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Sentencia CL-936-12 — Registro 2716

Resumen

demandas por acumulación ordinarias laborales para el reintegro a sus puestos de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, declarada con lugar y confirmada por segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el caso sub-júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal, constituido en sede de instancia, emita un fallo en donde case totalmente la sentencia recurrida, pero al estructurarse el petitum de la presente demanda casacional, éste debió establecer el pronunciamiento en relación a la excepción perentoria de prescripción opuesta por su parte como demandada en relación a los señores SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA Y ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., once de junio del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece, por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), en relación a las demandas por acumulación ordinarias laborales para el reintegro a sus puestos de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, costas, interpuestas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fechas diez de mayo del año dos mil diez, doce de agosto del año dos mil diez, veinticinco de agosto del año dos mil diez, veintiséis de agosto del año dos mil diez, treinta y uno de agosto del año dos mil diez, dos de septiembre del año dos mil diez, veintitrés de septiembre del año dos mil diez, catorce de octubre del año dos mil diez y veintinueve de octubre del año dos mil diez, por los señores SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA, soltero, motorista, WENDY MARICELA CERRATO MARIN, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, LIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA soltera, Perito Mercantil y Contador Público, ROQUE JACINTO IZAGUIRRE, soltero Motorista, GLADYS YAMILETH GOMEZ MARTINEZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, LUIS RANDOLFO IRIAS, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, DOMINGA CARRANZA FLORES, casada, Secretaria Comercial, FRANCISCA LOPEZ CRUZ, soltera, Oficinista, OSCAR RENE MONTUFAR, soltero, Supervisor de Trabajadores y ALEXANDRO CASCO RODRIGUEZ, soltero, Carpintero, todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de su Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña, casada y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 2) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo promovida por los señores: 1) SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA; 1) WENDY MARICELA CERRATO MARIN; 3) ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA; 4) ROQUE JACINTO IZAGUIRRE; 5) GLADYS YAMILETH GONZALEZ MARTINEZ, 6) LUIS RANDOLFO IRIAS COELLO; 7) DOMINGA CARRANZA FLORES; 8) FRANCISCA LOPEZ CRUZ; 9) OSCAR RENE MONTUFAR GARZA y 10) ALEXANDER CASCO RODRIGUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 2) CONDENAR a EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a reintegrar a su puesto de trabajo a los señores: 1) SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA; 1) WENDY MARICELA CERRATO MARIN; 3) ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA; 4) ROQUE JACINTO IZAGUIRRE; 5) GLADYS YAMILETH GONZALEZ MARTINEZ, 6) LUIS RANDOLFO IRIAS COELLO; 7) DOMINGA CARRANZA FLORES; 8) FRANCISCA LOPEZ CRUZ; 9) OSCAR RENE MONTUFAR GARZA y 10) ALEXANDER CASCO RODRIGUEZ, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION opuesta por el apoderado de la parte demandada en relación a los señores SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA y ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA; 4) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción lo siguiente: Santos Andrés Castro Mairena que comenzó a laborar con el demandado el 2 de enero del 2009, desempeñándose en el puesto de Motorista; siendo despedido en fecha treinta de diciembre del año dos mil nueve, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha quince de marzo del año dos mil diez; Wendy Maricela Cerrato Marín que comenzó a laborar con el demandado el uno de junio del año dos mil seis, desempeñándose en el puesto de Secretaria, siendo despedida en fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha nueve de julio del año dos mil diez; Elizabeth Elena Raudales Zelaya que comenzó a laborar con el demandado el veinte de julio del año dos mil cinco, desempeñándose en el puesto de Oficinista, siendo despedido en fecha cinco de mayo del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha nueve de julio del año dos mil diez; Roque Jacinto Izaguirre que comenzó a laborar con el demandado el dieciocho de abril del año dos mil seis, desempeñándose en el puesto de Oficinista, siendo despedido en fecha treinta de julio del año dos mil diez, efectivo a partir del treinta y uno de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diez; Gladys Yamileth Gonzalez Martinez, que comenzó a laborar con el demandado el dieciocho de marzo del año dos mil seis, desempeñándose en el puesto de Supervisor General, siendo despedido en fecha trece de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diez; Luis Randolfo Irías Coello que comenzó a laborar con el demandado el dos de junio del año dos mil seis, desempeñándose en el puesto de Director de Transporte, siendo despedido en fecha treinta de julio del año dos mil diez, efectivo a partir del treinta y uno de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha el veintitrés de agosto del año dos mil diez; Dominga Carranza Flores; que comenzó a laborar con el demandado el dos de enero del año dos mil siete, desempeñándose en el puesto de Oficinista, siendo despedido en fecha treinta de julio del año dos mil diez, efectivo a partir del treinta y uno de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha veintitrés de agosto del año dos mil diez; Francisca López Cruz que comenzó a laborar con el demandado el uno de julio del año dos mil siete, desempeñándose en el puesto de Oficinista, siendo despedido en fecha treinta de julio del año dos mil diez, efectivo a partir del treinta y uno de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha dos de septiembre del año dos mil diez; Oscar René Montufar Garza que comenzó a laborar con el demandado el uno de mayo del año dos mil siete, desempeñándose en el puesto de Supervisor de Trabajadores, siendo despedido en fecha trece de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez; y, Alexander Casco Rodríguez que comenzó a laborar con el demandado el uno de mayo del año dos mil nueve, desempeñándose en el puesto de Apoyo Técnico, siendo despedido en fecha treinta de julio del año dos mil diez, sin expresar motivo justificado alguno, dio por terminado el trámite administrativo en fecha treinta de septiembre del año dos mil diez. Solicitan el reintegro a sus puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, costas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que en cuanto a los demandantes Santos Andrés Castro Mairena, Wendy Maricela Cerrato Marin, Elizabeth Elena Raudales Zelaya, Luis Randolfo Irías Coello, Dominga Carranza Flores, Francisca López Cruz y Oscar Rene Montufar Garza se rechaza la fecha en que argumentan empezaron a laborar como que hayan sido nombrados en los cargos que alegan como también se rechazan que recibían un salario mensual, Gladys Yamileth Gonzalez Martinez se acepta que prestó sus servicios en el cargo de supervisora, pero se rechaza la fecha de inicio como el salario mensual, Alexander Casco Rodríguez se le nombró como personal del 1 de abril al 31 de mayo del año 2009, posteriormente del 1 al 31 de julio del año 2010, mediante sistema de jornal por lo que conocía la fecha de finalización, que devengaba un salario diario, se rechaza el despido directo e injustificado, sólo hubo un recordatorio de la fecha de finalización del contrato. Se rechazan las demás alegaciones de los demandantes porque si bien es cierto que a los demandantes se les notificó la decisión de no continuar con sus contrataciones, SOPTRAVI puso fin a una serie de nombramientos que por el sistema de planillas o jornal, sostuviera con los servidores nombrados temporalmente, en proyectos transitorios por lo cual es falso que hayan sido despedidos en forma directa e injustificada, que a los demandantes no les es aplicable los artículos 127 y 129 constitucionales invocados, pues dichas regulaciones no comprenden a los trabajadores cuyas funciones tienen señalados fecha de extinción, que no se está ante una relación laboral de carácter permanente, si no por tiempo limitado, por lo que no fue necesario invocarles causal alguna y en cuanto a Roque Jacinto Izaguirre no tiene razón de litigar en el presente juicio ya que consta que el no trabaja en el taller, por haber sido nombrado nuevamente contratado individualmente el 16 de noviembre del año dos mil diez. Interpuso en el escrito de contestación, la excepción perentoria de prescripción de la acción para los demandantes Santos Andrés Castro Mairena y Elizabeth Elena Raudales Zelaya.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, condenando al demandado al reintegro de los demandantes a sus puestos de trabajo, sin lugar la excepción de prescripción, sin costas. Criterio: que el despido del cual fueron objeto los demandantes es ilegal y por ende injusto, al habérseles violentado derechos fundamentales que otorga la constitución, leyes laborales y convenios internacionales. En cuanto a la prescripción que ambos se encontraban dentro del término que la ley señala para presentar la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cuatro de octubre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que los demandantes acreditaron que laboraban para el demandado en forma continua hasta las fechas en que fueron despedidos, sin justa causa en forma directa e ilegal, por su parte la demandada no probó haber tenido justos motivos para la terminación de la relación laboral de los demandantes.- 5.- Que mediante auto de fecha siete de enero del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, teniéndose de ese modo por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de abril del año dos mil trece, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, desarrolla su parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: CASAR TOTALMENTE la Sentencia recurrida de fecha cuatro de octubre del año dos mil doce dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en consecuencia: PRIMERO 1) DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo promovida por los señores: 1) SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA; 2) WENDY MARICELA CERRATO MARIN; 3) ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA; 4) ROQUE JACINTO IZAGUIRRE; 5) GLADYS YAMILETH GONZALES MARTINEZ; 6) LUIS RANDOLFO IRlAS COELLO; 7) DOMINGA CARRANZA FLORES; 8) FRANCISCA LOPEZ CRUZ; 9) OSCAR RENE MONTUFAR GARZA y 10) ALEXANDRO CASCO RODRIGUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 2) ABSOLVER a EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de REINTEGRAR a su puesto de trabajo a los señores. 1) SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA; 2) WENDY MARICELA CERRATO MARIN; 3) ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA; 4) ROQUE JACINTO IZAGUIRRE; 5) GLADYS YAMILETH GONZALES MARTINEZ; 6) LUIS RANDOLFO IRlAS COELLO; 7) DOMINGA CARRANZA FLORES; 8) FRANCISCA LOPEZ CRUZ; 9) OSCAR RENE MONTUFAR GARZA y 10) ALEXANDRO CASCO RODRIGUEZ, asimismo al pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por los mismos por improcedentes; 3) SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: Que a partir de la fecha quedan notificados en estrados de esta sentencia definitiva los apoderados de las partes y con lo expuesto se da por terminada la presente Acta, firmándola la suscrita Juez y Secretario que da Fe.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV.- En el caso sub-júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal, constituido en sede de instancia, emita un fallo en donde case totalmente la sentencia recurrida, pero al estructurarse el petitum de la presente demanda casacional, éste debió establecer el pronunciamiento en relación a la excepción perentoria de prescripción opuesta por su parte como demandada en relación a los señores SANTOS ANDRES CASTRO MAIRENA Y ELIZABETH ELENA RAUDALES ZELAYA. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 y 777 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Junio del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha once de Junio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 936-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL