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Sentencia CL-09-13 — Registro 3655

Resumen

demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo, ilegal e injusto y a titulo de daños y perjuicios; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, a saber: a) la norma que invoca como infringida si bien ostenta la condición de ser sustantiva, contiene varios párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellos dirige su ataque; y, b) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada y relaciona normas del Código Procesal Civil que no son aplicables, ya que el Código del Trabajo en su artículo 765 ya establece las causas o motivos del recurso de casación laboral"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de abril del dos mil trece, por el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo, ilegal e injusto y a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, reconocimiento de los derechos adquiridos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil diez, por el señor SANTOS HUMBERTO SANDRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, motorista, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de enero del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMÓ la sentencia dictada el veintiocho de octubre del dos mil once, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro a su puesto de trabajo, por despido ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir; promovida por el señor SANTOS HUMBERTO SANDRES RODRIGUEZ, de generales conocidas; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO; 2.- CONDENAR Al ESTADO DE HONDURAS, por medio de de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, a lo siguiente: I.- REINTEGRAR al trabajador SANTOS HUMBERTO SANDRES RODRIGUEZ al puesto de Inspector de Equipo de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato de trabajo; II.- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de los contratos de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia; 3.-SIN COSTAS …”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción manifiesta que empezó su relación laboral en fecha 1 de abril del 2006, mediante contrato individual de trabajo en el cargo de Inspector de Equipo, el 13 de julio del 2010, se le notificó mediante oficio que era cancelado de su cargo, sin invocarle causa o motivo que tuvo la demandada para la terminación de la relación laboral, omitiendo en forma expresa lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, violentándole sus garantías y derechos al trabajador, por lo que acudió a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social a interponer el reclamo administrativo y llegar a un acuerdo conciliatorio, el cual no se llevo a cabo y se continuó con el tramite de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que la relación que existía entre la institución y el trabajador era por tiempo definido, mediante contrato, notificándole en la nota la terminación de su contrato, por lo cual no había que estipular justa causa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de octubre del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito, condenando al Estado de Honduras a reintegrar al demandante, sin costas; bajo el criterio que en la secuela del juicio se probó la relación laboral permanente, estando bajo el sistema de jornal, no teniendo justa causa para dar por terminada la relación laboral, violentándole los derechos al trabajador, ya que se probó el despido al expresar en la nota que se había decidido prescindir de sus servicios profesionales, ofreciéndole el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos adquiridos, con lo que la entidad demandada pretende resarcir los derechos violentados.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo y sin costas; bajo el criterio que no basta con indicar el artículo en el cual se fundamentan para dar por terminada la relación de trabajo, sino que se le indique en forma concreta cual es la causa o motivo del despido, ya que con su omisión se le violentaron los derechos al trabajador, dando con lugar la pretensión del demandante.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha nueve de abril del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha ocho de mayo del dos mil trece, el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, actuando en su condición de apoderado del señor SANTOS HUMBERTO SANDRES RODRIGUEZ.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. De conformidad con lo establecido en los artículos 764 literal a) y 765 del Código del Trabajo, el recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica sustantiva laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con el artículo 303 párrafo 2°) de nuestra Constitución Política; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional en el ámbito del trabajo y de la seguridad social requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, formula su primer motivo de casación de la manera siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por Aplicación Indebida del Artículo 113 del Código del Trabajo, en relación directa con el Articulo 46 Literal b) siempre del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que en su formulación se incurre en defectos técnicos, a saber: a) la norma que invoca como infringida si bien ostenta la condición de ser sustantiva, contiene varios párrafos y literales, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual de ellos dirige su ataque; y, b) el precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada y relaciona normas del Código Procesal Civil que no son aplicables, ya que el Código del Trabajo en su artículo 765 ya establece las causas o motivos del recurso de casación laboral.- IV. Que el Recurrente en el segundo motivo sostiene: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del Artículo 118 Párrafo Segundo del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal Primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 719 numeral 1) literal c) del Código Procesal Civil.”.- V. En este otro cargo, al igual que en el primero, el Impetrante incurre en el defecto técnico de indicar de forma errónea el precepto autorizante y relacionarlo con normas del Código Procesal Civil; además, la procedencia o no del despido fue objeto del material probatorio y del debate, entonces no procedía el ataque al fallo alegando la infracción directa.- VII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 09-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL