Sentencia CL-139-13 — Registro 3448
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa de los despidos, caso contrario se ordene el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible ya que el Impetrante ha omitido señalar la norma sustantiva que considera violada. Si bien es cierto, que la violación por la vía indirecta es mediante errores de hecho o de derecho y con infracción de reglas procesales, conviene ante todo advertir, que conforme a los requerimientos técnicos, en el ataque se debe señalar las normas sustanciales infringidas, así el cargo queda propuesto en forma completa, para que el supuesto específico de hecho una vez evidenciado, permita a éste Tribunal conocer el derecho censurado, ya porque lo modifique, extinga o desconozca"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- VI. En el sub júdice, el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada contiene pronunciamientos que por Ley corresponden a favor de los trabajadores y que el Impetrante no podía omitir, como es el caso del pago de los derechos adquiridos; por ello debió pedir la casación parcial de la sentencia recurrida y no que se casara totalmente la sentencia que implica su anulación total como equivocadamente lo hizo. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley formalizados ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de junio del año dos mil trece, por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la empresa MICROENVASES S. de R.L. y en fecha catorce de junio del año dos mil trece, por el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de los señores JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO y JOSE ARTURO SALGADO GUEVARA; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa de los despidos, caso contrario se ordene el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de junio de dos mil doce, por el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de apoderado de los señores JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO y JOSE ARTURO SALGADO GUEVARA, ambos mayores de edad, casados, obreros fabriles, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la empresa MICROENVASES S. de R.L., por medio de su representante legal, señor CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO. Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, declarando parcialmente ha lugar el recurso de apelación, en consecuencia REFORMÓ el citado fallo, reforma que se contrajo a: I) declarar con lugar la demanda para el pago de indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir desde el momento del despido; II) declarar sin lugar la demanda para el pago de reajustes salariales; III) fijar el monto de condena por los conceptos reconocidos por el a-quo y los que corresponden por las indemnizaciones por despido injustificado, en la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, cantidad que corresponde a cada uno de los trabajadores; así como se condena a la entidad demandada a pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir; confirmándose el citado fallo en cuanto a la condena por derechos adquiridos en forma proporcional por las cantidades fijadas por esa alzada y la absolución de costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.-1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que existió una relación contractual laboral entre ellos y la ahora demandada y que tienen una antigüedad considerable, así como un buen desempeño en sus labores como operarios de la ahora demandada. Que amparándose en la ley laboral y en sus derechos constitucionales, se asesoraron con un profesional del derecho para formar un sindicato y así poder negociar mejores condiciones de trabajo, pero en fecha 03 de abril de 2012, recibieron sus cartas de despido, las cuales son confusas y contradictorias, además de injustas, faltando al artículo 117 del Código del Trabajo, pues no expresan la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación.- 2.- La parte demandada, la empresa MICROENVASES S. de R.L., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes ya que en fecha 31 de marzo de 2012, un grupo de empleados entre los que se encuentran los ahora demandantes, se levantaron de sus puestos de trabajo y empezaron a proferir ofensas e insultos a los jefes inmediatos y de planta, para luego salir al patio de la empresa a manifestarse en forma de disturbio sin dirigirse por los canales que la estructura de la empresa tiene, como ser el Departamento de Recursos Humanos, tomándose el portón de acceso de la empresa y continuaron insultando y gritando consignas amenazadoras. Asimismo la empresa desconoce la solicitud o la existencia de un sindicato que mencionan los ahora demandantes. Que los trabajadores cometieron una falta grave por haber suspendido las labores sin motivo alguno, impidiendo incluso el ingreso de personas y vehículos a la empresa inclusive entorpeciendo la producción, en perjuicio de los mismos trabajadores y de la empresa, lo que está prohibido por nuestra legislación laboral.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la demanda laboral y ABSOLVIÓ a la EMPRESA MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., de la responsabilidad de pagar a los trabajadores demandantes las prestaciones sociales e indemnizaciones legales así como los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga tenga carácter de firme y CONDENÓ a la EMPRESA MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., a pagar a los trabajadores JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO Y JOSE ARTURO SALGADO GUEVARA, la cantidad DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L.18,788.01), distribuido así: JOSE ARTURO SALGADO, L.8,521.77, desglosado así: vacaciones proporcionales L.2,308.69, decimotercer mes proporcional L.1,578.73, decimocuarto mes proporcional L.4,634.35; y, JOSE ANTONIO ALVAREZ, la cantidad L.10,266.24, desglosado así: vacaciones proporcionales L.3,32O.87, decimotercer mes proporcional L.1,764.81, decimocuarto mes proporcional L.5,180.56, sin costas; bajo el criterio que las pruebas aportadas al proceso demuestran que los demandantes incumplieron con su obligación para la cual fueron contratados incurriendo en falta grave contenida en el artículo 98 numeral 5) como ser en la prohibición de disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo al promover la suspensión intempestiva de trabajo, o excitar a su declaración y mantenimiento participando o no en ella, que si bien es cierto los demandantes justificaron su participación en la suspensión alegando que no están conforme con el salario que les paga su patrono ya que no les pagaba el salario mínimo, tal y como lo dejaron consignado en las actas de fecha 02 de abril del año 2012, el hecho de que los trabajadores se tomen por sus propias manos el hacer valer sus derechos sin agotar las instancia o acudir ante la autoridades administrativas, a plantear su reclamo sin tener que incumplir con sus deberes para con el patrono, ni promover el desorden en el establecimiento de trabajo, impidiendo ingreso y egreso de personas que laboran dentro de la demandada; ya que si bien es cierto es un derecho de los demandantes hacer reclamos ante su patrono por las vías legales, también es un derecho del patrono el mantener el orden y tranquilidad dentro de las instalaciones de la demandada y la conducta observada por los demandantes se aleja de la armonía que debe privar en un centro de trabajo; el hecho de promover el desorden, las suspensiones de labores, impedir circulación al instalarse en los portones de entrada de las instalaciones de la demandada impidiendo el paso. Y siendo que en el presente caso incumplieron dicha disposición, aceptar esta forma ilegal de reclamo sería tanto como propiciar que la anarquía impere en el centro de trabajo, en consecuencia procede declarar sin lugar la demanda de mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticinco de enero de dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a: I) declarar con lugar la demanda para el pago de indemnizaciones laborales mas salarios dejados de percibir desde el momento del despido; II) declarar sin lugar la demanda para el pago de reajustes salariales; III) fijar el monto de condena por los conceptos reconocidos por el a-quo y los que corresponden por las indemnizaciones por despido injustificado, en la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS, cantidad que corresponde a cada uno de los trabajadores; así como se condena a la entidad demandada a pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir; confirmándose el citado fallo en cuanto a la condena por derechos adquiridos en forma proporcional por las cantidades fijadas por esa alzada y la absolución de costas; sin costas; bajo el criterio que confrontada la sentencia con el material probatorio y las disposiciones legales citadas, de acuerdo a los principios de la sana critica, la demandada en atención a la obligación contenida en el artículo 113 precitado, si bien logró acreditar que los trabajadores participaron después de su jornada de trabajo en la suspensión que otros trabajadores realizaron, pero no que éstos la hubieran promovido o excitado a su declaración y mantenimiento, que son las reguladas en la disposición contenida en el artículo 98. 5., aplicada por el a-quo, o que su comportamiento haya sido contrario a la moral y a las buenas costumbres, o que estos hayan ejecutado actos de violencia, injurias o malos tratamientos fuera del servicio en contra del patrono o de sus representantes según lo regula el artículo 97. 3, y 112 literal c) invocado por la demandada; de manera que resultan atendibles las argumentaciones del recurrente en cuanto a que la demandada no estaba legalmente autorizada a poner fin al contrato de trabajo por la causal invocada; siendo correctas los señalamientos que sobre el análisis de la prueba realiza en particular de la citada acta notarial con relación a los demandantes de los que dice constatar el abandono; razón por la que esa alzada estima atendible en parte el recurso de apelación en ese sentido, sin consideración a la petición de condena al pago de la indemnización que prescribe la ley, cuando el patrono despide a trabajadores protegidos por el fuero sindical, porque dicho reclamo asiste o corresponde al sindicato como organización y no individualmente a sus miembros.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciséis días del mes de abril de dos mil trece, éste Tribunal resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en su condición de apoderado de la empresa MICROENVASES S. de R.L. y el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de apoderado de los señores JOSE ANTONIO ALVAREZ CASTRO y JOSE ARTURO SALGADO GUEVARA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticinco de enero de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que los recurrentes comparecieran en el término de veinte (20) días, a formular sus demandas de casación.- 6.- Que en fecha doce de junio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 7.- Que en fecha catorce de junio del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- Que en fecha doce de agosto de dos mil trece, este Alto Tribunal de Justicia declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por los abogados VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES y FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, para contestar la demanda de casación planteada y ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 9.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de apoderado de la parte demandante, en su único motivo de casación, alega: “Acuso la sentencia ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de apreciación en error de hecho de los medios de prueba, relacionados con los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, artículo 381 del mismo cuerpo legal, artículo 2 de la Ley del Salario Mínimo, en relación al acápite primero subsección 3 del Acuerdo Ejecutivo No. STSS-223-2011 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 32,490 de fecha 11 de abril del 2011, y el acápite primero subsección 3 del Acuerdo Ejecutivo No. STSS-001-2011, consistente en: PRUEBAS DOCUMENTALES contenidas a folios 57, 58, 59, del expediente de primera instancia, en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal la singularizo a continuación: La apreciación errónea de la prueba documental aportada por el demandante, es la agregada a folios 57, 58 y 59 consistente en la SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ENTE SINDICAL, dirigida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la cual los empleado pretendían inscribir y que dicha entidad les reconociera la personalidad jurídica de un Sindicato de Industria denominado “SITRAENVASES”, correspondiente a las empresas MICROENVASES, COPLAST y MICROPLASTICOS, las cuales funcionan en PARQUE INDUSTRIAL CASTILLO, kilómetro 9 frente a Colonia Jerusalén. Esta prueba erróneamente apreciada, hizo incurrir a la Corte Sentenciadora en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, y que la llevó en forma indirecta a la violación de normas sustantivas invocadas en este motivo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código de Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible ya que el Impetrante ha omitido señalar la norma sustantiva que considera violada. Si bien es cierto, que la violación por la vía indirecta es mediante errores de hecho o de derecho y con infracción de reglas procesales, conviene ante todo advertir, que conforme a los requerimientos técnicos, en el ataque se debe señalar las normas sustanciales infringidas, así el cargo queda propuesto en forma completa, para que el supuesto específico de hecho una vez evidenciado, permita a éste Tribunal conocer el derecho censurado, ya porque lo modifique, extinga o desconozca.- IV. Que el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, en su condición de apoderado de la parte demandada, formula el petitum de su demanda de casación de la forma siguiente: “El presente Recurso Extraordinario de Casación tiene por objeto impugnar en su totalidad la sentencia definitiva de Segunda Instancia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el veinticinco de enero del año dos mil trece,… FALLA:1 .- DECLARA SIN LUGAR la Demanda Laboral Ordinaria promovida por los señores JOSÉ ANTONIO ALVAREZ CASTRO Y JOSE ARTURO SALGADO QUEVARA, contra la empresa MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V, por medio de su representante legal CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO, ambos de generales expresadas. II.- En consecuencia: ABSOLVER en el presente juicio a la empresa MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V, por medio de su actual representante CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO, al pago de completo de Prestaciones Laborales. y demás derechos laborales- III.- CON COSTAS para la parte demandante- Y MANDA: Que se notifique el presente fallo a las partes para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE”.- V. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- VI. En el sub júdice, el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada contiene pronunciamientos que por Ley corresponden a favor de los trabajadores y que el Impetrante no podía omitir, como es el caso del pago de los derechos adquiridos; por ello debió pedir la casación parcial de la sentencia recurrida y no que se casara totalmente la sentencia que implica su anulación total como equivocadamente lo hizo. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- VII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación formalizado por el apoderado de la parte demandante de que se ha hecho mérito en su único motivo; y, el formalizado por el apoderado de la parte demandada debe ser desestimado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 139-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL