Sentencia CL-973-12 — Registro 2816
Resumen
Demanda ordinaria Laboral, para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, la sentencia declarada con lugar fue confirmada por la segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Pero es el caso que el Impetrante comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a.- Esta Sala ha explicado hasta la saciedad que la infracción directa solo procede cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el Juzgador no se aplica la norma que regula el caso concreto y se produce con prescindencia del material probatorio. En este caso tanto la relación laboral como la forma de terminación de la misma fue objeto principal de la controversia por lo tanto no procede el ataque por esa vía. b.- Las normas que señala como infringidas no ostentan la categoría de sustantivas requisito inexcusable según lo establece el artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo y c.- En la explicación del cargo hace extensos alegatos de instancias prohibición que deriva de lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo. Por todo lo anterior es procedente inadmitir este primer motivo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de septiembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de marzo del año dos mil trece, por el abogado DAVID RICARDO MURILLO ARTEAGA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras, en relación a la demanda ordinaria Laboral, para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha primero de agosto del año dos mil once, por las señoras BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, todas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra El ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN por medio de la señora Procuradora General de la República abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintinueve de agosto del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR La Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir; promovida por las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, de generales expresadas, contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales conocidas; 2.- CONDENA: Al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la señora Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, pagar a las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA, la cantidad de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps.61,343.77) por los conceptos de: Preaviso Lps. 14,113.16; Auxilio de Cesantía Lps. 28,226.32; Cesantía proporcional Lps.1,018.50; vacaciones causadas Lps.8,232.70; vacaciones proporcionales Lps.679.79; Aguinaldo proporcional Lps.3,024.30 y Decimocuarto mes proporcional Lps. 6,049.00; a ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps65,766.36) por los conceptos de Preaviso Lps.14,646.32; Auxilio de Cesantía Lps.29,292.64; Cesantía proporcional Lps.2,238.49; Vacaciones causadas Lps 8,543.85; Vacaciones proporcionales Lps.1,491.51; Aguinaldo proporcional Lps.3,207..50; y Decimocuarto mes causado Lps. 6,277.00; Decimocuarto mes proporcional Lps.69.05; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que notificaron los despidos hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia. 3- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones laborales y salarios dejados de percibir; promovida por la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, de generales conocidas; contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales conocidas. 4.- Absuelve: Al El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de pagar a la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, los conceptos de Preaviso, Auxilio de Cesantía Auxilio de Cesantía proporcional, Vacaciones causadas y proporcionales, Aguinaldo, Decimocuarto mes causado y proporcional, así como los salarios dejados de percibir. 5.-Declarar SIN LUGAR La demanda Ordinaria Laboral para el pago de Salarios Adeudados; promovida por las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, de generales expresadas, contra El ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales conocidas. 6- Absuelve: Al ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de pagar a las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO dicho concepto. 7.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan que BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, en fecha 01 de Octubre del año 2008, comenzó a prestar sus servicios laborales en la Secretaria de Educación, específicamente en La Escuela JOSE TRINIDAD REYES de El Porvenir, F. M., en el puesto de Asistente de la Dirección; posteriormente fue trasladada al Instituto Técnico “JAPON GONZALO BARAHONA” del mismo municipio con el cargo de Asistente de Agropecuaria, cargo que ostento hasta el 31 de mayo del 2011, fecha en que fue despedida injusta e ilegalmente; KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA, inició a laborar en el Área de Computación en el Instituto Técnico “JAPON GONZALO BARAHONA” desde el nueve 9 de mayo del año 2007, hasta el 31 de mayo del 2011, fecha en que fue despedida ilegal, arbitraria e injustamente; ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO; inicio sus labores en el Instituto Técnico “JAPON GONZALO BARAHONA” en el mes de marzo del año 2007, en el Área de Computación hasta el día treinta de junio del año dos mil once, fecha en que fue despedida arbitraria, injustificada e ilegalmente. Que en el artículo 117 del Código de Trabajo se establecen las causas o motivos para la terminación de la relación laboral por parte del Patrono o Empleador, es decir, que las causa o motivos del despido deben estar fundamentadas en ley y después no podrán alegarse causas o motivos distintos, como es el caso concreto que nos ocupa, que en la nota de cancelación no invocan ninguna causal de despido, lo cual tácitamente da a entender que las mismas son inexistentes pues como se ha dicho no invocan causal alguna y solo hacen alusión a un contrato de trabajo inexistente. SOLICITAN: pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, condena en costas.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de las demandantes, argumentando lo dicho por la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, en el sentido que comenzó como Asistente de la Dirección en la Escuela José Trinidad Reyes y luego trasladada al Instituto Técnico Japón Gonzalo Barahona, como Asistente de Agropecuaria, cuando su nombramiento según la Resolución No.034-SE-11 de fecha 4 de Febrero del 2011 vigente del 01 de enero al 31 de mayo del 2011 y las demás que fueran suscritas por periodos determinados siempre fue de Aseadora para ambos centros educativos y; las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO en el sentido de que ellas aducen que comenzaron en el Área de Computación en el Instituto Técnico Japón Gonzalo Barahona, cuando lo cierto es que el nombramiento de ambas según la Resolución No. 134-SE-11 de fecha 25 de abril de 2011, suscrita por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación era por un período del 01 de abril al 30 de junio del 2011, así como las demás Resoluciones suscritas al efecto y por períodos determinados, sus nombramientos siempre fueron de Aseadoras bajo la modalidad de contratación por jornal. Que no han sido despedidas arbitraria, injusta e ilegalmente como lo manifiestan ya que todo el tiempo que laboraron para la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación fue por tiempo limitado. Que se rechaza la fecha de ingreso que las demandantes citan en su demanda así como el salario supuestamente devengado. Que esta modalidad de contratos no se suscribe con sometimiento al cumplimiento de condición alguna ya que los mismos se enmarcan en los contratos por tiempo determinado, tal como lo establece el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo. Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación no deviene obligado a invocar una causal para justificar el hipotético despido de las demandantes por ser la relación laboral que sostuvieron de manera temporal y determinada. Que no les es aplicable lo que disponen los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo pues esas normas sólo son aplicables a los empleados permanentes. Que la razón de la finalización de la relación laboral de las demandantes no se debió a circunstancias laborales sino que simplemente fue el resultado de haber llegado la fecha de finalización de su contrato de trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENA al Estado de Honduras a pagar a las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA, la cantidad de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.61,343.77) por los conceptos de: Preaviso L.14,113.16; Auxilio de Cesantía L.28,226.32; Cesantía proporcional L.1,018.50; vacaciones causadas L.8,232.70; vacaciones proporcionales L.679.79; Aguinaldo proporcional L.3,024.30 y Decimocuarto mes proporcional L.6,049.00; a ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.65,766.36) por los conceptos de Preaviso L.14,646.32; Auxilio de Cesantía L.29,292.64; Cesantía proporcional L.2,238.49; Vacaciones causadas L.8,543.85; Vacaciones proporcionales L.1,491.51; Aguinaldo proporcional L.3,207.50; y Decimocuarto mes causado L.6,277.00; Decimocuarto mes proporcional L.69.05; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que notificaron los despidos hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia; Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago prestaciones laborales y salarios dejados de percibir; promovida por la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, de generales conocidas; contra El ESTADO DE HONDURAS; Absuelve: Al ESTADO DE HONDURAS, de pagar a la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, los conceptos de Preaviso, Auxilio de Cesantía Auxilio de Cesantía proporcional, Vacaciones causadas y proporcionales, Aguinaldo, Decimocuarto mes causado y proporcional, así como los salarios dejados de percibir; Declarar SIN LUGAR La demanda Ordinaria Laboral para el pago de Salarios Adeudados; promovida por las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, de generales expresadas, contra El ESTADO DE HONDURAS; Absuelve: Al ESTADO DE HONDURAS, de pagar a las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO dicho concepto; SIN COSTAS bajo el criterio que de las pruebas allegadas al juicio se llega al firme convencimiento que las señoras KLARITZA YOLIBETH RIVERA CABRERA Y ERICA YANETH MONCADA FLORENTINO, han acreditado el despido injustificado de que fueron objeto por parte de su empleador, por lo tanto les corresponde el pago de las prestaciones e indemnizaciones demandadas; en consecuencia procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito. Que en relación a la demanda incoada por la señora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, cabe declarar SIN LUGAR esta pretensión, ya que de las pruebas allegadas al juicio se demostró que continúa activa prestando sus servicios a la Secretaría de Educación.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del año dos mil trece, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que la modalidad de JORNAL no significa que se haya celebrado contratos por tiempo determinado sino que debe considerarse a estos trabajadores como permanentes en sus puestos de trabajo. Que en las notas de despido no se indican en ninguna forma las causales contenidas en el Articulo 112 del Código del Trabajo. Que en relación a la demanda interpuesta por la trabajadora BLANCA GLORIA GUZMAN SANCHEZ, con las pruebas presentadas se acreditó que se encuentra laborando en las mismas condiciones para la Secretaría de Educación, razón por lo cual sus pretensiones contenidas en la demanda presentada, cabe declararlas SIN LUGAR.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSE ROGELIO CHINCHILLA CARVAJAL, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha uno de octubre del año dos mil doce. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha catorce de marzo del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado DAVID RICARDO MURILLO ARTEAGA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en esa misma se tuvo por devuelto el traslado conferido a el abogado JOSE ROGELIO CHINCHILLA CARVAJAL y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diecisiete de abril del año dos mil trece SE DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el término dejado de utilizar por el abogado JULIO ADAN POSADAS, para contestar la demanda de casación planteada, ordenándose proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado DAVID RICARDO MURILLO ARTEAGA, en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional por Infracción Directa porque el Tribunal A Quem no aplicó o ignoró normas de estricto cumplimiento como ser el Convenio 158-82-OIT, artículos 15, 16, 18 de la Constitución de la República, que es de aplicación superior al Artículo 46 y 47 del Código del Trabajo, Asimismo se ignoró el Artículo 2, numeral 2, 747 párrafo final del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 13 letra m, de la Ley de Servicio Civil y Artículo No.9, numeral 14 del Reglamento de la misma Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo”. “LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el Convenio 158-82-OIT, señala claramente que los Estados Miembros dadas las continuas quejas referente a la baja asignación presupuestaria en virtud de LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL que sufren los Estados a nivel mundial, no se encuentran en la capacidad de cumplir con los beneficios que concede el benigno Código del Trabajo por lo que se les autorizó para que emplearan mecanismo bajo el cual podían emplear y dar por terminado una prestación laboral, Sin incurrir en responsabilidad, convenio éste que es de harto conocimiento y que se antepone al Convenio 111-OIT, y a los convenios de los Derechos Humanos pues esta pretensión es solo proteger la Economía de los Estados Miembros, quienes a su vez tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía en general, y no solamente para un grupo laborante, por tal razón debe mantener el equilibrio en el bajo Presupuesto que se le asigna; debemos relacionar este argumento con el Artículo No.2 cuando establece que “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. SE EXCEPTUAN…”, el uso en mayúscula es mío para resaltar, artículo éste en que se funda El Juzgador A quo, y como se observa el Servicio al Estado es a manera de EXCEPCION, con sus propias Leyes y Mecanismos de Contratación para evitar un mal manejo de las Arcas del Estado, y su numeral 2 del Código del Trabajo, que establece claramente que todo servidor público será regido por lo que se establezca en la Ley de Servicio Civil, agregando y su reglamento, Ley y Reglamento éstos que tienen definido que al empleado denominado por Jornal o Planillas, y en este caso concreto se convierte en una definición propia del Estado de Jornales o Planilleros, y se considera como un Servidor especial, a quien se le designa una actividad discrecional que el Estado requiere, y para el cual no tiene asignado Presupuesto y esto con el fundado propósito de apalear el desempleo en Honduras, que es una garantía respaldada por los Derechos Humanos que establece el derecho a ser empleado, tal es el caso que en muchas comunidades Educativas son los Directores conjuntamente con la ayuda de los padres de familia de los Educandos que cubren esta clase de servicio, como ser pagar servicio de oficinistas, secretarias, vigilantes, conserjes o aseadores y esto para que los menores no sean obligados a realizar esta labor en un apoyo unitario con el Estado y como buenos ciudadanos. Es claro, que en un afán de favorecer al trabajador hondureño, se ignora preceptos legales que determinan la actividad pública, que en este caso y como queda establecido en el Artículo 747 del Código del Trabajo el Estado como persona se considera en la misma situación y condiciones que un trabajador, pues el Estado solo es mandatario, y al establecer que si la sentencia es adversa al Estado,(Estado, Departamento o Municipio), debe llevarse a Consulta, es pues el Estado un ente de Especial juzgamiento, por lo que no debe ignorarse su actividad y al emitir Resoluciones donde contrata personal por Jornal o Planilla definido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo hace de manera definida, también como una excepción de maneras de contratar como lo establece el artículo 47 párrafo ultimo donde, si vamos a definir la naturaleza de “ SERVICIO TEMPORAL” del servicio a prestar, es obvio que, necesito, a manera de ejemplo, dado que mi trabajo es fuera de mi domicilio, que en forma permanente alguien se encargue del aseo diario de mi casa, el tipo de servicio es de naturaleza permanente, pero por mis condiciones económicas y por la razón de no poder permanecer en el domicilio, y de repente mi presupuesto solo me ajusta para contratar alguien que me haga el aseo una vez al mes...” , es el caso del Estado que solo es un mandatario por ende depende de un Presupuesto asignado, por ende le obliga a contratar estableciendo fecha de inicio y de terminación de prestación de servicios, se entiende que si pretendiera contratar personal para prestar servicios de manera permanente lo haría bajo la modalidad de NOMBRAMIENTO POR ACUERDO, sistema de contratación que su interpretación no ofrece duda y al cual mi mandante se somete, debiendo en tal sentido entonces emplear mecanismos como suplir ciertas necesidades aunque carezca del medio económico, y así contratar por tiempo definido personal que requiera, sin olvidar no obstante el Tribunal Ad Quem, ni se molestó en hacer un análisis análogo, y por ende no aplicó preceptos legales que favorecen a mi Representado. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando normas que solo se aplican favoreciendo al trabajador, no se interpretan preceptos legales que a la par del trabajador también favorecen al Estado, por ser un ente de especial actividad, ignorando que aún en los Tratados y Convenios Internacionales que es Ley Superior a la del país miembro favorecen al Estado dictando medidas o convenios que le autoricen ciertas actuaciones sin responsabilidad alguna de su parte, y como podrá observarse en el presente caso, las demandantes actúan de mala fe al pretender cambiar la intencionalidad de lo contenido en la Resolución mediante la cual fueron empleadas, modalidad ésta, donde ellos mismos hicieron sumisión tácita a ser contratados a prestar un servicio por tiempo definido, si de mala fe, ya tenían previsto sorprender la buena fe del Contratante cambiándole el sentido de lo convenido, es lógico que al momento de recibir la notificación de la finalización de su servicio como un recordatorio nada más, pues no demandaron al Estado para que les pagara los meses de servicios prestados hasta ese momento que se les notifica de la finalización del término para la prestación del servicio, la primera vez que fueron contratados, esperando ser en cualquier momento contratados, por ser personas ya reconocidas para prestar el servicio, por lo que esperaron a ser nuevamente contratado en las mismas condiciones, y hasta ahora demandan solo con el fin de causar un perjuicio a mi poderdante, que de buena fe les volvió a contratar, si hiciéramos una consideración, alegando injustamente que fueron contratados en forma permanente, pues entonces: a) Se está violentando o quebrantando una manifestación de voluntad, pues tal como lo establece el Código Civil, un contrato es la manifestación de voluntad de las partes y por lo tanto constituye Ley entre los mismos y nadie lo puede modificar, anular,… si no las mismas partes.-b) Se está tergiversando la sumisión tácita que hicieron de ser empleados temporalmente, o sea por uno, dos o tres meses, y podría ser hasta por un año, tergiversando asi también el concepto de Planilleros o Jornaleros como lo conceptúa la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.-c).-Si no demandaron en su oportunidad al momento de finalizar cada Resolución y recibir la correspondiente notificación como recordatorio que la prestación de su servicio llegó a su fin, perdieron el término legal para demandar al final de cada Resolución de empleo, ya que al llegar a su fin una prestación de servicio, se entiende que hasta ese momento puede reclamar derecho, y al aceptar se le otorgue un nuevo contrato nos encontramos en HECHOS CONSENTIDOS, seguimos en el caso de sumisión tácita, y por tanto la demanda que comprende actos que tuvieron su momento para demandar, a la fecha es EXTEMPORANEA, que ya llegaron a su fin los primeros contratos aceptados desde el año 2007 que es el caso que nos ocupa, Y NO SE PROMOVIÓ LA CORRESPONDIENTE DEMANDA EN SU MOMENTO OPORTUNO, o sea al momento de notificarles de la finalización de sus servicios la primera vez que fueron notificados.-d) Para el presente caso, las demandantes pretenden cambiar el fin para el cual fueron empleadas ya que según se relaciona fueron empleadas como aseadoras, y bajo un pago establecido por las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de los años 2009, 2010, y 2011, Artículo 64 respecto a a los empleados por Jornal.-Al igual al aceptar celebrar un nuevo contrato es bajo borrón y cuenta nueva.-El Tribunal sentenciador confirma la Sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la Demanda, condenando al Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, al pago de las prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales, sin tomar en cuenta, Leyes, actos, hechos, circunstancias y relación de estos, que modifican otras normas, aplicando solamente la norma más inmediata de que se puede valer, para salir del paso. Se produce así la Infracción directa de la Ley sustantiva.”.- III.- Pero es el caso que el Impetrante comete una serie de defectos técnicos que se detallan a continuación: a.- Esta Sala ha explicado hasta la saciedad que la infracción directa solo procede cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el Juzgador no se aplica la norma que regula el caso concreto y se produce con prescindencia del material probatorio. En este caso tanto la relación laboral como la forma de terminación de la misma fue objeto principal de la controversia por lo tanto no procede el ataque por esa vía. b.- Las normas que señala como infringidas no ostentan la categoría de sustantivas requisito inexcusable según lo establece el artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo y c.- En la explicación del cargo hace extensos alegatos de instancias prohibición que deriva de lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo. Por todo lo anterior es procedente inadmitir este primer motivo.- IV.- En el Segundo cargo el Censor lo desarrolla de la siguiente manera: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional e Internacional por infracción directa de Ley sustantiva, como ser Convenios Internacional 150-82-OIT, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación e interpretación de los hechos, haciendo una mala interpretación de la prueba por la Corte Sentenciadora púes el Documento de Resolución, mecanismo mediante el cual mi representado, El Estado de Honduras emplea los trabajadores que requiera para que le supla ciertas necesidades laborales es un documento público autorizante, aceptado y consentido, mediante el cual el Estado conviene en emplear personal bajo un salario, relación Patrono-Trabajador, tiempo definido, no entiendo que documento quiere el Juzgador A quem que se le presente, pues por las características del efecto que produce no es más que un contrato individual de trabajo, solo que a manera de excepción por tiempo definido, si lo que conviene en este caso es que a la prestación de un servicio, el pago de un salario, pero que no dá lugar a cambiar las circunstancias plasmadas en la Resolución, tergiversando la manifestación de voluntad de las partes. Así pues el Considerando Número seis (CONSIDERANDO(6), (7))QUE ENMARCA EL TERMINO “JORNAL”, y si nos enfocamos en el CONSIDERANDO (8) ES TOTALMENTE ARBITRARIO pues hace alarde el Juzgador de haber confirmado otros fallos del Juzgado Aquo, que han sido empleados por este mismo sistema y amparándose en el artículo 112 del Código del Trabajo que no tiene nada que ver en este caso, pues es una situación excepcional de empleo que se vale el Estado de Honduras en su condición de Mandatario, sujeto a Leyes sean Nacionales o Internacionales que se ve obligado a emitir para poder cumplir a cabalidad lo que su mandante le exige. Entonces que es una confusión de Derechos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo”.- V.- Que en el segundo cargo el Impetrante señala dos modos distintos de violar la ley, como ser: a) la infracción directa y la violación indirecta por error de hecho, modalidades de violación a la Ley distintas y con diferentes alcances jurídicos que el Recurrente debió expresar en párrafos separados y numerados; b) es totalmente omiso de indicar las normas sustantivas que considera fueron infringidas; y c) al alegar dos tipos de infracción el precepto autorizante se vuelve impreciso, ya que en la forma indicada se refiere a la infracción indirecta solamente, lo cual conlleva a error en toda la estructura del cargo, situación que acarrea la no prosperidad del mismo.- VI.- Que finalmente el Abogado recurrente alega nulidad subsidiaria por las siguientes razones: “En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha uno (1) de octubre del año dos mil doce (2012) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La no existencia de un Contrato Escrito: Puesto que existe un Documento Público, en este Caso una Resolución Estatal, como un sistema de emplear servicios Públicos a través de Resoluciones, cuando el mismo Código del Trabajo establece que si no existe un documento que demuestre que el empleador contrató al servidor, se tomará por cierto todo lo que el trabajador diga, situación ésta que le da entonces un grado de validez al documento público, en este caso Resolución, lo que no está prohibido por la Ley, por lo tanto permitiéndolo, como sistema Estatal para emplear personal para ciertas actividades y en forma especial o confidencial. Los demandantes no probaron su permanencia, solamente quieren cambiar el sentido o interpretación del convenio de trabajo celebrado entre mi representado y ellos, y mi representado no tiene por qué probar justa causa de despido, cuando que está sujeto a un convenio aceptado por sumisión tácita, y en su condición de funcionario público, está sujeto a obediencia a las ordenanzas pública, y no puede cambiar el espíritu del convenio de empleo que celebró con los trabajadores”.- VII.- Que el Censor en su acápite de nulidad hace alegaciones propias de instancia que en estos momentos procesales son inaceptables, por lo que no procede la nulidad alegada. Además, en el sub lite no se observa que se haya infringido el derecho de defensa ni el debido proceso.- VIII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 770 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en dos motivos. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD SOLICITADA. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 973-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL