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Sentencia CL-03-12 — Registro 3520

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de recibir a título de daños y perjuicios, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"VIII. Que la Ley prevé el pago, a título de daños y perjuicios, de los salarios que el trabajador habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, en el caso de que el despido sea ilegal o injustificado. El ofrecimiento de las prestaciones laborales no constituye pago, por lo tanto, para liberarse de la responsabilidad que comprende la indemnización que a título de daños y perjuicios (salarios dejados de percibir), debe efectivamente haber suministrado o proveído las prestaciones y ser aceptadas por el trabajador en caso de ser esa su pretensión y no el reintegro. La otra forma de liberarse de esa responsabilidad es a través de la consignación laboral, misma que debe ser oportuna y completa.- IX. En el caso que nos ocupa, la parte demandada al ofrecer las prestaciones laborales a la parte demandante, ha aceptado que despidió ilegal e injustamente a la demandante, la consecuencia accesoria de tal aceptación es el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; si la demandante no firmó documento para el recibo de tales prestaciones, tal situación no libera de responsabilidad a la parte demandada, quién en todo caso debió realizar a la terminación del contrato de trabajo, la consignación de la cantidad correspondiente ante la autoridad competente, única forma de que se hubiese eximido del pago de tal indemnización.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la señora INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de recibir a título de daños y perjuicios, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del dos mil diez, por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, actuando en su condición de apoderado de la señora INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Administración de Empresas y de este domicilio, en contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras (L.89,798.00), por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de los salarios dejados de percibir, absolviendo al Estado de Honduras a pagar a la demandante los salarios dejados de percibir, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.1.- La demandante en el escrito de su acción, manifiesta que inició a trabajar el 3 de abril del 2006 y que en fecha 13 de julio del 2010, se dio el despido ilegal e injusto; durante el tiempo que laboró era jornalera permanente (Analista de Evaluación), gozando de todos los derechos de trabajadora permanente, el patrono ofreció el pago de prestaciones las cuales no se han hecho efectivas, la demandante acudió a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para un acuerdo conciliatorio, el cual no se llevó a cabo.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó la demanda manifestando que no se realizó un despido, al contrario se extinguió la relación laboral en virtud que era de carácter determinado para que realizara trabajos administrativos temporales, los empleados de jornal no se clasifican como permanentes para ningún efecto, por tal motivo dicha relación forzosamente debía llegar a su fin, por lo que los artículos 46 literal b) y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, facultan a la demandada para dar por terminada dicha relación laboral, razón por la cual no se le debía realizar audiencia de descargo ni señalar justa causa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del dos mil once, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras (L.89,798.00), por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de los salarios dejados de percibir, absolviendo al Estado de Honduras a pagar a la demandante los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el demandado aceptó en la nota de la terminación laboral, que el despido era injusto e ilegal porque se comprometió a pagarle sus prestaciones, las cuales la demandante no ha recibido a la fecha por faltar un requisito, que era firmar el recibo de pago y no lo hizo ya que todos los requisitos fueron cumplidos menos ese, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre del dos mil once, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia del a-quo y sin costas; bajo el criterio que al haber realizado la trabajadora los trámites para que se hiciera efectivo el pago de las prestaciones, estaba de acuerdo en la forma de terminación de la relación laboral, por lo que el Juzgado de primera instancia no se ha visto en la necesidad de darle una calificación al despedido para poder establecer la procedencia de esa sanción, por consiguiente no es pertinente la condena en salarios dejados de percibir.- 5.- Que mediante auto de fecha trece de enero de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de apoderada de la señora INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintisiete de febrero del dos mil doce, compareció ante este Tribunal la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de apoderada de la señora INGRID GISSELLE SARMIENTO ZUNIGA, formalizando su demanda con dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha dos de marzo de dos mil doce, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo en fecha dieciséis de marzo del dos mil doce, el abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTO DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que con base en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 número 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de la sentencia impugnada, la cual ha prohijado la de primera instancia, se desprende que la misma ha emitido pronunciamiento en favor de la parte demandante en cuanto a que declara con lugar la demanda condenando a la parte demandada al pago de prestaciones por el despido injusto de que fue objeto la demandante, hecho que en su oportunidad fue aceptado por la parte demandada ofreciendo como consecuencia del mismo, el pago de prestaciones a la parte actora, pago que no se ha realizado. Asimismo, declara sin lugar el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y absuelve a la demandada de tal obligación.- VII. Que resulta contradictorio y atenta contra la congruencia que debe existir en las resoluciones judiciales y por ende al debido proceso, que, habiéndose determinado la procedencia de la demanda en cuanto al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas en el presente juicio, se aduzca que no procede la indemnización por daños y perjuicios que establece tanto el artículo 129 de la Constitución de la República, como el artículo 113 del Código del Trabajo, como sanción a título de salarios dejados de percibir por tal determinación y, además, que se señale su improcedencia por la no renuencia del demandado, cuando éste alude a que la demandante no cumplió con el requisito para dicho pago; los cuales no son obligatorios conforme a la normativa laboral.VIII. Que la Ley prevé el pago, a título de daños y perjuicios, de los salarios que el trabajador habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo debe quedar firme la sentencia condenatoria, en el caso de que el despido sea ilegal o injustificado. El ofrecimiento de las prestaciones laborales no constituye pago, por lo tanto, para liberarse de la responsabilidad que comprende la indemnización que a título de daños y perjuicios (salarios dejados de percibir), debe efectivamente haber suministrado o proveído las prestaciones y ser aceptadas por el trabajador en caso de ser esa su pretensión y no el reintegro. La otra forma de liberarse de esa responsabilidad es a través de la consignación laboral, misma que debe ser oportuna y completa.- IX. En el caso que nos ocupa, la parte demandada al ofrecer las prestaciones laborales a la parte demandante, ha aceptado que despidió ilegal e injustamente a la demandante, la consecuencia accesoria de tal aceptación es el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; si la demandante no firmó documento para el recibo de tales prestaciones, tal situación no libera de responsabilidad a la parte demandada, quién en todo caso debió realizar a la terminación del contrato de trabajo, la consignación de la cantidad correspondiente ante la autoridad competente, única forma de que se hubiese eximido del pago de tal indemnización.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformado, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 12 de septiembre del 2011, visible a folios doce (12) al quince (15) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha tres de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 03-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL