Sentencia CL-675-12 — Registro 3030
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario, reintegre de inmediato en sus cargos y normalice la situación laboral de los demandantes, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; segunda instancia confirmo con lugar la demanda.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, el Impetrante omite consignar el capítulo relacionado con la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal Casatorio. Al prescindirse por completo del alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de octubre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de noviembre de dos mil doce, por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario, reintegre de inmediato en sus cargos y normalice la situación laboral de los demandantes, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en virtud de despido directo, ilegal e injusto y las costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio de dos mil once, por el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX, en su condición de representante procesal de los señores REYNA SUYAPA SEGURA AROCA, ELIZABETH RIOS GARCIA, JUAN BAUTISTA SOSA TORRES, FREDY ALONZO TORRES AVILA, JAIME OMAR RODRIGUEZ PUENTES, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA, DAMARIS YESENIA ALVAREZ BAUTISTA, LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN, HAYAX OQUELY SOSA CACERES, CLAUDIA PATRICIA BLANDON CACERES, JUDDY MARGOTH NAJERA CRUZ, JULIO ALBERTO REYES CASTILLO, DELMA DEL CARMEN FLORES PINEDA, ROSA ELOISA MEZA, ANGEL ARMANDO LOPEZ GUTIERREZ, HECTOR ISAUL DELGADILLO ALONZO, MIGUEL ANGEL FLORES GIRON, FRANKLIN GABRIEL CERRATO GALLARDO, ROBERT ARTURO DIAZ RODRIGUEZ, NANCY JULIETA DIAZ, ROSA AZUCENA AMADOR TURCIOS, KARLA WALESKA FLORES SIERRA, MARIA MARTA RAMOS ORELLANA, MAURICIO RAFAEL LANZA PAZ y ROSARIO MARIBEL MIRANDA RAMOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de abril de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los señores REYNA SUYAPA SEGURA AROCA, ELIZABETH RIOS GARCIA, JUAN BAUTISTA SOSA TORRES, FREDY ALONZO TORRES AVILA JAIME OMAR RODRIGUEZ PUENTES, JUAN JOSE AGUILAR GARCIA, DAMARIS YESENIA ALVAREZ BAUTISTA, LEDVIA NOHEMY FLORES MAYEN, HAYAX OQUELY SOSA CACERES, CLAUDIA PATRICIA BLANDON CACERES, JUDDY MARGOTH NAJERA CRUZ, JULIO ALBERTO REYES CASTILLO, DELMA DEL CARMEN FLORES PINEDA, ROSA ELOISA MEZA, ANGEL ARMANDO LOPEZ, HECTOR ISAUL DELGADILLO ALONZO, MIGUEL ANGEL FLORES GIRON, NANCY JULIETA DIAZ, KARLA WALESKA FLORES SIERRA, MARIA MARTA RAMOS ORELLANA, MAURICIO RAFAEL LANZA PAZ y ROSARIO MARIBEL MIRANDO RAMOS, en contra del Estado de Honduras, por medio de su Representante Legal la señora Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- SEGUNDO: CONDENAR al Estado de Honduras, a REINTEGRAR a sus puestos de trabajo o a otro de iguales condiciones a los demandantes antes mencionados, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que sean debidamente reinstalados cada uno de ellos.- TERCERO: Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los señores FRANKLIN GABRIEL CERRATO GALLARDO, ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ y ROSA AZUCENA AMADOR TURCIOS, en contra del Estado de Honduras.- CUARTO: ABSOLVER al Estado de Honduras, de la pretensión de los señores FRANKLIN GABRIEL CERRATO GALLARDO, ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ y ROSA AZUCENA AMADOR TURCIOS, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de contratos de servicios profesionales unos, por acuerdos y resoluciones ministeriales otros, teniendo los demandantes mas de 4 años de laborar al servicio de la Secretaría de Educación en diferentes Direcciones Departamentales, adquiriendo la protección y derechos establecidos en la Constitución y el Código del Trabajo; que la demandada envió un oficio a las diferentes sedes de trabajo de los demandantes, notificándoles que la relación de trabajo con dicha Secretaría había finalizado en el mes de diciembre de 2010 y que ya no serían contratados; que todos los oficios de notificación de despido, se les argumenta como causa única “la reducción del presupuesto”, pero eso no obedece a la realidad ya que el presupuesto asignado para el pago de empleados por planilla o jornales del año 2011, es el mismo del año anterior es decir del año 2010, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, contestó dicha demanda señalando que los demandantes pretenden sorprender la opinión del juzgador al plantear su libelo de demanda invocando normas Constitucionales y del Código del Trabajo que obedecen estrictamente a los trabajadores que gozan de un estatus de permanente el cual no corresponde al caso de los demandantes en virtud de que éstos habían sido contratados por tiempo determinado donde ya anticipadamente los demandantes conocían la fecha de finalización de la relación laboral con la demandada, por lo tanto no se violentó ninguna norma constitucional ni del Código del Trabajo como ellos pretenden hacer creer en la buena fe del juzgador, pues los demandantes se enmarcaban en lo establecido en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo en lo que se refiere al contrato individual de trabajo por tiempo limitado; que se exceptúan de la presente petición a los señores FRANKLIN GABRIEL CERRATO GALLARDO, ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ y ROSA AZUCENA AMADOR TURCIOS, para los cuales la demandada consideró procedente aprobar una prorroga a los servicios profesionales que ellos ejercen para la Secretaría de Educación.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito y condenó al Estado de Honduras, a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo o a otro de iguales condiciones, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que sean debidamente reinstalados cada uno de ellos; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Franklin Gabriel Cerrato Gallardo, Roberto Arturo Rodríguez y Rosa Azucena Amador Turcios, en contra del Estado de Honduras; absolviendo al Estado de Honduras, de la pretensión de los señores Franklin Gabriel Cerrato Gallardo, Roberto Arturo Rodríguez y Rosa Azucena Amador Turcios, sin costas; bajo el criterio que se constató de autos que cada uno de los demandantes mantenían una relación de trabajo con el Estado de Honduras, con actividad laboral para la Secretaría de Educación, bajo el sistema de Jornal, y a través de resoluciones internas administrativas que se emiten por cierto tiempo; que éstas resoluciones indican únicamente el calificativo que se le da al trabajador nombrado bajo el sistema de jornales y la justificación del gasto público, pero no significa que la relación de trabajo es por tiempo determinado, que en las mismas consideraciones de éstas resoluciones se establece que los empleados nombrados bajo el sistema o renglón de jornal no están clasificados para el régimen de la Ley del Servicio Civil, por lo que, sin lugar a dudas, la normativa que ampara éstos trabajadores es el Código del Trabajo; que la confusión de la parte demandada radica en que asume de que si el trabajador fue contratado bajo el sistema de pago por jornal o por planilla y a través de aquellas resoluciones internas, el contrato de trabajo es por tiempo limitado y por ende al momento del despido no es necesario invocar una causa legal, porque el trabajador ya conoce la fecha de finalización de la relación de trabajo, suposición que está alejada de la verdad jurídica y que además constituye un retroceso y violación de los Derechos de los Trabajadores; que el empleador al momento de prescindir de los servicios de cada uno de los demandantes, no observó los lineamientos legales y obligatorios que establece la norma que ampara a los trabajadores y estar legitimado para despedir de ellos sin responsabilidad de su parte; que está acreditado en autos que los demandantes señores FRANKLIN GABRIEL CERRATO GALLARDO, ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ y ROSA AZUCENA AMADOR TURCIOS, han sido reintegrados a sus cargos bajo la modalidad de Jornal, por lo que su pretensión ha sido satisfecha, siendo procedente declarar sin lugar la demanda en cuento a éstos tres trabajadores.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en las consideraciones de la demanda expresa que los empleados nombrados por el sistema de jornal no están clasificados para el régimen de la Ley del Servicio Civil, sino que la normativa que ampara a estos trabajadores por el sistema de jornal están contemplados y regidos por el Código del Trabajo y por lo consiguiente al ser despedidos debe de invocarse la causa legal, de lo contrario hay violación de los derechos de los trabajadores, porque constituye el despido de los demandantes en un despido directo e ilegal, ya que son trabajadores que laboraban por jornal y ellos están protegidos bajo el régimen y la protección de todos los derechos laborales, por lo que no se siguió el procedimiento legal para sus despidos conforme el artículo 112 del Código del Trabajo en relación con el artículo 117 del mismo texto legal.- 5.- Mediante auto de fecha ocho de octubre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENÍTEZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dos de noviembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENÍTEZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- En fecha dos de noviembre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado MARTIN RODRIGUEZ BENÍTEZ, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veinte de noviembre de dos mil doce, el Abogado OSCAR ARMANDO CÁRCAMO CÁLIX, en su condición de representante procesal de los señores REYNA SUYAPA SEGURA AROCA, ELIZABETH RIOS GARCÍA, JUAN BAUTISTA SOSA TORRES y otros.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, el Impetrante omite consignar el capítulo relacionado con la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal Casatorio. Al prescindirse por completo del alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de octubre del Dos Mil Trece; certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre del Dos Mil Trece, recaída en el Recurso de Casación número 675-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL