Sentencia CL-687-12 — Registro 2705
Resumen
demanda ordinaria Laboral, para el reintegro a puesto de trabajo por despido directo e injustificado, declarada con lugar y confirmada por segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que este Tribunal pueda o no orientar su estudio y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, la Impetrante incurre en error de técnica al pretender que este Tribunal de Casación, constituido ya en sede de instancia, emita un fallo reformando y revocando la sentencia impugnada, utilizando términos propios del ad-quem; luego de casarse la sentencia impugnada lo procedente es decidirse en forma directa el asunto litigioso que dio origen a la demanda original, tal como lo haría el juzgador de primer grado. La solicitud así expuesta resulta inestimable y por ende el recurso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de enero del dos mil trece, por la abogada KARLA YESENIA LOPEZ TABORA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada Legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria Laboral, para el reintegro a puesto de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir y condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en distintas fechas según demandas acumuladas, por la señora ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña y de este domicilio; por el señor MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Publico, Y por el señor JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA, mayor de edad, casado, soldador y de este domicilio contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiséis de marzo del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los señores ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA, MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ Y JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA, contra del Estado de Honduras, por medio de su Representante Legal la Señora Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- SEGUNDO: CONDENAR al Estado de Honduras, por medio de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, A REINTEGRAR a su puesto de trabajo o a otro de iguales condiciones a los señores ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA, MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ y JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que sean debidamente reinstalados.-TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA manifiesta que inició su relación laboral para la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), el tres de septiembre del dos mil seis, desempeñando el puesto de Tomadora de Tiempo, posteriormente mediante nota de fecha trece de julio del dos mil diez, se le notificó la terminación del vínculo laboral; el señor MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ, manifiesta que inició su relación laboral para (SOPTRAVI), el ocho de mayo del dos mil seis, desempeñando el puesto de Inspector de Bienes Nacionales de la Dirección General de Carreteras, posteriormente mediante nota de fecha treinta de julio del dos mil diez se le notificó la terminación del vinculo laboral; y el señor JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA, manifiesta que inició su relación laboral para (SOPTRAVI) el tres de mayo del dos mil siete, desempeñando el puesto de Motorista, posteriormente mediante nota de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diez, se le notificó la terminación del vinculo laboral. Todos mediante despido directo y sin causa justificada, violentando así la constitución de la República en su artículo 127 que establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo; el artículo 129 que garantiza la estabilidad que goza todo trabajador en su empleo y solo podrá ser despedido cuando existe justa causa para el mismo; el artículo 117 del Código de Trabajo es otra norma legal violada en virtud de que la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en la nota de mérito no señala la justa causa que tiene para despedirlos. SOLICITAN: reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, argumentando que los actores sostuvieron una relación de servicios por tiempo limitado y determinado con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante forma contractual denominado sistema de pago por planilla o jornal, tal como consta en las resoluciones ministeriales mediante las cuales se autorizó la prestación de sus servicios por tiempo determinado con fecha de inicio y fecha de finalización de la contratación, tal como lo señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo. Luego en las fechas 13 de julio, 30 de julio y 29 de octubre del año dos mil diez respectivamente, se les notificó la fecha de terminación de la prestación de servicios temporales, no indicando que con ello se haya violentado las normas laborales vigentes, pues en ningún momento estaba en la obligación de señalarles causal justa o injusta de despido en la referida notificación ya que los artículos 117 y 112 del Código del Trabajo son aplicables únicamente a los empleados contratados por tiempo indefinido o permanentes, a tal efecto, a los casos que nos ocupan no hay necesidad de establecerse causal alguna, reiterando que los demandantes fueron contratados de una MANERA TEMPORAL, ES DECIR, QUE LA RELACION ACCIDENTAL DE TRABAJO TIENE UNA FECHA DE INICIO Y UNA FECHA DE TERMINACION, cuestión que se estableció al momento de la contratación.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de marzo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL y CONDENA al Estado de Honduras a REINTEGRAR a su puesto de trabajo o a otro de iguales condiciones a los señores ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA, MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ y JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que sean debidamente reinstalados.- SIN COSTAS; bajo el criterio que los demandantes no son empleados temporales o a plazo fijo, pues el hecho que su sistema de pago sea por jornal, únicamente implica que debido al servicio que presta el trabajador no se cuenta con una partida presupuestaria similar o de iguales características a las que ostentan los servidores públicos nombrados por acuerdo; la confusión de la parte demandada radica en que asume que si el trabajador fue contratado bajo el sistema de pago por jornal o por planilla, éste contrato es por tiempo limitado y por ende al momento del despido no es necesario invocar una causa legal, porque el trabajador ya conoce la fecha de finalización de la relación de trabajo, pero el hecho que al actor se le pague por jornal o planillas no quiere decir que su contratación es por tiempo limitado, simplemente el TRABAJADOR POR JORNAL es aquel que dedicó la jornada laboral (jornada completa o jornada parcial) a la ejecución del trabajo para el cual ha sido contratado y éste puede ser extensivo, como en el caso de autos que a los actores se les ha tenido como trabajadores por jornal desde el año 2006, o sea, durante casi cinco años, prolongación que tiene como efecto el amparo de todos los derechos laborales; además existe una grave contradicción entre la nota de despido de la parte demandada, pues al momento de terminar con la relación laboral le reconocen a los demandantes sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos, asumiendo que se trata de un despido injusto, puesto que esos derechos están únicamente supeditados a un despido injusto y por otro lado están alegando que no es necesario la invocación de una causa de despido porque se trataba de un contrato de trabajo por tiempo limitado, donde el trabajador ya conocía la fecha de finalización del mismo, la parte demandada no probó fehacientemente la justa causa legal del despido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de mayo del dos mil doce, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, SIN COSTAS; bajo el criterio que el patrono no precisa la causa que justifique su decisión en cumplimiento a lo señalado por los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, además que en la misma notificación con la cual el patrono rescinde el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, se obliga a pagar a los trabajadores sus prestaciones, lo que en forma expresa demuestra que el despido fue unilateral, ilegal e injustificado.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de octubre del dos mil doce, este Tribunal RESOLVI admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada KARLA YESENIA LOPES TABORA, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de mayo del dos mil doce, Y DISPUSO que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha ocho de enero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada KARLA YESENIA LOPES TABORA, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada KARLA YESENIA LOPES TABORA y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinte de febrero del dos mil trece, SE DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el termino dejado de utilizar por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO para contestar la demanda de casación planteada, ordenándose proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación laboral requiere de un alto grado de tecnicidad, ya que el recurrente está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión acusada y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias; por esta razón, para poder estudiarse a profundidad el fallo censurado, primero debe revisarse si la demanda de casación formulada llena todos los requisitos de ley, siendo también necesario, previo al estudio de la exposición de motivos, que el impetrante haya plasmado en forma adecuada el alcance de su impugnación, ya que, de su correcto desarrollo depende que el Tribunal de Casación pueda conocer los límites dentro de lo cuales debe circunscribir su poder de decisión.- II.- Que la abogada KARLA YESENIA LOPES TABORA formula la declaración del alcance de la impugnación en la forma siguiente: “RESUELVE: 1)CASA TOTALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA 2) REFORMA LA SENTENCIA IMPUGNADA en los términos siguientes: UNO: DECLARA SIN LUGAR la demanda promovida por los señores ROCIBEL DEL SOCORRO PAZ VARELA, MARIO ANTONIO EUCEDA VELASQUEZ, JOSE ANDERSON GRADIS MENDOZA en cuanto a la Reinstalación en el puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir.DOS: REVOCA la sentencia dictada por el Ad-Quen en fecha veintiséis de marzo del dos mil doce 3) ABSUELVE al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de la responsabilidad del reintegro, pago de salarios dejados de percibir y sin costas en esta instancia y MANDA: Que firme sea la Sentencia sea devuelta con la Certificación de estilo y sus antecedentes al Tribunal de su procedencia para que reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. NOTIFIQUESE”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que este Tribunal pueda o no orientar su estudio y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el caso sub-júdice, la Impetrante incurre en error de técnica al pretender que este Tribunal de Casación, constituido ya en sede de instancia, emita un fallo reformando y revocando la sentencia impugnada, utilizando términos propios del ad-quem; luego de casarse la sentencia impugnada lo procedente es decidirse en forma directa el asunto litigioso que dio origen a la demanda original, tal como lo haría el juzgador de primer grado. La solicitud así expuesta resulta inestimable y por ende el recurso de mérito.- IV.- Que este Tribunal ha venido señalando que dentro de esa técnica especial en la formulación del recurso de casación, el alcance de la impugnación integra la manifestación clara y precisa del recurrente con el fin que persigue con el recurso, no siendo por tanto un requisito meramente formal del cual pueda prescindirse, sino uno de naturaleza tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) 765, 769, y 777 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1, 64, 67 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los jueces de las instancias, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de Agosto del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de Julio del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 687-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL