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Sentencia CL-119-13 — Registro 3524

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y derechos laborales adquiridos; segunda instancia confirma declarando con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que analizado el anterior motivo, se aprecia que se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) los artículos 113, 116, 120 reformado y 123 del Código del Trabajo, contienen varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, las cuales debieron ser precisadas; y, b) el error de hecho solo procede en casación, en los casos en que el mismo resulte manifiesto y ostensible, situación que no ocurre en el sub judice"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que para fines jurisprudenciales y con relación a la condena en costas impuestas a la demandada en la sentencia impugnada, esta Sala ha establecido el criterio que si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, pero no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad, entre otros"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de junio de dos mil trece, por la abogada BESSY ROCÍO LARA ROSA, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y derechos laborales adquiridos, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de Ley de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintiocho de junio de dos mil diez, por el señor BYRON ERNESTO HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, Abogado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, Copán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, departamento de Copán, misma que: “FALLA: UNO: CONFIRMANDO la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, el 12 de diciembre de 2012, en el encuadre de la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el Pago de Prestaciones y Derechos Adquiridos; por ende, CONDENANDO al demandado el ESTADO DE HONDURAS al pago de Prestaciones y los Derechos Adquiridos a BYRON ERNESTO HERNÁNDEZ CASACA, y CONDENANDO a dicho patrono al pago de los Salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad al normas procesales quede firme la presente Sentencia; DOS: CON COSTAS en esta instancia, en virtud del Principio del Vencimiento”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 20 de febrero de 2007, en el puesto de Jefe Regional de Mediación, Conciliación y Arbitraje; que en fecha 26 de febrero de 2010, le fue entregado al demandante el oficio No.136-SGRH-STSS-2010, manifestándole la demandada que su contrato de servicios profesionales vencía el 28 de febrero de 2010, agradeciéndole por los servicios prestados; que dicha relación de trabajo inició basada en contratos escritos continuos, los cuales el demandante ha firmado durante diferentes períodos, pero sin ausentarse durante todo el lapsus de 3 años 8 días de su puesto de trabajo, ya que si bien es cierto que su contrato de trabajo es un supuesto contrato de servicios profesionales, no es menos cierto que el demandante si cumplió con sus labores ininterrumpidamente, basado en lo enunciado en el artículo 47 del Código del Trabajo, entendiéndose que la relación de trabajo no tuvo carácter temporal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, contestó dicha demanda señalando que se firmó con la parte actora un Contrato de Servicios Profesionales, el cual venció el 28 de febrero de 2010, estableciéndose en el mismo de manera clara e irrefutable que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de dicho contrato, las partes se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la jurisdicción competente; que en el caso de autos es más que obvio que el demandante entable una demanda laboral en contra de la demandada a sabiendas que prestó un servicio profesional, mismo que sería dirimido en caso de controversia, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente.- 3.- El Juzgado Primero de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de Ley de Santa Rosa, Copán, en fecha doce de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando al Estado de Honduras, al pago de las prestaciones y demás indemnizaciones legales, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva, con costas; bajo el criterio que está plenamente probada la relación laboral que vinculó al trabajador demandante con el Estado de Honduras, la cual se encuentra regida por contrato de trabajo ya que el contrato firmado por el trabajador y la parte demandada reúne los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; que se constató que el patrono no renovó el contrato con el trabajador a pesar de que éste ya había adquirido el carácter de indefinido, porque la actividad realizada por el trabajador es permanente en el cargo de Jefe de Mediación, Conciliación y Arbitraje y la parte demandada dio por terminada la relación laboral que le vinculó con el trabajador demandante, sin que el trabajador hubiere cometido alguna de las causales tipificadas en el artículo 112 del Código del Trabajo vigente, por lo cual dicho despido es injusto e ilegal.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Copán, en fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia; bajo el criterio que en la etapa probatoria se observó que no aparece justificación alguna para que el Estado de Honduras haya despedido al demandante (artículo 112 del Código del Trabajo), desconociendo la continuidad del trabajador, el Estado de Honduras procedió a notificarle que ya no requeriría de sus servicios, lo que no corresponde con las normas ya apuntadas del Derecho del Trabajo hondureño en la protección de los derechos de los trabajadores.- 5.- Mediante auto de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada BESSY ROCÍO LARA ROSA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Copán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha cuatro de junio de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada BESSY ROCÍO LARA ROSA, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha doce de agosto de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado ERIKO DARÍO FIGUEROA, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada BESSY ROCÍO LARA ROSA, en el motivo único de casación expresa: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 113, 116, 120, 123, del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO manifiesto por la apreciación errónea del medio de prueba documental que a continuación se singulariza: a) contrato de servicios profesionales de fecha 12 de febrero del año 2007 suscrito entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca con vigencia del 20 de febrero al 30 de junio del 2007, b) contrato de servicios profesionales entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca de fecha 02 de julio del 2007 con vigencia del 02 de julio al 30 de septiembre del 2007, c) acuerdo número STSS-218-07 de fecha 01 de octubre del 2007 contentivo de contrato de servicios profesionales suscrito entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca con vigencia del 01 de octubre del año 2007 al 31 de diciembre del 2007, d) acuerdo número STSS-10- 2008 de fecha 11 de enero del 2008 contentivo contrato de servicios profesionales suscrito entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca con vigencia del 02 de enero del 2008 al 31 de diciembre del mismo año, e) acuerdo número STSS-055-09 de fecha 12 de enero del año 2009 contrato de servicios profesionales suscrito entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca con vigencia del 05 de enero al 31 de marzo del 2009, f) contrato de servicios profesionales suscrito entre la secretaria de trabajo y seguridad social y el contratista Byron Ernesto Hernández Casaca con fecha 01 de abril del año 2009 con vigencia del 01 de abril al 30 de junio del año 2009, visibles a folios del 69 al 82 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motivo de casación comprendido en el numeral 1), párrafo 2º. Del artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho por la errónea apreciación de la prueba documental aportada por la parte demandada, visible a folios del 69 al 82 de la primera pieza de autos. La Corte recurrida apreció erróneamente los medios de prueba singularizados, porque de haberlo hecho correctamente, no hubiese arribado a la misma conclusión que el Aquo, según lo dejara establecido en la sentencia objeto del recurso, que entre el demandante y el Estado de Honduras existió una relación laboral.- Con toda esa prueba documental relacionada se acreditó que lo que existió entre la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social como una entidad gubernamental del Estado de Honduras y el señor Byron Ernesto Hernández Casaca no fue una relación laboral sino una relación contractual de prestación de servicios profesionales para desarrollarse como profesional independiente, acreditando también que dichos contratos fueron suscritos sin que existiera entre ellos una continuada relación, en virtud de que como se puede observar entre las fechas de vigencia de los mismos existe entre ellos un tiempo en que el demandante no prestó ningún servicio a la Secretaría de Trabajo. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su errónea apreciación, al no estimar probado la forma en que fue contratado el demandante…”.- III. Que analizado el anterior motivo, se aprecia que se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) los artículos 113, 116, 120 reformado y 123 del Código del Trabajo, contienen varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, las cuales debieron ser precisadas; y, b) el error de hecho solo procede en casación, en los casos en que el mismo resulte manifiesto y ostensible, situación que no ocurre en el sub judice.- IV. Que se incluye un apartado intitulado: “SE SEÑALAN VICIOS QUE AFECTAN UNA LEY DE ORDEN PUBLICO. 1.- El Código del Trabajo en su artículo 691 reformado por el Decreto 9-89, manda que una acción contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrá iniciarse sólo cuando el actor, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente. En autos no consta que el demandante haya agotado ninguno de esos procedimientos. 2.- El Código del Trabajo en su artículo 713 manda que cuando las entidades de derecho público, estado o municipio, o los establecimientos o empresas oficiales tengan que comparecer como demandadas, la demanda deberá notificarse al representante del Ministerio Público del lugar donde se siga el juicio para el efecto de que pueda contribuir a la defensa de la entidad. En el expediente no consta que se le haya notificado la demanda ni los autos que en el juicio recayeron a ningún representante del Ministerio Público”.- V. Que los señalamientos realizados por la Impetrante sobre las actuaciones de primera instancia resultan improcedentes y extemporáneas, ya que se tuvo el momento procesal oportuno para alegarlos y al no hacerlo, las mismas fueron convalidadas. En adición, no se advierte ninguna situación que haya afectado el derecho de defensa de las partes.- VI. Que para fines jurisprudenciales y con relación a la condena en costas impuestas a la demandada en la sentencia impugnada, esta Sala ha establecido el criterio que si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, pero no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad, entre otros.- VII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación y desestimar lo relativo a la denuncia de vicios en el procedimiento de primera instancia.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la denuncia de vicios en el procedimiento de primera instancia. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha tres de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 119-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL