Sentencia CL-808-12 — Registro 3104
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para los reintegros a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y costas; segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. Estos aparecen concretados en el artículo 769 del Código del Trabajo y la demanda casacional no puede ni debe prescindir de ellos. En el sub júdice, el Impetrante omite consignar los acápites relacionados con la indicación de la sentencia impugnada y la declaración del alcance de la impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal Casacional. Al prescindirse de estos elementos especialmente la declaración del alcance de la impugnación, la demanda se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de noviembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de noviembre del año dos mil doce, por la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para los reintegros a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de octubre del dos mil once, por el abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en su condición de apoderado de los señores ANA ROSA RAMOS GARCÍA, CELIA NEHIMAYA NAVARRETE, MARIA MAGDALENA LAGOS ROMERO y OTROS, todos mayores de edad, hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuradora General de la República, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha quince de agosto del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha siete de junio del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA:I. Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX actuando en condición de apoderado apelante. II. REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha siete de junio del año 2012 y que obra a folios 246, 247, 248 y 249 de la primera pieza de autos así: REVOCANDO los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia 1) Declara CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento promovida por ANA ROSA RAMOS GARCIA, CELIA NEHIMAYA NAVARRETE, MARIA MAGDALENA LAGOS ROMERO, MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ, MARLEN ZUNIGA GARCIA, BERNARDINA NUÑEZ HERNANDEZ, JOSE AVILIO FLORES GARCIA, JOSE ALBERTO GONZALES ESCOBAR, DOMICILA TORRES CHIRINOS, MARGARITA CASTRO, OSLY EDILBERTO ROMERO SIERRA, JULIO ALBERTO REYES, ROSALINA MORALES RUIZ, ANDRES BOBADILLA CASTRO, JOSE ISRAEL ESTRADA, SANDRA YAMILETH CRUZ FIGUEROA, JOSE LEONEL CRUZ ANDRADE, JOSE GILBERTO CRUZ RODRIGUEZ, RAMON GOMEZ, SALOME GARCIA GOMEZ, IGNACIO MENDEZ, JOSE JAVIER LEMUS, OBED ISAÍ MARTINEZ TOSTA, ESPERANZA REYES, MARIA EUSEBIA PEREZ GOMEZ, CONCEPCION LETICIA PEREZ, MERY LIZETH CABRERA MERLO, KENIA MARIBEL GARCIA LUNA en contra del ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, a través de su Representante Legal y Procurada General de la Republica, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- 2) CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores demandantes en iguales o mejores condiciones y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados los demandantes ANA ROSA RAMOS GARCIA, CELIA NEHIMAYA NAVARRETE, MARIA MAGDALENA LAGOS ROMERO, MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ, MARLEN ZUNIGA GARCIA, BERNARDINA NUÑEZ HERNANDEZ, JOSE AVILIO FLORES GARCIA, JOSE ALBERTO GONZALES ESCOBAR, DOMICILA TORRES CHIRINOS, MARGARITA CASTRO, OSLY EDILBERTO ROMERO SIERRA, JULIO ALBERTO REYES, ANDRES BOBADILLA CASTRO, JOSE ISRAEL ESTRADA, ROSALINA MORALES RUIZ, SANDRA YAMILETH CRUZ FIGUEROA, JOSE LEONEL CRUZ ANDRADE, JOSE GILBERTO CRUZ RODRIGUEZ, RAMON GOMEZ, SALOME GARCIA GOMEZ, IGNACIO MENDEZ, JOSE JAVIER LEMUS, OBED ISAÍ MARTINEZ TOSTA, ESPERANZA REYES, MARIA EUSEBIA PEREZ GOMEZ, CONCEPCION LETICIA PEREZ, MERY LIZETH CABRERA MERLO, KENIA MARIBEL GARCIA LUNA en iguales o mejores condiciones.- 3) CONFIRMANDO el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia.- III. SIN COSTAS” y el Tribunal a quo, resolvió declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento y ABSOLVER al Estado de Honduras de toda responsabilidad proveniente del presente de la presente demanda. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que todos fueron nombrados así: ANA ROSA RAMOS GARCIA, nombrada en el cargo de Oficial de Bienes Nacionales mediante Resolución a partir del 1° de julio del año 2005, Oficio de despido N° 1541-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-l0211-11; CELIA NEHIMAYA NAVARRETE, nombrada en el cargo de Secretaria Bilingüe, mediante Resolución Ministerial a partir del 23 de marzo del año 2009, Oficio de despido N° 1309-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10213-SG-11; MARIA MAGDALENA LAGOS ROMERO, nombrada en el cargo de Aseadora, mediante Resolución a partir del año 2006; Oficio de despido N° 1556-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10217-SG-11; MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ, nombrado en el cargo de Vigilante, mediante Resolución del año 2006, Oficio de Despido N° 1595-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10217-SG-11; MARLEN ZUNIGA GARCÍA, nombrada en el cargo de Conserje mediante Resolución Ministerial y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; BERNARDINA NUÑEZ HERNÁNDEZ, nombrada en el cargo de Conserje mediante Resolución, Oficio de Despido N° 1545-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; MIRTHA DOLORES CHAVEZ, nombrada en el cargo de Bibliotecaria mediante Resolución del año 2008, Oficio de Despido N° 1336-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RAL-CONC-10227-SG-ll; JOSÉ AVILIO FLORES GARCÍA, nombrado en el cargo de Portero mediante Resolución de febrero del 2007, Oficio de Despido N° 1596-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10230-SG-11; JOSÉ ALBERTO GONZALES ESCOBAR, nombrado en el cargo de Asistente de Mecánico mediante Resolución del año 2007, y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10235-SG-11; DOMICILIA TORRES CHIRINOS, nombrada en el cargo de mediante Resolución del año 2007; oficio de despido N° 1648-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Nº RACL-CONC-10236-SG-11; MARGARITA CASTRO, nombrada en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC 1023711; OSLY EDILBERTO ROMERO SIERRA, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial; oficio de cancelación N° 1651-SG-11 y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10238-11; JULIO ALBERTO REYES, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial, oficio de cancelación y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-; ANDRES BOBADILLA CASTRO, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución, oficio de despido y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10251-11; JOSÉ ISRAEL ESTRADA, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial, con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10252-11; ROSALINA MORALES RUIZ, nombrada en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-11; SANDRA YAMILETH CRUZ FIGUEROA, nombrada en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10255-11; JOSÉ LEONEL CRUZ ANDRADE, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10256-11; JOSÉ GILBERTO CRUZ RODRIGUEZ, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10258-11; RAMÓN GÁMEZ, nombrado en el cargo de vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la secretaria de Trabajo y Seguridad Social N° RACLCONC-10260-11; SALOMÉ GARCÍA GÓMEZ, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10267-11; IGNACIO MÉNDEZ, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10269-11; JOSÉ JAVIER LEMUS, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10271-11; OBED ISAÍ MARTÍNEZ TOSTA, nombrado en el cargo de Vigilante mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC- ;ESPERANZA REYES, nombrada en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10274-11; MARÍA EUSEBIA PÉREZ GÓMEZ, nombrada en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-1 02 76-11; despedida en estado de embarazo; CONCEPCIÓN LETICIA PÉREZ, nombrado en el cargo de Aseadora mediante Resolución y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RA CL-CONC-1 02 78-11; MERY LIZETH CABRERA MERLO, nombrado en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-10280-11; KENIA MARIBEL GARCÍA LUNA, nombrado en el cargo de Aseadora mediante Resolución Ministerial y con acta de No. Conciliación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social N° RACL-CONC-; todos bajo la modalidad de Jornales o Empleados por Planilla, en la Secretaría de Educación en diferentes Direcciones Departamentales, mediante Resoluciones Ministeriales desde hace más de cuatro años, adquiriendo la protección y derechos establecidos en la Constitución y el Código del Trabajo, así como los convenios internacionales suscritos por el Estado de Honduras con la Organización Internacional de Trabajo OIT, violentando todas las normas sobre procedimientos para las notificaciones y cesantías. Que el Secretario General de la Secretaría de Educación, envió a las diferentes sedes de trabajo de los demandantes, un oficio a cada uno con las siguientes características, constitutivas de ilegalidad: a) se les notificó por medio de un oficio, que la relación de trabajo con la Secretaría de educación, había finalizado; b) a otros se las enviaron en días y horas inhábiles; y, c) a otros verbalmente les comunicó la encargada de contratos de la Secretaría de Educación, que ya no serían contratados y que no se presentaran a sus trabajos. Que en algunos de los oficios de notificación de despido, se les argumenta como causal única “La Reducción del presupuesto”, y en otros, solamente se les notifica la finalización de la relación laboral, pero eso no obedece a la realidad y no es ninguna causal, ya que el presupuesto asignado para el pago de empleados por planilla o jornales del año 2011, es el mismo del año anterior es decir del 2010. Posteriormente se iniciaron las diligencias administrativas en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, por lo que se citó al Secretario de Educación para las correspondientes audiencias de conciliación, las que se llevaron a cabo sin conciliar tal como se acredita con las actas que se adjuntan.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda rechazando la pretensión de la parte actora, en vista que los demandantes fueron contratados por tiempo determinado de conformidad con el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, la contratación no fue de forma continua, se hizo bajo la formalidad de jornal a través de resoluciones ministeriales en las cuales se establece la fecha de finalización de los contratos. La relación de ninguna forma fue de manera continua. Por otra parte no fueron cancelados de manera directa ni injustificada sino que fundamentada en el Código del Trabajo, ya que los demandantes desde el inicio de la relación sabían la fecha de su finalización, y de esta forma aceptaron la contratación.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de junio del año 2012, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de emplazamiento y ABSOLVIO al Estado de Honduras de toda responsabilidad proveniente del presente de la presente demanda, sin costas; bajo el criterio que se encontró ante una relación de trabajo por tiempo determinado, por el cual la parte actora por un periodo previamente establecido, presto su fuerza de trabajo a cambio de un salario, siendo por lo tanto una relación jurídica sometida a término en donde lo importante es plazo establecido sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo, por lo tanto la notificación hecha por la Secretaría de Educación de finalización de la relación laboral, no constituye una notificación de despido, sino el anuncio de la de terminación del contrato de trabajo por la llegada del termino convenido, la cual no acarrea responsabilidad alguna para las partes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del año 2012, dictó sentencia REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial en fecha 7 de junio del año 2012, REVOCANDO los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia declaró con lugar la demanda de mérito, condenando al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores demandantes en iguales o mejores condiciones y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sean reintegrados los demandantes CONFIRMANDO el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia.- Con el criterio que el inicio de la relación de los trabajadores con el Ministerio de Educación, si es cierto que se celebró mediante Resoluciones Ministeriales por tiempo determinado y bajo el sistema de Jornal, todos esos contratos, con el transcurso de los años, se vuelven por tiempo indefinido y conforme el artículo 47 del Código del Trabajo que en parte dice: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicios se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito”. En el presente caso los demandantes tenían mas de cuatro años de laborar para el Ministerio de Educación la demandada, en ninguna forma acreditó el despido ni mucho menos contrarresto el contenido de todas esas resoluciones de trabajo que existió entre las partes. Que en la modalidad de Jornal no significa que se haya celebrado contratos por tiempo determinado sino que debe considerarse a estos trabajadores como permanentes en sus puestos de trabajo. En las notas de despido, no se indican en ninguna forma las causales contenidas en el Articulo 112 del Código del Trabajo. Se aclara que en virtud del desistimiento de la demanda de la trabajadora MIRTHA DOLORES CHAVEZ MEJIA que fue reintegrada a su puesto de trabajo, según resolución número 029-SE-12 de fecha 18 de enero del año 2012, en el fallo de la sentencia ya no figura su nombre en los demandantes a reintegrar y el pago de los salarios dejados de percibir por desistimiento de la demanda.- 5.- Que mediante auto de fecha 5 de noviembre del año 2012, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la Recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha 30 de enero del año 2013, compareció ante este Tribunal la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante proveído de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, resolviendo este Tribunal en providencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, tener por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, actuando en su condición de apoderado de la parte demandante, ordenando proseguir con el trámite correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. Estos aparecen concretados en el artículo 769 del Código del Trabajo y la demanda casacional no puede ni debe prescindir de ellos. En el sub júdice, el Impetrante omite consignar los acápites relacionados con la indicación de la sentencia impugnada y la declaración del alcance de la impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal Casacional. Al prescindirse de estos elementos especialmente la declaración del alcance de la impugnación, la demanda se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- III.- Estos defectos técnicos vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1, 64, 67 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de enero del Dos Mil Catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de noviembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 808-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL