Sentencia CL-946-12 — Registro 3068
Resumen
En primera instancia se declaro con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio. En segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Del examen hecho al primer motivo se colige lo siguiente: a) que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio, situación que no acontece en el caso de mérito, ya que el Censor realiza señalamientos sobre el material probatorio; b) que la norma que cita como violada, el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de sustantiva, requisito sine qua non para la prosperidad del cargo; y, c) el precepto autorizante indicado no corresponde al tipo de infracción alegada. Razones que vuelven inestimable el motivo.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha catorce de febrero del dos mil trece, por el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de antigüedad, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de septiembre del dos mil once, promovida por el abogado ELIAS HERRERA ALVAREZ, apoderado de los señores HERIBERTO MEJIA MARCIA, con domicilio en Villa de San Antonio, Comayagua, GLENDA VANESA VASQUEZ SOTO, soltera, con domicilio en La Libertad, Comayagua, SANTOS ENRIQUE PEREZ, soltero, con domicilio en La Libertad, Comayagua, YOLANY COELLO LOZANO, soltera, con domicilio en Comayagua, Comayagua, MARIA ALEJANDRINA ANTUNEZ, soltera, con domicilio en Salamá, Olancho, HERMES ERNESTO PEÑA CARCAMO, soltero, con domicilio en La Aldea El Suntul, Silca, Olancho, GUADALUPE DIONISIO PEÑA PAGOADA, casado, con domicilio en La Aldea El Suntul, Silca, Olancho, RAMON ARMANDO ACOSTA HERNANDEZ, casado, con domicilio en La Aldea El Suntul, Silca, Olancho, FABIAN HUMBERTO ZUNIGA PEÑA, casado con domicilio en La Aldea El Suntul, Silca, Olancho, MAURA CARIAS OCHOA, soltera, con domicilio en Silca, Olancho, GLENDY JESENNY PONCE ARGUIJO, soltera, con domicilio en La Libertad, Comayagua, MIGUEL ANGEL MARTINEZ SAGASTUME, casado, con domicilio en tela, Atlántida, IRIS ODELY PINEDA ALVARADO, unión libre, con domicilio en La Aldea La Trinidad, Santa Bárbara, TRINIDAD DE JESUS MADRID, soltero, con domicilio en La Aldea La Trinidad, Santa Bárbara, MARIA ELISA PORTILLO ARITA, soltera, con domicilio en Azacualpa, Santa Bárbara, MANUEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ, casado, con domicilio en Gualala, Santa Bárbara, todos mayores de edad y hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación Pública, por medio de su Procuradora General de la Republica ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de octubre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMO la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del dos mil doce, por el juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, ELIAS HERRERA ALVAREZ, en representación de GUADALUPE DIONICIO PEÑA PAGOADA, RAMON ARMANDO ACOSTA HERNANDEZ, FABIAN HUMBERTO ZUNIGA PEÑA, MAURA JUSTINA CARIAS OCHOA, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION PUBLICA, a través de la Procuradora General de la Republica ETHEL DERAS ENAMORADO en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo al pago de los salarios dejados de percibir, que se de cumplimiento a la cláusula 46 del Memorial Respetuoso en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION PUBLICA a través de la Procuradora General de la Republica ETHEL DERAS ENAMORADO a reintegrar a GUADALUPE DIONICIO PEÑA PAGOADA, RAMON ARMANDO ACOSTA HERNANDEZ, FABIAN HUMBERTO ZUNIGA PEÑA, MAURA JUSTINA CARIAS OCHOA, como vigilante, trabajador de campo, aseadora, en el Municipio de Silca, departamento de Olancho, que se de cumplimiento a la cláusula 46 del Memorial Respetuoso, y a titulo de daños y perjuicios los Salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta l fecha en que sean reintegrados los demandantes. 3) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes en el escrito de su acción manifiestan que iniciaron su relación laboral por medio de jornal en forma indefinida en puestos de naturaleza permanente en las siguientes circunstancias: HERIBERTO MEJIA MARCIA, comenzó el 1 de octubre del 2006, en el puesto de vigilante; GLENDA VANESA VASQUEZ SOTO, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Aseadora; SANTOS ENRIQUE PEREZ, comenzó el 17 de octubre del 2006, en el puesto de vigilante; YOLANY COELLO LOZANO, comenzó el 1 de septiembre del 2007, en el puesto de Asistente de Archivo de Media; MARIA ALEJANDRINA ANTUNEZ, comenzó el 1 de marzo del 2006, en el puesto de Aseadora; HERMES ERNESTO PEÑA CARCAMO, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Trabajador de Campo; GUADALUPE DIONISIO PEÑA PAGOADA, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Trabajador de Campo; RAMON ARMANDO ACOSTA HERNANDEZ, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Trabajador de Campo; FABIAN HUMBERTO ZUNIGA PEÑA, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Trabajador de Campo; MAURA CARIAS OCHOA, comenzó el 1 de marzo del 2007, en el puesto de Aseadora; GLENDY JESENNY PONCE ARGUIJO, comenzó el 1 de Enero del 2007, en el puesto de Asistente de Secretaria; MIGUEL ANGEL MARTINEZ SAGASTUME, comenzó el 2 de febrero del 2007, en el puesto de mantenimiento; IRIS ODELY PINEDA ALVARADO, comenzó el 1 de mayo del 2007, en el puesto de Conserje; TRINIDAD DE JESUS MADRID, comenzó el 1 de mayo del 2007, en el puesto de Vigilante; MARIA ELISA PORTILLO ARITA, comenzó el 1 de abril del 2006, en el puesto de Aseadora; MANUEL ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ, comenzó el 1 de marzo del 2006, en el puesto de Motorista; siendo notificados del despido el 28 de junio del 2011, mediante oficios sin notificarles justas causas ni haber cometido faltas por parte de los trabajadores, ya que la relación había sido continua y permanente, estando afiliados en el Sindicato de Empleados Públicos (SIEMPE) gozando de los beneficios de la estabilidad laboral; se buscó resolver el conflicto laboral por medio de la conciliación en la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, no llevándose a cabo dándose por agotado el procedimiento administrativo y continuando con el trámite de ley. Solicitan: El reconocimiento de antigüedad, reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y costas del juicio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación Pública, contestó dicha demanda señalando que la relación que existía no era en forma indefinida, si no a través de Resolución Ministerial bajo la modalidad de jornal, no existiendo despido si no notificación de la terminación de la Resolución Magisterial, no realizaron ningún reclamo administrativo ante la Secretaria.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, condenando al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a los trabajadores, sin costas, bajo el criterio que en audiencia de conciliación, el representante procesal de la parte demandante desistio en forma parcial en cuanto al reclamo de una parte de los trabajadores, en virtud de que a sus representados los habían reintegrado a sus puestos de trabajo, desistimiento que fue aceptado por el representante procesal demandado; que al momento de extenderles constancias de trabajo a los demandantes se acepta que ha existido una relación desde el 1 de marzo del 2007 hasta el 1 de julio del 2011, se presume que de forma ininterrumpida y que para efectos de pago de su salario se elaboraban resoluciones ministeriales en donde se incluían el personal de todo el país en donde estaban los demandantes, que en el Memorial Respetuoso, se comprometieron las autoridades de Educación, con el Sindicato que no serian despedidos los trabajadores por jornal y que a partir del 2012, pasarían al régimen del servicio civil.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia del A-quo, sin costas, bajo el criterio que la modalidad de jornal no significa que se hayan celebrado contratos por tiempo determinado sino que deben considerarse como trabajadores permanentes en sus puestos de trabajo y que las notas de despido no se indican en ninguna forma las causales contenidas en el Artículo 112 del Código del Trabajo y que en el Memorial Respetuoso se comprometieron las autoridades de Educación y el Sindicado de esa Institución que no serían despedidos los trabajadores por jornal y que a partir del 2012 se pasarían al régimen de Servicio Civil.- 5.- Que mediante auto de fecha catorce de enero del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, actuando en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha catorce de febrero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda con dos motivos de casación, por lo que mediante proveído de esa misma fecha se tuvo tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación interpuesto por el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cinco de marzo del dos mil trece, el abogado ELIAS HERRERA ALVAREZ, actuando en su condición de apoderado de los señores HERIBERTO MEJIA MARCIA Y OTROS.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: los medios de prueba documental público consistente en el contenido de las Resoluciones, principalmente en los términos de su relación laboral o periodo de contratación (Folios 64 al 107). Y el contenido de la Cláusula 52 del Acta Memorial respetuosa (Folio 125, segundo y tercer renglón de dicha Cláusula) PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta los medios de pruebas documental consistente en las Resoluciones emitidas por el titular de la Secretaria de Educación, en la que se establece que los puestos que ocupaban los señores GUADALUPE DIONISIO PEÑA, RAMON ARMANDO ACOSTA HERNANDEZ, FABIAN HUMBERTO ZUNIGA PEÑA y a la señora MAURA JUSTINA CARIAS OCHOA, bajo el renglón de jornales y que no han sido ocupados por ninguna persona hasta la fecha, y tampoco se ha contratado a ningún empleado bajo esta modalidad, desde la fecha en la cual terminó su relación laboral para esta Secretaría de Estado, pues se tiene problemas presupuestarios en dicha estructura, por lo que la decisión de no renovar a la ahora demandante está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos”.- III.- Del examen hecho al primer motivo se colige lo siguiente: a) que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio, situación que no acontece en el caso de mérito, ya que el Censor realiza señalamientos sobre el material probatorio; b) que la norma que cita como violada, el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de sustantiva, requisito sine qua non para la prosperidad del cargo; y, c) el precepto autorizante indicado no corresponde al tipo de infracción alegada. Razones que vuelven inestimable el motivo.- IV.- El Impetrante en el segundo cargo establece lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b y 111 numeral 11 del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en los medios de prueba documental público correspondientes a las Resoluciones Ministeriales que se encuentran en los Folios 64 al 107, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada una de las resoluciones se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el articulo 21 en que establece “ se presume que toda relación de todo trabajo personal esta regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quem en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia al personal contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado…”, articulo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...”. Asimismo la decisión de no renovar a los ahora demandantes está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos, todos los artículos citados corresponden al Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo”.- V.- Del segundo cargo sometido a consideración a este Tribunal procede determinar lo siguiente: a) no se deja claro si la supuesta violación por vía indirecta es producto de un error de hecho o de derecho; b) entre otras normas, cita como infringidos, los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, las cuales no ostentan el carácter de sustantivas; y, c) el precepto autorizante esta incompleto ya que el ordinal primero del Artículo 765 del Código del Trabajo contiene dos párrafos, con distintas causales de casación, que era necesario precisar. Por todo lo anterior este motivo resulta inestimable.- VI.- Que por las razones expuestas este recurso de casación no procede en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 946-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL