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Sentencia CL-881-12 — Registro 3116

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para Reintegro a puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto; segunda instancia confirmó con lugar la prescripción de la acción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el ad-quem al haber confirmado el fallo de primera instancia, implícitamente se entiende desestimado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; además, no se observa ninguna situación en que se haya visto afectado el derecho de defensa de las partes, ni el debido proceso, por lo cual no procede la nulidad subsidiaria solicitada.- VI.- Que los defectos técnicos en el alcance de la impugnación vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa, por ello procede declarar no ha lugar el mismo y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, por el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal de los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, en relación a la demanda ordinaria Laboral, para Reintegro a puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de abril del dos mil once, por los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio; contraEl ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal Procuradora General de la República abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, hondureña, de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.-Declarar CON LUGAR La Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción, opuesta por el Apoderado legal del Estado de Honduras, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reinstalación a puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido ilegal e injusto; promovida por los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, todos de generales expresadas; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, también de generales expresadas; 3.- Absuelve al Estado de Honduras, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de reinstalar a sus puestos de trabajo a los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, así como del pago de salarios dejados de percibir; 4.-SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, inició su relación de trabajo en fecha 10 de marzo del año 2006, desempeñándose a la fecha de su despido, 25 de junio del 2010, en el cargo de Jefe Pre-Inventor, devengando salario mensual; JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS inició su relación de trabajo en fecha 1 de octubre del 2006, desempeñándose a la fecha de su despido 24 de junio del año 2010, en el cargo de Asistente Coordinador de Proyectos, devengando salario mensual, Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO inició su relación de trabajo en fecha 2 de marzo del año 2009, desempeñándose a la fecha de su despido 24 de junio del año 2010, en el cargo de Oficial de Compras, devengando salario mensual. Que en fecha 16 de abril del año 2010, con la intervención de la Inspectoría del Trabajo, se le hizo saber al Fondo Vial, mediante entrega de la certificación PEE/003/2010, el propósito de constituir el Sindicato de Trabajadores del Fondo Vial (SITRAFOVIAL), actuación que suponen motivó la ilegal decisión de dar por terminado sus contratos de trabajo. Que el Director del Fondo Vial, haciendo una aplicación poco ortodoxa del artículo 120 del Código de Trabajo, pretende poner fin a la relación laboral comunicándoles que les reconocerán el derecho a la cesantía, admitiendo que la terminación del contrato de trabajo no es por causa imputable a ellos, es decir que el patrono se estima obligado solamente al pago del Auxilio de Cesantía, omitiendo reconocer que en tales casos, cuando no existe justa causa para el despido procede además de este derecho, las indemnizaciones previstas en el articulo 113 Código de Trabajo. Que no han incurrido en ninguna de las causales consignadas en el artículo 112 del Código del Trabajo. Que la decisión patronal, aparte de transgredir la Constitución de la República y el Código del Trabajo, infringe los convenios de la OIT, número 87 en su artículo 2, que establece que el derecho de sindicación corresponde a los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y el 98 en el artículo 1, que expresamente prohíbe despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Que el artículo 517 del Código del Trabajo establece la protección del Estado a favor de todos los trabajadores que en el ejercicio de tales derechos sociales, fundamentales deciden sindicalizarse. SOLICITAN: Reintegro a puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto, condena en costas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, argumentando que los demandantes pretenden desconocer la existencia del mandato legal que la Ley del Fondo Vial, y su Reglamento, delega en las autoridades que tienen a cargo dirigir y administrar el funcionamiento del fondo vial, de aprobar la estructura administrativa y funcional del fondo vial de acuerdo con la Ley. Que el Fondo Vial es una entidad desconcentrada de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de duración indefinida, con independencia administrativa, técnica y financiera cuya dirección y administración esta a cargo del Director Ejecutivo del Fondo Vial quien dentro de sus atribuciones y obligaciones tiene la de “nombrar al personal del fondo vial, suspenderlo o removerlo cuando hubiere razón justificada de conformidad con las normas que regulan la Administración Pública,” lo cual justifica la acción de despido de que han sido objeto los demandantes. Que la cancelación de los demandantes ha atendido a las disposiciones legales contenidas en los artículos 12 inciso d) reformado de la ley del fondo vial, y 21 inciso e) del Reglamento General de la Ley del Fondo Vial por lo que dicho acto esta apegado a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción, opuesta por el Apoderado Legal del Estado de Honduras, Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reinstalación a puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones y a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido ilegal e injusto; Absuelve al Estado de Honduras, de reinstalar a sus puestos de trabajo a los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, así como del pago de salarios dejados de percibir; SIN COSTAS bajo el criterio que si la demanda inicial se presento al Juzgado de Letras del Trabajo, antes del vencimiento del término de ley (dos meses), el cual finaliza a la media noche del último día, los demandantes contaban con ese lapso de tiempo a su favor, que podría ser de días u horas para intentar nuevamente la acción, entendiéndose que se promueve dentro de los dos meses que tenían para ejercitar la acción de reintegro, pero de ninguna manera se ha producido interrupción, para volver a contar el término de dos meses, como lo ha interpretado el Apoderado demandante, es solo para completar el tiempo que no se utilizo al introducir la primera demanda, pudo ser de un día, o simplemente horas, contado a partir de la última gestión administrativa, y los demandantes dejaron transcurrir dos meses, después de la sentencia interlocutoria firme de fecha 15 de febrero del año dos mil once, para introducirla nuevamente el 15 de abril del año dos mil once, cuando la acción ya estaba prescrita. Que cuando procede una excepción perentoria opuesta oportunamente por el demandado, resulta inútil pronunciarse sobre la cuestión de fondo, por lo que procede declarar SIN LUGAR la demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que de simples operaciones aritméticas se puede establecer, que entre la fecha en que los demandantes fueron despedidos (24 de junio del año 2010) y la fecha en que se presentó 1a demanda (15 de abril del año 2011), ya le había prescrito la acción a 1a parte demandante para interponer su demanda. Que no es válido el argumento de la parte demandante, en cuanto a que se interrumpió la prescripción porque cuando se declaró con lugar el defecto procesal y se mando archivar las diligencias, no excluyó el derecho de continuar con la pretensión, ya que el recurso contra la sentencia de la primera instancia fue resuelto el 15 de febrero del año 2011, o sea que al día siguiente de esta notificación comenzó a correr de nuevo el término de dos meses que establece el artículo 864 del Código del Trabajo para interponer nuevamente la demanda.- 5.- Que mediante auto de fecha catorce de diciembre del año dos mil doce, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, en su condición de Apoderado Legal de los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha ocho de marzo del dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderado Legal de el ESTADO DE HONDURAS, contestando el Recurso de Casación.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- El abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1.- CASA totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de fecha 19 de septiembre de 2012 en el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, en su calidad de apelante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en la demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS, Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO contra el estado de Honduras.-2: REVOCA: totalmente la sentencia dictada en primera instancia por el juzgado de Letras de Trabajo en el departamento de Francisco Morazán el fallo de fecha 26 de junio de 2012.-3: MANDA. Que el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en sentencia de merito se pronuncie sobre el fondo del litigio promovido por JESUS ANTONIO ESCOTO VELASQUEZ, JESUS ALBERTO CASTILLO RIVAS, Y HECTOR HERMINIO BUESO MURILLO”.- III.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el Impetrante además de que omite pronunciarse en el fallo sustitutivo propuesto, sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada, tampoco lo hace sobre los extremos relacionados a declarar con o sin lugar la demanda, condenar o absolver al demandado; además, pide se revoque el fallo de primera instancia, tal como si este Tribunal fuese de segunda instancia.- IV.-Que el Recurrente solicita la nulidad subsidiaria del fallo impugnado, por lo siguiente: “Es notoria la violación del artículo 200 numeral 2 literal D del código procesal Civil, ya que el tribunal en la sentencia acusada no cumple con la formalidad señalada en cuanto al pronunciamiento concerniente a declarar con o sin lugar el recurso de apelación que fue objeto del fallo es decir que no se pronuncia sobre la pretensión de la parte demandante sobre la admisión de la apelación, motivo suficiente para que se declare nula por falta de formalidad de la sentencia que ahora es objeto de casación.”.- V.- Que el ad-quem al haber confirmado el fallo de primera instancia, implícitamente se entiende desestimado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; además, no se observa ninguna situación en que se haya visto afectado el derecho de defensa de las partes, ni el debido proceso, por lo cual no procede la nulidad subsidiaria solicitada.- VI.- Que los defectos técnicos en el alcance de la impugnación vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa, por ello procede declarar no ha lugar el mismo y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada.- 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de noviembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 881-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL