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Sentencia CL-1014-12 — Registro 3326

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, en virtud de despido indirecto e injusto; segunda instancia confirmó sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Recurrente pide que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como órgano jurisdiccional de segundo grado, reformando la sentencia apelada, olvidando que, luego de infirmarse el fallo impetrado, lo procedente es decidir en forma directa el asunto litigioso, tal como lo haría el juzgador de primera instancia. El planteamiento así esgrimido es inadecuado y por ello, el recurso que nos ocupa se vuelve ineficaz.- IV.- Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub lite, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- V.- Que el Recurrente solicita la nulidad subsidiaria manifestando lo siguiente: “Las normas procesales, son disposiciones de orden público y como tal, de observancia obligatoria.- A folio 33 vuelto y 34 de la primera pieza, aparece que en la primera audiencia de trámite, como apoderado de la parte demandante, propuse como medio probatorio UN PERITAJE, cuyo propósito era demostrarle a la Juez, mediante operaciones aritméticas, contando con los documentos contables que obran en los archivos del Banco, que al demandante, le habían rebajado su salario. Ante legal actitud de proponer dicho medio probatorio, autorizado por los artículos 315 y 316 del Código Procesal Civil, el juzgado resolvió como sigue: “en cuanto al PERITAJE, se estará a la discreción del juez si se nombra el mencionado perito por requerir conocimientos especiales en la resolución del debate en el presente juicio”.- La pericia es procedente, y está contemplada como un medio probatorio, para valorar los hechos o circunstancias relevantes de la contienda o para adquirir la certeza mediante los conocimientos prácticos de quien tenga que rendir el experticio. Resulta, que sin haberse cumplido con un auto que obligaba a quien desempeña la judicatura, se señaló audiencia para presentar alegatos y después, se dictó sentencia lo que en mi concepto, es violatorio del trámite y pureza del proceso por lo cual, en forma subsidiaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 212 numera 6, y, 214 numeral 3 del Código Procesal Civil, se solicita la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia celebrada el 18 de junio del 2012 que corre agregada a folio 110 de la primera pieza y posteriores actuaciones, ordenándole al A-QUO, que proceda de conformidad con la ley; bien admitiendo el peritaje o desestimándolo, mediante y justificado razonamiento, pues el ordenamiento citado, no le otorga discrecionalidad a los Jueces, según lo contempla el artículo 316 de la obra legal citada. Otro desacierto lo comete la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, cuando en la sentencia recurrida afirma que el suscrito, actúa en su condición de “DEMANDADO-APELANTE”, cuando lo correcto era decir, que mi actuación obedece, a que represento al DEMANDANTE, y por tal razón, se violo el articulo 206 numeral 1), del Código Procesal Civil, que consagra que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”.- VI.- Que referente a tal petición, este Tribunal considera que no procede lo solicitado, por lo siguiente: a) en cuanto a la forma y contenido de la sentencia impugnada, la misma reúne los requisitos necesarios y la motivación suficiente para resolver el litigio, el señalamiento de que se le denominara como demandado-apelante, siendo lo correcto demandante-apelante, se trata de un lapsus que en nada afecta la decisión judicial referida, más aún cuando en el acápite SON PARTES, se designó correctamente la condición de cada uno de los intervinientes en la instancia relacionada; b) en cuanto al señalamiento de que no se resolviera por el a quo sobre la admisión o desestimación del medio de prueba peritaje propuesto por la parte demandante, además que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 729 del Código del Trabajo su estimación queda sujeta a la determinación del juzgador cuando sea necesario designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales, por otro lado, el Impetrante ha tenido la oportunidad procesal de reclamar la subsanación de dicha situación, no habiéndolo realizado ni en primera y segunda instancia, a este momento resulta extemporáneo e improcedente; y, c) finalmente, no se evidencia ninguna cuestión que afecte el derecho de defensa y el debido proceso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de febrero de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de abril de dos mil trece, por el abogado TEODORO VALESTER GALLO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, en virtud de despido indirecto e injusto, pago de horas extras, séptimo día y días feriados, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto de dos mil once, por el señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS, mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño y de este domicilio, contra el BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., por medio de su Gerente General, señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, mayor de edad, casado y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de agosto de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral por despido indirecto promovida por el señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS, contra el BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., absolviendo a la institución bancaria del pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, horas extras, recargo de horas extras, séptimo día y salarios dejados de percibir, condenando al BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A. al pago de los derechos adquiridos por la cantidad de L.15,528.72, desglosados de la forma siguiente: vacaciones adeudadas (2 años) L.7,111.20, vacaciones proporcionales L.438.53 y decimo tercer mes proporcional L.7,978.99, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución bancaria, el 8 de junio de 2009, en el cargo de Ejecutivo de Servicios y Productos Financieros, con un salario base inicial de L.1,704.00 semanales, más comisiones y bonificaciones, el que por acuerdo entre las partes le fuera incrementado a partir del 23 de marzo de 2011, a la suma de L.3,316.00 semanales, más un bono mensual de trabajo por equipo, por arriba de los L.1,000.00 y otro bono de seguro trimestral de L.2,164.96, para un salario base de L.14,995.25; que durante la relación laboral la institución bancaria le hizo trabajar al demandante diariamente de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., es decir 4 horas extras y los sábados ocho horas, sin que le cancelaran los recargos establecidos en el Código del Trabajo; que a partir de la semana correspondiente del 7 al 13 de junio, cancelada el 15 de dicho mes y del 14 al 20 pagada el 22 del referido mes, unilateralmente el banco decidió cambiar su política salarial, representando un decrecimiento significativo en el salario del demandante, cancelándole en la primera semana la suma de L.1,704.00 y, en la segunda L.1,906.00 respectivamente, lo que constituye una violación a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo que en su artículo 95 numeral 1), dispone que es obligación del patrono pagarle al trabajador la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato; por la razón apuntada anteriormente en fecha 27 de junio de 2011, el demandante se dio por despedido indirectamente del cargo que venía desempeñando, conservando el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso del despido injusto.- 2.- La parte demandada, el BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., contestó dicha demanda señalando que a raíz de un requerimiento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro, la institución bancaria tuvo que destinar a varios empleados a laborar en un Proyecto denominado “Extractores” a fin de satisfacer lo solicitado por la Comisión, que dicha actividad implicaría que no devengaría más comisiones el demandante, ya que no vendería productos financieros y para no perjudicarlo a él ni a los demás empleados que laboraran en el Proyecto Extractores, se procedió a reconocerles un salario en base al promedio de los últimos 6 meses devengados antes de ingresar al proyecto; que este salario no debe ser confundido con el que devengaba como vendedor de servicios financieros, como lo hace el actor en los hechos de su demanda, ya que en un acto de deslealtad procesal omite el demandante este hecho pretendiendo hacer creer que la institución bancaria le ha aumentado el salario semanal lo que no es cierto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de dos mil doce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de mérito, absolviendo a la institución bancaria del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, horas extras, recargo de horas extras, séptimo día y salarios dejados de percibir, condenando a la institución bancaria al pago de los derechos adquiridos por la cantidad de L.15,528.72, sin costas; bajo el criterio que resulta evidente que el demandante no tenía causa para darse por despedido, debido a que no se produjo una rebaja de su salario, el trabajador temporalmente fue trasladado a un proyecto, que si bien sus funciones fueron distintas a las pactadas y la forma de retribución cambió, la patronal lo compensó pagándole una cantidad fija de L. 3,316.00, mientras se desempeñaba en el proyecto, y una vez concluido este último, regreso a ocupar su puesto de trabajo para el cual había sido contratado, devengando estrictamente un salario por comisión tal como aparece pactado en el contrato de trabajo, en consecuencia, la demanda resulta improcedente por lo que se declara sin lugar; que en el acápite de la cuantía de la demanda, el trabajador reclama el pago de horas extras y su recargo, y además el pago del séptimo día, a los cuales no se condena en vista que consta que de la Inspección que se realizara al control de asistencia del demandante identificado como “EMPLEADO 41486”, que el trabajador no siempre entraba a la hora convenida o no marcaba tarjeta de entrada y nunca marcaba la hora de salida, comportamiento del trabajador que dificulta a la juzgadora hacer un análisis de la procedencia del reclamo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el demandante por consentimiento propio acepto desempeñarse en la actividad o proyecto de extractores, el cual era de carácter temporal en el periodo del mes de octubre del año dos mil diez al mes de mayo del dos mil once, implementado por el patrono en cumplimiento de un requerimiento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; que es evidente en los medios de prueba que durante el ejercicio de esa actividad el demandante no percibió comisión por ventas por que no las realizaba; no obstante si aparece de autos que el patrono por razones de compensación de salarios le entregaba la cantidad de L. 3,316.00 mensuales la cual dejo de percibir cuando volvió a su puesto de trabajo original; siendo que el trabajador consintió laborar en el proyecto extractor y al recibir una compensación de salario el cual fue pagado sin interrupción el despido indirecto no reúne los requisitos regulados por infringimiento de esto; que el demandante con sus medios de prueba no acredito el derecho para el pago de horas extras por la inexistencia en el control de registro de salidas de sus labores cotidianas; que el patrono no acredito haber pagado los derechos adquiridos que corresponden por ley a la parte actora.- 5.- Mediante auto de fecha once de febrero de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado TEODORO VALESTER GALLO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha uno de abril de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado TEODORO VALESTER GALLO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al abogado Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha dieciocho de abril de dos mil trece, el abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, en su condición de representante procesal del BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A..- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- El abogado TEODORO VALESTER GALLO, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “a).- CASA, la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial y en consecuencia: REFORMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el 13 de noviembre del 2012 b).- DECLARA CON LUGAR la demanda ordinaria para que en sentencia definitiva se condene el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, en virtud de despido indirecto como en el caso de despido injusto.- pago de horas extras, séptimo día y días feriados y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que tomo aquella determinación hasta que quede firme la sentencia condenatoria, que en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán promoviera el señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS contra el BANCO AZTECA HONDURAS S. A., a través de su Gerente General MIGUEL GONZALES RAMIRES; c) CONDENA a BANCO AZTECA HONDURAS S. A. a cancelarle al señor WADY ALEJANDRO RENE CORREA CONTRERAS la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 133,374.58) descompuesto de la siguiente manera: 2 meses de preaviso: Lps. 53,110.68; 2 meses de Auxilio de Cesantía Lps.53,110.68; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,223.05; Vacaciones causadas correspondientes al segundo año Lps. 5,998.09; Vacaciones proporcionales al tercer año Lps. 2,019.36; Décimo Tercer mes proporcional en concepto de aguinaldo Lps. 9,871.87; Décimo Cuarto mes proporcional Lps. 2,040.85; y, por liquidarse, los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido indirecto hasta que cause ejecutoria la sentencia.- c) CON COSTAS.- NOTIFIQUESE”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Recurrente pide que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como órgano jurisdiccional de segundo grado, reformando la sentencia apelada, olvidando que, luego de infirmarse el fallo impetrado, lo procedente es decidir en forma directa el asunto litigioso, tal como lo haría el juzgador de primera instancia. El planteamiento así esgrimido es inadecuado y por ello, el recurso que nos ocupa se vuelve ineficaz.- IV.- Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub lite, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- V.- Que el Recurrente solicita la nulidad subsidiaria manifestando lo siguiente: “Las normas procesales, son disposiciones de orden público y como tal, de observancia obligatoria.- A folio 33 vuelto y 34 de la primera pieza, aparece que en la primera audiencia de trámite, como apoderado de la parte demandante, propuse como medio probatorio UN PERITAJE, cuyo propósito era demostrarle a la Juez, mediante operaciones aritméticas, contando con los documentos contables que obran en los archivos del Banco, que al demandante, le habían rebajado su salario. Ante legal actitud de proponer dicho medio probatorio, autorizado por los artículos 315 y 316 del Código Procesal Civil, el juzgado resolvió como sigue: “en cuanto al PERITAJE, se estará a la discreción del juez si se nombra el mencionado perito por requerir conocimientos especiales en la resolución del debate en el presente juicio”.- La pericia es procedente, y está contemplada como un medio probatorio, para valorar los hechos o circunstancias relevantes de la contienda o para adquirir la certeza mediante los conocimientos prácticos de quien tenga que rendir el experticio. Resulta, que sin haberse cumplido con un auto que obligaba a quien desempeña la judicatura, se señaló audiencia para presentar alegatos y después, se dictó sentencia lo que en mi concepto, es violatorio del trámite y pureza del proceso por lo cual, en forma subsidiaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 212 numera 6, y, 214 numeral 3 del Código Procesal Civil, se solicita la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia celebrada el 18 de junio del 2012 que corre agregada a folio 110 de la primera pieza y posteriores actuaciones, ordenándole al A-QUO, que proceda de conformidad con la ley; bien admitiendo el peritaje o desestimándolo, mediante y justificado razonamiento, pues el ordenamiento citado, no le otorga discrecionalidad a los Jueces, según lo contempla el artículo 316 de la obra legal citada. Otro desacierto lo comete la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, cuando en la sentencia recurrida afirma que el suscrito, actúa en su condición de “DEMANDADO-APELANTE”, cuando lo correcto era decir, que mi actuación obedece, a que represento al DEMANDANTE, y por tal razón, se violo el articulo 206 numeral 1), del Código Procesal Civil, que consagra que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”.- VI.- Que referente a tal petición, este Tribunal considera que no procede lo solicitado, por lo siguiente: a) en cuanto a la forma y contenido de la sentencia impugnada, la misma reúne los requisitos necesarios y la motivación suficiente para resolver el litigio, el señalamiento de que se le denominara como demandado-apelante, siendo lo correcto demandante-apelante, se trata de un lapsus que en nada afecta la decisión judicial referida, más aún cuando en el acápite SON PARTES, se designó correctamente la condición de cada uno de los intervinientes en la instancia relacionada; b) en cuanto al señalamiento de que no se resolviera por el a quo sobre la admisión o desestimación del medio de prueba peritaje propuesto por la parte demandante, además que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 729 del Código del Trabajo su estimación queda sujeta a la determinación del juzgador cuando sea necesario designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales, por otro lado, el Impetrante ha tenido la oportunidad procesal de reclamar la subsanación de dicha situación, no habiéndolo realizado ni en primera y segunda instancia, a este momento resulta extemporáneo e improcedente; y, c) finalmente, no se evidencia ninguna cuestión que afecte el derecho de defensa y el debido proceso.- VII.- El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa y procede declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 1014-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL