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Sentencia CL-791-12 — Registro 3103

Resumen

En primera instancia se declaro con lugar la demanda Laboral para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación; en segunda instancia se confirmo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que la infracción directa o falta de aplicación de la ley, se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario se aplica a un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el juzgador de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio; en el sub judice, la justificación o no del despido fue el principal hecho en controversia y objeto del material probatorio, por ello no resulta procedente el ataque al fallo por esa vía; también es de advertir a la Recurrente, que al referirse a la aplicación indebida de parte del Tribunal recurrido de los artículos 113 interpretado, 116 y 117 del Código del Trabajo, provoca confusión, ya que sería otra forma de infringir la ley, diferente a la contenida en el motivo que nos ocupa. Razones por las cuales no resulta admisible dicho cargo.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

“Del razonamiento del Tribunal de Alzada que he transcrito, se pone de manifiesto la equivocación del Tribunal al dar por establecido la existencia de un despido injustificado, que si bien este se produjo, no fue injustificado, sino que la empresa en apego al Derecho procedió al despido de los trabajadores por no acatar las instrucciones de sus superiores, extremo por ellos mismos han reconocido, es decir, que es un hecho probado el despido, pero la normativa jurídica que se aplicó no es la que corresponde a ese hecho probado. Si los demandantes han demandado el reintegro a un puesto de trabajo que presuntamente les es perjudicial y así lo ha declarado el Juzgado de primera instancia y confirmado por el Tribunal de Segunda instancia, es lógico suponer que se ha aplicado la normativa legal que no corresponde al caso en cuestión y en su lugar se dejado de aplicar la que si lo regula”.- V.- Que en el cargo que antecede también se incurre en defectos técnicos que lo hacen inadmisible, como ser: a) alega aplicación indebida de las normas que cita, pero omitió señalar las que se debieron aplicar en su sustitución; b) censura la motivación del fallo y no indica concretamente porque se aplicaron indebidamente los preceptos infringidos; y, c) los artículos 113 y 116 del Código del Trabajo contienen varios párrafos y literales, que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas, que resultaba necesario precisar.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de octubre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, por la abogada TATIANA CORINA ARRIAGA NUFIO, mayor de edad, casada y del domicilio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderada de la sociedad CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenían al momento de sus despidos injustos, pago de salarios adeudados, pago de salarios caídos, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de julio del año dos mil nueve, por los señores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA, mayor de edad, soltero, obrero, del domicilio de San Pedro Sula, departamento de Cortés y WILFREDO RAMOS TEJEDA, mayor de edad, soltero, obrero, del domicilio de Choloma, departamento de Cortés, contra la empresa mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., por medio de su representante legal, señor MAURICIO LEYVA ARBOLEDA. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de septiembre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha catorce de junio del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, promovida por los señores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA Y WILFREDO RAMOS TEJEDA; En Contra de la empresa CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., representada legalmente por el señor MAURICIO LEYVA ARBOLEDA todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: a la la empresa CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., representada legalmente por el señor MAURICIO LEYVA ARBOLEDA a REINTEGRAR a los trabajadores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA Y WILFREDO RAMOS TEJEDA, a sus puestos de trabajo, en igual o mejores condiciones que tenia al momento de producirse el despido; Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.-SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron relaciones laborales con la demandada así: ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA el 23 de noviembre de 1992, desempeñándose al momento de su despido injusto como Ayudante de Bodega, devengando un salario mensual. WILFREDO RAMOS TEJEDA el 13 de diciembre de 1988, desempeñándose al momento de su despido injusto como Ayudante de Bodega, devengando un salario mensual. Que en diferentes fechas sufrieron accidentes de trabajo cuando se desempeñaban como Ayudantes de Ruta, se les prescribió incapacidad parcial permanente y por recomendación del médico no podían realizar labores que incluyeran esfuerzo físico, al regresar de sus incapacidades los pusieron a trabajar al primero en la bomba de combustible y al segundo entregando materiales de ruta. Que cuando estaban trabajando como Ayudantes de Ruta tenían salario base y comisiones, pero al pasarlos por la prescripción médica a otros trabajos en los que trabajaban una jornada diurna de ocho horas solo deberían ganar el salario base, pero en el Contrato Colectivo vigente suscrito entre el Sindicato y la Empresa hay una cláusula que hace referencia a esta situación y lo que se convino en esa cláusula es que la Empresa pagará el 100% del salario también a los trabajadores que sean trasladados a otros puestos en aplicación del Artículo 442 del Código del Trabajo. Que desde que se reintegraron a sus labores después de la incapacidad temporal que se les prescribió la empresa demandada les había estado pagando lo que quería, a mediados del año 2008, y todo el año 2009, la demandada les ha pagado LPS. 4,340.00 mensuales, ni siquiera el salario mínimo, por ello demandaron mediante otra demanda el pago del ajuste de salario, de conformidad con la cláusula 14 párrafo tercero del Contrato Colectivo vigente. Que por haber presentado esa demanda la empresa en fecha 25 de mayo del año 2009, en represalia les ordenó que volvieran a trabajar como Ayudantes de Ruta, pero por la prescripción médica no podían realizar ese trabajo y así lo hicieron saber en el acta de descargo que se les levanto ese mismo día. Por ese motivo se les despidió injusta e ilegalmente el día 12 de junio del año 2009. SOLICITAN: el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenían al momento de sus despidos injustos, pago de salarios adeudados, pago de salarios caídos, condena en costas.- 2.- La parte demandada CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, argumentando que el señor ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA sufrió un accidente de trabajo por el que se le emitió un dictamen que le establece una pérdida de la capacidad funcional del 30%; así mismo el señor WILFREDO RAMOS TEJEDA sufrió un accidente de trabajo por el que se le emitió un dictamen que le establece una pérdida de la capacidad funcional del 20%. Que una vez transcurrido el tiempo de incapacidad prescrito por el IHSS, los demandantes regresaron a sus antiguos puestos de trabajo, Ayudantes de Ruta, pero atendiendo únicamente pedidos de emergencia y otras labores similares, cuyo esfuerzo fuera congruente con sus estados de salud, lo anterior no indica de ninguna manera que se hubieran cambiado de puesto de trabajo. Que los demandantes no siguieron las instrucciones que les giro su jefe inmediato, de realizar las labores encomendadas y acomodadas a su condición, esta desobediencia se produjo aun cuando esas mismas labores ya las habían venido desempeñando sin ningún perjuicio ni menoscabo. Que incumplieron no por la incapacidad que les habían prescrito, sino por la demanda que habían interpuesto de cambio de puesto con anterioridad. Que CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., se encuentra libre de toda responsabilidad económica o jurídica para con los demandantes y en consecuencia no esta obligada a pagarles ninguna cantidad de dinero.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENO a la empresa CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., a REINTEGRAR a los trabajadores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA Y WILFREDO RAMOS TEJEDA, a sus puestos de trabajo, en igual o mejores condiciones que tenia al momento de producirse el despido; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, SIN COSTAS; bajo el criterio que la falta invocada es injusta ya que los demandantes no desobedecieron ordenes de sus jefes simplemente se abstuvieron de realizar una labor que no podían desempeñar por su incapacidad decretada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha once de septiembre del año dos mil doce, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que los principales factores de riesgo a que se exponen los trabajadores son el levantamiento manual de carga técnica y pesos inadecuados, posiciones forzadas de columna vertebral, movimientos repetitivos con posiciones estáticas y que requieren fuerza física, extremos que conforman las especificaciones que el IHSS a través de la Comisión de Invalidez hizo a la demandada y que debían tomar en cuenta al momento de reubicar a los trabajadores; luego entonces, si la reinstalación de los demandantes no es posible al mismo puesto de trabajo, si lo es a aquellos puestos de trabajo existentes según lo estableció el Inspector del Trabajo y que es donde se venían desempeñando haciendo el menor esfuerzo físico.- 5.- Que mediante sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce, éste Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada TATIANA ARRIAGA de HERRERA, en su condición de apoderada de la sociedad CERVECERA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha once de septiembre del año dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la Recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, compareció ante éste Tribunal la abogada TATIANA CORINA ARRIAGA NUFIO, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada TATIANA CORINA ARRIAGA NUFIO y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha siete de marzo del año dos mil trece se declaro precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado JULIO FREDY PAVON UMAÑA, para contestar la demanda de casación planteada y ordeno proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la abogada TATIANA CORINA ARRIAGA NUFIO, en su primer motivo de casación sostiene: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por falta de aplicación de los artículos 97 número 1) y 2) y 112 letra i) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La falta de aplicación de una norma jurídica se produce cuando a un hecho debidamente comprobado se le deja de aplicar la norma que la regula. Mi representada, CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. procedió a despedir a los trabajadores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA y WILFREDO RAMOS TEJEDA por no haber seguido las instrucciones que les giró su jefe inmediato, de realizar las labores encomendadas y acomodadas a su condición y que se produjo aún cuando esas mismas labores ya las habían venido desempeñando sin ningún perjuicio ni menoscabo, y con fundamento en los artículos 97 número 1) y 2) y 112 letra i) del Código del Trabajo, que literalmente dicen: “Artículo 97.- Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores: 1) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o sus representantes, según el orden jerárquico establecido; 2)Ejecutar por si mismos su trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos;” “Artículo 112.-Son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, si responsabilidad de su parte... i)La negativa manifiesta y reiterada del trabajado a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; o si no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficiencia y rendimiento en las labores que se están ejecutando;” En los hechos SEGUNDO y TERCERO los demandantes manifestaron, y cito textualmente: “SEGUNDO: En diferentes fechas ambos sufrimos accidentes de trabajo cuando nos desempeñábamos como Ayudantes de Ruta, se nos prescribió incapacidad parcial permanente y por recomendación del médico no podíamos realizar labores que incluyeran esfuerzo físico; al regresar de nuestras incapacidades nos pusieron a trabajar al primero en la bomba de combustible y al segundo entregando materiales de ruta, trocos, tablones, conos y extintores; después nos anduvieron de puesto en puesto, cuando nos despidieron estábamos asignados en la bodega realizando labores varias. TERCERO: Cuando estábamos trabajando como Ayudantes de Ruta teníamos un salario base y se nos pagaban comisiones, pero al pasarnos por la prescripción médica a otros trabajos como el de bombero de combustible, clasificando envases y almacén, labores en las que trabajamos una jornada diurna de ocho horas, solo deberíamos ganar el salario base, pero como en el Contrato Colectivo Vigente suscrito entre el Sindicato y la Empresa hay una cláusula que hace referencia a esta situación y lo que se convino en esa cláusula es que la empresa pagará el 100% del salario también a los trabajadores que sean trasladados a otros puestos en aplicación del Artículo # 442 del código del Trabajo con motivo de accidente de trabajo o enfermedad profesional debidamente comprobado por la Empresa y sin perjuicio de las acciones que pudieren tomar los trabajadores afectados cuando dicha comprobación sea adversa para ellos; por ello desde que nos reintegramos a nuestras labores después de la incapacidad temporal para trabajar que se nos prescribió por los accidentes que cada uno de nosotros sufrió. La empresa demandada nos había estado pagando lo que quería esto fue para mediados del año 2008, y todo este año 2009, la demandada nos ha estado pagando Lps. 4,340.00 al mes, ni siquiera el salario mínimo y es por ello que demandamos en este mismo Juzgado mediante otra demanda el pago del ajuste de salario de conformidad con la cláusula 14 párrafo tercero del Contrato Colectivo Vigente. Por haber esta demanda, la empresa en fecha 25 de mayo del presente año 2009, en represalia nos ordenó que volviéramos a trabajar como Ayudantes de Ruta, pero nosotros por la prescripción médica no podemos realizar ese trabajo y así lo hicimos saber en el acta de descargo que se nos levantó ese mismo día 25 de mayo de 2009, y por ese motivo se nos despidió injustamente e ilegalmente en fecha 12 de junio del presente año 2009. Queremos dejar establecido que para efecto de contabilizar el promedio del salario de los últimos seis meses se deberán de tomar en cuanto lo que devengamos en los últimos seis meses al accidente de trabajo y no los últimos seis meses que laboramos para la demandada pagándonos menos del salario mínimo. Por lo anterior es que recurrimos a este Juzgado en solicitud de justicia, demandando el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que teníamos al momento de nuestros despidos injustos, el pago de los salarios adeudados de la última quincena trabajada comprendida del 01 al 12 de junio de 2009 y los salarios caídos y las costas del juicio.” Es un hecho probado y aceptado inclusive por los mismos demandantes, que no cumplieron con las instrucciones que les dio su superior, y al contrario del argumento esgrimido por ellos que estaban incapacitados para laborar como Ayudantes de Ruta. Pero resulta contradictorio que con la demanda pretendan que se les reintegre a sus puestos de trabajo, si ellos mismos dicen que no pueden trabajar en dichos puestos. Y no lo dice la empresa, son ellos y nadie más. Con la manifestación que hacen en los hechos SEGUNDO y TERCERO que he transcrito literalmente, se evidencia que los demandantes bajo el argumento antes citado, no tienen intención de seguir las instrucciones del patrono, lo que resulta inaceptable pues estas derivan de obligaciones legales y convencionales. De ahí entonces que la sentencia impetrada y que confirmó la de primera instancia, al declarar con lugar la demanda y ordenar el reintegro de los demandantes al puesto de trabajo que venían ocupando al momento del despido, es violatoria de las disposiciones legales invocadas, como ser los artículos 97 número 1), y 2) y 112 letra i) del Código del Trabajo; en su defecto la Corte sentenciadora ha aplicado indebidamente los artículos 113 interpretado, 116 y 117 del Código del Trabajo”.- III.- Que la infracción directa o falta de aplicación de la ley, se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario se aplica a un hecho inexistente, que debe constar en la sentencia reconocido por el juzgador de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, porque dicha infracción se da con independencia del haz probatorio; en el sub judice, la justificación o no del despido fue el principal hecho en controversia y objeto del material probatorio, por ello no resulta procedente el ataque al fallo por esa vía; también es de advertir a la Recurrente, que al referirse a la aplicación indebida de parte del Tribunal recurrido de los artículos 113 interpretado, 116 y 117 del Código del Trabajo, provoca confusión, ya que sería otra forma de infringir la ley, diferente a la contenida en el motivo que nos ocupa. Razones por las cuales no resulta admisible dicho cargo.- IV.- Que en el segundo motivo la Impetrante manifiesta: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida de los artículos 113 interpretado, 116 y 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La aplicación indebida de una norma jurídica se produce cuando a un hecho debidamente comprobado se le aplica la norma que no la regula. Mi representada, CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., procedió a despedir a los trabajadores ANTONIO MISAEL PAREDES BARAHONA y WILFREDO RAMOS TEJEDA por no haber seguido las instrucciones que les giró su jefe inmediato, de realizar las labores encomendadas y acomodadas a su condición y que se produjo aun cuando esas mismas labores ya las habían venido desempeñando sin ningún perjuicio ni menoscabo. La Corte recurrida al dictar sentencia confirmó la dictada a su vez por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula bajo el razonamiento siguiente: “II. Que del estudio y análisis de los hechos objeto del debate, de las pruebas allegadas al juicio y de las argumentaciones de las partes; que al ser confrontadas con la sentencia recurrida, esta Corte de Apelaciones como contralor de legalidad, es del parecer que la sentencia se encuentra ajustada a derecho, pues del escrito de demanda viene a conocimiento que los demandantes pretenden el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo; y de la inspección a los puestos de trabajo que efectuó el IHSS en la empresa demandada, se concluye que los principales factores de riesgo a que se exponen los trabajadores son el levantamiento manual de carga técnica y pesos inadecuados, posiciones forzadas de columna vertebral, movimientos repetitivos con posiciones estáticas y que requieren fuerza física, extremos que conforman las especificaciones que el IHSS a través de la Comisión de Invalidez hizo a la demandada, y que debían tomar en cuenta al momento de reubicar a los trabajadores; luego entonces, si la reinstalación de los demandantes no es posible al mismo puesto de trabajo, si lo es a aquellos puestos de trabajo existentes según lo estableció el Inspector del Trabajo y que es donde se venían desempeñando haciendo el menor esfuerzo físico. III. Que las leyes laborales y de previsión social, tienen carácter tuitivo o de protección social para los trabajadores, por ser la clase más débil en una relación laboral, lo que no implica la exoneración del deber de probar sus afirmaciones; al contrario, la carga de la prueba recae en la parte que afirma un hecho para obtener un derecho, ello con fundamento en el principio general del derecho que reza: “Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone”. En el presente caso, la empresa no probó que fuera justificada la causa que invocó para despedir a los demandantes. IV. Que en atención a los razonamientos expuestos y a la personalidad del recurso, se estima que conforme a derecho la sentencia impugnada debe confirmarse.” Del razonamiento del Tribunal de Alzada que he transcrito, se pone de manifiesto la equivocación del Tribunal al dar por establecido la existencia de un despido injustificado, que si bien este se produjo, no fue injustificado, sino que la empresa en apego al Derecho procedió al despido de los trabajadores por no acatar las instrucciones de sus superiores, extremo por ellos mismos han reconocido, es decir, que es un hecho probado el despido, pero la normativa jurídica que se aplicó no es la que corresponde a ese hecho probado. Si los demandantes han demandado el reintegro a un puesto de trabajo que presuntamente les es perjudicial y así lo ha declarado el Juzgado de primera instancia y confirmado por el Tribunal de Segunda instancia, es lógico suponer que se ha aplicado la normativa legal que no corresponde al caso en cuestión y en su lugar se dejado de aplicar la que si lo regula”.- V.- Que en el cargo que antecede también se incurre en defectos técnicos que lo hacen inadmisible, como ser: a) alega aplicación indebida de las normas que cita, pero omitió señalar las que se debieron aplicar en su sustitución; b) censura la motivación del fallo y no indica concretamente porque se aplicaron indebidamente los preceptos infringidos; y, c) los artículos 113 y 116 del Código del Trabajo contienen varios párrafos y literales, que hacen referencia a diferentes situaciones jurídicas, que resultaba necesario precisar.- VI.- También la Recurrente de forma subsidiaria pide la declaratoria de nulidad de la sentencia que se impugna, en forma siguiente: “La sentencia recurrida, en los términos en que se encuentra redactada, es inejecutable y constituye una notoria una contradictio in adjecto, ya que por una parte declara que los trabajadores demandantes no cuentan con las condiciones físicas necesarias para cumplir con los requerimientos de sus puestos de trabajo, y por la otra ordena que sean reintegrados a dichos puestos. No es lícito, por contravenir el orden público, ordenar que se reincorpore a un trabajador a un puesto que de antemano se sabe que le ocasionará detrimento físico. Eso fue exactamente lo que hizo la sentencia recurrida, lo que en definitiva, por tal defecto formal, se vuelve nula y de ningún valor, lo cual solicito declarar de manera subsidiaria”.- VII.- Que procede desestimar tal petición, ya que por un lado no se indica ninguna actuación en que se advierta violación del debido proceso y el derecho de defensa de las partes; por otro, el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia y su fundamento resulta improcedente ya que el ad quem claramente, en la parte final del numeral II de los fundamentos de derecho señala que “si la reinstalación de los demandantes no es posible al mismo puesto de trabajo, si lo es a aquellos puestos de trabajo existentes según lo estableció el Inspector del Trabajo y que es donde se venían desempeñando haciendo el menor esfuerzo físico”.- VIII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de diciembre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 791-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL