Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-678-12 — Registro 3031

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para el cumplimiento de la cláusula 59 del contrato colectivo vigente; segunda instancia confirmo con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que comete los siguientes defectos técnicos: a) es totalmente omiso en cuanto a la cita de la norma sustantiva que considera fue infringida. b) Ataca una ley en su totalidad cuando el texto completo de una ley no es objeto de violación en este recurso extraordinario. y c) El precepto autorizante no es preciso ya que el indicado por el censor alude a 2 tipos de violación cuando tiene la obligación de atacar por cargo solo una forma. En consecuencia este primer motivo es totalmente inadmisible"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil doce, por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el cumplimiento de la cláusula 59 del contrato colectivo vigente; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del dos mil diez: por el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en su condición de apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), contra el Instituto Nacional Agrario (INA), a través de su Ministro Director Ejecutivo y representante legal señor CESAR ADOLFO HAM PEÑA, contraída a pedir que en sentencia declarativa, se condene al patrono a dar efectivo cumplimiento a una cláusula de un contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, seguidos los trámites de rigor se ordene adoptar de inmediato todas las providencias que sean necesarias a efecto de materializar el beneficio plasmado en el artículo 59 de la referida convención colectiva. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de abril de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, en su condición de apoderado legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA) contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), a través de su Ministro Director Ejecutivo y representante legal señor CESAR ADOLFO HAM PEÑA, en consecuencia se RATIFICA el reconocimiento del Derecho a los trabajadores del INA establecido en la cláusula 59 de los contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el INA y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA) que se han suscrito desde el año 1991 hasta la actualidad.- SEGUNDO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante en el escrito de su acción manifiesta que en diciembre de 1991 suscribieron el IV contrato colectivo de condiciones de trabajo en la cual se incorpora la cláusula 59 que denomina la incorporación de trabajadores al INJUPEMP y obligación del I.N.A, que literalmente dice: “El Instituto Nacional Agrario se compromete a incorporar sus trabajadores al Régimen de Retiros administrados por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, asumiendo los costos por servicios anteriores. Dicha incorporación deberá llevarse a cabo dentro de los tres meses siguientes a la fecha del registro del presente Contrato Colectivo. El Instituto gestionara ante el INJUPEMP, la realización de charlas explicativas y de motivación a sus trabajadores, previo a su incorporación al Sistema. El Sindicato participara en las labores de información y educación necesaria a los propósitos perseguidas.” No siendo hasta la fecha cumplida dicha cláusula en su totalidad ya que a algunos trabajadores les han dado el acuerdo de nombramiento, permitiendo la inmediata incorporación al sistema del INJUPEMP, no cumpliendo así con los trabajadores permanentes, se agotó el procedimiento gubernativo reglamentario no llegando a un acuerdo conciliatorio y continuando con el trámite de ley. Solicita: El cumplimiento de la cláusula 59 del contrato colectivo vigente.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que se rechazan los hechos alegados por el sindicato, se acordó hacer la inscripción a los tres meses siguientes de la inscripción de la cláusula pero no se ha llevado a cabo en virtud que se ha procurado gestionar y buscar la aprobación para la concesión de los fondos necesarios para poder incorporar a sus trabajadores al régimen de INJUPEMP no desconociendo la institución la obligación pendiente, no dependiendo solo del INA si no que conlleva a solicitar fondos a la Secretaria de Finanzas, en las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, debiendo estar respaldado con un estudio económico.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de abril del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito y ratifica el reconocimiento de los derechos a los trabajadores del sindicato, sin costas, bajo el criterio que a través del contrato colectivo las partes firmantes tienen obligatoriedad, encontrándose vigente el contrato colectivo donde se establece la cláusula 59 que otorga los derechos al trabajadores no cumpliendo el INA con los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia del A quo y sin costas, bajo el criterio que la inscripción de los trabajadores al INJUPEMP no es una mejora salarial si no un beneficio social, no llevando a cabo lo suscrito en el contrato colectivo, lleva restringir el derecho de negociación colectiva consagrado en el convenio de sindicalización y negociación colectiva, violentándole los derechos a los trabajadores.- 5.- Que mediante sentencia de fecha diecinueve de octubre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veintinueve de noviembre del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), formalizando su demanda con dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha tres de diciembre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda.- 8.- En fecha once de enero del dos mil trece, se declaró PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLMENTE el término dejado de utilizar al abogado KEVIN RAMON MURILLO para contestar la demanda de casación y se ordenó proseguir con el trámite de ley.- 9.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado CARLOS ROBERTO MEJÍA CHAVEZ en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “La sentencia recurrida aplica indebidamente una Ley al desconocer que El Instituto Nacional Agrario es una Institución semiautónoma dotada de personalidad Jurídica y patrimonio propio, el cual funciona dentro de un plan nacional de desarrollo y la Dirección Superior corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, quien nombra al Ministro Director a través de la secretaria de Recursos Naturales. - El Instituto Nacional Agrario depende económicamente del Presupuesto Nacional de la Republica lo que no guarda concordancia con lo dictaminado por el Juzgado de Letras del Trabajo, ni la Corte de Apelaciones en el auto resolutivo.- El Instituto Nacional agrario (INA), no tiene independencia presupuestaria, pues el régimen económico está programado y depende de los desembolsos que autoriza la Secretaria de Finanzas quien es el órgano supervisor y valuador de la Ejecución presupuestaria de mi representada. El Articulo 69 de la Ley General de la administración Publica, establece que los presupuestos de las instituciones autónomas, deberán formularse y administrarse de acuerdo con la técnica del presupuesto por programas.- En la Elaboración y liquidación de sus respectivos presupuestos, las instituciones autónomas deberán seguir, en lo que pueda ser aplicable, las normas contenidas en la ley orgánica del presupuesto. - El Instituto Nacional Agrario (INA) no genera los recursos con que funciona, sino que depende de una asignación presupuestaria que le otorga el poder ejecutivo. - PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación está comprendido en lo dispuesto en el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- III.- Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa ya que comete los siguientes defectos técnicos: a) es totalmente omiso en cuanto a la cita de la norma sustantiva que considera fue infringida. b) Ataca una ley en su totalidad cuando el texto completo de una ley no es objeto de violación en este recurso extraordinario. y c) El precepto autorizante no es preciso ya que el indicado por el censor alude a 2 tipos de violación cuando tiene la obligación de atacar por cargo solo una forma. En consecuencia este primer motivo es totalmente inadmisible.- IV.- El segundo motivo de casación el Censor lo estructura de la siguiente manera: “La sentencia recurrida viola la Ley en cuanto no reconoce que al demandado, a parte del derecho propio como es el Laboral, también tiene que observar otras normas de aplicación obligatoria como Institución.- Que no solo es necesario tener el deseo de cumplir con un pacto social, sino que adicionalmente tiene la obligatoriedad de observar una ley temporal, como son las Disposiciones Generales del Presupuesto, normas que regulan financieramente a todas las instituciones del Estado independientemente de si son Desconcentradas o Descentralizadas Etc.- No se puede autorizar un gasto que no haya sido aprobado por el PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA.- En el caso de autos estamos en presencia de una cantidad que alteraría de una forma brusca, no solamente el presupuesto de INA sino que el presupuesto de la nación. - Por carecer de recursos aprobados en el Presupuesto General de la Republica es que esta demanda Honorable Corte Suprema de Justicia tiene que ser casada totalmente.- ES IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO RETROACTIVO. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de Casación está comprendido en o dispuesto en el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo”.- V.- Pero es el caso que el segundo cargo también es formulado en ausencia absoluta de la técnica casacional, ya que no señala el tipo de violación que considera ocurrió. No indica la norma sustantiva que fue violada. Y el precepto autorizante no es preciso ya que encierra dos tipos de violación cuando la técnica exige que por cargo solo se pueda alegar un tipo de violación. Todo lo cual resulta inestimable este motivo.- VI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 678-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL