Si bien el artículo 2301 del Código Civil, es un precepto de carácter general, que como se ha dicho reiteradamente no son susceptibles de ser impugnados en casación si estos son planteados en forma aislada; al respecto la doctrina ha establecido que las disposiciones de carácter general no son susceptibles de ser examinadas en casación porque con ello se da lugar a la indeterminación y falta de claridad del motivo con la consecuente indefensión para la parte contraria, sin embargo, es preciso aclarar que si es posible la cita de normas generales en relacionan con preceptos homogéneos con la norma general pero más específicos[2], tal y como se da al citar en la explicación del recurso un precepto específico relacionado directamente con la acción incoada, esto es el artículo 2296 del Código Civil. El argumento central del censor radica en afirmar que la sentencia recurrida aplica indebidamente al caso concreto el artículo 2301 del Código Civil al tomar como acto válido para la interrupción del plazo de prescripción una actuación ineficaz por haber sido declarada nula por los mismos Tribunales de Justicia, en consecuencia, siendo ese acto inexistente, no hubo interrupción de la prescripción, y por lo tanto el citado artículo es inaplicable y el plazo de la prescripción nunca se suspendió en virtud de que el reclamo presentado por el demandante no puede producir ningún efecto pues carece de cualquier eficacia. Si examinamos el numeral dos del artículo 721, este establece como requisito del escrito de interposición del recurso de casación, que se haga constar el motivo de casación con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente el motivo, con la debida separación y claridad, precisando y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, requisitos que en opinión de esta Sala de lo Civil, han sido observados por el casacionista toda vez que ha sido capaz de exponer con la debida claridad y precisión el motivo de casación, la norma infringida y como esta indebida aplicación, en su criterio, incide en el sentido en que ha sido dictada la resolución recurrida, así las cosas, no es posible dar cabida a alguna de las causales de inadmisión previstas en el Código Procesal Civil en tanto se han cumplido por el censor las exigencias y requisitos establecidos por la ley para el escrito de interposición y formalización, mismo que no resulta manifiestamente infundado, por lo que es procedente admitir a trámite el recurso de casación en su único motivo a efectos de examinar el motivo planteado y exponer oportunamente las razones que pueden dar lugar a que el recurso prospere o no en el fondo. III. PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193, 197, 199, 716, 717, 718, 719.2, 721, 722, 723, 724.1, 725, del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: La admisión a trámite del recurso de casación en su único motivo interpuesto y formalizado por el abogado JORGE ALEXIS SAUCEDA, en su condición de representante procesal de la sociedad DURMAN EXQUIVEL S.A. y considerando este Tribunal necesaria la celebración de la audiencia vista para una mejor decisión, señálese audiencia para el día martes trece de septiembre de dos mil dieciséis, a las 9:30 a.m., en el Salón de Sesiones de la Sala de lo Civil. Para tal efecto, que la Secretaría General del Poder Judicial por medio del funcionario judicial correspondiente, proceda a citar a las partes para que comparezcan a la misma. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. WILFREDO MENDEZ MORENO. MAGISTRADO. RINA AUXILIADORA ALVARADO. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta días del mes de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; Certificación del Auto de fecha Quince de Agosto de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de Casación registrada bajo el No. 142=2015.

BETTY JANETH PALMA O’CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Manressa y Navarro, José María, COMENTARIOS AL CODIGO CIVIL ESPAÑOL, Tomo XI, Editorial Reus. S.A., 1972, pgs 1236 a 1237.

[2] Al respecto: Sallas Carceller Antonio en Practica Procesal Civil de los Recursos de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal. Aranzadi. Primera Edición. 2012. España. P. 62.