Sentencia CL-91-13 — Registro 3083
Resumen
Demanda ordinaria laboral para reintegro al puesto de trabajo por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen a la Sala de casación, proposición jurídica cuyos requisitos los ha fijado con claridad el Código del Trabajo en su artículo 769 numeral 5). En consecuencia se requiere que se indique el concepto de la violación, el precepto legal sustantivo de orden nacional laboral y la explicación de cómo se produjo la violación. Tales omisiones de los requisitos referidos, hace que el cargo sea incompleto, insuficiente e ineficaz en lo que pretende. Además realiza extensos alegatos de instancia cuando no le es permitido en este recurso extraordinario. La falta de técnica y precisión en la estructuración del cargo hace que la Sala no lo pueda considerar."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- VII.- Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- VIII.- Asimismo, tiene dicho la Sala, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- XI.-Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar el recurso de casación en sus dos motivos."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL- CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. veintinueve de octubre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha trece de mayo del dos mil trece, por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), en relación a la demanda ordinaria laboral para reintegro al puesto de trabajo por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del dos mil doce, por el señor RONIS SUAZO SANTOS, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y del domicilio de La Masica, departamento de Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su ministro director y representante legal, señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Sociales, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO interpuesta por RONIS SUAZO SANTOS en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) a través del ministro-director y representante legal el señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA. 2) CONDENA al INA a reintegrar a su puesto de trabajo de Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierra, por lo menos en igualdad de condiciones, adscrito a la Regional de La Ceiba, Atlántida al trabajador RONIS SUAZO SANTOS, a reconocerle el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido a que se cumpla con su reinstalación y además a reconocerle todos los derechos otorgados a los demás trabajadores en ausencia de la demandante. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación de trabajo con el Instituto Nacional Agrario (INA) en fecha 22 de junio del año 2006, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierras, Adscrito a la oficina Regional de La Ceiba, Atlántida, mediante el Acuerdo de Nombramiento No. 200-06, previo a su despido fue objeto de hostigamiento laboral. Que mediante Acuerdo No. 310-2011, de fecha 28 de noviembre del año 2011, notificado en la misma fecha, suscrito por el Ministro-Director y la Secretaria General del Instituto Nacional Agrario(INA), se le canceló de su cargo sin expresar en dicho Acuerdo los motivos o causales legalmente justificables para separarlo de manera injusta, arbitraria e ilegal de su Cargo, todo lo anterior en flagrante violación a la Constitución de la República, Código de Trabajo y específicamente a lo estipulado en las Cláusulas No. 3 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que consagra el principio de “Estabilidad Laboral” y la Cláusula 5 que establece el procedimiento interno que debe observarse obligatoriamente previo al despido de un trabajador, de la ya referida convención colectiva suscrita entre y el INA y el SITRAINA; el Código de Trabajo en sus artículos 3, 95, 96, numeral 9), 113 Párrafo segundo. Que se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo. SOLICITA: reintegro al puesto de trabajo por despido directo, injusto e ilegal, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir, condena en costas.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda argumentando que el demandante fue cancelado de su cargo en fecha 28 de noviembre del año 2011, según Acuerdo No 310-2011. Que el Ministro Director en uso de las facultades que le concede la Ley de Reforma Agraria en su artículo 144 inciso e) cancela al señor RONIS SUAZO SANTOS, del puesto que venía desempeñando conforme a las facultades que ostenta de poder remover libremente en sus cargos a empleados y funcionarios contemplados en las categorías laborales denominados empleados en cargos de confianza, todo ello en virtud de los siguientes preceptos legales: Artículo 265 de la Constitución de la República, Artículo 144 de la Ley de Reforma Agraria inciso e), Artículo 111, numeral 7 y 10, 112 inciso 1) del Código del Trabajo; Artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo, asimismo al tenor de la cláusula No 37 del IX del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA). Que la cancelación del demandante se fundó en que este ocupaba un cargo de CONFIANZA dentro de la Institución. Que no existe violación alguna a la Constitución de la República, Código del Trabajo mucho menos a una Contratación Colectiva especialmente en su cláusula 5. Que el Ministro Director en su condición antes indicada, tiene la potestad que según la Ley de Reforma Agraria, lo faculta para poder nombrar, trasladar, promover suspender o remover a los funcionarios y empleados de la institución.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENA al INA a reintegrar a su puesto de trabajo de JEFE DE SERVICIOS LEGALES Y AFECTACIÓN DE TIERRA, por lo menos en igualdad de condiciones, adscrito a la Regional de La Ceiba, Atlántida al demandante, a reconocerle el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido a que se cumpla con su reinstalación y además a reconocerle todos los derechos otorgados a los demás trabajadores en ausencia del demandante, SIN COSTAS; bajo el criterio que en la nota de terminación del contrato de trabajo no se alega causa o motivo de despido, lo cual violenta el principio de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República. Que no ha quedado probada y acreditada la causa del despido invocada, el despido del trabajador resulta ilegal e injusto, por lo cual se declara CON LUGAR la presente demandada, en aplicación del derecho alternativo que le concede el artículo 113 del Código del Trabajo y la Constitución de la República.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de diciembre del dos mil doce, dictó sentencia CONFIRMANDO lo dictado por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que al no seguirse el procedimiento establecido para acreditar la falta de confianza en el demandante ante autoridad competente, este tiene derecho al reintegro a su puesto de trabajo o al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales según sea la decisión del demandante, en este caso el reintegro a su puesto de trabajo. Que la nota de despido no se enmarca en lo señalado en el artículo 117 del Código del Trabajo, al no señalarse con claridad cual es o son las causales invocadas por el patrono para dar por terminada la relación laboral, no se señala con claridad, fecha, hora, etc. en que se cometió la falta que produjo la pérdida de confianza, ya que no basta el solo señalamiento de artículos de leyes o reglamentos para considerar que un despido esta debidamente justificado.- 5.- Que mediante auto de fecha uno de abril del dos mil trece, éste Tribunal RESOLVIO: admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de diciembre de dos mil doce. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha trece de mayo del dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, de generales y condición ya expresados, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha trece de mayo del dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha siete de junio de dos mil trece, éste alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de representante procesal del señor RONIS SUAZO SANTOS, contestando el recurso de casación.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.-Que el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su primer motivo de casación establece: “Dicha sentencia, tiene que ser revocada, ya que en el análisis realizado por el Juzgador se obviaron hechos que hay que resaltar, como que el Ministro Director expresamente hace ver cuáles fueron las causales legales en que se amparó para efectuar tal cancelación. El cual reza: En uso de las facultades que le concede la Ley de Reforma Agraria en su artículo 144 inciso e), Primero: Cancelar a partir del veintiocho de noviembre del dos mil once al señor RONIS SUAZO SANTOS, Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierras de la Oficina Regional de Ceiba, conforme a las facultades que ostenta el Ministro Director de poder remover libremente en sus cargos a empleados y funcionarios contemplados en las categorías laborales denominados empleados en cargos de confianza, todo ello en virtud de los siguientes preceptos legales: Artículo 265 de la Constitución de la República, Artículo 144 de la Ley de Reforma Agraria inciso e) que establece son atribuciones del Director Ejecutivo: Nombrar, trasladar, promover, suspender o remover a los funcionarios y empleados de la Institución; Artículo 111, numeral 7 y 10, 112 inciso 1) del Código del Trabajo; Artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo que establece: El orden jerárquico de los representantes del Instituto Nacional Agrario es el siguiente: 1) Consejo Nacional Agrario, 2) Dirección, e) Sub Dirección 4) Jefes de Departamento, 5) Jefes de Sección 6) Jefes de Proyectos Específicos; asimismo al tenor de la cláusula No 37 del IX del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) que preceptúa: “para los efectos legales pertinentes se consideran cargos de confianza los siguientes: 1) Director Ejecutivo 2) Sub Director Ejecutivo 3) Secretario General 4) Jefes de Oficinas Regionales 5) Jefes y Sub Jefes de División 6) Tesorero 7) Asesores de la Dirección y Sub Dirección 8) Auditor Interno”. Consecuentemente el Ministro Director actuando en pleno ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones de plena administración del Instituto Nacional Agrario, manda a cancelar al trabajador RONIS SUAZO SANTOS, de su cargo de confianza como Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierras de la Oficina Regional de La Ceiba, a partir del veintiocho de noviembre del año dos mil once. Reconociéndole sus prestaciones laborales que en Derecho le corresponden. Como puede observar señora Juez el amparo legal quedó legalmente establecido, la cancelación del demandante se fundó que este ocupaba un cargo de CONFIANZA dentro de la Institución. Fundamento que acredita que no existe violación alguna a la Constitución de la Republica, Código del Trabajo mucho menos a una Contratación Colectiva especialmente en su cláusula 5, la cual establece un procedimiento interno previo a efectuarse una cancelación o a imponer sanciones a trabajadores que hayan violado alguna disposición legal, o cometido alguna falta reglamentaria, que no es el presente caso, pues la terminación de la relación de trabajo se apoyó en que esta se daba por ser el demandante un trabajador de confianza, tal como se estableció puntualmente en su acuerdo de cancelación. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación esta comprendido en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- III.- El cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen a la Sala de casación, proposición jurídica cuyos requisitos los ha fijado con claridad el Código del Trabajo en su artículo 769 numeral 5). En consecuencia se requiere que se indique el concepto de la violación, el precepto legal sustantivo de orden nacional laboral y la explicación de cómo se produjo la violación. Tales omisiones de los requisitos referidos, hace que el cargo sea incompleto, insuficiente e ineficaz en lo que pretende. Además realiza extensos alegatos de instancia cuando no le es permitido en este recurso extraordinario. La falta de técnica y precisión en la estructuración del cargo hace que la Sala no lo pueda considerar.- IV.- Que el Recurrente en su segundo cargo arguye lo siguiente: “VIOLACIÓN DIRECTA POR INTERPRETACIÓN ERRONEA. Según Acuerdo No 310-2011, de fecha 28 de noviembre del 2011 el Ministro director expresamente se amparó para efectuar tal cancelación. El cual reza: En uso de las facultades que le concede la Ley de Reforma Agraria en su artículo 144 inciso e), Primero: Cancelar a partir del veintiocho de noviembre del dos mil once al señor RONIS SUAZO SANTOS, Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierras de la Oficina Regional de Ceiba, conforme a las facultades que ostenta el Ministro Director de poder remover libremente en sus cargos a empleados y funcionarios contemplados en las categorías laborales denominados empleados en cargos de confianza, todo ello en virtud de los siguientes preceptos legales: Artículo 265 de la Constitución de la República, Artículo 144 de la Ley de Reforma Agraria inciso e) que establece son atribuciones del Director Ejecutivo: Nombrar, trasladar, promover, suspender o remover a los funcionarios y empleados de la Institución; Artículo 111, numeral 7 y 10, 112 inciso 1) del Código del Trabajo; Artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo que establece: El orden jerárquico de los representantes del Instituto Nacional Agrario es el siguiente: 1) Consejo Nacional Agrario, 2) Dirección, e) Sub Dirección 4) Jefes de Departamento, 5) Jefes de Sección 6) Jefes de Proyectos Específicos; asimismo al tenor de la cláusula No 37 del IX del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) que preceptúa: “para los efectos legales pertinentes se consideran cargos de confianza los siguientes: 1) Director Ejecutivo 2) Sub Director Ejecutivo 3) Secretario General 4) Jefes de Oficinas Regionales 5) Jefes y Sub Jefes de División 6) Tesorero 7) Asesores de la Dirección y Sub Dirección 8) Auditor Interno”. Consecuentemente el Ministro Director actuando en pleno ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones de plena administración del Instituto Nacional Agrario, manda a cancelar al trabajador RONIS SUAZO SANTOS, de su cargo de confianza como Jefe de Servicios Legales y Afectación de Tierras de la Oficina Regional de La Ceiba, a partir del veintiocho de noviembre del año dos mil once. Reconociéndole sus prestaciones laborales que en Derecho le corresponden. Como pueden observar Honorables Magistrados el amparo quedó legalmente establecido, la cancelación del demandante se fundó en que este ocupaba un cargo de CONFIANZA dentro de la Institución. Fundamento que acredita que no existe violación alguna a la Constitución de la Republica, Código del Trabajo mucho menos a una Contratación Colectiva especialmente en su cláusula 5, la cual establece un procedimiento interno previo a efectuarse una cancelación o a imponer sanciones a trabajadores que hayan violado alguna disposición legal, o cometido alguna falta reglamentaria, que no es el presente caso, pues la terminación de la relación de trabajo se apoyó en que esta se daba por ser el demandante un trabajador de confianza, tal como se estableció puntualmente en su acuerdo de cancelación; Como se reitera, al Ministro Director en su condición antes indicada, tiene la potestad que según la Ley de Reforma Agraria, lo faculta para poder nombrar, trasladar, promover suspender o remover a los funcionarios y empleados de la institución, específicamente mi representado tomó como base legal la cláusula número 37 de la Contratación Colectiva que estipula para los efectos legales pertinentes los cargos de confianza dentro de la institución. La sentencia recurrida viola la Ley en cuanto reconoce al demandante, un derecho, ya que la cancelación que se realizó es legal, cuando está plenamente demostrado que su cancelación es correcta y legal pues su cancelación está contemplada dentro del articulado del Código del Trabajo como una causa Justa de Despido, y fue señalada taxativamente en el acuerdo de cancelación como lo exige la legislación Hondureña, acto convalidado por la ley.- Esta Sentencia Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe ser revocada totalmente, ya que está demostrado en el desarrollo del juicio que el Ministro Director del INA, en ningún Momento violento algún estamento legal, por el contrario hay un apego estricto a la norma como se ha alegado en las instancias respectivas.- PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación está comprendido en lo dispuesto en el numeral primero artículo 765 del Código del Trabajo”.- V.- El cargo en la forma expuesta debe correr con la misma suerte del anterior, ya que no constituye una proposición jurídica completa, en vista que la falta de técnica llevaría a la Sala a efectuar indagaciones de oficio, lo que desvirtuaría su función, convirtiéndola en otro fallador de instancia, lo cual no esta permitido.- VI.-Recuerda la Corte el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- VII.- Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado esta Sala, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.- VIII.- Asimismo, tiene dicho la Sala, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- XI.-Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar el recurso de casación en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia pronunciándose, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo;22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 91-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL