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Sentencia CL-886-12 — Registro 3059

Resumen

demandas ordinarias laborales para reintegro a sus puestos de trabajo, por despido directo e injustificado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En cuanto al primer cargo sujeto a estudio, se incurre en los errores técnicos que impiden su prosperidad, como ser: a) El artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar; y, b) omite indicar la norma que debió ser aplicada en sustitución de la infringida"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" En el segundo cargo se cometen defectos técnicos que lo vuelven inadmisible como ser: a) Se acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y en el presente asunto, la permanencia o no de la relación laboral fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) en su explicación se alude a otras normas como infringidas y a otra forma de violar la Ley (aplicación indebida), que era necesario formular en forma separada e independiente"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de diciembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintidós de enero del año dos mil trece, por la abogada GLADIS MARÍA MONCADA CORTÉS, mayor de edad, soltera, hondureña, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS; en relación a las demandas ordinarias laborales para reintegro a sus puestos de trabajo, por despido directo e injustificado, pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas, demandas acumuladas promovidas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en distintas fechas, por los señores ELY JEHU DIAZ HERNANDEZ, casado, Tipógrafo, LOURDES RAMOS PEREZ, soltera, Bachiller en Computación, YOLANDA MAGDALENA RICO MONCADA, casada, Perito Mercantil y Contador Público, MILDREN DAYEN ZELAYA, soltera, Bachiller Y OTROS, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo promovida por los señores: 1) ELY JEHU DIAZ HERNANDEZ; 2) LOURDES RAMOS PEREZ; 3) YOLANDA MAGDALENA RICO MONCADA; 4) MILDREN DAYEN ZELAYA; 5) MARIO ENRIQUE AMADOR PINEDA; 6) XIOMARA SIERRA MOLINA; 7) MARIA DEL CARMEN BANEGAS ESCOBAR; 8) MARIA ASUNCION RAMOS FLORES; 9) LUCIA MIRALDA RAMOS; 10) MARTHA ARGENTINA OSORIO NIETO; 11) LESLY YANAQUI MELENDEZ VASQUEZ; 12) ROSA ERLINDA GONZALES CABALLERO; 13) ROLANDO ANTONIO FIGUEROA DURAN; 14) LESLY ABIGAIL CANALES SALAZAR y 15) AIDA DE JESUS ANDINO ZEPEDA contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 2) CONDENAR a EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a reintegrar a su puesto de trabajo a los señores: 1) ELY JEHU DIAZ HERNANDEZ; 2) LOURDES RAMOS PEREZ; 3)YOLANDA MAGDALENA RICO MONCADA; 4) MILDREN DAYEN ZELAYA; 5) MARIO ENRIQUE AMADOR PINEDA; 6) XIOMARA SIERRA MOLINA; 7) MARIA DEL CARMEN BANEGAS ESCOBAR; 8) MARIA ASUNCION RAMOS FLORES; 9) LUCIA MIRALDA RAMOS; 10) MARTHA ARGENTINA OSORIO NIETO; 11) LESLY YANAQUI MELENDEZ VASQUEZ; 12) ROSA ERLINDA GONZALES CABALLERO; 13) ROLANDO ANTONIO FIGUEROA DURAN; 14) LESLY ABIGAIL CANALES SALAZAR Y 15) AIDA DE JESUS ANDINO ZEPEDA, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron su relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de la siguiente manera: 1) ELY JEHU DIAZ HERNANDEZ, en fecha 05 de mayo del año 2006, desempeñando el puesto de Auxiliar de Bodega, mediante nota de fecha 29 de octubre del año 2010, se le notificó la terminación de la relación laboral. 2) LOURDES RAMOS PEREZ, en fecha 30 de septiembre del año 2008, desempeñando el puesto de Asistente de Cardex, 3) YOLANDA MAGDALENA RICO MONCADA, en fecha 01 de septiembre del año 2009, desempeñando el puesto de Encargada de Trámites Administrativos; 4) MILDREN DAYEN ZELAYA, en fecha 03 de abril del año 2006, desempeñando el puesto de Oficinista, 5) MARIO ENRIQUE AMADOR PINEDA, en fecha 01 de septiembre del año 2006, desempeñando el puesto de Asistente Administrativo a quienes mediante nota de fecha 31 de enero del año 2011, se les notificó la terminación de la relación laboral. 6) XIOMARA SIERRA MOLINA, en fecha 03 de abril del año 2006, desempeñando el puesto de Secretaria Ejecutiva, mediante nota de fecha 28 de abril del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 7) MARIA DEL CARMEN BANEGAS ESCOBAR, en fecha 01 de junio del año 2006, mediante nota de fecha 25 de marzo del año 2011, efectivo a partir del 31 de marzo del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 8) MARIA ASUNCION RAMOS FLORES, en fecha 18 de abril del año 2006, desempeñando el puesto de Supervisor, mediante nota de fecha 28 de abril del año 2011, efectivo a partir del 30 de abril del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 9) LUCIA MIRALDA RAMOS, en fecha 03 de abril del año 2006, mediante nota de fecha 30 de junio del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 10) MARTHA ARGENTINA OSORIO NIETO, en fecha 01 de junio del año 2009, desempeñando el puesto de Conserje, mediante nota de fecha 28 de abril del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 11) LESLY YANAQUI MELENDEZ VASQUEZ, en fecha 03 de septiembre del año 2007, mediante nota de fecha 31 de mayo del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 12) ROSA ERLINDA GONZALES CABALLERO, en fecha 01 de junio del año 2006, desempeñando el puesto de Supervisor de Trabajadores, mediante nota de fecha 28 de abril del año 2011, efectivo a partir del 30 de abril del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 13) ROLANDO ANTONIO FIGUEROA DURAN, en fecha 03 de mayo del año 2010, desempeñando el puesto de Supervisor de Equipo, en fecha 30 de mayo del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral. 14) LESLY ABIGAIL CANALES SALAZAR Y 15) AIDA DE JESUS ANDINO ZEPEDA, en fecha 17 de marzo del año 2010, desempeñando el puesto de Aseadoras, en fecha 02 de marzo del año 2011, se les notificó la terminación de la relación laboral. Que mediante nota se les notificó la terminación del vínculo laboral que les unía con LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRÁVI), despido directo y sin causa justificada, violentando así la Constitución de la República en su artículo 127 y el artículo 129 que garantiza la estabilidad que goza todo trabajador en su empleo y solo podrá ser despedido cuando existe justa causa para el mismo, el artículo 117 del Código del Trabajo es otra normativa legal violada en virtud de que el patrono demandado no señala la justa causa que tiene para despedirlos, esta norma jurídica tiene intima relación con el artículo 112 del mismo cuerpo legal que establece cuales son las causas para despedir a un trabajador y en la nota de merito no se señala ninguna justa causa.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, argumentando que los demandantes sostuvieron una relación contractual a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante el sistema de pago por planilla o jornal, no así lo referente a las demandantes LESLY ABIGAIL CANALES SALAZAR y AIDA DE JESUS ANDINO ZEPEDA, por no encontrarse ningún registro contractual en los archivos correspondientes de La Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). Que la relación sostenida entre (SOPTRAVI) y los demandantes de ninguna manera fue continua, ya que consta en el expediente personal de los demandantes las resoluciones No. 010, 648, 073, 109, 183, 112, 013, 4, 242 por medio de las cuales se contrataran a los demandantes por tiempo limitado bajo el sistema de jornal. Que esta relación de trabajo es accidental y desarrollada de manera temporal en proyectos transitorios, por lo que no son ciertas las afirmaciones de los demandantes de que fueron despedidos de manera directa e injustificada, haciendo uso de la norma jurídica que no le es aplicable a los trabajadores por jornal, como son los Artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, pues los mismos son de aplicabilidad a todo aquel trabajador que goza de un estatus laboral permanente, beneficios que de ninguna forma son aplicables a trabajadores que han sido contratados bajo el régimen de planilla o jornal. Que la relación de trabajo entre los empleados por jornal y SOPTRAVI, era por tiempo determinado. Que no fue necesario invocarles a los demandantes en las notificaciones efectuadas con el objeto de prescindir de sus servicios, ninguna de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó al Estado de Honduras a reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores demandantes por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; sin costas, bajo el criterio que el no habérsele señalado a los demandantes en su nota de despido la justa causa legal que tuvo la parte demandada para despedirlos, hace que el despido se vuelva injusto e ilegal, al haberse violentado el artículo 117 del Código de Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia confirmando la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que al no haber acreditado la demandada que los demandantes eran trabajadores contratados por tiempo determinado ni las justas causas del despido, hace que las terminaciones de las relaciones laborales sean consideradas ilegales e injustas, siendo procedente declarar con lugar las demandas de que se ha hecho mérito, con excepción de las trabajadoras IRIS SUYAPA LOPEZ CORTES Y SONIA ARGENTINA REYES REYES, a quienes ya se les reintegró a sus puestos de trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha catorce de diciembre del año dos mil doce, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLADIS MARÍA MONCADA CORTÉS, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintidós de enero del año dos mil trece, compareció ante éste Tribunal la Abogada GLADIS MARÍA MONCADA CORTÉS, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la abogada GLADIS MARÍA MONCADA CORTÉS, y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de marzo del año dos mil trece se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, para contestar la demanda de casación planteada y se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que la abogada GLADIS MARÍA MONCADA CORTÉS, en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por aplicación indebida, del artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el preámbulo del artículo 765, ordinal primero y su párrafo primero del Código del Trabajo vigente.”.- III.- En cuanto al primer cargo sujeto a estudio, se incurre en los errores técnicos que impiden su prosperidad, como ser: a) El artículo 113 del Código del Trabajo, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar; y, b) omite indicar la norma que debió ser aplicada en sustitución de la infringida.- IV.- Que la Censora en su segundo motivo establece lo siguiente: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el preámbulo del artículo 765, ordinal primero y su párrafo primero del Código del Trabajo. DOCTRINA. En la doctrina laboral de casación y en los reiterados fallos emitidos por La Honorable Corte Suprema de Justicia se ha mantenido el sólido criterio de que la infracción directa de la ley tiene lugar en todo caso en los que, a un hecho que ha sido discutido y puesto en evidencia, es decir, debidamente probado en juicio, en la sentencia se apliquen otras normas que no regulen el caso debatido y en virtud de ello la sentencia contenga disposiciones en abierta pugna con la ley.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. En la sentencia impugnada se aplica la norma contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo que de forma textual establece: “...La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido.- Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este artículo; y, b) Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio…”.-La norma antes transcrita no cabe ser aplicada en la sentencia impugnada por no relacionarse con el asunto debatido y debidamente probado en el juicio como se demuestra en la siguiente exposición: “...consta en autos tal como se aprecia en el libelo de las demandas acumuladas, en el acápite LO QUE SE DEMANDA visible a folios 1, 8, 17, 24, 40, 47, 57, 67, 74 y 84 frente de la primera pieza y en el acápite PETICIÓN visible a folios 2, 9, 18, 25, 41,48, 58, 68, 75, 84, frente y vuelto de la primera pieza, que los demandantes promovió la acción judicial, solicitando el reintegro a su puesto de trabajo y salarios dejados de percibir, omitiendo ejercer su derecho de emplazar al patrono dentro del término de la prescripción, para que le probara la justa causa en que fundó el despido, indispensable para que una vez decretado por el juzgador como injustificado el despido, por no fundarse en ninguna de las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Código del Trabajo, se condenara al patrono a reintegrar al demandante condenándolo a pagar como indemnizaciones laborales los salarios dejados de percibir…”; al no haber sido emplazado el patrono por omisión imputable a los trabajadores para que le probara la causa justa en que se fundamentó su despido, la norma relacionada no debió ser aplicada en la sentencia recurrida, por cuanto la misma no se relaciono con el asunto debatido y debidamente probado en juicio...”.- V.- En el segundo cargo se cometen defectos técnicos que lo vuelven inadmisible como ser: a) Se acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y en el presente asunto, la permanencia o no de la relación laboral fue objeto de la controversia y del material probatorio, por lo que no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) en su explicación se alude a otras normas como infringidas y a otra forma de violar la Ley (aplicación indebida), que era necesario formular en forma separada e independiente.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de enero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación número 886-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL