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Sentencia CL-677-12 — Registro 2806

Resumen

Los recurrentes interpusieron demanda ordinaria laboral para la reinstalación a su puesto de trabajo, a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir; declarada sin lugar y confirmada por segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En cuanto al cargo in examine, es pertinente anotar que se incurre en el siguiente defecto técnico que impide su estudio a fondo como ser: acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso las causas de terminación del contrato son parte de la controversia suscitada, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran el único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de septiembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de noviembre del año dos mil doce, por el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para la reinstalación a su puesto de trabajo, a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del dos mil once, por los señores JOSE RAUL ROVELO LAGOS, AMINTA AZUCENA PAGUADA, MARCO TULIO CARCAMO AVILA, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Procuradora General de la República, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintidós de mayo del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintidós de marzo del dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JOSE RAUL ROVELO LAGOS, AMINTA AZUCENA PAGUAGA, MARCO TULIO CARCAMO AVILA, contra el estado de Honduras, a través de su representante Legal la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- SEGUNDO: CONDENAR al Estado de Honduras, a través de su representante legal la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO al REINTEGRO de los señores JOSE RAUL ROVELO LAGOS, AMINTA AZUCENA PAGUAGA, MARCO TULIO CARCAMO AVILA, a sus puestos de trabajo o a otro de iguales condiciones, mas el pago de salarios dejador de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la debida reinstalación.- TERCERO: SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes en el escrito de su acción manifiestan que iniciaron su relación laboral de la siguiente manera: JOSE RAUL ROVELO LAGOS inicio el 8 de junio del 2006, en el cargo de Oficial del gasto, despedido el 24 de junio del 2010, AMINTA AZUCENA PAGUAGA, inicio el 12 de junio del 2006, en el cargo de Secretario, despedido el 25 de junio del 2010, MARCO TULIO CARCAMO AVILA, inicio el 5 de junio del 2006, en el cargo de Técnico en Sistemas, despedido el 28 de junio del 2010, en fecha 16 de abril del 2010, con intervención de la Inspectoría del Trabajo, se le hizo saber al Fondo Vial mediante entrega de certificación PEE/003/2010, el propósito de constituir sindicato de trabajadores del Fondo Vial SITRAFOVIAL, actuación que se supone como motivo la ilegal decisión de dar por terminados los contratos de trabajo, reconociéndoles el derecho a la cesantía, obviando los demás derechos establecidos en el artículo 113 del Código del Trabajo no incurriendo en ninguna causa establecida en el artículo 112 del mismo cuerpo legal violentándoles sus garantías constitucionales y derechos laborales, en virtud que ningún trabajador puede ser despedido o perjudicarlo en cualquier formal a causa de la afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, se acudió a la Secretaría de Trabajo para llegar a un acuerdo conciliatorio el cual no se llevo a cabo y se continuo con el trámite de ley. SOLICITAN: La reinstalación a su puesto de trabajo, a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que se rechaza la suposición de los demandantes que la terminación laboral se debió a que pusieron en conocimiento al Fondo Vial el propósito de constituir un sindicato, de lo cual no tiene conocimiento ni se invoco en las notas dadas a los demandantes, ya que fueron cancelados con sujeción expresa a las normas de carácter especial que regulan las funciones y atribuciones del fondo vial, en base a lo establecido en el articulo 12 inciso d) reformado de la Ley del Fondo Vial, 21 inciso e) del Reglamento General de la Ley del Fondo Vial, teniendo la facultad el Director de dicho fondo para nombrar, suspender o remover personal en la institución, no violentándoles derechos a los trabajadores.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de marzo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando: con lugar la demanda de mérito y condena al Estado de Honduras a reintegrar a los trabajadores en sus puestos de trabajo, mas el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se de su reinstalación, sin lugar la excepción perentoria de prescripción y sin costas, bajo el criterio que la parte demandante mostró un indicio de la supuesta discriminación por ejercer un derecho constitucional como ser la formación de un sindicato de trabajadores, siendo que la parte demandada no probó prueba en contrario ni justa causa para el despido que fueron objeto los demandantes y la prescripción no opera en virtud que los actores ya habían ejercido el derecho de peticionar ante los órganos jurisdiccionales pero en forma incorrecta, a través del Director Ejecutivo del Fondo Vial y no ante la Procuraduría General de la República, según lo establecido en el Decreto legislativo No. 17-2010 que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Nacionalización del Gasto Público, quedando subsanada con la presente demanda y en base al articulo 868 del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de mayo del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el A-quo, bajo el criterio que la parte demandada no acreditó tener justa causa para el despido y según el decreto No. 2896-98, emitido por el Congreso Nacional aparecen las atribuciones y obligaciones del Director del Fondo Vial de lo cual se desprende que no está facultado para despedir injustificadamente a un trabajador, estando en trámite la personería jurídica de SITRAFOVIAL los trabajadores que formaban parte del mismo no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados en sus condiciones de trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha diecisiete de septiembre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha siete de noviembre del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda con un motivo de casación.- 7.- Que en fecha siete de noviembre del dos mil doce, se tuvo tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha siete de diciembre del dos mil doce, el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERCKE, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JOSE RAUL ROVELO LAGOS, AMINTA AZUCENA PAGUADA, MARCO TULIO CARCAMO AVILA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, en su único motivo de casación expone lo siguiente: “acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 111 numeral 1 del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 inciso d) de la Ley del Fondo Vial y 21 inciso e) del reglamento General de la Ley de Fondo Vial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III.- En cuanto al cargo in examine, es pertinente anotar que se incurre en el siguiente defecto técnico que impide su estudio a fondo como ser: acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso las causas de terminación del contrato son parte de la controversia suscitada, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de septiembre del Dos Mil Trece; certificación de al sentencia de fecha tres de septiembre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 677-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL