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Sentencia CL-1018-12 — Registro 3565

Resumen

demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se ordene el nombramiento mediante acuerdo como Procurador del Bufete del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se haga efectivo el pago de reajuste de salario;segunda instancia confirmo con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en el caso de mérito resulta conveniente recordar que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Que las razones anteriormente expuestas tornan al único motivo de casación ineficaz para anular la sentencia impugnada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Pero es el caso que la norma que señala el recurrente como sustantiva infringida no ostenta esa característica, siendo la misma de naturaleza procesal civil. Además, el precepto autorizante no se ha expuesto en forma completa, ya que se limitó a indicar el párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo, omitiendo el numeral correspondiente de dicha norma. Tales falencias impiden que el cargo sea una proposición jurídica completa, por lo que procede desestimar el mismo.- IV. Que en el caso de mérito resulta conveniente recordar que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte días del mes de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha once de abril de dos mil trece, por el abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, en relación a la demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se ordene el nombramiento mediante acuerdo como Procurador del Bufete del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se haga efectivo el pago de reajuste de salario, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, pago de salario en forma retroactiva desde que desempeñó funciones como Procurador del Bufete del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se ordene el pago de salario igual a como se les paga a procuradores que realizan igual trabajo que la demandante realizó y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero de dos mil doce, por la señora CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por medio de su Alcalde Municipal de ese entonces, señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la Abogada CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), por medio de su Represente Legal el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, para que se ordene su nombramiento mediante acuerdo como PROCURADORA del Bufete del Pueblo; 2) CONDENAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), por medio de su Represente Legal el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, para que proceda mediante acuerdo a nombrar a la Abogada CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO como PROCURADORA del Bufete del Pueblo; 3) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda promovida por la Abogada CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, contra LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), por medio de su Represente Legal el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, en cuanto al reajuste, pago y demás derechos de manera retroactiva al salario que se les paga a los Procuradores de Bufete del Pueblo; 4) ABSUELVE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), por medio de su Represente Legal el señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS, en cuanto al reajuste, pago y demás derechos de manera retroactiva al salario que se les paga a los Procuradores de Bufete del Pueblo, solicitado por la Abogada CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO; 5) SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a prestar sus servicios profesionales de manera permanente con la demandada en fecha 26 de julio de 2002, en el cargo de Atención al Público del Departamento de Catastro; que en el año 2009, fue trasladada al Bufete del Pueblo siempre en el mismo cargo y posteriormente en abril de 2011, comenzó a desempeñarse como Procuradora en dicho bufete, ejerciendo funciones estrictamente de un Profesional del Derecho, pero con el mismo acuerdo de atención al público y devengando un salario de L.8,434.00 mensual, salario inferior al que debe ganar un Profesional del Derecho, con el agravante de que dos compañeros que ejercen las mismas funciones que la demandante, devengan salarios de L.24,500.00 y de L.26,300.00, por lo que considera justo y legal que se le pague el salario de L.26,300.00 mensuales; que se está infringiendo de esta manera lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República, que estatuye que “a trabajo igual salario igual”, precepto legal que sustenta la acción que en esta demanda invoca la demandante, al no pagarle la Alcaldía Municipal del Distrito Central, igual o similar salario que devengan los dos procuradores colegas antes mencionados que laboran en el Bufete del Pueblo.- 2.- La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contestó dicha demanda señalando que la demandante solicita que mediante sentencia se le dé el nombramiento como Procuradora pero lo que sucede es que la demandante fue contratada bajo el cargo de Atención al Público del Departamento de Catastro, pues ella no era Profesional del Derecho en el momento que fue nombrada y no existe fundamento legal con el que se pueda condenar a la demandada a darle un nombramiento diferente al que ya tiene; que la demandante también solicita que se le pague reajuste de salario de acuerdo a lo que ganan sus demás compañeros, pero cabe mencionar que los compañeros a los que se refiere la demandante, son los abogados Carolina Ávila y Antonio Arita, quienes fueron nombrados a partir del 1 de marzo y 15 de mayo del año 2006, respectivamente y la demandante fue trasladada el 3 de abril de 2009, para el Bufete del Pueblo siempre bajo el cargo de Atención al Público del Departamento de Catastro y según acción de traslado y ubicación de fecha 25 de mayo de 2011, empezó a ejercer actos de procuración para el Bufete del Pueblo, siempre en el mismo puesto, por lo que no se cumple con los requisitos que establece el artículo 128 de la Constitución de la República, los cuales son necesarios para que se cumpla con la garantía constitucional que establece que a trabajo igual corresponde salario igual, por lo tanto la demandada no está infringiendo dicha Garantía.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada Claudia María Montoya Andino, contra la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), para que se ordene su nombramiento mediante acuerdo como Procuradora del Bufete del Pueblo; condenando a la demandada para que proceda mediante acuerdo a nombrar a la demandante como Procuradora del Bufete del Pueblo; declarando sin lugar la demanda en cuanto al reajuste, pago y demás derechos de manera retroactiva al salario que se les paga a los Procuradores del Bufete del Pueblo; absolviendo a la demandada por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante al interponer la presente acción pretende que se le otorgue su nombramiento como Procurador del Bufete del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ante lo que cabe hacer mención que la demandante ha dejado acreditado con el medio de prueba documental que efectivamente desde el mes de marzo del año 2011 ha ejercido actos de Procuración en nombre del Bufete del Pueblo, por lo que se condena a la demandada para que proceda mediante acuerdo a nombrar a la señora Claudia María Montoya Andino, como Procuradora del Bufete del Pueblo; que asimismo la parte demandante solicita en su demanda que se ordene el reajuste, pago y demás derechos de manera retroactiva al salario que se les paga a los Procuradores de Bufete del Pueblo, lo que para esa Juzgadora resulta improcedente en virtud de haber quedado plenamente acreditado que la demandante no tiene la misma antigüedad laboral en el ejercicio de la procuración como profesional del Derecho con respecto a los demás procuradores del Bufete del Pueblo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso conforme las pruebas presentadas y las cuales fueron evacuadas en su oportunidad y analizadas las mismas de acuerdo a los cargos desempeñados por la solicitante, que por el hecho de estar ejerciendo a partir del mes de marzo del año 2011 actos de procuración en representación del Bufete del Pueblo, tal como lo hacen sus otros dos compañeros, se le de el nombramiento que corresponde como procuradora del Bufete del Pueblo, razón por lo cual interpuso la presente demanda para que en sentencia definitiva se ordene su nombramiento anhelado como procurador del Bufete del Pueblo que funciona en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, habiendo probado en la secuela del juicio lo que realmente expone en su demanda, que ha ejercido y está ejerciendo actos de procuración, por lo que se hace acreedora que se le nombre como procuradora del Bufete del Pueblo.- 5.- Que mediante auto de fecha once de febrero de dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de la señora CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha once de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de la señora CLAUDIA MARIA MONTOYA ANDINO, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado DENIS ALONZO MEJIA LAZO, en su condición de representante procesal de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, formula su único motivo de casación de la siguiente manera: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por no aplicar el artículo 207 numeral 1, 2 y 3 del Código Procesal Civil, que se refiere a la MOTIVACION de las sentencias. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo esta comprendido en el artículo 765, párrafo segundo del Código del Trabajo”.- III. Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Pero es el caso que la norma que señala el recurrente como sustantiva infringida no ostenta esa característica, siendo la misma de naturaleza procesal civil. Además, el precepto autorizante no se ha expuesto en forma completa, ya que se limitó a indicar el párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo, omitiendo el numeral correspondiente de dicha norma. Tales falencias impiden que el cargo sea una proposición jurídica completa, por lo que procede desestimar el mismo.- IV. Que en el caso de mérito resulta conveniente recordar que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Que las razones anteriormente expuestas tornan al único motivo de casación ineficaz para anular la sentencia impugnada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 1018-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL