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Sentencia CL-90-12 — Registro 2416

Resumen

Demanda ordinaria laboral de reintegro declarada sin lugar y confirmada en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.-"....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de febrero del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de marzo del año dos mil doce, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJIA Y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que se nos pruebe la justa causa del despido, reintegro al cargo y pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de abril del dos mil once, por los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, Bachiller en Administración; ERIK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, soltero, Perito Mercantil; GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, soltera, Profesora de Educación Media; BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, soltera, Maestra de Educación Primaria; MARCO TULIO MEJIA, casado, Maestro de Educación, y JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, casado, Maestro de Educación; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el COLEGIO DE PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL DE HONDURAS (COLPROSUMAH), por medio de su Fiscal y Representante Legal, señor FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRON. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil once, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiséis de julio de dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJIA, JUAN ANTONIO MELENDEZ. Contra el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del Fiscal y representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRON en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a través del Fiscal y representante Legal FRANKLIN RAFAEL PADILLA GIRON a que reintegre a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJIA, JUAN ANTONIO MELENDEZ; 3)DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS opuesto por el apoderado demandado; 4)SIN COSTAS en esta Instancia”- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que empezaron a laborar para el COLPROSUMAH, así: señor SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, el 01 de febrero del año 2006, en el cargo de Administrador de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH; INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, el 15 de febrero del año 2008, en el puesto de trabajo de Asistente de Ventanilla para atención al público; ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, el 15 de febrero del 2008, en el puesto de Conserje del Fondo de Auxilio Mutuo Leovigildo Pineda Cardona; GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, el 15 de abril del año 2006, como Directora en el Instituto de Investigación, Formación y Desarrollo Pedagógico del COLPROSUMAH (IFP-COLP); BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, el 14 de febrero del año 2008, en el puesto de Coordinadora de la Unidad de Información, del Instituto de Investigación, Formación y Desarrollo Pedagógico del COLPROSUMAH (IFP-COLP); MARCO TULIO MEJIA, el 2 de febrero del 2010, en el cargo de Administrador del Instituto de Formación y Desarrollo Pedagógico del COLPROSUMAH; JUAN ANTONIO MELENDEZ ESTRADA, en el mes de Marzo del 2011, en el puesto de Coordinador de la Región Atlántica, con sede en La Ceiba del Instituto de Formación y Desarrollo Pedagógico del COLPROSUMAH, pero en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido 17 de enero del 2011, dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- 2.- La parte demandada, COLEGIO PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), contestó dicha demanda manifestando que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme anticipadamente, otorgando a favor de mi representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de julio del año 2011, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR LA DEMANDA y ABSUELVE AL DEMANDADO el COLEGIO PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL HONDUREÑO (COLPROSUMAH), a que reintegre a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, ERICK ARMANDO MONTOYA RAMIREZ, GLADYS MAGDALENA OTERO CARBAJAL, BLANCA ONDINA LICONA DIAZ, MARCO TULIO MEJIA, JUAN ANTONIO MELENDEZ, asimismo DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS opuesto por el apoderado demandado, SIN COSTAS; bajo el criterio de que los demandados acreditaron en autos que no habían despedido a los demandantes que los que aconteció fue que los demandantes trabajaban bajo la modalidad de contratos de trabajo por tiempo determinado los que llegaron a su fin y que la demandada no los contrató nuevamente para el periodo 2011.- 4.- La Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial, en fecha 14 de octubre del año 2011, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia definitiva que se conoce en vía de apelación, sin costas; con el criterio que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo.- 5.- Que mediante sentencia de fecha 9 de febrero del año 2012, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de apoderado legal del COLEGIO PROFESIONAL SUPERACION MAGISTERIAL DE HONDURAS (COLPROSUMAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de fecha catorce de octubre del dos mil once y dispone que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la Recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha 16 de marzo del año 2012, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de apoderado legal de los señores SALVADOR ORLANDO ARITA MEJIA, INGRIS BETHZAIDA SIERRA SARMIENTO, y otros, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación.- 7.- Que en fecha 16 de marzo del año 2012, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, por formalizado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- Que mediante Auto de fecha 10 de abril del 2012, este Tribunal de Justicia resolvió: 1) subsanar la sentencia de admisión de fecha nueve de febrero de dos mil doce, dictada por este Tribunal de Justicia, en el sentido de tener al Abogado Jose Ramón Lamothe Rosales, como apoderado de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Ingris Bethzaida Sierra Sarmiento, Erick Armando Montoya Ramírez, Gladis Magdalena Otero Carvajal, Blanca Ondina Licona Díaz, Marco Tulio Mejía y Juan Antonio Meléndez Estrada; 2) Tener por personado al Abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez, como apoderado de los señores Salvador Orlando Arita Mejía, Ingris Bethzaida Sierra Sarmiento y otros, como recurrente; y, 3) En lo sucesivo, tener como representante procesal de los señores Salvador Orlando Anta Mejía, Ingris Bethzaida Sierra Sarmiento y otros, al Abogado Francis Rodolfo Parrales Ordóñez, a quien se le conmina a cumplir con cabalidad con las obligaciones derivadas del mandato otorgado por los demandantes y aceptado por él.- 9.- En proveído de fecha 7 de mayo del año 2012, se declaró precluìdo de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado Jaime Vásquez del Arca, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 10.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, los puntos o extremos en litigio son: a) Los demandantes alegan que iniciaron la relación laboral con la demandada en diferentes fechas y cargos, que en fecha 17 de enero del 2011, al iniciar la jornada de trabajo de ese día, se encontraron con la sorpresa que la huella del reloj marcador de entrada y salida al trabajo, de cada uno de los demandantes había sido eliminada del reloj marcador. Posteriormente se abocaron a la oficina de Recursos Humanos, para pedir aclaración de este hecho y se les entregara a cada uno la nota de despido, pero no se encontraba en su puesto de trabajo la sub administradora de Recursos Humanos, vista esta situación solicitaron la intervención de un Inspector del trabajo, a quien se le explico que la terminación de la relación laboral con los demandantes fue por decisión del Fiscal de la Junta Central Ejecutiva del COLPROSUMAH, mediante nota de despido del 17 de enero del 2011, consideran que dicha determinación es totalmente ilegal y viola los principios y garantías constitucionales y derechos laborales.- b) La demandada por su parte sostiene, que los demandantes tenían pleno conocimiento que su relación laboral era por tiempo determinado cuya fecha de vigencia se interrumpió por acuerdos especiales de mutuo consentimiento que ambas partes firmaron, con el pago de las prestaciones laborales que cada demandante recibió conforme y de manera anticipada, otorgando a favor de su representada finiquito liberándola de todo reclamo presente pasado y futuro con respecto a dichos contratos.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 14 de octubre del 2011, confirma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda y absolviendo de toda responsabilidad a la demandada, bajo el criterio de que los demandantes no acreditaron por ningún medio probatorio haber sido despedidos por la parte demandada, sino al contrario lo que sucedió es que laboraban bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, mismo que llegó a su finalización, por lo que la parte demandada no tiene responsabilidad alguna de reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo; observándose que no se pronuncia sobre los puntos relacionados con la situación jurídica de que la demandada cada año les cancelaba sus respectivas prestaciones e indemnizaciones laborales a los demandantes, lo cual se encuentra regulado por el artículo 2 del Decreto 150-2008 emitido el 3 de octubre del 2008; tampoco sobre lo alegado por los demandantes que dicha terminación fue efectuada en fecha posterior a la vigencia de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentacion, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas.- Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: En el proceso (Dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por qué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos) y 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (Evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ella se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.).- La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- No hay que confundir motivar con fundamentar.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones, y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 22, 200, 206, 212, 214, 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 14 de octubre del 2011, visible a folios 13 y 14 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de Febrero del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 90-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL