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Sentencia CL-916-12 — Registro 3139

Resumen

relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, derechos de maternidad, salarios caídos y las costas del juicio; segunda instancia reformo parcialmente la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub judice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total del fallo recurrido cuando el mismo contiene pronunciamientos que le son favorables al haber reformado el de primera instancia, como es el caso de declarar sin lugar la demanda para el pago de derechos de maternidad promovida por la señora Gloria Isabel Bonilla Cruz y con ello se redujo la condena total, como también se eximio de las costas impuestas, por lo que debió pedir la casación parcial"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CL-916-12

TE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C. diecisiete de diciembre de dos mil trece.-

VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, por el abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, derechos de maternidad, salarios caídos y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, por los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, Bachiller en Computación, WALESKA NUÑEZ GARCIA, soltera, Licenciada en Administración de Empresas, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, Licenciado en Administración de Empresas, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, estudiante, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, soltera, Administradora de Empresas, ANA YORLENY GUTIERREZ DOMINGUEZ, soltera, Administradora de Empresas, EVA CELENIA RIVAS DIAS, Perito Mercantil y Contador Público, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ, Bachiller en Administración y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON, Bachiller en Computación, todos mayores de edad, casados, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., por medio de su representante legal, señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, mayor de edad, casado, Empresario, de nacionalidad mexicana y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que fallo reformando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha catorce de agosto de dos mil doce, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente haber lugar, los recursos de apelación formulados por los Abogados FRANCIS LEONEL ENAMORADO, en su condición de apoderado judicial demandante y DANIEL ANTONIO MONCADA, en su condición de apoderado judicial demandado, contra de la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad de San Pedro Sula, Cortés en fecha catorce de agosto del presente año (2012) en la demanda de la referencia; SEGUNDO: REFORMANDO la referida sentencia; misma que se contrae a: I) Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de derechos de maternidad (descanso pre y post natal, horas de lactancia, indemnización por despido en estado de embarazo) de la señora GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ; en consecuencia ABSUELVE a la demanda de dichos conceptos; II) Fijar como monto total de condena a favor de la trabajadora WALESKA NUÑEZ GARCIA, la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L 287,456.45) que corresponden a los conceptos fijados por la a quo, pero en los montos siguientes: preaviso: L 56,050.00; auxilio de cesantía: L 196,175.01; auxilio de cesantía proporcional: L 6,539.17; vacaciones proporcionales: L 3,736.67; aguinaldo proporcional: L 18,483.16; décimo cuarto mes proporcional: L 6,472.44; III.- Fijar como condena total la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L 1,660.180.38) que comprenden los conceptos y montos fijados por la a quo, respecto de los trabajadores ANA GUTIERREZ, GERMAN SAGASTUME, ALLAN GERARDO BARRIENTOS, GLORIA BONILLA, ROSELY MURCIA, EVA RIVAS Y JOSE DAVID MEJIA, y los establecido por esta alzada en relación a la trabajadora WALESKA NUÑEZ; III); IV) Eximir de costas de primera instancia; TERCERO: SIN COSTAS…”; que el a quo en la parte resolutiva de su sentencia declaró CON LUGAR la demanda de mérito, promovida por los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS y otros, contra la sociedad mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A.; en consecuencia, condenó a la demandada a pagarle a los demandantes los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional, respectivamente; asimismo, declaró con lugar el incidente de tachas propuesto por la parte demandada.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada, de la siguiente manera: GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, el 25 de octubre de 2004, en el cargo de Gerente de Ventas de Servicios Financieros, WALESKA NUÑEZ GARCIA, el 13 de julio de 2004, en el cargo de Gerente de Ventas de Servicios Financieros, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, el 8 de febrero de 2006, en el cargo de Gerente de Ventas de Servicios Financieros, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, el 5 de septiembre de 2009, en el cargo de Ejecutivo de Ventas y Servicios Financieros, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, el 17 de julio de 2009, en el cargo de Ejecutivo de Ventas y Servicios Financieros, ANA YORLENY GUTIERREZ DOMINGUEZ, el 5 de febrero de 2009, en el cargo de Gerente de Servicios Financieros, EVA CELENIA RIVAS DIAS, el 6 de marzo de 2009, en el cargo de Ejecutivo de Ventas y Servicios Financieros, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ, el 1 de junio de 2009, en el cargo de Ejecutivo de Servicios Financieros y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON, el 7 de noviembre de 2008, en el cargo de Ejecutivo de Ventas y Servicios Financieros; que los demandantes tomaron la determinación de darse por despedidos en forma indirecta en fecha 7 de octubre de 2011 y la señora Digna Esmeralda Brizuela Alarcón, en fecha 12 de octubre del mismo año, debido a los cambios en la política de pago de sus comisiones, ya que por ventas, cobranza, colocación de préstamos y captación de ahorros del público, les pagaban a los demandantes un salario base como techo o salario objetivo que era de L.6,100.00 para los Gerentes y de L.3,000.00 para los Ejecutivos de Ventas, con este salario objetivo se calculaba los porcentajes de sus comisiones o compensaciones; que la demandada perjudicó a los demandantes en sus ingresos debido al cambio de estas mediciones para pagar sus comisiones, ya que en este nuevo plan implementado en fecha 13 de septiembre de 2011, está lleno de variables y penalizaciones, que vinieron afectar en sus salarios hasta en un 60% para ser exactos, cambiaron radicalmente eliminando el sueldo objetivo en mención por medio del cual se calculaban sus ingresos, con este nuevo plan no estaban generando los demandantes ni tan siquiera los salarios mínimos contractuales, pagándoles L.2,473 semanales a los gerentes y L.1,704 a los ejecutivos de ventas, ya que podían prestar un millón de lempiras o vender artículos de consumo, pero sino cobraban de acuerdo a los nuevos parámetros de cobranza, ganaban únicamente el sueldo garantía o mínimo contractual, caso que no ocurría en el sistema anterior, al grado que los demandantes pagaban hasta gastos de operaciones.-

2.- La parte demandada, la sociedad mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., contestó dicha demanda manifestando que el cambio de política de pago que los demandante aducen en su despido indirecto, no es más que un procedimiento mal aplicado por parte de ellos, en vista que la empresa capacito a los trabajadores para la implementación del nuevo procedimiento y que suponen no supieron asimilar, ya que no lograron cumplir con la meta que habitualmente generaban y eso les ocasionó un descontento, y para evitar caer en la inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador para hacer posible el cumplimiento del contrato de trabajo como reza el literal J) del artículo 112 del Código de Trabajo, procedieron a darse por despedidos indirectamente; que el nuevo procedimiento aplicado por la empresa no implica una rebaja directa a sus salarios, sino que fueron funciones relacionadas con los puestos desempeñados por los trabajadores y que van de la mano con la generación de dichas comisiones, no olvidando que el trabajador al momento de firmar el contrato individual de trabajo se somete a las disposiciones, instrucciones y directrices que el patrono le brinde siempre y cuando no se les afecte su patrimonio.-

3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de agosto de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando a la institución demandada a pagarle a los demandantes la cantidad de L.1,496,895.50, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, catorceavo mes proporcional y que fueron distribuidos respectivamente; declaró con lugar el incidente de tachas propuesto por la parte demandada, con costas; bajo el criterio que la sociedad demandada incurrió en violación del contrato individual de trabajo de los demandantes al cambiar las condiciones inicialmente del contrato de trabajo que los rige y que venían operando, con el cambio operado no solo violentó sus derechos sino que les causó perjuicios ya que el cambio implementado no solo les rebajo su salario, sino que la empresa los hizo partícipes de los gastos de operación en que debe cubrir el patrono como empresario que es quien obtiene un lucro por la actividad que desarrolla y quien es la persona encargada de cubrirlos por ser el beneficiario de las ganancias que obtiene por las operaciones que realiza, por el contrario el trabajador presta un servicio y no puede ser obligado a cubrir gastos como tampoco debe asumir perdidas; en el caso de autos la demandada con el nuevo plan implementado del total de ingreso obtenido por los trabajadores le deduce los gastos de operación que ocasionaron esa gestión y de la cantidad neta hace unas mediciones cualitativas que no realizaba con el plan anterior todo ello encaminado a reducirle los ingresos a los demandantes, no solo vario el porcentaje con el cual se calculaba la comisión sino también bajo el salario base para los ejecutivos de venta de L.3,000.00 a salario garantía de L.1,704.00, para los gerentes de L.6,100.00 a salario garantía L.2,473.00; que la parte demandada interpuso incidente de tachas contra la testigo NURY JULICXA RAMOS SOTO, por tener interés indirecto en el presente juicio en vista que la testigo tiene interpuesta ante este Tribunal demanda ordinaria de pago de prestaciones contra la demandada.-

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, dictó sentencia reformando la de primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda para el pago de derechos de maternidad (descanso pre y post natal, horas de lactancia, indemnización por despido en estado de embarazo) de la señora Gloria Isabel Bonilla Cruz; absolviendo a la demandada por dichos conceptos; fijando como monto total de condena a favor de la trabajadora Waleska Núñez García, la cantidad de L.287,456.45 que corresponden a los conceptos fijados por el a quo, pero en los montos siguientes: preaviso: L.56,050.00, auxilio de cesantía: L.196,175.01, auxilio de cesantía proporcional: L.6,539.17, vacaciones proporcionales: L.3,736.67, aguinaldo proporcional: L.18,483.16, décimo cuarto mes proporcional: L.6,472.44; fijando como condena total la cantidad de L.1,660.180.38, que comprenden los conceptos y montos fijados por el a quo, respecto de los trabajadores Ana Gutiérrez, Germán Sagastume, Allan Gerardo Barrientos, Gloria Bonilla, Rosely Murcia, Eva Rivas y José David Mejía, y lo establecido por esta alzada en relación a la trabajadora Waleska Núñez; eximiendo de costas de primera instancia; sin costas ante esta instancia; bajo el criterio que la violación grave de las obligaciones y prohibiciones patronales, constituyen causa que autorizan a los trabajadores a separarse de sus labores como en el caso de un despido injustificado, siempre que el hecho esté debidamente probado, lo que así ocurre en el caso de autos; puesto que, al haber implementado la demandada de manera unilateral un nuevo procedimiento de compensación, este produjo una rebaja en el salario de los demandantes tal y como se aprecia en los comprobantes de pago que corresponden a las semanas 38, 39 y 40, y que corren agregados a folios 129-131, 133-135, 168, y 258 de la p.p., lo que constituye una injuria para los actores, puesto que con dicho plan se realizaban las deducciones de costos de gastos del negocio, incrementando el porcentaje del 3.20% a 3.73% y también la penalización si no superaban el 70% como meta de cumplimiento, obteniendo solo el sueldo de garantía como base, el cual era inferior al establecido en el plan anterior; que dentro de las peticiones planteadas se encuentra el reclamo de derechos de maternidad (descanso pre y post natal, horas de lactancia, indemnización por despido en estado de embarazo) de la señora Gloria Isabel Bonilla Cruz, y que el a-quo no hizo pronunciamiento, lo que es contrario a lo establecido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, razón por la cual esa Alzada procedió a pronunciarse al respecto, denegando dicha petición puesto que la parte demandante no acreditó en el curso del juicio que dicha trabajadora se encontraba en estado de embarazo al momento de notificar el auto despido, tal y como lo afirma en su escrito de demanda, ni que el empleador conociera de tal circunstancia, de tal manera que se generara derecho alguno por maternidad; que la parte actora acusa de la sentencia, que el cálculo de lo condenado en primera instancia, en relación a la demandante Waleska Núñez García, no es correcto, ya que de acuerdo a los documentos que obran a folio 332 se tomó como salario promedio de los últimos seis meses la cantidad de L. 10,372.04, por lo que esa Alzada procedió a hacer una revisión del mismo, pues es en base al salario promedio mensual devengado que tiene que realizarse el computo de derechos laborales, y que de las planillas resulta la cantidad de L. 24,021.43, como salario, es en razón de éste, que esa Alzada procedió a efectuar el cálculo correspondiente.-

5.- Que mediante auto de fecha siete de enero de dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente, para que en el término de veinte (20) días formulara por escrito la demanda de casación.-

6.- Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, de generales y condición ya expresadas, formalizando su recurso de casación y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misa fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo en fecha uno de abril de dos mil trece, el abogado FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS y otros.-

7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.-

II. El abogado DANIEL ANTONIO MONCADA TURCIOS, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Honorable Corte Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiséis de octubre de dos mil doce que motiva el presente Recurso de Casación de que se hace mérito. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales, derechos por maternidad y salarios dejados de percibir promovida por los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, ANA YORLEY GUTIERREZ DOMINGUEZ, EVA CELENIA RIVAS DIAS, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON contra la Sociedad Mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. a través de su representante legal el señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, en consecuencia ABSUELVE a la Sociedad Mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. a través de su representante legal el señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, de pagar a los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, ANA YORLEY GUTIERREZ DOMINGUEZ, EVA CELENIA RIVAS DIAS, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON, las prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcionales, derechos de maternidad y los salarios dejados de percibir. TERCERO: SIN COSTAS”.-

III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub judice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total del fallo recurrido cuando el mismo contiene pronunciamientos que le son favorables al haber reformado el de primera instancia, como es el caso de declarar sin lugar la demanda para el pago de derechos de maternidad promovida por la señora Gloria Isabel Bonilla Cruz y con ello se redujo la condena total, como también se eximio de las costas impuestas, por lo que debió pedir la casación parcial.-

IV. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 916-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Martínez

Paz H.

Arita

FORMALIZACIÓN

“DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN. Con la presente demanda de casación se persigue que se case de manera total la sentencia recurrida por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en consecuencia casar totalmente la sentencia indicada en el acápite “INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA” y que en sede de instancia, la Honorable Corte Suprema de Justicia pronuncie sentencia en los siguientes términos: “POR TANTO: La HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en sede de instancia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, de la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA y en aplicación de los artículos 303, 313 atribución quinta de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 97 numerales primero, tercero, 112 inciso e), 113 párrafo primero, 135, 144, 145, 664, 665, 666, 699 párrafo primero, 740 numeral 3, 764), 765, 766, 767, 768, 769, 770. 771. 772, 773, 767, 777, 778 y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187, 189, 190 y 192 del Código de Procedimientos Civiles; 22, 716, 717 y 718 del Código Procesal Civil FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Honorable Corte Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiséis de octubre de dos mil doce que motiva el presente Recurso de Casación de que se hace mérito. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes proporcionales, derechos por maternidad y salarios dejados de percibir promovida por los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, ANA YORLEY GUTIERREZ DOMINGUEZ, EVA CELENIA RIVAS DIAS, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON contra la Sociedad Mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. a través de su representante legal el señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, en consecuencia ABSUELVE a la Sociedad Mercantil BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. a través de su representante legal el señor MIGUEL GONZALES RAMIREZ, de pagar a los señores GERMAN ENRIQUE SAGASTUME, WALESKA NUÑEZ GARCIA, ALLAN GERARDO BARRIENTOS RODAS, JOSÉ DAVID LOPEZ VAQUEDANO, ROSELY ONIRA MURCIA CARDENAS, ANA YORLEY GUTIERREZ DOMINGUEZ, EVA CELENIA RIVAS DIAS, GLORIA ISABEL BONILLA CRUZ y DIGNA ESMERALDA BRIZUELA ALARCON, las prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcionales, derechos de maternidad y los salarios dejados de percibir. TERCERO: SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos de Ley correspondiente.- NOTIFIQUESE” EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN UNICO MOTIVO Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por la errónea apreciación de pruebas de la documental que aparece del folio 126 al 216 y 235 al 292 de la primera pieza de autos y de la inspección judicial que obra a folio 294 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida 115 del Código del Trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo PRUEBA EN LA QUE RECAYO EL ERROR DE HECHO El haz probatorio donde se cometió el error de hecho por apreciación errónea lo constituye: DOCUMENTAL: Que obra del folio 126 al 216 y 235 al 292 de la primera pieza de auto y que consiste en 1) Condesado de la planilla de pago de los últimos seis meses de los trabajadores demandantes; 2) Copia de impresión de pantalla explicativo del cambio de política de pago de la comisiones de los trabajadores , y 3) Contratos individuales del trabajo de los trabajadores INSPECCION JUDICIAL: Que obra a folio 294 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN La infracción indirecta que provocó se incurriera en el error de hecho se produce cuando la Corte sentenciadora aprecia de manera errónea el haz probatorio que se detalla supra. El análisis del haz probatorio que realiza el Ad quem claramente evidencia que ha apreciado erróneamente la prueba documental detallada supra y que demuestran que el Banco no ha afectado a los trabajadores. Como podrá observar la Honorable Sala los trabajadores al momento de ser contratados aceptaron ser remunerados a base de comisión y cuando no se llegue a la meta establecida por la empresa se le pagaría el valor del salario mínimo. Pero nunca habría un salario base. Esta prueba demuestra sin error alguno que los trabajadores debía alcanzar la meta fijada por la empresa para obtener las comisiones de acuerdo a la tabla para ello establecida. No alcanzar la meta implica necesariamente no recibir las comisiones correspondientes, lo que demuestra que la empresa no les ha rebajado el salario sino que como consecuencia directa de no ser eficiente en el desempeño de sus funciones, en el salario se ve reflejado. Precisamente por su falta de eficiencia es que los trabajadores decidieron por fin a la relación de trabajo antes que la empresa los cancelara por ese motivo. De ahí se desprende que la empresa no ha cometido ninguna acción u omisión que degrade a los trabajadores y por ende estos han abandonado la empresa sin justificación, ergo Banco Azteca de Honduras S.A. debe ser exonerada de pagar cualquier indemnización laboral a los trabajadores”.