Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-111-13 — Registro 3947

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma totalmente defectuosa ya que pide se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado demandado y se revoque la sentencia de primera instancia, olvidando que el fallo que se dicta en este recurso en caso de prosperar algún motivo, es en sede de instancia, por lo que no se podría utilizar la terminología jurídica que invoca el Impetrante; además, confusamente incluye dos textos del mismo fallo propuesto. Tales falencias en el alcance de la demanda de casación impiden a este Tribunal orientar su actividad.- IV. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de mayo de dos mil trece, por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre de dos mil once, por la señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ, mayor de edad, soltera, Secretaria Comercial, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio del Ministro Director de ese entonces, señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Sociales, hondureño. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha catorce de diciembre del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticinco de octubre del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir; promovida por la señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ, de generales conocidas; contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), a través de su Ministro Director señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, también de generales expresadas. II.- CONDENAR: Al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), a través de su Ministro Director señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, a los siguiente I.- Reintegrar: A la demandante señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ, a su puesto de trabajo como Encargada del Almacén Central del Departamento de Proveeduría General de la Oficina Central, por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de operarse la terminación del contrato de trabajo; II.- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento en que lleve a cabo la reinstalación de la demandante, y demás conquistas laborales en su ausencia. III.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que comenzó a laborar para el INA, nombrada en forma interina del período del 6 de julio al 22 de agosto del 2007, cubriendo las vacaciones de José Manuel Cartagena, como Encargada de Almacén y posteriormente, el 17 de septiembre de 2007, fue nombrada en forma permanente en el mismo cargo. Que el 4 de octubre del 2011 recibió el Oficio SG118-2011 que contiene el acuerdo No.269 firmado por el Licenciado CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, como Ministro Director del INA, mediante el cual acuerda cancelarla a partir de la fecha indicada, del cargo que venia desempeñando, sin responsabilidad para la institución, invocándole como causal de despido el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, según el cual estaba obligada a presentar declaración jurada de bienes inmuebles dentro de los 45 días calendario siguientes a su nombramiento en el cargo, presentado dicha declaración hasta el 14 de febrero del 2011, además el artículo 97 de la misma ley, establece la obligación de rendir fianza, sin embargo no lo hizo, así como otras deficiencias en el desempeño de sus funciones, como el no realizar ni reportar los inventarios periódicos de los productos guardados desde que inició su gestión, no presentó informe mensual al Jefe de Departamento, no llevó archivo actualizado de los materiales ni rotulados los productos, no hay registro de entrega de productos y reportes, tener en custodia material vencido, solicitudes con borrones y tachaduras y poca colaboración de su persona. Que el despido es carente de claridad y precisión, no indica fecha en que supuestamente cometió la falta que dio lugar al despido y violenta las disposiciones del Contrato Colectivo y el Código de Trabajo, no se ha seguido el procedimiento legal establecido en el Reglamento Interno de la institución, además en el supuesto caso que hubiera existido causa justa del despido, el patrono tenía solo un mes para ejercitar la acción de despido, en el presente caso han transcurrido más de siete meses un día desde la fecha en que fueron conocidos los hechos, tampoco puede haber sanción por los mismos hechos, el requisito de presentar Declaración Jurada de Bienes no la obliga, ya que sus salario no llega a la suma establecida en el artículo 86 de dicha Ley, además de no ser ciertas las causales alegadas por la demandada.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda argumentando que la demandante inició la relación laboral con la institución en fecha 15 de marzo del 2006, mediante acuerdo No.075-06 como Secretaria Adscrita a Afectación de Tierras, posteriormente según acuerdo No. 264-06 de fecha 12 de julio del 2006 fue trasladada a la plaza No.693 como Encargada de Almacén, adscrita a la Proveeduría General a partir del 13 de julio del 2006. Que según acuerdo No. 210-07 se reclasificó la plaza y se ascendió a la demandante a Encargada de Almacén Central adscrita a la Proveeduría. Que el Ministro Director en uso de las facultades que le concede la Ley de Reforma Agraria en su artículo 144 inciso e), habiéndose agotado en legal y debida forma el procedimiento establecido en la Cláusula número 5) del IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario INA y SITRAINA, conforme citaciones de fechas 19, 22 y 27 de septiembre de 2011 y celebradas las audiencias conciliatorias en fechas 20, 23 y 28 de septiembre de 2011, amparado en los artículos 3, 60, 62, 86 incisos a) y b) del Reglamento Interno de Trabajo, 97 numeral 1, 2, y 13, 112 inciso i) y l), del Código del Trabajo, procedió a elaborar el Acuerdo de Cancelación a la demandante, en virtud de haberse comprobado mediante informe preliminar sobre hallazgos y recomendaciones practicadas por la Unidad de Auditoría Interna el día 12 de septiembre del año 2011, remitido a la División de Recursos Humanos que establecía las siguientes deficiencias: según el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas estaba obligada a presentar declaración jurada de bienes inmuebles dentro de los 45 días calendario siguientes a su nombramiento en el cargo, presentado dicha declaración hasta el 14 de febrero del 2011; según el artículo 97 de la misma ley, estaba obligada a rendir fianza, sin embargo no lo hizo, no realizó ni reportó los inventarios periódicos de los productos guardados desde que inició su gestión, no presentó informe mensual al Jefe de Departamento, no llevó archivo actualizado de los materiales ni se encuentran rotulados, no hay registro de entrega de productos y reportes, tiene en custodia material vencido, solicitudes con borrones y tachaduras y poca colaboración de su persona. Por tales deficiencias se procedió a dar por terminada la relación laboral con la demandante señalando en la Nota de Despido los fundamentos legales del artículo 112 de Código de Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó al Instituto Nacional Agrario (INA), a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo como Encargada del Almacén Central del Departamento de Proveeduría General de la Oficina Central, por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de operarse la terminación del contrato de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento en que lleve a cabo la reinstalación de la demandante, y demás conquistas laborales en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que la institución no especifica en la nota de despido cual es el motivo concreto grave de los que dan lugar al despido, la fecha, lugar y día en que fue cometida la falta por la actora. Que visto y analizado el Acuerdo de Despido N° 269-2011, notificado a la demandante se consignan simplemente una serie de faltas no relacionadas con las obligaciones y prohibiciones que expresamente señalan los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, además de incluirse determinadas situaciones y exigencias de tipo administrativo que debieron requerirse a la actora en el momento mismo de su contratación, utilizar esa omisión seis años después como causa de despido resulta extemporáneo, fuera de todo contexto legal, por la simple prescripción de la acción; en todo caso el responsable de tales anormalidades lo sería la Administración que contrató sus servicios; consecuentemente el despido realizado en esa condiciones es ilegal e injustificado, por lo que cabe declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la dictada por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la institución demandada desde las fechas 22 de febrero, 01 y 09 de marzo del 2010 tenía conocimiento de los problemas que se presentaban en el sistema de cómputo, que fuera reportado por la trabajadora en el año 2007, sin que las autoridades superiores mostraran interés en solventar dicho problema, tal como lo manifestó el señor José Manuel Cartagena, Jefe del Departamento de Proveeduría del INA, por lo que se concluye que el despido se realizó cuando ya había transcurrido el término para tomar tal determinación, violentándose además lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- 5.- Que mediante auto de fecha cinco de abril del dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha trece de mayo de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, de generales y condición ya expresados, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece, este Alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora ELSI ONEYDA ARTICA ALVAREZ, contestando el Recurso de Casación.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. El Impetrante formula el alcance de la impugnación de la siguiente forma: “FALLA: 1.- Declarar con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Carlos Roberto Mejía Chávez en su condición de Representante Procesal de la Parte demandada contra sentencia definitiva proferida por la Corte de Apelaciones Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, Departamento de Francisco Morazán el día catorce (14) de Diciembre del año dos mil doce (2012), que en su parte resolutiva literalmente dice .-II.-REVOCAR la sentencia definitiva que se conoce por vía de apelación, de fecha veinticinco (25) de Octubre de dos mil doce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección Judicial, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida por la Señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), para que la conteste a través de su Director el Señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PENA, para que pruebe la justa causa en que se fundó un despido y condena de costas, que corre agregada a folios 483, 484, 485, 486, 487 y 488 frente y vuelto de la primera pieza del expediente.- SIN COSTAS en esta instancia…FALLA: 1) REVOCAR la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha catorce de Noviembre del año dos mil doce (2012), que motiva al Recurso de Casación que se ha hecho mérito, en consecuencia: 2.- DECLARA SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por la Señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) representada por el Señor CESAR DAVID HAM PENA, en su condición de Director Ejecutivo con rango de ministro; 3.- ABSOLVER en el presente juicio al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, por medio de su representante Legal CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA de toda responsabilidad por haber cancelado en legal y debida forma a la Señora ELSI ONEIDA ARTICA ALVAREZ, por haber sido despedido en legal y debida forma, habiendo seguido el procedimiento correcto para el proceso de cancelación.”.- III. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma totalmente defectuosa ya que pide se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado demandado y se revoque la sentencia de primera instancia, olvidando que el fallo que se dicta en este recurso en caso de prosperar algún motivo, es en sede de instancia, por lo que no se podría utilizar la terminología jurídica que invoca el Impetrante; además, confusamente incluye dos textos del mismo fallo propuesto. Tales falencias en el alcance de la demanda de casación impiden a este Tribunal orientar su actividad.- IV. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 111-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL