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Sentencia CL-842-12 — Registro 3056

Resumen

demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones sociales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción interpuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio; en adición, se puede observar que pretende en su fallo sustitutivo que se admita el recurso de apelación lo cual se aleja de la técnica casacional ya que los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe contener son los que se han de dictar en sede de instancia, ya sea declarando con lugar o sin lugar, condenando o absolviendo y todos aquellos que estimase debe pronunciarse en la decisión del recurso. La presentación del libelo en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV.- El planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha once de diciembre de dos mil doce, por el abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, salarios caídos, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, salarios adeudados, reajuste del salario mínimo proporcional y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de mayo de dos mil once, por la señora JUANA ROSSEL VASQUEZ, mayor de edad, hondureña y con domicilio en el Municipio de San Manuel, Cortés, contra el INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, por medio de su representante legal señor NORMAN RENE ZAMORA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, Maestro de Educación Primaria y hondureño. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de octubre de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, misma que: FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral promovida por la señora JUANA ROSSEL VASQUEZ, contra el INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, 2) CONDENA a la institución demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.31,597.09, por los conceptos de preaviso L.2,994.44, auxilio de cesantía L.4,277.78, vacaciones proporcionales L.1,578.70, décimo tercer mes proporcional L.4,736.11, décimo cuarto mes proporcional L.2,459.72, reajuste al salario mínimo L.15,550.33, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo; 3) declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION interpuesta por el apoderado demandado, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que inició a laborar con la institución demandada, el 1 de febrero de 2006, como aseadora; que en fecha 11 de diciembre de 2010, fue injusta e ilegalmente despedida de su trabajo, mediante manifestación verbal de parte del representante legal de la institución demandada; como era periodo de vacaciones, la demandante esperó hasta el mes de febrero para presentarse a la institución donde no se le permitió el acceso por lo que dispuso citarlo a la Inspectoría Regional del Trabajo para constatar el despido verbal y el día ocho de febrero del 2011 comparecieron ante la Licenciada SUSANA MURILLO, el representante del demandado y la demandante donde se le hizo un ofrecimiento de L.18,000.00, los cuales la demandante no aceptó porque no lo consideró lo justo y en este acto sino se le había despedido porque no se le pidió que regresara nuevamente a sus labores ante la autoridad del trabajo y no le permitían el ingreso al Centro Educativo, siendo del criterio que no existe fundamento legal para que se le despidiese de manera unilateral a la demandante, negándosele los derechos garantizados en la Constitución Política de Honduras, Código Laboral y de igual manera de los Tratados de los cuales nuestro País es signatario.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, contestó dicha demanda señalando que es una institución educativa creada mediante acuerdo número 0010-SE-09 el 6 de Enero del 2009, por la Secretaría de Educación, siendo fiel cumplidora de todas sus obligaciones convencionales y legales, especialmente las relacionadas con los derechos laborales de sus empleados; que la demandante ingresó a laborar para la institución demandada el 1 de febrero de 2010, hasta que ella abandonó el trabajo el 11 de diciembre de 2010; que en ningún momento se despidió a la demandante al contrario fue ella que abandonó el trabajo por problemas con su compañero de hogar, por lo tanto es evidente que a la demandante no le asiste el derecho, la razón y la justicia y que tendrá que ser probado lo manifestado en el líbelo de demanda.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de julio de dos mil doce dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Juana Rossel Vásquez, contra el Instituto Técnico Vocacional del Valle de Sula; condenando a la institución demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.31,597.09, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir y declaró sin lugar la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por el apoderado demandado, sin costas; bajo el criterio que la trabajadora demandante fue despedida injustamente ya que la demandada no aportó prueba alguna con la que acreditara los motivos justos para despedirla de su puesto de trabajo, por lo que procede declarar con lugar la demanda de mérito; que la demandante reclama el pago de reajuste del salario mínimo, en virtud que devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente, que se estableció mediante los documentos que presentó la parte demandada que la trabajadora demandante devengaba la cantidad de L.4,000.00, salario que es inferior al mínimo vigente a la fecha del despido, salario que estaba establecido por la cantidad de L.5,500.00 y el cual es el vigente a la fecha del despido, por tal razón procede condenar el pago del reajuste al salario mínimo en base a la presunción que establece la Ley que nadie puede devengar un salario inferior al salario mínimo vigente, ajuste que deberá hacerse desde el 01 de febrero del 2010, al 11 de diciembre del año 2010; que en relación a la excepción perentoria de prescripción interpuesta por el apoderado demandado este tribunal procede declararla sin lugar en virtud de que la presente demanda fue presentada en tiempo y ante el tribunal competente, tal como lo establece el artículo 868 del Código del Trabajo en su inciso a) el cual reza: que el término de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante autoridad competente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de octubre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el abandono de trabajo significa la no concurrencia sin justa causa de impedimento del trabajador a su puesto de trabajo, lo cual constituye un incumplimiento de responsabilidades, en virtud de estar obligado a presentarse a su puesto de trabajo, salvo que existe justificación para ello; en el caso que nos ocupa, analizadas como han sido las probanzas aportadas en juicio, ese Tribunal es del criterio que la accionada no demostró en el curso del juicio lo aseverado en su escrito de contestación de demanda, respecto del abandono, estableciéndose como causa de terminación del contrato la prohibición de su contratación a través de resolución ministerial y al no haberlo hecho, no es posible eximirla de las prestaciones de la actora.- 5.- Que mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha once de diciembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, de generales conocidas, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante auto de esa misma fecha once de diciembre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha doce de febrero de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la abogada ANA JAQUELINE KILGORE MIONEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: a) CASANDO la parte dispositiva de la sentencia definitiva impugnada en cuanto declaró NO HABER LUGAR al recurso de apelación formulado por el Abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, en su condición de apoderado legal del NORMAN RENE ZAMORA RODRIGUEZ, en su condición de Director del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, del domicilio de La Lima, Cortés, y; b) CASANDO la parte dispositiva de la sentencia definitiva condenatoria recurrida en cuanto CONFIRMO en todos sus extremos la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia.- La parte dispositiva de la sentencia definitiva impugnada es la que considero debe anularse o revocarse totalmente invalidando el fallo de segunda instancia y casada esta por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, pronunciar la correspondiente sentencia en su reemplazo que declare: a) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE AMILCAR ORELLANA, en su condición de apoderado legal del NORMAN RENE ZAMORA RODRÍGUEZ, en su condición de Director del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, del domicilio de La Lima, Cortés; b) SIN LUGAR, la demanda laboral interpuesta por la trabajadora JUANA ROSSEL VASQUEZ, de generales conocidas, para el pago de prestaciones sociales, como ser: treinta y cinco mil cien lempiras (Lps. 35,100.00) en concepto de reajuste al salario mínimo y, cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve lempiras con veinte centavos (Lps.43,999.20) en concepto de pago de salario adeudado y, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria que los ampare en contra del señor NORMAN RENE ZAMORA RODRIGUEZ, de generales conocidas, en su condición de Director del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, del domicilio de La Lima, Cortés, en consecuencia; c) ABSOLVER, al señor NORMAN RENE ZAMORA RODRIGUEZ, de generales conocidas, en su condición de Director del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, del domicilio de La Lima, Cortés, a pagarle a la actora JUANA ROSSEL VÁSQUEZ, de generales conocidas, las prestaciones sociales por los siguientes conceptos: treinta y cinco mil cien lempiras (Lps. 35,100.00) en concepto de reajuste al salario mínimo y, cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve lempiras con veinte centavos (Lps. 43,999.20) en concepto de pago de salario adeudado y, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva condenatoria que los ampare; d) CONDENAR, al señor NORMAN RENE ZAMORA RODRIGUEZ, de generales conocidas, en su condición de Director del INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL VALLE DE SULA, del domicilio de La Lima, Cortés, a pagarle a la actora JUANA ROSSEL VASQUEZ, de generales conocidas, al pago de la suma de veinticuatro mil trescientos veinticuatro lempiras con ochenta y seis centavos (Lps. 24,324.86) en concepto de derechos adquiridos así: a) vacaciones proporcionales: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (Lps. 1,578.70); b) décimo tercer mes proporcional cuatro mil setecientos treinta y seis lempiras con once centavos (Lps. 4,736.11); c) dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve lempiras con setenta y dos centavos (Lps. 2,459.72); d) reajuste al salario mínimo quince mil quinientos cincuenta lempiras con treinta y tres centavos (Lps. 15,550.33). SIN COSTAS…”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción interpuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio; en adición, se puede observar que pretende en su fallo sustitutivo que se admita el recurso de apelación lo cual se aleja de la técnica casacional ya que los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe contener son los que se han de dictar en sede de instancia, ya sea declarando con lugar o sin lugar, condenando o absolviendo y todos aquellos que estimase debe pronunciarse en la decisión del recurso. La presentación del libelo en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV.- El planteamiento así esgrimido, vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 842-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL