Sentencia CL-120-13 — Registro 3610
Resumen
Segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en los cargos que anteceden resultan inadmisibles por contener los mismos defectos técnicos, a saber: a) las disposiciones señaladas como norma sustantivas infringidas no ostentan tal calidad. Es importante recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derecho y deberes correlativos y los extinguen; y b) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de la infracción"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"También es de advertir, que existe línea jurisprudencial sobre el tema de los empleados contratados bajo la modalidad del jornal, en la cual se ha señalado que dependiendo de cada caso particular y concreto y en aplicación de los principios que rigen esta materia, los mismos laboran por tiempo indefinido. Finalmente se hace notar que conforme a nuestra legislación laboral, la temporalidad de la relación de trabajo resulta ser excepcional y debe ser acreditada por la parte empleadora (Ver sentencias expedientes SL 902-12, 940-12, SL-977-12). Por otro lado, en el caso de autos la demandada a sostenido que algunos de los demandantes han continuado laborando para la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por lo cual este Tribunal entiende que en el momento de la liquidación de los salarios dejados de percibir que a cada uno corresponda, el Juzgado estará en la obligación de determinar los valores que por dicho concepto deban ser cancelados tomando en consideración tal situación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 46, inciso a) (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez días del mes de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, por la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil once, por los señores CARLOS HERRERA, jornalero, con domicilio en la Aldea Llanga, Colón, JULIAN FRANCISCO ARDON RODRIGUEZ, jornalero, de este domicilio, REYNALDO ANTONIO OSEGUERA LOPEZ, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en El Porvenir, Francisco Morazán, CLARA ANTONIA CARCAMO SANCHEZ, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en Duyure, Choluteca, todos mayores de edad, hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha ocho de enero del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que REFORMÓ la sentencia dictada el ocho de noviembre del dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I.- REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho de noviembre del año dos mil Doce, así: a) REVOCANDO TOTALMENTE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda promovida por Carlos Herrera, Julián Francisco Ardon Rodriguez, Reynaldo Antonio Oseguera López y Clara Antonia Cárcamo Sánchez, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por CARLOS HERRERA, JULIÁN FRANCISCO ARDON RODRIGUEZ, REYNALDO ANTONIO OSEGUERA LÓPEZ Y CLARA ANTONIA CÀRCAMO SÁNCHEZ; b) REVOCA TOTALMENTE EL NUMERAL segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto absuelve al Estado de Honduras de toda responsabilidad proveniente del la presente demanda, en consecuencia CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la Republica, Abogada ETHELL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a REINTEGRAR a los Trabajadores CARLOS HERRERA, JULIÁN FRANCISCO ARDON RODRIGUEZ, REYNALDO ANTONIO OSEGUERA LÓPEZ Y CLARA ANTONIA CÀRCAMO SÁNCHEZ a sus puestos de trabajo o a otro en igualdad de condiciones a las que tenían al momento del despido; asimismo a pagarles a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con arreglo a derecho queden reintegrados los trabajadores ya mencionados; c) SE LES RECONOCE SU ANTIGÜEDAD desde que iniciaron su relación laboral y por consiguiente su carácter de empleados permanentes en los cargos que ocupaban. II. CONFIRMA el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada; SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes en el escrito de su acción manifiestan que comenzaron su relación laboral de la siguiente manera: CARLOS HERRERA, el 1 de marzo del 2009, en el cargo de Vigilante del Instituto Polivalente Modesto Rodas; JULIAN FRANCISCO ARDON RODRIGUEZ, el 12 de abril del 2007, en el cargo de Vigilante del Instituto Técnico Luis Bográn; REYNALDO ANTONIO OSEGUERA, el 29 de septiembre del 2008, en el cargo de Bibliotecario del Instituto Polivalente República de Honduras; CLARA ANTONIA CARCAMO SANCHEZ, el 1 de junio del 2007, en el cargo de Digitadora del Instituto Jose Angel Cáceres; todos trabajaban por medio de jornal, siendo notificados de su cancelación en la forma siguiente: CARLOS HERRERA, el 24 de mayo del 2010; JULIAN FRANCISCO ARDON RODRIGUEZ, el 28 de junio del 2011; REYNALDO ANTONIO OSEGUERA, el 16 de ayo del 2011; y, CLARA ANTONIA CARCAMO SANCHEZ, el 28 de junio del 2011; teniendo una relación laboral continua y permanente, subsistiendo la causa de origen, convirtiéndose en tiempo indefinido, estando todos ellos afiliados al SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUCACION (SIEMPE). Se buscó resolver su situación mediante conciliación realizada ante la Dirección General de Trabajo, dando así el cierre de las diligencias administrativas y continuando el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, contestó dicha demanda señalando que la relación que existía era por tiempo determinado, tal como consta en las resoluciones magisteriales por medio de jornal, conforme al artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, teniendo ellos conocimiento de la terminación de contrato, por lo que se les notificó la determinación de la Secretaría de Educación de no continuar sus contrataciones, por lo tanto no fue un despido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda de mérito, absolviendo al Estado de Honduras de toda responsabilidad, declarando sin lugar la falta de legitimación y sin costas; bajo el criterio que la relación de trabajo estaba regida mediante resoluciones magisteriales por tiempo determinado con fecha de terminación y en cuanto a la legitimación de la parte demandante no existe, ya que la tutela judicial el particular puede pedir no cabe referida a cualquier derecho, sino que a atender precisamente a los derechos que afirme como propios.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de enero del dos mil trece, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia del a-quo y sin costas; bajo el criterio que no se acreditó que trabajaran por medio de contrato con fecha de inicio y finalización por lo cual se les considera empleados permanentes, debiendo señalarles justa causa para la terminación de la relación de trabajo de acuerdo a lo estipulado en los artículos 111 y 117 del Código del Trabajo, por lo tanto se les violentaron derechos a los demandantes.- 5.- Que mediante sentencia de fecha dieciséis de abril del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada CHANTAL SALINAS MARTÌNEZ, actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, la abogada CHANTAL SALINAS MARTÌNEZ, actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda con tres motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de agosto del dos mil trece, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado CARLOS ROBERTO CALIX SANTOS, para contestar la demanda de casación planteada.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada CHANTAL SALINAS MARTÌNEZ expone dos motivos de casación en la forma siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, y el 238 del Código Procesal Civil, pues solo la parte demandada presentó pruebas en el presente juicio y ya se establece en nuestra legislación que corresponde al actor y al demandante recoviniente la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo… SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantivo de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en los Oficios de Notificaciones Números 5793-SG-10, de fecha 23 de diciembre de 2010, 1594-SG-11 de fecha 28 de junio de 2011, 3193- SG-11, de fecha 4 de octubre de 2011, 1320-SG-11, de fecha 16 de mayo de 2011, emitidos por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folios 9, 272, 306 y 12). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo”.- III. Que en los cargos que anteceden resultan inadmisibles por contener los mismos defectos técnicos, a saber: a) las disposiciones señaladas como norma sustantivas infringidas no ostentan tal calidad. Es importante recordar que normas sustantivas son aquellas que confieren derecho y deberes correlativos y los extinguen; y b) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de la infracción.- IV. Que en el tercer cargo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b y 111 numeral 11 del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a las Resoluciones Ministeriales que se encuentran en los Folios 205 al 306, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada una de las resoluciones se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea...”.- V. Que cargo que antecede también resulta inadmisible en razón de los defectos técnicos siguientes: a) señala la Recurrente, entre otros, los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, los cuales no ostentan la calidad de norma sustantivas; y b) el precepto autorizante no concuerda con el concepto de la infracción.- VI. También es de advertir, que existe línea jurisprudencial sobre el tema de los empleados contratados bajo la modalidad del jornal, en la cual se ha señalado que dependiendo de cada caso particular y concreto y en aplicación de los principios que rigen esta materia, los mismos laboran por tiempo indefinido. Finalmente se hace notar que conforme a nuestra legislación laboral, la temporalidad de la relación de trabajo resulta ser excepcional y debe ser acreditada por la parte empleadora (Ver sentencias expedientes SL 902-12, 940-12, SL-977-12). Por otro lado, en el caso de autos la demandada a sostenido que algunos de los demandantes han continuado laborando para la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por lo cual este Tribunal entiende que en el momento de la liquidación de los salarios dejados de percibir que a cada uno corresponda, el Juzgado estará en la obligación de determinar los valores que por dicho concepto deban ser cancelados tomando en consideración tal situación.- VII. Por lo antes expuesto, el recurso de mérito debe ser desestimado en las pretensiones que encierran sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los jueces de las instancias, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 120-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL